El Plan Fiscal que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sometió a la Junta de Control Fiscal (JCF) fue descrito por dos reconocidos economistas como uno “fatulo”, con poca certeza razonable, sujeto a “cambios amplios y profundos” (disclaimer) que no cumple con los propósitos del plan de reestructuración de su deuda y la sustentabilidad, requerido por la misma Junta. Tampoco cumple su función de ofrecer la suficiente información respecto a un proceso de privatización. Los señalamientos están contenidos en un análisis preliminar hecho por los profesores José I Alameda y Alfredo González, comisionado por el Bufete Emmanuelli.

La responsabilidad de la Junta de Control fiscal

Para empezar los economistas llaman la atención a que la postura de “disclaimer” ( advertencia de descargo de responsabilidad) que presenta en principio el plan fiscal coloca en tela de juicio sus conclusiones. Respecto a esta postura Alameda y González a su vez hacen tres observaciones: Una que las demasiadas “advertencias” en el plan puede provocar que no sea certificado por la JCF; Dos que de ser certificado la Junta podría estar faltando al mandato congresional de fiscalizar y administrar las finanzas de Puerto Rico para reestructurar su deuda y otros fines relacionados; y tercero que de certificarlo la Junta estaría obviando la función de la juez Laura Taylor, los intereses de los bonistas, de otros acreedores y los del pueblo de Puerto Rico.

Tergiversación del plan

De acuerdo a los economistas el PF sometido por la AEE tergiversa la naturaleza de lo que se supone es un plan fiscal que es presentar un plan para reestructurar la deuda de la corporación de ($8,000 millones) y su sustentabilidad. Lo describen como uno “fatulo” y que es más bien un acto publicitario para transformar la empresa pública en un conglomerado energético con un modelo de privatización de estirpe neoliberal, donde no solo se venden activos públicos, sino que también se enajena la propiedad y la misión de una empresa pública. Otra de las descripciones es que el plan tiene el propósito “siniestro” de desmantelar la empresa pública de un servicio esencial sin suficiente información.

Respecto al plan financiero para la “transformación energética” Alameda y González, censuran el que el plan se apoya en fondos federales, prestamos y reclamaciones de seguros -$17,606 millones-cuando la misma AEE dice en el documento (página 75) que “el monto y la cantidad de fondos federales que podrían recibirse es incierto”. A juicio de los economistas el PF es en realidad un plan operacional post el huracán María de recuperación y para reforzar la resilencia del sistema. Eso da paso a cuestionar -de acuerdo a los economistas- cómo se fundamenta el financiamiento, lo cual es un elemento a largo plazo, con subvenciones de corto plazo, e incierto en cuanto a su volumen, términos y tiempo de desembolso: si se toma prestado, o se reciben fondos para re construcción y luego se intenta vender los activos, entonces quién y dónde se van a pagar los prestamos de corto plazo a los acreedores?

El plan fiscal tampoco tiene estimados de la demanda futura de consumo eléctrico que habrá en el País y que valide la necesidad de nuevas plantas generatrices. Pero si destaca que al diseñar una nueva tarifa, se podría establecer un cargo para quienes busquen otras alternativas energéticas. Tampoco tiene estimados de ingresos y gastos si la AEE sigue en operaciones, o qué ingresos y gastos se consolidan con una empresa privada y en qué fase de la integración vertical del modelo.

La privatización

Los profesores de la UPR, recinto de Mayagüez destacan en primera instancia que la privatización eficaz de un bien público no debe ser un acto de defección gubernamental en el que este abandona sus funciones en manos de empresas privadas con ánimo de lucro. Mientras que por el contrario el PF de la AEE deja en evidencia que la privatización que se propone es una de carácter neo liberal, originada en un estudio del Instituto Eléctrico Edison (EEI) el cual cita en su página 70. Traen a la atención los investigadores que el EEI es una organización cabildera de las empresas privadas de energía en EE UU. Sobre este particular CLARIDAD también recuerda que en la Junta de Gobierno de la AEE hay dos miembros que son exempleados del EEI.

Alameda y González precisan además que en el PF se habla de un modelo híbrido de privatización, la construcción de tres nuevas plantas generatrices para el sector privado, vender las restantes y/o la creación de una alianza público privada (APP, concesionario) para la transmisión y distribución. No obstante no se dice si ese modelo de privatización será: Uno en que el estado privatiza y traslada al sector privado la responsabilidad social sin regular; dos que el estado privatiza y traslada al sector privado, pero el estado hace que la empresa privada cumpla con la responsabilidad social mediante regulación estatal. De asumirse que la opción es la privatización señalan que es necesario establecer una serie de condiciones previas entre ellas por ejemplo; exigir a la Legislatura que haga una tasación (Value Appraisal) del precio de las plantas y las sub estaciones etc, establecer que se vendan a su justo valor; una comisión de energía para regular las tarifas y establecer procedimientos adjudicativos; exigir a las empresas responsabilidad y la seguridad ambiental; prohibir plantas de carbón; incineradores y otras operaciones altamente contaminantes; subsidios para las clases desventajadas; bajo qué criterios se otorgaran los subsidios a hoteles, hospitales, sistemas de irrigación, alumbrados públicos etc, así como presentar un esquema claramente definido en la transacción de quién y cuánto se paga de la deuda a bonistas y acreedores.

Otros aspectos ausentes en el PF -indican los economistas- es que no hay escenarios alternos en caso de la ausencia de fondos federales sustanciales para la recuperación, y ni cómo y quiénes enfrentarían esos costos. No se dice si las empresas privadas, potenciales compradoras, estarían dispuestas a prestar o invertir para la recuperación en ausencia de esos fondos; y se cuestionan cómo se justifica una expansión de la planta física con una reducción en la demanda pico. Sobre este aspecto fundamental los estudiosos precisan que la demanda pico ha bajado, el residencial en un -13%, comercial -10% e industrial -48%. Aun recogen que la exposición que hace la AEE en su PF sobre la degradación de capacidad productiva y la baja en el consumo de energía resulta en una desvalorización auto proclamada en el valor de su venta en caso de que se implante una privatización. A juicio de Alameda y González al hacer esto la AEE “menosprecia su goodwill”, es decir su carácter de empresa monopolístico de servicio público.

González y Alameda desmienten en su análisis la alegación del gobernador Rosselló Nevares de que la privatización resultara en una baja en la tarifa. Todo lo contrario según la propia AEE la privatización va acompañada de una nueva tarifa. Más aun los datos de la industria indican que en la empresa privada de energía el kvh en promedio es de 13.1 cts. y en las públicas es de 11.6 cts. Kvh . Esa ha sido la experiencia en Chile, Panamá, México, República Dominicana y en los estados en EE UU.

En un lugar del cual me quiero recordar, don Miguel de Cervantes dice que la historia no solo es testigo de lo que ha pasado, sino además, aviso de lo presente y advertencia de lo porvenir.

En una reciente reunión en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, cuestionaba ante un grupo de legisladores, por qué los Estados Unidos debería acoger más inmigrantes de Haití y de “países de mierda” en África en vez de lugares como Noruega.

Y si es cierta la aseveración de Ortega, de que el hombre “es él y su circunstancia”, no hay que ignorar que este pensamiento fue avalado por más de 60 millones de ciudadanos norteamericanos.

Robert A. Zimmerman, alias Bob Dylan, escribió una balada muy a propósito de estos tiempos:

“You don’t need a weatherman to know which way the wind blows… the answer, my friend is blowing in the wind”

Hasta hace apenas unos años, muchos cuestionaban que Puerto Rico fuese una Nación –concepto en rigor antropológico– que no debe confundirse con el concepto Estado, el cual requiere como elemento inherente el poder soberano. Hoy día, sin embargo, todos los sectores políticos son conscientes de que Puerto Rico no es un Estado, pero si una Nación.

“La nación se define a través del concepto nacionalidad”. “La nacionalidad es una categoría sico-sociológica, y no política ni jurídica.” (R. Garzaro, Diccionario de Política. 3ra ed. Publicaciones Gaviota, 2015).

No hay duda que los tiempos nos traen vientos de reivindicación de la nacionalidad. En efecto, si algo queda hoy claro, es el efecto devastador que produjo en África y en el Mediano Oriente la integración multicultural en unidades estatales realizadas por el colonizador europeo el siglo pasado. El conflicto entre Hutus y Tutsis en Ruanda es ejemplo extremo de lo anterior. Asimismo la desintegración de la URSS y de Yugoslavia son muestras bastante elocuentes. Tampoco es posible no prestar atención a casos como los de Quebec, Escocia, el País Vasco, Cataluña, etc.

Irónicamente en lo que se refiere a nuestro caso, aún en los Estados Unidos de América –que no es una federación plurinacional– existen en la actualidad movimientos separatistas. Curiosamente en los dos últimos estados admitidos a la unión: Alaska y Hawaii, pero también en California y Tejas y otros.

En suma, solo cabría preguntar cuántas naciones se han integrado a otra en el curso de las últimas décadas en contraste a cuantos estados plurinacionales se han desintegrado. En este contexto pienso inevitablemente en la reunificación de nacionalidades separadas por conflictos en la guerra fría, como Alemania y Vietnam.

Resulta entonces anacrónico, que al fenómeno nacionalidad, consecuentemente reivindicada en estos tiempos con tanto fervor en otras latitudes, por catalanes, vascos y gallegos (en el Reino de España) y por escoceses y galeses (en el Reino Unido) ¡Todos ellos con plenos derechos políticos, a diferencia de Puerto Rico!, sea minusvalorizada y hasta menospreciada por aquellos que persiguen la integración –asimilación de Puerto Rico a la metrópoli.

El pasado 29 de enero de 2018 el Gobernador de Puerto Rico convirtió en Ley el Proyecto de la Cámara 29 que crea una nueva Ley de Adopción en Puerto Rico y que pretende hacer más ágiles los procesos y ampliar la cantidad de personas que pueden adoptar a niños y niñas en nuestra jurisdicción. Entre sus virtudes, esta nueva Ley de Adopción contiene disposiciones que descriminalizan a las mujeres que por sus circunstancias particulares no pueden continuar con sus hijas e hijos recién nacidos y tienen que ponerlos a disposición de otras personas para adopción. Por otro lado, abre las puertas como partes adoptantes a personas solteras, parejas no casadas o casadas sin importar el sexo, orientación sexual e identidad de género de sus componentes.

Cuando este proyecto fue presentado originalmente por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos J. Méndez Núñez, incluía una definición excluyente de lo que se consideraría parte adoptante dentro del proceso de adopción. El proyecto presentado por el representante Méndez definía “parte adoptante” a una persona o matrimonio válido y reconocido bajo el Código Civil de Puerto Rico. Esto hubiese tenido como efecto que se pretendiera excluir de los procesos de adopción a parejas del mismo sexo casadas pues hasta el presente nuestra Legislatura no ha tomado acción para atemperar la definición de matrimonio a lo resuelto en el 2015 por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Obergefell v. Hodges, 576 U.S. _(2015) mediante el cual se declaró inconstitucional cualquier definición de matrimonio que se limitara a la unión de hombre mujer, reconociendo así la validez jurídica de los matrimonios contraídos por personas del mismo sexo. Cerca de tres años después de esa decisión, nuestro Código Civil continúa teniendo la inconstitucional definición de matrimonio como la unión civil entre personas de sexo distinto. Bajo esta limitada definición fue concebido el proyecto originalmente presentado.

No obstante, dentro del proceso legislativo el lenguaje fue mejorado para incluir mayores posibilidades de personas aptas para adoptar en nuestra jurisdicción, con el resultado antes mencionado. Con el proyecto finalmente aprobado y convertido en ley por el Gobernador, puede ser una parte adoptante cualquier persona soltera, parejas no casadas y matrimonios sin importar el sexo, la orientación sexual o la identidad de género de sus componentes. Es decir, esta nueva ley vino a reconocer legitimación jurídica a lo que históricamente ha sido una realidad social en nuestro archipiélago donde personas solteras heterosexuales o no, parejas no casadas y parejas del mismo sexo han criado niños y niñas brindándole el amor, la protección y los cuidados que sus progenitores biológicos no han querido o no le han podido proveer.

Inmediatamente esta ley fue firmada por el Gobernador, vimos cómo se activó el grupo de cristianos fundamentalistas, particularmente aquél suscrito a Puerto Rico por la Familia, que ha criticado la medida y levanta profecías de la cercanía del fin de los tiempos, eventos apocalípticos y la destrucción de nuestra sociedad. Este sector parecería preferir que un niño o una niña permanezca dando tumbos en orfanatos sin el calor de una familia, a que pueda recibir el amor, el cuidado y la protección que le brindaría un hogar, si es que ese hogar no se ajusta a lo que su definición bíblica considera una familia tradicional, figura cada vez más escasa dentro de la sociedad puertorriqueña. De acuerdo con los datos del último censo realizado en Puerto Rico más de un 55% de las familias puertorriqueñas no se ajusta a lo que los cristianos fundamentalistas denominan como familia tradicional.

Preferir que un niño pase su vida de un centro de acogida a otro sin recibir el calor de una familia, a que pueda ser adoptado por dos papás o dos mamás dispuestas(os) a brindarle un hogar, supera los límites de la crueldad y la mezquindad.

En lo que parecería ser un premio de consolación a este sector, al día siguiente de la firma de la Ley de Adopción se aprobó por ambos cuerpos legislativos el Proyecto de la Cámara 1018 (PC1018) de la autoría de los representantes Guillermo Miranda Rivera, Carlos J. Méndez Núñez y María Milagros Charbonier que aunque tiene título de protección de la libertad religiosa no es otra cosa que una legitimación del discrimen y contradice precisamente los mismos postulados del proyecto convertido ley el día anterior. Bajo este proyecto cualquier persona pudiera invocar como defensa la libertad religiosa para negarse a prestar servicios gubernamentales. Se trata de un proyecto impulsado por este grupo de denominados cristianos que se niega a aceptar que las realidades sociales y jurídicas de nuestro País han cambiado y necesita una herramienta que le brinde legalidad a sus prácticas excluyentes y discriminatorias.

Es este sector fundamentalista religioso cristocéntrico que sale a defender la denominada integridad de la institución familiar y la protección de la niñez, el mismo que guarda total silencio cada vez que una mujer es asesinada a manos de su pareja y que se niega a dar paso a una educación con perspectiva de género como herramienta contra la violencia machista. Es este sector el que nada dice cada vez que un niño o una niña es maltratada en el seno de su hogar; que calla cada vez que un niño o una niña es abusada sexualmente incluso por sus parientes. A este sector nunca le hemos visto salir a defender la niñez abusada sexualmente en las iglesias por pastores o sacerdotes; por el contrario, son múltiples los casos de encubrimiento que se les imputan cuando han sido objeto de investigación por las autoridades correspondientes. Con un récord tan nefasto no hay manera que puedan autodenominarse protectores de la familia y la niñez. Sólo el adjetivo de hipócritas les puede definir.

Bajo el PC1018, por ejemplo, un o una trabajador/or social pudiera negarse a realizar un informe social en un caso de adopción levantando como defensa su libertad religiosa si se tratare de personas no casadas o parejas del mismo sexo casadas que pretendan adoptar. Peor aún, esta misma persona pudiera realizar el informe y hacer una recomendación negativa de carácter discriminatorio y, de ser confrontada, alegar como defensa su libertad religiosa. De igual forma, bajo el PC1018 cualquier funcionario del Registro Demográfico pudiera negarse a inscribir esa adopción o expedir un certificado de nacimiento del que surjan dos papás o dos mamás invocando su libertad religiosa como defensa.

Es sin siquiera existir esta defensa reconocida en nuestro ordenamiento, y al presente el Registro Demográfico se niega a reconocer el derecho de filiación de los hijos nacidos dentro de los matrimonios de personas del mismo sexo –aun con órdenes judiciales en su contra—, imaginemos lo que pasaría si se aprueba una ley que les permita discriminar abiertamente y les brinde una defensa para protegerse en los casos donde se les impute actuaciones discriminatorias. No hay manera que se pueda armonizar la recién aprobada Ley de Adopción con un ordenamiento que le brinde carta abierta a las personas para discriminar so color de su libertad religiosa.

Según admitió la autoproclamada “pastora senadora” por el Distrito de Carolina Nayda Venegas Brown en entrevista radial en una emisora del País, esto se trata de una guerra contra las comunidades LGBTTIQ, muchos de cuyos miembros le pueden dar cátedra de integridad y entereza de carácter a quienes promueven el odio y el discrimen escudándose bajo el techo de un templo o tras el nombre de su dios.

Quienes defienden el PC1018 plantean que el proyecto no es discriminatorio pues no se podría levantar la defensa de libertad religiosa en casos donde haya un interés apremiante del Estado. Olvidan que ese interés apremiante tendría que ser dilucidado en un tribunal de justicia, requiriendo a la parte discriminada a incurrir en gastos para que un tribunal le reconozca su dignidad como ser humano frente a las actuaciones discriminatorias so color de libertad religiosa. La peligrosidad del PC1018 es tal que le concede supremacía al derecho a discriminar sobre cualquier otra disposición que no estuviere en armonía con lo establecido en el proyecto.

Al momento de la redacción de esta columna el PC1018 está a la espera de que el Gobernador de Puerto Rico actúe sobre el mismo y que lo vete según prometió desde que se presentó originalmente. Esperamos que así lo haga y que en nuestra sociedad nadie tenga licencia para pisotear la dignidad de otro ser humano, ni en nombre de un dios ni en virtud de una ley.

El autor es abogado y Portavoz de CABE