El Código Civil es un cuerpo normativo que regula una amplia gama de aspectos de la vida de las personas. Contiene, entre otras, normas generales sobre lo que se define como una persona natural o jurídica, las instituciones familiares, los bienes las obligaciones y los contratos, la transmisión de derechos hereditarios y normas de derecho internacional privado para aquellos casos en que haya conflicto entre el derecho de dos o más jurisdicciones para atender una situación particular.

Actualmente contamos en Puerto Rico con un anacrónico Código Civil que data del Siglo XIX y cuyas disposiciones ameritan ser atemperadas a la realidad y adelantos sociales, económicos, científicos, tecnológicos y jurídicos de nuestros tiempos. Sin embargo, es indispensable que cualquier esfuerzo de revisión de este cuerpo normativo sea el producto de una amplia y transparente participación ciudadana que logre la creación de un cuerpo normativo fundamentado en los derechos humanos, que afirme los principios de equidad y que se asegure de que ningún sector de nuestra sociedad quede excluido de su protección.

Por décadas se han llevado a cabo esfuerzos en Puerto Rico para la aprobación de un nuevo Código Civil que se ajuste a nuestra realidad. Especial reconocimiento merece el monumental trabajo realizado por la “Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico” creada en virtud de la Ley Núm. 85 de 16 de agosto de 1997. Sin embargo, estos esfuerzos han sido rehenes de figuras políticas nefastas en la historia de nuestro Pueblo y de una intervención reprochable de sectores fundamentalistas religiosos que atentan contra todo aquello que represente un adelanto en el reconocimiento de derechos para determinados sectores de nuestra sociedad y que pretenden perpetuar una sociedad machista y patriarcal que se ajuste a sus interpretaciones y dogmas religiosos mientras obtienen mayores ventajas para sus instituciones eclesiales.

El pasado 18 de junio de 2018 se presentó ante la Cámara de Representantes de Puerto Rico el P. de la C. 1654 de la autoría de la representante María Milagros Charbonier Laureano. Con este proyecto se pretende crear y establecer el nuevo ordenamiento jurídico privado de nuestro País y establecer un nuevo Código Civil. El P. de la C. es el producto de un proceso atropellado y carente de transparencia dentro del cual se le dio participación activa a figuras fundamentalistas religiosas, mientras se le negó participación al Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) y otros importantes sectores en la mesa de trabajo, a pesar de solicitarse la participación insistentemente. No debemos olvidar que la representante Charbonier Laureano ha asumido posturas sumamente conservadoras en un afán desmesurado por congraciarse políticamente con el sector fundamentalista religioso y ultraconservador del País. Por ello no es de extrañar que su proyecto esté saturado de terminología religiosa y de figuras de derecho donde el concepto de “la moral” juega un papel fundamental.

Aunque este proyecto recoge varias de las disposiciones de las elaboradas en el trabajo de la Comisión Conjunta creada en el 1997, lo hace de una forma totalmente desarticulada e introduce figuras de carácter dogmático e ideológico que constituyen una seria amenaza para sectores muy particulares de nuestra sociedad. Como resultado de lo anterior, tenemos ante nosotros un proyecto de Código Civil que en muchas de sus figuras nos lleva incluso a períodos previos al Siglo XIX e implica un retroceso en lo que respecta a los en derechos adquiridos por nuestra sociedad puertorriqueña.

Este proyecto de Código Civil amenaza y pone en serio riesgo los derechos de las mujeres, de las comunidades lésbica, gay, bisexual, transgénero y transexual (conocidas como LGBTT por sus siglas), de las personas adultas mayores, las comunidades pobres, así como los adelantos en la investigación científica y el ambiente, por mencionar solo algunas.

A manera de ejemplo, el proyecto de nuevo Código Civil introduce la figura religiosa del “concebido” concediéndole más derechos a un grupo de células que a la mujer embarazada. De igual forma coloca a los hombres en una posición de superioridad con respecto a las mujeres llegando al extremo de darle facultad al hombre que ha aportado un espermatozoide en un embrión (padre biológico) para solicitar la declaración de incapacidad de una mujer embarazada e internarla involuntariamente en una institución psiquiátrica cuando a su parecer entienda que esta mujer no está protegiendo al feto en gestación. Esto se hace sin tomar en consideración el grave problema que existe en nuestra jurisdicción en materia de violencia de género colocando a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad frente a sus agresores.

El proyecto ante la consideración de la Cámara de Representantes niega toda posibilidad a las personas de tener control sobre sus cuerpos y coloca esa autonomía en manos del Estado y, en el caso de las mujeres, en manos de sus parejas. En este sentido el código propuesto adopta figuras de desprestigiadas interpretaciones dogmáticas y se aleja del reconocimiento de adelantos científicos y avances en el reconocimiento de derechos humanos.

Por otro lado, el Código Civil propuesto establece prohibiciones a derechos adquiridos por las comunidades LGBTT como es el derecho a adoptar por parejas del mismo sexo o el derecho al cambio de sexo en el acta de nacimiento. También excluye de la definición de igual protección de las leyes a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas. De igual forma el proyecto contiene una definición genérica de la figura del matrimonio que queda sujeta a la definición conservadora de cualquier tribunal para privar a parejas del mismo sexo de su derecho a contraer matrimonio en el futuro en nuestra jurisdicción. En estos asuntos, como en muchos otros, el Código Civil propuesto constituye un grave retroceso en lo que ha significado décadas de luchas en la reivindicación de derechos de estas comunidades.

En términos de los avances de la ciencia y la tecnología, el código prohíbe procesos reconocidos y disponibles para la mejor calidad de vida de la sociedad presente y futura poniendo en riesgo procedimientos tan fundamentales como la donación de ciertos órganos y tejidos. También deja fuera de protección jurídica procesos de procreación asistida y vientre subrogado que existen al momento y sirven como alternativa a miles de personas en su búsqueda de tener algún tipo de descendencia o establecimiento de instituciones familiares, entre otras posibilidades.

Otro asunto altamente preocupante que introduce este proyecto es la creación de una tercera categoría de persona exenta de intervención estatal para organizaciones eclesiales. Bajo este nuevo estatuto, cualquier organización denominada eclesial sólo se regiría por sus estatutos internos y el estado estaría impedido de intervenir en las controversias que surjan conforme a los mismos. En tiempos como los nuestros donde los tribunales en Puerto Rico han tenido que intervenir e incluso embargar bienes para que una iglesia cumpla con su deber de pagar una pensión a sus jubilados, debemos imaginar cuál sería el destino de estas personas si dicha iglesia estuviera bajo la protección de un estatuto como el que pretende introducir este nuevo código.

Organizaciones como CABE, grupos de mujeres, organizaciones de derechos humanos y gremios profesionales, entendemos que Puerto Rico necesita un nuevo Código Civil, pero definitivamente el que recoge el P. de la C. 1654 dista mucho de lo que aspiramos y merece nuestro País. No podemos aceptar un código que nos lleve al pasado, sino que necesitamos uno que responda a las necesidades de nuestro País y que promueva una sociedad inclusiva, plural, justa y equitativa.

Es urgente que las personas se integren a espacios de discusión sobre este proyecto de ley para que se entere de los riesgos que entraña para múltiples sectores de nuestra sociedad. Al hacerlo se podrán dar cuenta que el propuesto Código Civil está hecho a la medida de un sector fundamentalista religioso que resiente cualquier adelanto en los derechos humanos y que se alimenta de posiciones oscurantistas, anacrónicas retrógradas en el afán de mantener un control sobre la mente y los cuerpos de quienes vivimos en este archipiélago.

De igual forma, es momento de levantar la voz de alerta para que un proyecto con los riesgos inherentes al propuesto por el P. de la C. 1654 no sea aprobado de forma alguna. Necesitamos un Código Civil de avanzada y el actualmente propuesto no lo es, ni tiene potencial de serlo. Digamos no al P. de la C. 1654.

El autor es Portavoz de CABE y Presidente de la Junta de Directores de Amnistía Internacional, Sección de Puerto Rico.

El cooperativismo en estos días es el modelo que muchos miran detenidamente. Parece ser la respuesta ciudadana ante una economía que lleva doce años en picada y que se agravó con la Ley PROMESA y las medidas de la Junta de Control Fiscal. Las necesidades cada día crecen y se multiplican al igual que la incapacidad gubernamental para articular una respuesta adecuada. Esa nefasta ecuación tiene como resultado un desastre social y económico. La carencia de una estrategia de desarrollo a corto y largo plazo para el país agrava el panorama. Mientras nuestra gente intenta vencer la adversidad e identifican otros modelos no tradicionales que nos permitan emerger como pueblo.

Es natural que nuestra gente se fije en lo que conoce y le ha servido bien. Eso puede explicar el interés y datos positivos sobre un sistema que tiene como eje central el bienestar del ser humano. A pesar de la merma en la población, datos publicados por la Oficina del Censo y la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC), destacan un crecimiento en activos (de un 30%) y un aumento positivo en la cantidad de socios. Esa urgencia de conocer sobre el cooperativismo y de adoptarlo como modelo de organización y servicios es la orden del día. Su riqueza en valores éticos y democráticos, su trayectoria y diversidad no escapa al escrutinio de los nuestros.

En los pasados meses grupos cooperativos han logrado concluir procesos de incorporación de nuevas cooperativas. Otros están comenzando y muchos buscan constantemente información. Entre los grupos destacan un colectivo de jóvenes peritos electricistas y dos comunidades en Salinas y Utuado, que han optado por estudiar la opción del modelo cooperativo como respuesta para el suplido de energía. Por otro lado, en estos últimos meses han surgido nuevas cooperativas tales como: Lobos Coop Café, cafetería cooperativa mixta organizada por jóvenes del recinto de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico, Cantera Embellece Coop, cooperativa de trabajo asociado que ofrece servicios de mantenimiento y ornato, Comuni-Coop, cooperativa de trabajo asociado que fomentará la búsqueda de oportunidades de trabajo para sus socios y la comunidad en las áreas de seguridad, construcción, entre otras y la Cooperativa Agro empresarial Río Encantado o Are Coop de Florida, cooperativa de servicios que operará en el área agrícola ofreciendo servicios y oportunidad en especial, a confinados egresados del sistema correccional. Estos indicadores son esperanzadores que se avizoran ante la vulnerabilidad y la crisis. Tener 16 cooperativas activas en el sector agrícola es alentador. Fijar la mira en el cooperativismo es más que acertado y prometedor en especial en las áreas de servicios, trabajo asociado, mixtas, agricultura y vivienda, como veremos más adelante.

Los cooperativistas trabajan afanosamente defendiendo y promoviendo su modelo en estos momentos tan desafiantes para nuestro futuro como pueblo. Las necesidades siguen aflorando. Ese es el caso de la insuficiencia de vivienda adecuada y en especial de interés social. Ese escenario ya venía mostrando indicadores preocupantes. La adquisición mediante compra de un hogar es un indicador de progreso en este renglón. Los datos más recientes del Censo Federal establecen una baja de 11 % en los propietarios mientras la vivienda de alquiler presenta un 13 % de aumento. De otra parte, la situación económica precaria del país, el desempleo, la emigración, entre otros provocaron un alza en la morosidad y un aumento en las ejecuciones de hipotecas y desahucios. Luego del huracán María más de un cuarto de millón de residencias quedaron destruidas y fueron muchos los que no fueron elegibles para ayudas por carencia de títulos de propiedad o por ubicación inapropiada.

Mientras eso ocurre el sector cooperativo de vivienda continúa mostrando su fortaleza como modelo de convivencia en sus 14 cooperativas activas. Lo importante es resaltar la pertinencia y fortaleza de un sistema cooperativo que ha sido de utilidad creando vivienda de interés social y que 40 años después es el modelo de casi 5,000 socios y muchos miles de residentes.

Es vital el formular un escenario para atender la necesidad de vivienda digna. Esto puede lograrse mediante:

• La identificación de terrenos privados o públicos (municipios) para edificar nuevas viviendas cooperativas.

• Transformación de comunidades existentes en cooperativas de titulares de vivienda.

• Identificación de espacios abandonados en zonas urbanas para adquirir y edificar nueva vivienda cooperativa.

En el caso del sector de ahorro y crédito ya existe experiencia de unión de cooperativas de una región para financiar proyectos de interés social.

Identificación de personas interesadas en formar cooperativas de construcción, entre otras.

Este mes presenciamos en el Centrobasket al equipo femenino de Puerto Rico ganar la la medalla de oro con el logo en el uniforme de Seguros Múltiples. Esta semana disfrutamos del torneo nacional de baloncesto y el equipo de Arecibo luciendo en el uniforme las siglas de la Cooperativa de Arecibo, COOPACA. Esta es la fuerza que genera una energía que nos hace sentir capaces por su diversidad, potencial y compromiso con responsabilidad social en nuestro quehacer deportivo, cultural y humano.