Tres largos meses han transcurrido desde el azote del poderoso huracán María. Su secuela inmediata, que para muchos fue de una dimensión inesperada, dejó una enorme devastación en el país, que se ha prolongado y ha repercutido en muchos órdenes de nuestra vida. Hoy, más de la mitad de la Isla, incluyendo municipios enteros, continúan a oscuras, por lo cual la actividad económica ha decaído a niveles catastróficos. El número de fallecidos sigue siendo incierto, habiéndose desacreditado las cifras oficiales. El exilio ha tomado proporciones insospechadas. El desempleo, la pobreza, la criminalidad y los suicidios, han aumentado dramáticamente. El manejo de la crisis, de parte del gobierno federal y local ha sido, cuando menos, ineficiente e irresponsable. Ha dejado muchos que desear la movilización de brigadas del ejército de Estados Unidos, FEMA y el Cuerpo de Ingenieros, puesto que enormes sectores de nuestra población siguen padeciendo la crisis, privados de servicios esenciales, en abierto menosprecio del derecho de todos y todas a una vida digna. Ha sido la sociedad civil en Puerto Rico y en la diáspora, la que ha mostrado la mayor solidaridad con nuestra gente desposeída. Sufrimos como pueblo, la visita insultante del presidente de E.U., Donald Trump, así como la farsa montada por el Vicepresidente Pence y varios congresistas, a quienes, con lastimoso orgullo, acompañó la Comisionada Residente, Jennifer González. El dócil reclamo de ayuda federal del gobierno de Rosselló, fue atendido con legislación que impone a Puerto Rico, entre otras medidas, un impuesto de 20% a los productos manufacturados en la Isla y que entren a los EU, a sabiendas de los efectos devastadores que ello podría tener en nuestra economía. Los anexionistas más serviles, abogan por la imposición de contribuciones federales a Puerto Rico, en un acto de alta traición al país. Poco después de descubierto el chanchullo de Whitefish, Rosselló prometió al país, que el 95% de los abonados tendría energía eléctrica para el 15 de diciembre. Ésta, como tantas otras proyecciones y gestiones del ejecutivo, ha resultado en un soberano fiasco. Aun ante la magnitud de la crisis, en su gobierno no faltó la repartición de contratos a los amigos de la casa ni la legislación retrógrada que pisotea derechos fundamentales obtenidos con lucha y sacrificio.

La crisis por la falta del servicio de energía eléctrica, que se hace aun más profunda dado el abandono y saqueo, hasta hoy impune, de que fue objeto AEE, ha ocasionado enormes daños a nuestro país. A 90 días del paso del huracán, la ausencia de este servicio esencial, ha alterado significativamente la rutina de vida de quienes siguen a oscuras, causando una gran inestabilidad emocional en muchos sectores de nuestra población, particularmente, en nuestros viejos. Continúa amenazada la sobrevivencia de miles de pequeños y medianos comerciantes y decenas de miles de empleos directos e indirectos. La dejadez e ineptitud del gobierno de Rosselló se hace cada vez más evidente. En el pueblo cunde el desaliento y la angustia, ante lo que parece ser un callejón sin salida, por la indolencia de un gobierno federal y local que nos ha abandonado a nuestra suerte. Ante el caos desatado, el país continúa experimentando un éxodo masivo, sin precedentes, que incluye jóvenes profesionales de distintas ramas que resultan indispensables para la reconstrucción del país. Muchos experimentan el doloroso desmembramiento de sus familias. La desesperanza y la frustración son la orden del día, ante la angustia de vivir en un país en tinieblas, no sólo por la carencia de energía eléctrica, sino por la falta de información veraz y confiable y lo incierto de nuestro futuro.

Ante esta coyuntura, somos muchos los que consideramos que es momento para que las fuerzas patrióticas y progresistas del país, tomen la batuta y nos convirtamos en opción viable para la reconstrucción del país, encaminándolo a su soberanía. El proyecto de país existe, pero es fundamental buscar los medios para difundirlo con efectividad. Para ello es necesario, retomar los esfuerzos para crear un movimiento amplio que deje atrás la pugna pequeña, innecesaria y divisiva entre organizaciones independentistas y soberanistas, que canalice un proceso legitimo de crítica y autocrítica, que nos permita revisar el discurso y las estrategias que hemos utilizado y que nos mantienen en un estancamiento insostenible, ante esta coyuntura histórica. Nuestra soberanía es hoy más urgente que nunca. Debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para lograrla. Ése y no otro, debe ser nuestro objetivo.

La autora es la Presidenta Movimiento Unión Soberanista

En Puerto Rico no sólo se protege el derecho a ejercer la religión como se quiera. También se protegen las iglesias, se protege a los oficiales de dichas iglesias y a sus instituciones. Además, se protegen las finanzas, algunas millonarias, de las instituciones religiosas con generosas exenciones contributivas aún cuando muchas de estas instituciones funcionan como negocios que agresivamente buscan lucro y ganancias. Los miembros de algunas iglesias son bienvenidos a toda hora en la Legislatura, se les da derecho a opinar y se le da peso a su opinión en legislación, en nombramientos de gabinete, en la delineación de política pública y como política pública se impone la oración al Dios Cristiano en múltiples instancias y actividades oficiales de Gobierno. La influencia de la religión es tal que es difícil incluso acusar y lograr la convicción y/o encarcelamiento de pastores, ministros, curas y demás que traicionan la confianza de sus feligreses ya sea robando dinero de la iglesia o abusando sexualmente de menores. La legitimidad de las personas que se amparan en las instituciones religiosas es tal que la impunidad les acompaña muy de cerca.

La estrategia legislativa que se utiliza hoy en día es la misma que se utiliza hace años para engañar al pueblo. La Legislatura promete que el proyecto hará lo contrario de la verdadera intención del mismo. Si vas a contaminar una comunidad o hacer daño al ambiente entonces llamas al proyecto “verde” o llamas al contaminante “limpio”. Así se trató de engañar a Puerto Rico con “la via verde” cuando en realidad el proyecto amenazaba varios ecosistemas importantes y lo único verde eran los billetes que contratistas privados se echarían al bolsillo. También se describe la tecnología que utiliza “carbón limpio” para dar la impresión que el método no es uno tóxico o dañino a nuestro ambiente. Esto aún cuando sabemos que de los 3 combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural el carbón es el más sucio. La orden Ejecutiva de Fortuño eliminando la reserva del corredor ecológico del Noreste llamando a su proyecto “gran reserva del Noreste” titulo demagógico porque realmente desarrollaría hoteles innecesarios a costa de una reducción significante de la actual reserva ecológica.

El mismo truco se utilizó con el P. de la C. 1018, mal llamado “Ley para la protección de la Libertad Religiosa” cuando realmente es un proyecto para hacer inútiles o desechables las reivindicaciones que han conseguido las comunidades LGBTQ en Puerto Rico. El proyecto no debería llamarse Ley para la protección, sino ley para la impunidad de las instituciones religiosas ya que las mismas lo que buscan es eximirse de las mismas leyes que se aprueban para garantizar la plena participación de ciudadanas y ciudadanos en el día a día del país sin temor a que se les persiga, discrimine y excluya de la vida social en el país.

El Proyecto para la impunidad utiliza el ejemplo de los objetores de conciencia durante la guerra de Vietnam. Sin embargo, hay otros ejemplos más puntuales. Yo propongo que el proyecto sea evaluado a la luz de los esfuerzos de los racistas (incluyendo muchísimas iglesias cristianas confederadas) en Estados Unidos para rechazar y socavar los derechos de las comunidades negras una vez se hizo ilegal la esclavitud, la segregación, el matrimonio inter-racial, el voto de los negros, el derecho a tener propiedad, el derecho a acusar a una persona blanca, el derecho a trabajar y recibir paga igual. Todas esas batallas, en las que participaron muchísimas iglesias cristianas del sur de USA en contra de los negros. Los racistas nunca dejaron de discriminar, atacar y menoscabar los derechos reconocidos a las poblaciones negras. Las cortes nunca pusieron fin al racismo y discriminación por completo. La determinación de los Cristianos a odiar a aquellas y aquellos diferentes no tiene límites legales o racionales. De la misma manera en Puerto Rico, algunas iglesias, rehúsan aceptar los avances en derechos civiles y alegan que son impunes a estos avances. Cuando la impunidad se ve amenazada entonces reclaman las protecciones que ellos mismos niegan a otros sectores en el mismo país. ¡Que arrogancia!

Algunas personas preocupadas por las comunidades LGBTQ y conociendo la sed de venganza y retribución de algunas iglesias Cristianas en Puerto Rico contra estas comunidades han sugerido una enmienda al proyecto que especifique que el mismo no se utilizará contra estas comunidades. Esta sugerencia no atiende el defecto máximo de este proyecto y es el efecto de la impunidad y la imposibilidad de predecir a quien se le puede hacer daño con el mismo. El “ejercicio religioso” está definido de manera tan amplia y vaga que el mismo abre las puertas a interpretaciones cuya implementación sería claramente discriminatoria y persecutoria de muchas comunidades. Adelante hago sugerencias de posibles desenlaces que no sólo afectan a las comunidades LGBTQ sino a otras comunidades del país.

1. Bajo esta ley se podría pedir de nuevo que se exima de licencia a las escuelas religiosas, abriendo las puertas a que se enseñe de nuevo que la tierra es plana, que el ambiente no está en peligro y que la mujer debe ser obediente al hombre.

2. Se podría abrir las puertas a que de plano se descarte todo estudio científico haciendo común la ignorancia, el miedo, la desinformación y todos esos males que mantienen a un país atrasado, rezagado entre sus pares.

3. Bajo esta ley se pudiera negar servicios o cuidados a mujeres que hayan tenido abortos, adúlteras, madres solteras, hijos o hijas de madres solteras, mujeres divorciadas, hijas e hijos de padres divorciados, etcétera.

4. En un país donde tantos centros de ayuda y albergue a mujeres victimas de violencia doméstica las condiciones para dar estos servicios pudieran excluir a las poblaciones que más los necesitan.

5. Seguros médicos (que ya se niegan, por ejemplo a proveer métodos anticonceptivos, pudieran negarse también a atender casos de gonorrea, sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual.

6. Algunas iglesias que creen que insisten en negar la equidad e insisten en que el hombre es cabeza del hogar se pueden negar a cumplir con la Ley 54 en perjuicio de la persona maltratada.

7. El matrimonio con niñas menores, que algunas iglesias Cristianas promueven o al menos se hacen de la vista larga, pudiera institucionalizarse en perjuicio de cientos de niñas menores.

En fin, en momentos en que en Puerto Rico hay hambre, miles de hogares no tienen techos ni luz o agua. En una crisis de administración que ha mantenido cientos de escuelas cerradas y donde la oferta de empleos y trabajo remunerado sigue disminuyendo. En un país a punto de entrar a un disimulado bloqueo económico gracias a la reforma fiscal en Estados Unidos y con una deuda sin auditar de billones de dólares, la Legislatura escoge, sin vistas públicas y en secreto dar paso a este tipo de proyecto que no une sino que por el contrario divide al pueblo de Puerto Rico, enfrentando a unos(as) contra otros(as) y fomentando el abuso, discrimen y violencia al que algunas iglesias nos tienen ya acostumbrados. Lo único sensato que queda por hacer es exigir al gobernador de Puerto Rico que lo vete.

El autor es abogado y activista.