En cuanto al sistema electoral de Puerto Rico, lo que ha estado sobre el tapete durante las pasadas semanas no ha sido tanto la deshonestidad de un juez, sino algo de mucha mayor importancia: la poca confiabilidad de una estructura caduca que nadie quiere reformar. El juez, previamente considerado “excepcional”, según veremos más adelante, era desconocido para la mayoría, pero de la pobreza del aparato electoral se viene hablando hace mucho tiempo.
Pero antes de seguir comentando este asunto, como se hace en las sentencias de los jueces, vayamos a los hechos.
Sobre el todavía juez Rafael Ramos Sáenz (le suspendieron de sus funciones, pero sigue con el título y el sueldo) nos enteramos cuando vimos su foto en la prensa una vez fue nombrado a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). La imagen era de alguien que se había ganado la loto, asegurando su futuro para la eternidad. Aquella pose de prepotente le duró poco porque de inmediato se supo que iba y venía de San Juan a Aguadilla todos los días con auto y chófer pagados del menguado tesoro público y, tras defender el privilegio diciendo que “no era un funcionario más”, que era todo un juez, se vio obligado a renunciar al automóvil.
Quienes lo habían nombrado a dirigir la Comisión que se supone vele por la limpieza del proceso electoral, respiraron aliviados tras ese acto de desprendimiento, pero de inmediato se conoció uno de sus “chateos” previo a las elecciones de 2016. La revelación demostró que siendo el juez municipal a cargo de la Junta de Inscripción de Moca, actuaba con el desparpajo típico de un crudo militante del PNP, consultando sus decisiones con cuadros dirigentes de ese partido y acomodándolas a sus intereses. Era tan torpe, o se sentía tan seguro, que dejó un largo rastro escrito de sus conspiraciones intercambiando opiniones con más de 50 personas.
Este desarrollo sentenciaba el futuro del juez y a horas de conocerse del chateo fue obligado a renunciar. El gobernador Ricardo Rosselló quiso proyectarse otra vez como un sorprendido que tras conocer la maldad actuó con rapidez. La presidenta del Tribunal Supremo, por su parte, también quiso proyectar rapidez profiláctica anunciando de inmediato la suspensión de Ramos de sus funciones judiciales.
La risa prepotente de Ramos Sáenz no duró treinta días, menos del tiempo en que una sentencia judicial llega a final y firme. No obstante, luego de la rapidez profiláctica con que actuaron Rosselló y Oronoz vale preguntarse: ¿aquí paz y en el cielo gloria? ¿Acaso todo se reduce a la conducta deshonrosa de un juez?
¿Por qué Rosselló lo nombró a la presidencia de la CEE? Cuando hizo ese nombramiento el Gobernador tenía a su lado a Itza García, subsecretaria de la Gobernación, quien figura de forma destacada en los chateos con el juez. También tenía a William Villafañe, secretario de la Gobernación, identificado sólo como “William” en las conversaciones. Tenía aún más cerca a “RR”, Ramón Rosario, su Secretario de Asuntos Públicos, otro cuate del juez según el chat. Un poquito más lejos tenía a Waleska Maldonado, actual jefa de ASUME, y quien en el chat aprueba las acciones de Ramos Sáenz con un rotundo “muy bien”. A mano también estaba Norma Burgos, comisionada Electoral y figura prominente en el chateo. Seguramente fue ella quien más abogó por Ramos ante Rosselló.
No hay que darle más vueltas al asunto: Ramos Sáenz fue nombrado a dirigir la CEE, un cargo para el que se requiere la imparcialidad y la prudencia que de ordinario deben tener los jueces, precisamente porque era todo lo contrario, porque era un militante fiel, de ésos que se las juega para ayudar a “su causa”. Quienes conocían de su tribalismo político, no sólo no alertaron antes de su nombramiento, sino que lo promovieron en aras de mantener el control partidario de la CEE.
Lo que esto trasluce es la enfermedad que agobia nuestro sistema electoral, un mal conocido desde hace mucho tiempo. Es cierto que antes no había salido a la luz un ejemplo tan crudo de politiquería como el que ha protagonizado Ramos Sáenz, pero sobre la inoperancia de la CEE como garante de la pulcritud electoral se conoce desde hace mucho tiempo, pero nadie actúa. Tal vez una de las explicaciones para que esa situación se mantenga es que el organismo también sirve para pagar los sueldos de cientos de militantes de todos los partidos inscritos y, como todo el mundo guisa, nadie promueve el cambio.
La Rama Judicial por su parte, de donde salió Ramos Sáenz, ha jugado en este asunto un doble papel de víctima y victimaria. Lo primero es por estar a merced de los partidos para los nombramientos judiciales. Las dos ramas políticas del sistema de gobierno –la Ejecutiva y la Legislativa– son los que nombran y confirman los miembros de la judicatura y por eso nos encontramos figuras como el juez de Moca poniéndose la toga de magistrado.
Pero una vez llegan allí se supone que la propia Rama Judicial tenga buenos mecanismos de evaluación que, al menos, sean capaces de detectar casos tan dramáticos como el de Ramos. En este caso ocurrió todo lo contrario. El 8 de mayo de 2017, cuando montado en los galones ganados como fiel militante del PNP en las pasadas elecciones, solicitó ascenso a juez superior o de apelaciones, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, le trasmitió al Gobernador palabras elogiosas sobre el solicitante. Dice Oronoz en su carta que la Comisión de Evaluación Judicial concluyó que Ramos Sáenz estaba “excepcionalmente bien cualificado” para ser juez municipal y “muy bien cualificado” para juez superior, por lo que lo recomienda para cualquiera de esos cargos. Para juez de apelaciones la Comisión lo encontró tan sólo “cualificado” y no lo recomienda. Menos mal.
