Los antiguos residentes del Residencial Puerta de Tierra, se enfrentan al mismo engaño de los vecinos de Las Gladiolas, por parte del Departamento de la Vivienda (DV) de que una vez construido un nuevo complejo regresarían a sus antiguos hogares. “Esperamos que se cumpla con los acuerdos y lo deseamos aun con las reservas y lo que sabemos, pero la realidad es otra”, así lo afirmó el portavoz de la comunidad el joven Jonathan Colón Reyes, a la luz del proceso por la que han pasado ambas comunidades.

El joven nacido y criado en la comunidad del Residencial Puerta de Tierra, narró que al igual que Las Gladiolas, en el 2009 comenzó la inquietud entre los residentes por la noticia del desalojo de la comunidad. Les dijeron que el proyecto había sido sometido por la agencia a un plan de modernización. En la primera fase se desalojó parte del residencial y construyeron los actuales edificios conocidos como Puerta de Tierras II. Aunque a la comunidad se le dijo que se construirían cinco edificios y una égida, se construyeron solo tres edificios. “No se hicieron los otros dos edificios ni la égida no sabemos qué pasó con los fondos. Eso fue para la gobernación de Acevedo Vilá en el 2011”. Al ver que no se construyó el proyecto como se había anunciado la otra parte de la comunidad empezó a averiguar qué era lo que estaba pasando y una vez más fueron sorprendidos con la noticia del desalojo.

Colón Reyes reconoció que la comunidad confiando en que el proceso fuese lo más rápido posible colaboró con el traslado. Aunque reparó que le llamó la atención que el DV les concedió 100 vales de Sección 8, cuando sabía que habían muchas peticiones a este programa. Destacó que igual les tomó por sorpresa que cuando se les presentó la partida que había para el proyecto se les dijo que esta se dividiría entre su comunidad Puerta de Tierra, Las Gladiolas y Gautier Benítez, en Caguas y que la firma para construcción y administración de los tres proyectos sería McCormack Baron & Salazar.

El líder comunitario, quien tiene un bachillerato en Ciencias Sociales, expresó que ha investigado la experiencia de este nuevo modelo de vivienda mixta en Estados Unidos y ha encontrado que en estos se da una dinámica de discriminación y rechazó entre los residentes. Trajo el ejemplo de que una comunidad en Chicago en donde se comenzó un proyecto de este tipo en el 1990 un grupo de la comunidad demandó al estado por discrimen ya que a los residentes bajo el programa de vivienda pública se les prohibía el paso de un lugar a otro y hasta el uso de ciertas áreas comunes. “No es que nosotros no queramos que esa integración de clase se de pero las cosas no se dan obligadas”, expresó.

A partir del 2012 ante las peticiones de información a todas las administraciones del DV sobre los compromisos contraídos con la comunidad, frente a la falta de contestación describió que empezó la travesía de la comunidad. “ En el camino murió gente, las enfermedades se empezaron a gravar, si ha habido gente que ha logrado auto sustentarse, hay otros que me han dicho que están cansados se seguir mudándose”.

Señaló que el desarrollador se reunía por separado con las comunidades de Las Gladiolas y Puerta de Tierra, aun cuando el modelo de los proyectos es el mismo. Por parte de las comunidades dijo estaban trabajando juntas. Fue así que también se enteraron de que en mayo (2018) sería la pre inauguración del proyecto y se comenzaría a citar a los antiguos residentes. Comentó que aun con sus reservas entendían que mientras cumplieran con los requisitos anteriores de vivienda pública como se les había dicho serían admitidos al nuevo proyecto.

Pero los residentes del antiguo residencial de Puerta de Tierra se enfrentan a la misma situación que los de Las Gladiolas, las familias con ingresos bajos no pueden afrontar las mensualidades de las nuevas viviendas. Colón Reyes denunció que los límites de ingresos que solicita el desarrollador no representan la realidad. Una persona con un trabajo de 35 horas semanales a $7.25 la hora no puede pagar una mensualidad de $600 dólares, “no hay un balance entre la realidad de ingresos y el acceso”, reiteró. En cuanto al beneficio de crédito contributivo la persona no puede tener su crédito comprometido. “Estamos en una coyuntura que vivimos al día al día mas de la mitad de los puertorriqueños no les da para ahorrar”.

Colón Reyes, reveló que cuando le han hecho estos planteamientos al secretario del DV, Fernando Gill Enseñat, por medio del Sub secretario, éste ha contestado que como el proyecto es una alianza público privada (APPs) eso le toca al privatizador. “Nos dejan a la deriva cuando se hacen los señalamientos se despachan de esa forma”. Agregó que desde mayo no han vuelto a tener una reunión con el contratista y en septiembre de 2018 le solicitaron una reunión, no fue hasta días recientes que recibieron una cita de reunión para este 1 de febrero. Al igual que lo sucedido con los residentes de Las Gladiolas, denunció que a los de Puerta de Tierra les comenzaron a pedir documentos en mayo una y otra vez “están jugando el juego para ver quien se cansa”.

El líder de la comunidad del residencial de Puerta de Tierra, demandó, “nosotros queremos escuchar la verdad para poder reaccionar a lo que ocurra, no vemos que se esté cumpliendo con el compromiso”, dijo en referencia al compromiso del gobierno de que los residentes desalojados tendrían prioridad para ocupar las nuevas viviendas.

El antiguo complejo residencial Puerta de Tierra consistía de 11 edificios para 484 apartamentos. En la actualidad entre los tres nuevas estructuras ya construidas (Puerta de Tierra II) hay solo 85 unidades de vivienda, estas todas si bajo el modelo de vivienda pública. La nueva construcción se limitara a cerca de 174 unidades de vivienda, lo que es evidente que no podrá albergar a toda la anterior población desalojada.

Mientras este viernes (25 de enero) se colocó la “primera piedra” del nuevo complejo de vivienda de Gautier Benítez, en Caguas, el cual como ya se anunció será construido y administrado por el mismo desarrollador, bajo el mismo concepto de vivienda mixta y cuyos residentes fueron desalojados bajo las mismas promesas que Las Gladiolas y Puerta de Tierra.

Las familias que no tienen título de propiedad formal y que perdieron sus viviendas como consecuencia del paso del huracán María en el 2017, todavía esperan porque el Secretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, acepte el formulario de declaración bajo juramento, preparado por la organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) para así poder demostrar que son dueñas de sus casas y/o terrenos, y así a su vez poder beneficiarse de los programas con fondos CDBG–DR.

La directora de ALPR, licenciada Adriana Godreau Albert, –a preguntas de CLARIDAD– indicó que a principios de noviembre de 2018, le sometieron al Secretario del DV un documento el cual se inspira en uno similar de declaración bajo juramento que ya aprobó FEMA en Texas para los casos de personas que no tienen titulo formal de propiedad. Denunció que la incapacidad del Secretario de la Vivienda de contestar lo que hace es dilatar el proceso y que finalmente cuando llegue el dinero las personas en esta situación no van estar preparados y que el DV debería estar aprovechando el “receso” del gobierno de Estados Unidos para que establecer esas guías y ser transparentes. “Aquí lo que se hace es todo al revés, se le ha escrito y no ha contestado la carta de principios de noviembre no ha dado señales de recibo, ni reacción”, denunció.

La situación surge debido a que tras el paso de los huracanes Irma y Maria, FEMA denegó el 62% de las solicitudes y el 80% de las apelaciones presentadas por la pérdida de sus casas. Según ha informado AYLPR cerca de 70,000 personas no recibieron asistencia por carecer de documentos de título pese a ser dueñas de sus hogares. La licenciada Godreau Albert defendió que esto demuestra la urgencia de adoptar la declaración bajo juramento como prueba alternativa al título. El documento fue diseñado por ALPR junto a otras entidades. Precisó que la legislación federal es clara: una persona no necesita tener un título para acceder fondos para reparar sus hogares después del desastre. No se necesita abogado o notario para preparar esta declaración.

Agregó que la experiencia de Texas alrededor de los fondos CDBG–DR demuestra que esta declaración se puede adaptar para que aplique a personas sin títulos formales. Ayuda Legal preparó una investigación legal y los modelos que necesitaría el Departamento de la Vivienda para implementar esta declaración en CDBG–DR.

“No hemos encontrado protocolos sobre pruebas alternativas para el título. Sin un documento uniforme, se repetirá la historia de FEMA, miles podrán quedarse sin ayuda y este dinero no beneficiará a quienes necesitan reparar sus casas”, afirmó la licenciada Godreau-Aubert.

Continuó que tras los huracanes Irma y María, se asignaron cerca de $20 mil millones en fondos CDBG-DR para la recuperación de las comunidades afectadas por los desastres. Estos fondos tienen que utilizarse para atender las necesidades descubiertas de vivienda, infraestructura y recuperación económica de poblaciones vulnerables. HUD aprobó el Plan de Acción por los primeros $1.5 mil millones. Ahora queda por ver si la agencia federal aprobará las enmiendas al Plan, hechas con la segunda asignación de $8.2 mil millones.

Aunque hasta el presente –enero 2019 – no se ha recibido un centavo, la falta de respuesta por parte del secretario del DV Gil Enseñat, levanta bandera respecto al uso que pretenda darle el gobierno de Ricardo Rosselló a los citados fondos. Explicó la directora de ALPR que se supone que el gobierno llegue a acuerdos con constructores privados para manejar los fondos, se presume en las llamadas alianzas público privadas.

Ante el riesgo de que el gobierno utilice los fondos para proyectos de vivienda mediante alianzas público privadas como el recién inaugurado antiguo residencial público Las Gladiolas, Godreau Aubert, expresó que “ciertamente ese es el temor atado al uso de esos fondos”. Reiteró que la idea de los fondos CDBG–0DR “es que lleguen a la gente para que tengan una vivienda digna y así como por ejemplo no tener un protocolo para la gente que no tiene título formal lo que va hacer es excluir a todas aquellas personas que no tienen un título, que son los que mas necesitan”. Añadió que una de las preocupaciones de Ayuda Legal es que si la gente no participa, si no se escuchan las necesidades de las comunidades lo que va a terminar haciendo el gobierno es desplazar a comunidades por completo incluso reveló que ya hay alcaldes que han presentado eso en sus planes, sin que las comunidades siquiera se hayan enterado que están en riesgo.

El documento preparado por ALPR le fue sometido al secretario Gil Enseñat el 5 de noviembre. Mientras por otra parte según recogió el periódico El Vocero, el 28 de noviembre en conferencia de prensa junto a gobernador Gil Enseñat, dijo que “mediante el Plan de Acción sometido al Departamento de Vivienda Federal (HUD), los fondos del programa podrán ser utilizados para la reubicación de familias afectadas por el desastre, la compra de una casa o refinanciamiento de viviendas, hacer reparaciones, la remoción de escombros y en la construcción de facilidades públicas como los son: carreteras, sistemas de drenaje y alcantarillados, entre otros”.