ccotto@claridadpuertorico.com

Una faena política, envidias profesionales, menosprecio por la verdad y la justicia, estas actitudes que acumulan los activistas del Partido Nuevo progresista (PNP) en todas las esferas públicas en donde se encuentran, incluyendo los medios de comunicación,  aparentemente son las razones  que mueven la faena en contra del exrector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) doctor Carlos Severino Valdez y por el expresidente Urayoán Walker, por el asunto de la Becas Presidenciales.

El pasado martes 19 de diciembre la jueza municipal Geisa Marrero Martínez, encontró causa para arresto contra el los dos exfuncionarios. Contra el exrector Severino Valdez se le encontró causa en dos cargos por infracciones al artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental; tres violaciones a la sección 254 del Código Penal que prohíbe la intervención indebida en operaciones gubernamentales y un cargo por violación al artículo 262 del Código Penal sobre omisión en el cumplimiento del deber.

En el caso del exPresidente se le encontró causa por tres violaciones al artículo 264 (b) del Código Penal por malversación de fondos en relación a las tres becas y una violación al artículo 262 omisión del cumplimiento del deber; dos violaciones al artículo 4.2 (b) de la Ley de Etica Gubernamental -que prohibe a un servidor público utilizar las facultades de su cargo para beneficiar a terceros.

“Lamentablemente, a base del expediente de la fiscalía que contenía las declaraciones juradas del infame informe de investigación inicial, la jueza determinó que eso era suficiente para proceder con la radicación de varios de los cargos contra el Dr. Carlos Severino presentados por el FEI. Ello, en total abstracción del informe final de la UPR que releva a este de toda responsabilidad y falta incluso a nivel administrativo”, fue la inmediata reacción del Colectivo por la Justicia Carlos Severino, ante los resultados de la vista. “Aunque el que se permita el inicio de los procesos penales en estas vistas, pues el requerimiento de prueba por fiscalía es de una mera «cintilla» y no se presenta prueba de defensa, estábamos esperanzados en que el tribunal examinaría el informe exculpatorio, en lugar de meramente proceder con el formalismo de aceptar las declaraciones juradas.

El proceso se inicia entonces con la vista preliminar, donde se permite un mayor espacio para cuestionar la prueba de fiscalía. Continuamos todavía más firmes en la defensa de la integridad e inocencia del Dr. Severino, en condena de las prácticas de abuso de poder y discriminación que claramente denota este proceso abusivo e injustificado”, manifestó el grupo.

Las acusaciones fueron presentadas por las fiscales del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) Iris Meléndez Vega y Zulma Fuster.

La controversia por las Becas Presidenciales que culminaron en las acusaciones inició a mediados de 2016 cuando el representante estudiantil del Recinto de Río Piedras, ante la Junta de Gobierno (JG) de la UPR, cuestionó la otorgación de las BP. En aquel momento la JG nombró a una Comisión Investigativa sobre los procesos de las becas Presidenciales. La comisión estuvo integrada por los licenciados, Samuel Céspedes Soto, Dora Monserrate Peñagarícano y José A Casillas Fernández. Tras el informe la JG en julio de 2016 destituyó de sus cargos a Severino Valdez y Walker.

A juicio del veterano abogado litigante Luis Abreu Elías, si él fuese el abogado que redactó el informe de la Comisión él mismo pediría su desaforo y denunció que el informe revela una total falta de conocimientos de los procedimientos administrativos de la UPR y de otras leyes. Abreu Elías expuso que el reglamento de la UPR establece que los reclutamientos de personal académico se hacen ya sea por convocatoria o por competencia. Sin embargo es la misma JG la que aprueba una certificación donde establece que las becas presidenciales, son para otorgarse a estudiantes de buen resultado académico y es a los decanos a quienes corresponde considerar quienes pueden ser candidatos a profesores. Ante esta contradicción varios sectores universitarios desde hace un tiempo habían recomendado que se atemperara el reglamento con la certificación de las BP. La JG entonces emite la certificación 72 (2006-2007) y anula la certificación 103 (1988 1989). La nueva certificación autoriza al presidente y le da absoluta discreción para establecer las reglas bajo las cuales se otorgan las BP. Abreu Elías, puntualizó que aun cuando sectores académicos le han insistido a la JG a que atempere el reglamento para que se entienda que la certificación de las BP no es una excepción y que tiene el mismo valor de ley, la Junta de Gobierno hasta el día de hoy no ha tomado ninguna acción sobre el particular por lo que está vigente lo que establece el reglamento y está vigente la certificación.

De hecho en el informe que Severino Valdez le entregó a la JG refutando el informe de la comisión, presenta que el informe alude a fuentes jurídicas ya derogadas, como es el caso de la certificación 103 y no observa la nueva certificación 72.

Otro aspecto del cual llamó la atención el entrevistado es que ni la certificación 72, ni las instrucciones de la Administración Central de la UPR no establecen ningún método de publicidad para divulgar la disposición de las becas, reiteró que la selección de los candidatos las hacen los decanos luego de auscultar a sus facultades y recalcó que una vez más la JG no ha cambiado este procedimiento. En el caso de Severino Valdez defendió que éste le comunico a los decanos sobre la disposición de las becas.

El veterano litigante atribuyó sin reparos que es el comentarista político y abogado Carlos Díaz Olivo, profesor de la Escuela de Derecho, quien ha impulsado que el asunto de las becas presidenciales de la UPR haya llegado al Departamento de Justicia y por ende al PFEI . Primero presionó para que la JG nombrara a tres personas -dos de ellos estudiantes que fueron los que emitieron el informe que estableció que se violó una certificación de la Junta que no esta vigente. Agregó sobre el informe de la comisión el que se le atribuye a Severino Valdez que dio distintas indicaciones para cada uno de los becados, dando a entender que eso estaba mal “pero es que no cabían en otra forma ignoran cual era la norma vigente que siguió Severino e hicieron un informe plagado de ignorancia y cobraron por eso”, denunció. El costo del citado informe fue de $108 mil dólares.

Sobre este informe la JG de la UPR no siguió el debido procedimiento de ley para con los afectados y a los seis días de haber recibido el informe despidió a ambos funcionarios. Todo indica que la Junta de Gobierno reflexionó sobre su proceder y luego de recibir la refutación del rector Severino Valdez al informe de la comisión, entonces contrata a la ex juez administradora de la Administración de Tribunales, licenciada Mercedes Bauermestier para que lleve a cabo otra investigación. La investigación de la licenciada Bauermestier establece que no hubo ninguna violación de ley y menos violación penal. Para Abreu Elías la JG ignoró el informe de Bauermestier y no hizo nada más respecto al asunto, “quien debería estar acusada es la Junta de Gobierno incluyendo la declaración jurada de Díaz Olivo”, expresó el entrevistado.

Respecto al hecho de que la juez Marrero Martínez no le permitió a la defensa del exrector presentar como evidencia exculpatoria el informe de Bauermestier, Abreu Elías, afirmó que se supone que el juez no puede negar el presentar prueba y que el documento es admisible bajo el argumento de que había prueba esculpatoria, “la juez se supone que debió leerlo mi impresión es que no lo leyó”.

El entrevistado denunció que este caso es una tarea política y por último levantó el que fueron 13 las becas que se otorgaron, tres solo son del recinto de Río Pierdas y todos los recintos siguieron el mismo proceso, entonces, por qué no están acusados el resto de los rectores.

En la línea de esta interrogante en el informe preparado por la licenciada Baurmeister, ésta indica que la ausencia de normativa y de directrices claras por parte de la Administración Central, afectó a las acciones que se tomaron al respecto en todos los recintos y no sólo en el recinto de Río Pierdas. Dice el informe: “No se ha podido identificar documento alguno a nivel sistémico que contenga instrucción o normativa sobre cómo llevar a cabo el proceso para la recomendación de candidatos a Beca Presidencia o que establezca el requisito de publicidad”.

Luego añade: “La Administración Central no hizo convocatoria pública para recibir solicitudes a Beca Presidencial. Los recintos y unidades institucionales tampoco lo hicieron”.

A ,tres meses del paso del huracán María por Puerto Rico, la evaluación de la mayoría de los puertorriqueños de dentro y fuera de la isla, y de la comunidad internacional sigue siendo la misma: ni el gobierno federal ni el local han sabido –han querido– atender la emergencia nacional desarrollada a raíz del fenómeno atmosférico.

Las primeras semanas luego del embate, mientras los y las puertorriqueñas hacían largas filas con la esperanza de calmar alguna necesidad básica, se hacía obligatorio el tema del manejo de la situación en Puerto Rico por parte del gobernador y las autoridades pertinentes.

Tras días de espera, cuando por fin llegaban suministros de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) a algún pueblo de la isla, la gente reaccionaba con molestia porque no se le podía llamar alimento a los productos altos en sal o azúcar que repartía esa agencia. El sentir se repetía a diario, más cuando a la tercera semana de María los avances en telecomunicación (44%), electricidad (11.70%), agua (56.24%) y distribución de comida eran más lentos de lo esperado.

El país se encontraba sumergido en el desánimo y el sentimiento era general: malestar por las acciones del presidente Donald Trump a su llegada a la isla, por la inacción de FEMA respecto a los toldos azules, por la decisión unilateral del Departamento de Educación de mantener las escuelas cerradas aunque ya contaran con servicio de electricidad y agua potable, por el tiempo perdido en las largas filas para realizar cualquier diligencia necesaria, por la merma en la distribución de artículos a los supermercados…

Sin embargo y para contrarrestar esa crisis social e ineficiencia del aparato gubernamental, decenas de iniciativas de base comunitaria apostaron –muchas de ellas continúan con el esfuerzo– a la solidaridad para contribuir a la redirección de la isla. Durante todo este tiempo, estos colectivos han trabajado arduamente abriendo caminos, podando árboles, llevando suministros, preparando alimentos, dando fortaleza emocional, limpiando fincas, poniendo toldos, ofreciendo experiencias educativas y culturales, entre otras ayudas.

Aunque no bastaría este escrito para reseñar todas las organizaciones que se han gestado tras María, sí alcanza el espacio para destacar la labor de algunas de ellas. En el oeste de Puerto Rico, por ejemplo, dos proyectos que han estado trabajando son la Brigada Solidaria del Oeste y el Instituto Universitario para el Desarrollo de las Comunidades, adscrito al Recinto Universitario de Mayagüez (RUM). El primero fue organizado luego de María; el segundo cuenta con años de experiencia en el quehacer comunitario.

“Sabíamos que lo que venía no iba a estar fácil, pero sobre todo que la inacción del gobierno estatal y federal para atender los problemas del oeste iba a ser una realidad. Así que, ante este panorama, nos empezamos a organizar en una iniciativa que ha identificado las necesidades en los sectores más remotos del oeste, en barrios de Las Marías, Maricao, Mayagüez, Añasco, Aguada, Cabo Rojo, los ha visitado y llevado alimentos”, expresó una de las portavoces de la Brigada Solidaria del Oeste, Raquela Delgado-Valentín. Además, esta brigada ha apoyado económicamente y con personal a diferentes comedores sociales que se han autogestionado por y en las mismas comunidades.

Por su parte, la directora del Instituto Universitario para el Desarrollo de las Comunidades, Luisa Seijo-Maldonado, expuso que este proyecto universitario involucra a profesores, profesoras y estudiantes del RUM. Hace años este instituto ha vinculado la sala de clase con experiencias de colaboración en distintas comunidades a través de toda la isla. De los esfuerzos del Instituto se han beneficiado más de 500 familias de sectores como Añasco playa, El seco y La salud en Mayagüez, Corozo en Cabo Rojo, Naranjales en Las Marías, y Las indieras en Maricao.

De otro lado, a través de la iniciativa Plato Caliente, Rafael Rodríguez tuvo la intención de repartir comida caliente gratuita a deambulantes y personas de escasos recursos residentes de municipios o sectores como Carolina, Hato Rey, Cataño, Río Piedras, Bayamón, Canóvanas. Para confeccionar los alimentos, que llegaron a ser 2 mil servicios de almuerzo diarios, Rodríguez reunión un grupo de voluntarios, solicitó donativos y utilizó las cocinas de los restaurantes el Grillón y el Psycho Deli en la calle Cerra en Santurce, Di Palma en Condado, Agua Viva en Viejo San Juan y Flor de Parcha en Río Piedras.

Igualmente, a partir del Centro para el Desarrollo Político, Educativo y Cultural (CDPEC), iniciado en 2011, se han formado varios proyectos de comedores sociales y de centros de apoyo mutuo que han estado al servicio de distintas comunidades durante estos tres meses tras el paso de María. En ese sentido, la misión del CDPEC es generar experiencias de autogestión educativa, cultural y política que faciliten un mejor entendimiento del mundo, desarrollando en los involucrados e involucradas sus habilidades de análisis, trabajo colectivo y empoderamiento social.

Desde Vieques, la iniciativa Finca Consciencia ha aportado al restablecimiento de la Isla Nena antes del paso del huracán. Mediante tres proyectos, trabajan con una agricultura resiliente de base comunitaria, que produce alimentos de forma saludable y accesible para todas y todos, y que tiene la firme intención de eliminar las inequidades existentes a través de la soberanía alimentaria. Luego de María, han aportado a las comunidades viequenses con un comedor social, actividades educativas, clínicas de acupuntura, entre otros.

Por su parte, en la coyuntura del huracán, el Museo de Arte Contemporáneo con su iniciativa “El Mac en el Barrio” logró impactar a diferentes comunidades de Santurce y Río Piedras como Machuchal, Tras Talleres, Los Lirios, San José, Buenos Aires e Hipódromo. A principio de octubre y por tres semanas consecutivas, el MAC sirvió de centro de servicios para la comunidad con la ejecución de un programa educativo y cultural de emergencia que trabajó con tres componentes principales: un programa escolar de corta duración dirigido a 70 estudiantes de 4 a 16 años; un programa de apoyo psicosocial para adultos mayores y sus familiares, y una fase de actividades artísticas y culturales para el disfrute del público general.

Según piensa Marianne Ramírez, directora ejecutiva del MAC, “en todo este proceso las fundaciones sin fines de lucro y de base comunitaria han dado cátedra en términos de su agilidad. Son los líderes comunitarios los que tienen el conocimiento de las necesidades de la gente. Yo creo que una cosa importante que se ha dado es la organización comunitaria. El gobierno tiene que contar con este tipo de organizaciones para que, si vuelve a surgir un fenómeno natural – de esta magnitud – pueda responder con más efectividad”.

*************************************************************************

¿Te gustó este artículo? ¡Dona a Claridad!

Claridad se sostiene con la generosidad de sus lectores

Para donar, oprima aquí

En diciembre de 1916, en medio del desastre que representaba la Primera Guerra Mundial para los ejércitos rusos, el zar Nicolás II escribió en su diario que el año que terminaba había sido “maldito”, pero que seguramente el 1917 sería mejor. A pesar de su pensamiento “positivo” y de los rezos que el muy devoto monarca debió haber encargado, ya sabemos lo que le ocurrió a él y a su régimen en aquel nuevo año.

En diciembre 2016, a la espera del nuevo año, muchos puertorriqueños recurrieron al mismo pensamiento positivo del monarca ruso un siglo antes porque también había razones de sobra para aspirar a un cambio. Al cabo de una década en declive, con la recesión económica trasmutada en depresión, buena parte de los puertorriqueños decíamos que no se podía aguantar más y esperábamos que el nuevo año nos trajera algún alivio.

Sin embargo, el mismo comienzo de 2017 nos avisó que las penurias no terminaban cuando en los primeros meses la Junta que nos gobierna impuso un súper austero plan fiscal que aceleraría la caída económica. La implantación de ese plan draconiano estaría en manos de una nueva administración de gobierno liderada por Ricardo Rosselló, un inexperto aspirante a científico que llegaba con aires de salvador y quien de inmediato se rodeó de gente muy similar a él.

Cuando llegó la temporada de huracanes en el segundo semestre ya las expectativas positivas del nuevo año habían desaparecido. La Junta exigía medidas adicionales de austeridad y acudía al tribunal para que las impusiera, mientras desde los gobiernos de aquí y de allá no aparecía una sola idea que apuntara hacia una nueva estrategia de desarrollo económico con visos de realidad. Todo indicaba que nos encaminábamos hacia otro año perdido en el que el lento hundimiento económico y el desasosiego social seguiría acentuándose.

Al llegar el noveno mes del año, las autoridades públicas responsables de crear y mantener la vital infraestructura que sostiene la actividad económica –Energía Eléctrica, Acueductos, Carreteras y Puertos– estaban en igual o peor situación que el gobierno central. Con ingresos menguados, desprovistas de crédito y operando con presupuestos que sólo daban para lo más básico, las mencionadas autoridades se hundieron aún más con el peso de los nombramientos políticos que otra vez llegaron como enjambre hambriento. El pequeño esfuerzo que había hecho la administración anterior para “profesionalizar” la administración de estas entidades, todas de importancia vital ante cualquier expectativa de cambio, desapareció tan pronto se nombraron las nuevas juntas de directores. Allí llegaron aquellos a quienes se les debía favores desde la última campaña política junto con ahijados de los nuevos líderes. Uno de aquellos ahijados se llamaba Ricardo Ramos.

El panorama de las autoridades públicas era tan desesperanzador, debido al enjambre de políticos que las invadió, que la propia Junta le “recomendó” al gobernador Rosselló que cesara la práctica de llenar de fieles sus juntas de directores. Pero desde Fortaleza ni siquiera movieron un dedo.

Entonces en el noveno mes nos visitaron dos señoras llamadas Irma y María quienes, aunque estuvieron poco tiempo en nuestro país, nos dejaron recuerdos imperecederos.

Lo que sucedió tras la partida de estas dos señoras no es necesario describirlo porque todo posible lector de este artículo lo conoce muy bien porque lo vivió y lo sigue viviendo. Sólo es pertinente decir, como conclusión, que aquel gobierno inexperto de principios de año, cargado de favorecidos políticos y de ahijados, multiplicó los horrores de los huracanes. Desde que las señoras Irma y María finalmente se fueron el 20 de septiembre hasta el final del año, nuestro país retrocedió al siglo XIX y, en ciertos lugares, a la edad de bronce.

Y si el gobierno isleño, con la Junta a cuestas, probó ser incompetente, los que vinieron a auxiliarnos, muestran similar característica. El ya olvidado jefe de la AEE, Ricardo Ramos, fue reemplazado por el muy pomposo Cuerpo de Ingenieros del Ejército quienes, por eso de dar un pequeño ejemplo, en tres meses sólo han podido traer a Puerto Rico alrededor de 10 mil postes para el alumbrado público de los 52 mil que a principios de octubre se estimaron necesarios.

Junto al pomposo Cuerpo de Ingenieros ha estado FEMA, de cuya incompetencia mejor no hablamos. Lo único que nos falta añadir es que, además del Cuerpo y de FEMA, llegaron en son de auxiliadores decenas de senadores y representantes, acompañados de ayudantes y relatores. Todos nos miraron, mejor dicho, nos inspeccionaron, se condolieron de nuestra desgracia y tras exprimirse una que otra lágrima, asfixiados por el calor tropical, se fueron. Dos meses después, todos los que vinieron a inspeccionar los daños y a retratarse abrazando algún refugiado, votaron a favor de una nueva ley federal de impuestos que le asesta un golpe a las empresas manufactureras que sobrevivieron los huracanes.

En esas estamos al llegar al final del año 2017. Como el zar ruso en 1916, volvemos a pasar revista sobre el año que termina y a mirar esperanzado hacia el que comienza. Lo que le pasó al zar Nicolás en 1917 se parece mucho a lo que ocurrió en Puerto Rico en 2017. Las esperanzas que lanzamos todos al aire en diciembre de 2016, como las del devoto zar, no funcionaron. Ahora que volvemos al mismo ritual para recibir el 2018 tenemos que rogar porque no nos suceda lo mismo que aquel ex monarca en 1918.

CLARIDAD

Según el informe de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), regiones de Adjuntas, Jayuya, Ciales y Morovis, así como de Patillas, Maunabo, Yabucoa y Naguabo continúan sin energizar. A pesar de que el gobernador Ricardo Rosselló aseguraba que el 95 por ciento del país contaría con energía eléctrica el pasado 15 de diciembre, una vez cumplido el plazo para alcanzar esa meta la generación del esencial servicio es del 69 por ciento.

Y es que si duras fueron las casi 20 horas que permanecieron los vientos de 155 millas por hora dentro de Puerto Rico, más fuertes han sido los meses siguientes. El embate atmosférico ha resultado en el destape de una colonia administrada por la corrupción y la ineptitud. Ni las compañías subcontratadas por Whitefish, ni el contrato millonario que le dieron a esa compañía norteamericana, ni la presencia de la fuerza militar de Estados Unidos pudieron restablecer el servicio de energía eléctrica en su totalidad.

Quizás el que la política partidista que impera en Puerto Rico no permitiera la intervención que solicitó rápidamente la comunidad internacional fue una de las fallas más grandes en el proceso de reponer con prontitud la generación de energía y atender otras emergencias. No obstante, la respuesta inmediata de la AEE y el primer mandatario siempre ha sido: “Estamos trabajando para darle servicio lo más pronto posible a los abonados. Hemos tenido unas dificultades de falta de materiales”, tal como dijo el pasado jueves Carlos Alvarado Torres, jefe de Operaciones Técnicas.

El también ingeniero continuó diciendo que “ahora” es que el panorama ha comenzado a cambiar, pues “se está normalizando la llegada de materiales”. Precisamente, otro de los inconvenientes presentados tras María fue la llegada y distribución de postes y cables para devolver la energía eléctrica, así como de artículos de primera necesidad donados por otros países o por la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos.

Echando la mirada atrás, hacia el 25 de septiembre por ejemplo, se recordarán los reportajes radiales que informaban las condiciones en las montañas de la Cordillera Central, que estaban cubiertas por las planchas de zinc que los fuertes vientos arrastraron, dejando desprovistas de techo a cientos de casas de la zona central.

En Aibonito, por mencionar un municipio de la región montañosa, la fragilidad de la gran cantidad de casas de madera y los deslizamientos de terreno fueron causas de preocupación para los residentes de ese pueblo, uno de los de mayor altura en la isla, con 2,000 pies sobre el nivel del mar. De hecho, según las reclamaciones a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), unas 70 mil viviendas fueron totalmente destruidas en la isla tras el huracán categoría cuatro.

Por otro lado, en Orocovis las fuertes lluvias dejaron carreteras sepultadas por lodo, piedras, árboles, bambúes y postes del tendido eléctrico. El pueblo quedó totalmente incomunicado, mientras brigadas municipales, de la Guardia Nacional y de voluntarios, abrían paso entre los deslizamientos de terreno. Pero la falta de comunicación no se debió sólo a los derrumbes, sino a que el sistema de telecomunicaciones colapsó por la fuerza de los vientos y porque la infraestructura provista por las compañías privadas que brindan esos servicios no soportaban eventos atmosféricos de tal magnitud. Esto a pesar de que Puerto Rico está en la ruta de huracanes.

La dificultad para acceder a la montaña, entre otros temas, provocó retrasos en la ayuda necesaria. Los camiones con gasolina tardaron días en llegar, lo que complicó el panorama para pacientes que dependían de la energía eléctrica para mantenerse con vida o tratar alguna condición severa de salud. El problema de acceso a electricidad durante esos primeros días tras el paso del huracán es una de las razones consideradas para calcular el número de muertes relacionadas con el paso del evento natural.

Según el primer corte de prensa que informó las cifras oficiales de muertes tras María, redactado por el Centro de Periodismo Investigativo, “en los primeros 40 días de la emergencia murieron al menos 985 personas adicionales en comparación con el mismo periodo en 2016. Si se suman septiembre y octubre, ya que además pasó el huracán Irma por la isla, la cifra se eleva a 1,065 muertes”. La mayoría de estas personas murieron en hospitales y asilos por condiciones como diabetes, Alzheimer, paro cardiaco, fallo renal, hipertensión, neumonía y otras enfermedades respiratorias que no se podían tratar como de costumbre por la falta de energía eléctrica.

Asimismo, el huracán impactó grandemente la industria lechera y la agricultura del país, cuyos daños ascendieron a casi 2 mil millones. Edwin García, alcalde de Camuy, expresó particularmente que las plantaciones de plátanos de los barrios Cibao, Puertos y Quebrada de ese municipio se afectaron por completo. Por su parte, la Vaquería López Inc., en el barrio Abra Honda de Camuy, quedó destruida y con pérdidas de $500 mil.

El agricultor barranquiteño José Concepción Rivera, por ejemplo, estimó los daños en la plantación de su finca en $100 mil, pues perdió 5 mil matas de plátano. En las faldas de las montañas, también se afectaron plantas de ñame, apio, jengibre y ajíes dulces. Los árboles de limón y china, las plantas de calabaza, de parcha, los arbustos de café también sufrieron los estragos de los vientos y las inundaciones. Muchos son los agricultores que tendrán que empezar de cero y los que sufren escasez de productos de la tierra.

Debido a todas las situaciones que ha provocado el paso de María por Puerto Rico – emigración, defunciones, pérdidas en la agricultura y la ganadería, cierre de negocios y de producción local, baja en el turismo, entre muchas otras – han comenzado a afectar brutal e irreversiblemente la economía del país. Aún no se siente tanto ese otro gran impacto. Ya dirá el 2018.