Por Milagros Rivera Watterson

Especial para CLARIDAD

El Secretario de la Administración de Corrección y Rehabilitación indicó en julio que había finalizado el proceso de evaluación de la institución penal La Palma, en el estado de Arizona, donde planifica trasladar unos 1,200.00 confinados. Se está negociando con esa institución abaratar los costos por servicios, hasta llegar a unos $55.00 diarios, en lugar de los $63.00, que hasta ahora han indicado que aceptarán los proponentes. Más tarde, señaló que habían preparado el contrato con la empresa que corre ese penal, por unos $10.5 millones, y que estaban negociando su aprobación. El 12 de agosto anunció que ya no trasladará los confinados a esa institución porque hay otra en Mississippi, que sale más barata, y que el martes 14 de agosto enviará un equipo a visitarla. Ante todos estos movimientos, tal  parece que todo ha quedado mayormente reducido a una transacción económica. Los servicios, el proceso de rehabilitación, el seguimiento a los planes de salida y de reinserción a la comunidad cuando los confinados finalicen sus condenas, se ha quedado en un tercer plano.

Es difícil entender cómo si  el costo por confinado es de unos $200 dólares en nuestro país, en Estados Unidos se consiga una institución penal por $63 y, luego de la negociación, quizás por menos, y que además se asegure que los confinados van a tener por esa cantidad buenos servicios y calidad de vida. Suponiendo que sea así, este plan sigue sin considerar el significado y el efecto emocional que sufrirán nuestros confinados al ser separados de sus familias y su cultura, enfrentados a otro contexto institucional con el consabido rechazo, discrimen por origen étnico y problemas de comunicación por falta de dominio del inglés, entre otros.

Este plan, tiene una sola vía y, a pesar de las recomendaciones específicas  hechas por diversos sectores de hacer economías por otros medios, estas caen en el vacío porque solamente se ha considerado y se sigue insistiendo en impulsar y hacer realidad unos traslados que significan la expatriación de nuestros confinados.

Tampoco hacen claro que esta es únicamente una decisión de política pública del gobierno, ya que la Junta de Supervisión Fiscal, ha clarificado en una declaración oficial por medio de la Sra. Jaresko, que ellos no han recomendado  esos traslados. Así que la determinación ha sido solo del poder ejecutivo.

Ante esta situación, hacemos un llamado a nuestra Legislatura a que proceda a hacer una investigación de esa Administración que incluye entre sus planes los traslados, dispuestos en resoluciones ya aprobadas, y a que evite la implantación de una política pública que viola el principio establecido en nuestra Constitución de rehabilitación de nuestros confinados y confinadas, al delegar  su custodia a otra jurisdicción. El abaratamiento del servicio no es la clave porque no es la solución.

La autora es Portavoz del Comité de amigos y familiares del confinado

«No debe ser sorpresa para nadie que haya una corriente migratoria puertorriqueña hacia el extranjero y que se vayan todos los que tienen oportunidad de salir de la Isla… Eso lo que significa es que no pueden ganarse el pan en su propia patria.”

¿Cuándo se escribieron esas palabras? Pudo haber sido en cualquiera de los días de este año 2018 en que se redacta este artículo, pero el texto pronto cumplirá 115 años de haberse publicado. La cita proviene de un artículo del diario Brooklyn Eagle del 7 de noviembre de 1903. Como vemos, ya en ese momento se hablaba de una “corriente migratoria” y se daba por sentado que cualquiera que tuviera los medios disponibles para abandonar el país así lo haría.

La misma información, con leves variantes, podemos encontrarla en cualquier diario o revista de los años posteriores a 1945, los de la posguerra, cuando también se advertía que nuestro país “se vaciaba” hacia Estados Unidos. Aquí va otra cita: “(Y)a para abril de 1947, en esos cuatro meses solamente, han arribado a Nueva York 26,000 puertorriqueños”. Sería bueno recordar que en 1947, igual que en 1903, todavía se viajaba mayormente en barco (entonces en el legendario Marine Tiger) y, según lo citado, en sólo 4 meses 26 mil boricuas abandonaron nuestro país rumbo a Nueva York. (Durante mi niñez, entre los muchachos del apartado sector rural donde me crie –nací, precisamente, en 1947– no se hablaba de otra cosa que de “embarcarse”. Los niños crecían hasta que les llegaba el momento de irse detrás del hermano, el tío o el primo que ya se había “embarcado”.)

¿Por qué se da este trasiego interminable, tan constante, que durante 115 años ha provocado el mismo comentario? La segunda oración del artículo del Brooklyn Eagle que cité al principio nos da la explicación: la gente emigra “porque no puede ganarse el pan en su propia patria”. Eso explicaba la “corriente migratoria” de 1903 y también explica la de 2018. La gran mayoría de los emigrantes no asume su partida con la alegría del que se va de vacaciones sabiendo la fecha de regreso, sino con la tristeza o la rabia del que se siente expulsado del lugar que ha sido su hogar. (De ahí la injusticia de la comentada campaña del “yo no me quito”, que supone la emigración como un acto voluntario.)

El artículo del diario de Brooklyn de noviembre de 1903 también señalaba a los que, a juicio de los editores, eran responsables del ambiente social que promovía la “corriente migratoria” de puertorriqueños hacia Nueva York. Decía el artículo: “Y eso quiere decir que Estados Unidos, a pesar de haberse comprometido a desarrollar la economía de ese pobre pueblo, no ha cumplido su compromiso ni se ve en la necesidad de hacerlo.”

Cuando se publicó ese artículo tan sólo había trascurrido cinco años de la invasión militar que convirtió a Puerto Rico en colonia de Estados Unidos. El articulista debió tener muy fresca en la memoria la proclama difundida por el general invasor, Nelson Miles, advirtiendo que las tropas no venían a “hacer la guerra”, sino a darnos “protección y prosperidad”. Por eso, tan temprano como en el 1903, el diario de Brooklyn le imputaba a Estados Unidos no haber cumplido el compromiso contraído.

¿Y qué pasó con aquella promesa de “protección y prosperidad? Cuando se produjo la corriente migratoria de 1903, que expulsó a miles de boricuas a Nueva York y Hawaii, entre otros lugares, Puerto Rico vivía las consecuencias del cambio monetario impuesto por el invasor, que empobreció a muchos y facilitó la compra de tierras por parte de corporaciones absentistas. A partir de ese momento, poco a poco nos convirtieron en la gran plantación azucarera que interesaba el capital monopolista que instigó la invasión militar. Mientras los boricuas emigraban porque no podían “ganarse el pan en su propia tierra”, los dueños de las centrales azucareras se enriquecían.

Un intercambio similar ocurrió a mitad del siglo XX, cuando ocurrió la otra gran ola migratoria de que hablamos. Mientras 26 mil boricuas desembarcaban en Nueva York en los primeros cuatro meses de 1947, en dirección contraria venía el excedente de capital que había producido el final de la guerra, a invertirse y multiplicarse en la misma tierra que expulsaba a aquellos 26 mil y a muchísimos más.

La historia de ahora, cuando se vuelve a hablar de una nueva oleada migratoria, no es distinta. Se van los que no tienen otra alternativa que “quitarse”, porque no pueden ganarse el pan en su tierra, mientras el capital comercial y financiero sigue llegando junto con los abogados, consultores y asesores que vienen a enseñarnos cómo pagar las deudas.

La actual corriente migratoria, igual que la de 1903 y la de 1947, dramatiza, sobre todo, el fracaso del colonialismo como régimen económico. Pero como ocurre en toda explotación colonial, el fracaso lo viven los colonizados, no los colonizadores. La misma economía que, al decir de aquel diario neoyorquino, no permite que sus hijos se ganen el pan en su tierra produce ganancias obscenas primero al capital azucarero, luego al industrial y ahora a todos juntos, incluyendo los nuevos especuladores financieros.

La “promesa” que el general Miles hizo en 1898 finalmente llegó ciento veinte años después, aunque no con la “protección y prosperidad” que el militar anunció. Llegó con la envoltura de una legislación, precisamente llamada “PROMESA”, que reproduce el mismo tipo de gobierno por decreto que aquel general instaló en la isla recién conquistada.

Las citas del Brooklyn Eagle y la que comenta la emigración de 1947 fueron tomadas de Memorias de Bernardo Vega, editadas por César Andréu Iglesias y publicadas por Ediciones Huracán.

Mientras el gobierno de Puerto Rico continúa con su política de Out State, de trasladar a presos desde las cárceles de Puerto Rico a cárceles privadas en Estados Unidos, el martes 21 de agosto se inició una huelga de confinados en más de 17 estados, la cual esperan sostener hasta el 9 de septiembre.

Bajo las consignas de “Somos seres humanos” y “Fin a la esclavitud Moderna”, las razones que generan la huelga representan una contradicción con la imagen que ha pretendido presentar el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y su administrador de la Administración de Correcciones (AC) Erick Rolón Suárez de que los presos puertorriqueños estarán mejor atendidos en instituciones carcelarias privadas en Estados Unidos.

El movimiento es dirigido y dado a conocer mediante las iniciativas Jailhouse Lawyers Speak (JLS) y Swai Mi.org. “Fundamentalmente, es un problema de derechos humanos. Los prisioneros entienden que están siendo tratados como animales. Las prisiones en América son una zona de guerra. Todos los días se daña [se hace daño] a los presos debido a las condiciones de confinamiento. Para algunos de nosotros es como si ya estuviéramos muertos, entonces, ¿qué tenemos que perder?”, lee una declaración firmada por JLS en su página WEB. Según denunciaron, más de 800 mil presos en Estados Unidos trabajan en las cárceles con salarios miserables, a menos de cuatro centavos la hora, por lo que demandan poner fin a esta situación. Las demandas incluyen además que se mejoren las condiciones de vida en las cárceles, se ponga fin a la cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, mayor financiación para servicios de rehabilitación y el fin a la privación del derecho al voto de unos 6 millones de estadounidenses que tienen delitos graves.

El mismo martes que comenzó la huelga, el JLS dejó saber en su página web que había recibido correspondencia de apoyo de prisioneros de todo el país, incluyendo de presos que supervisan al esclavo industrial de los complejos carcelarios, a pesar de que las autoridades federales y estatales ya estaban en alerta máxima en todo el país, en una represión preventiva, con tácticas amenazantes.

“Los prisioneros entienden que están siendo tratados como animales. Sabemos que nuestras condiciones están causando daños físicos y muertes, que podrían evitarse si a los responsables de las políticas penitenciarias realmente les importara un comino. Las prisiones en América son una zona de guerra. Todos los días se daña a los presos debido a las condiciones de confinamiento. Para algunos de nosotros es como si ya fuéramos a estar muertos”, lee parte de la declaración. Incluso reconocen que no esperan que su huelga sea cubierta por los principales medios de comunicación del país y que la única vez que lo harán será cuando el levantamiento esté en pleno desarrollo más allá del control de las autoridades y, en ese momento, lo etiquetarán como un disturbio.

Los confinados que dirigen el movimiento exhortaron en su comunicado a los otros presos a detener la violencia entre ellos, “sin importar raza, clase o etiqueta, somos uno”. A su vez exhortaron al resto de la sociedad a que les respalden. “¡Nosotros somos humanos! En nombre de los presos en todo el país, agradecemos a todos los partidarios que hacen que nuestras voces sean escuchadas a través de sus acciones de solidaridad. Mantente alerta, te necesitaremos más que nunca durante la huelga.”, cierra el mensaje de los confinados.