Por Internews Service

El Registro de Intérpretes para Sordos de Puerto Rico (Rispri) se unió al reclamo efectuado ayer por la comunidad sorda a través del Movimiento Autónomo de Sordos (MAS), al denunciar que el viernes la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en inglés) canceló sus contratos.

“La decisión del pasado viernes de FEMA al dejar de renovar el contrato de servicio para la interpretación en lenguaje de señas representa una violación de varias leyes federales, como la sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional y la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés), entre otras”, señalan los intérpretes de señas.

Recordó que las leyes federales estipulan que los gobiernos locales y federales proporcionen acceso para comunicarse eficazmente con personas que tienen discapacidades auditivas.

“FEMA alega cumplir con el uso de vídeo-llamadas e intérpretes a distancia. Pero la influencia del español y la cultura puertorriqueña en la lengua de señas que usa una gran cantidad de personas sordas en Puerto Rico hacen del Video Remote Interpreting (VRI) una herramienta inefectiva para las necesidades singulares de nuestra comunidad”, afirmó Marina Martínez, presidenta de Rispri.

Añadió que “los intérpretes profesionales puertorriqueños son quienes tienen el peritaje en la equivalencia lingüística que proveerá un acceso justo, según también denunció ayer el Movimiento Autónomo de Sordos”.

FEMA contrató a intérpretes profesionales puertorriqueños desde finales de septiembre de 2017 en su fase de respuesta para atender a la comunidad de sordos durante la emergencia del huracán María. La comunidad de sordos quedó incomunicada por la falta de energía eléctrica y la falta de conexión de Internet en todo Puerto Rico.

El VRI es un servicio de interpretación a través de equipo audiovisual que también depende de una conexión de Internet estable y de alta velocidad y la interpretación puede ser provista por intérpretes en cualquier parte de los Estados Unidos con el uso de la lengua de señas americanas, ASL por sus siglas en inglés.

“Hay una diversidad de personas en la comunidad de sordos con diferentes grados de aprovechamiento académico por la desigualdad de servicios educativos que atiendan nuestras necesidades”, remarcó Martínez.

Esto -reclama- resulta en que muchas personas sordas no entenderán la difusión de información escrita y hay muchos que sólo tienen un lenguaje idiosincrático para comunicarse. El VRI también es un problema, porque si el servicio de Internet tiene un fallo mínimo, la imagen de las vídeo-llamadas se ve borrosa y ocasiona malentendidos.

“Muchos de nosotros exigimos que nos provean intérpretes profesionales en persona y de esa forma la clara comunicación no solo es eficaz sino también eficiente”, argumentó Eugenio Sastre, sordo y director de Relaciones con la Comunidad de Sordos en la junta de directores de Rispri.

El Comité de Amigos y Familiares de Nina Droz, junto a portavoces otras diversas organizaciones denunciaron en conferencia de prensa que el encarcelamiento y el continuo patrón de violaciones a los derechos humanos de la joven activista sienta un precedente en la nueva actualidad puertorriqueña y es el caso más notorio de violaciones de derechos a una mujer en el sistema carcelario federal en Puerto Rico.

La portavoz del Comité, licenciada Nogales Molinelli pasó a relatar y denunciar una serie de sucesos de hostigamiento y castigos contra Droz Franco que constituyen violaciones a sus derechos humanos.

“Nuevos traslados al ‘hueco’ (solitaria) sin justificación y sin vista disciplinaria a tiempo, hostigamiento sexual, a su integridad física y a su intimidad, privación de alimentos y de condiciones de higiene, ausencia de atención médica, sometimiento a días de probatoria sin justificación adecuada, y sustracción y mutilación de documentos son solo algunas de las muestras de las circunstancias a las que cotidianamente se enfrenta la reclusa”, describió Nogales Molinelli, es el trato que ha estado recibiendo la joven Droz Franco.

Al presente la joven se le ha privado del derecho a visitas, incluyendo las de sus padres. El Comité trajo a la luz que en la prisión están incurriendo en tácticas con el objetivo de quebrantar a Nina Droz, sobre todo al enviarla al “hueco” o SHU y al impedirle o dificultarle las visitas de sus padres.

“Recordemos que estamos hablando de un caso de persecución y violaciones de derechos en prisión, del caso aislado (el único manejado por la fiscalía federal en torno al 1ro de mayo de 2017) de una joven que han convertido en un chivo expiatorio para que las autoridades federales en el país pretendan dar escarmiento a otros sectores e infundir miedo para que los puertorriqueños no reclamen derechos ni ejerzan su libertad de expresión”, agregó Nogales Molinelli.

Entre los participantes en la conferencia de prensa el sicólogo Jorge Montijo, señaló que la ONU ha declarado que toda persona que se encuentre en prisión debe ser tratada con el debido respeto basado en su dignidad inherente y valor como ser humano, “me parece que se está presentando evidencia fehaciente de que eso no se está llevando a cabo en el caso de Nina Droz y es razonable suponer que eso se debe a que es una prisionera de conciencia”. Añadió que la organización carcelaria por comúnmente se ensaña con las personas que están encarceladas no por delitos comunes, sino por seguir el llamado de su conciencia y que como bien dice el Comité en su comunicado tratan de quebrantarla. Reiteró que la ONU también ha declarado que el encarcelamiento en solitaria es una especie de tortura que puede provocar sentimientos de temor, invalidez, confusión, por lo qque la ONU ha pedido que se límite al mínimo.

Mientras el portavoz del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico (CPDH) licenciado Eduardo Villanueva, expuso que en el Tribunal Federal en Puerto Rico, en estos momentos el juez presidente, Gustavo Gelpí, denegó una moción para desestimar un caso de discrimen contra un puertorriqueño de una pensión por mudarse a la isla. El juez le ha extendido una invitación al gobierno de Puerto Rico a que se una al pleito para que se plantee que ya la doctrina del territorio no incorporado, que es la que permite que se discrimine contra Puerto Rico sea declarada inconstitucional.

Según el licenciado Villanueva, esto tiene que ver con el caso de Droz Franco debido a que tanto los actos del 1 de mayo del 2017 como los de este año 2018, son una lucha del pueblo de Puerto Rico contra el sistema colonial y las personas que luchen contra esa condición colonial no deberían ser objeto de un castigo mas allá de estar en la cárcel, lo que ya es un castigo por si mismo aun si la persona estuviera en unas condiciones mínimamente aceptables.

“Si a eso se le suma lo que es estar más de 15 días en el hoyo es castigo cruel e inusitado y si a eso se le suma que hay una persona que lleva mas de un año sin que sepa que la recomendación de sentencia que sus abogados hicieron con la fiscalía en una transacción, si va a ser aceptada por el juez, o no es un castigo cruel también”, declaró Villanueva.

La lectura de sentencia contra Droz Franco se supone que sea este 31 de mayo, ante la juez Aida Delgado. Según se explicó la fiscalía ha recomendado una sentencia de 37 meses, mientras la recomendación de la defensa es una sentencia de 24 meses. Aunque según las guías de sentencia la pena podría ser hasta de cinco años de prisión.

Ante la incertidumbre que rodea cuál será la decisión de la juez, el expresidente del Colegio de Abogados, licenciado Arturo Hernández, también presente en la conferencia de prensa indicó que es discreción del juez decidir si son o no son los 37, o 24 meses además de que sean 12, los cuales incluso podría hacer la excepción de que los cumpla en Puerto Rico. Igual es discreción del juez decidir dar el tiempo que la joven lleva en prisión por tiempo cumplido.

Junto al Comité de Amigos y Familiares de Nina Droz, y los padres en la conferencia de prensa participaron representantes de la Comisión de la Mujer del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), la Red de Esperanza y Solidaridad (REDES), el Comité de Puerto Rico en la ONU, el Grupo Poetas en Marcha (PEM), el grupo Educamos, y la Orden de la Providencia. Todos exhortaron a acompañar a Nina el jueves 31 de mayo en un piquete frente al Tribunal Federal desde la 1:00 de la tarde.

Detalles de las violaciones de derechos a Nina Droz Franco

El 21 de marzo pasado, a 6 semanas de su llegada al MDC, se dio un incidente que evidencia con toda claridad el tipo de trato que recibe Nina Droz en esa prisión federal. Luego de bañarse, y mientras se cambiaba de ropa en su celda, Nina mira hacia el vidrio-ventana de la puerta y se percata, con asombro, de que el guardia Roberto Guzmán está pegado al vidrio observándola. Guzmán, al percatarse de que Nina se ha dado cuenta de lo que él ha estado haciendo, inmediatamente procede a acusarla de que tiene unas navaja tipo “yen”. Nina es sometida a registro. En el proceso, Guzmán cambia su versión y dice que eran “dos objetos verdes”. El registro a Nina, tanto en su cuerpo como en su celda, resulta negativo. No obstante, la mandan al “hueco” (solitaria o SHU, siglas en inglés de Special Housing Unit), donde la mantienen por 17 días sin jabón para asearse, sin ropa limpia y sin cortina de baño para proteger su intimidad. Al solicitar algo tan insignificante como un desodorante a un guardia de nombre Antonio Cesany—reconocido entre las reclusas por su patrón de burlas a las mujeres—, éste ignora la petición y no hace ninguna gestión para facilitárselo.

Para continuar el patrón de violación de derechos a Nina Droz, los oficiales del MDC volvieron a incurrir en una práctica ilegal: la celebración de la vista disciplinaria posterior a la aplicación del castigo por el incidente que la vista se supone que investiga. El alegado incidente de las navajas, ocurrido ese 21 de marzo, tuvo vista el 4 de abril a las 10:00 am y luego de los 17 días de la joven estar en solitaria. Esa vista se realiza mediante “speakerphone” con el DHO Víctor Santana, el mismo que, en agosto de 2017, la castigó a 6 meses sin visitas ni comisaría (además de 23 días en el SHU) por una “cosita plástica” que no era de la joven reclusa. En esta vista del 4 de abril, sin embargo, no se menciona lo de las navajas y se habla de un “search” que nunca se realizó, según testimonia la propia reclusa y los dos testigos de su parte: Giovanni González y su “case manager”, Vanessa Schoonewolf, quienes certificaron que Nina no tenía nada. Aún así, el DHO Santana la somete a los siguientes castigos: 3 meses sin visitas, 3 meses sin comisaría, 2 meses sin computadora y sin acceso a internet para comunicarse con sus padres o su familia y 90 días en probatoria; castigos que están todavía en vigor.

Luego de esa vista disciplinaria del 4 de abril, Roberto Guzmán entró a la celda de Droz y tomó todos los documentos de la joven, incluidos los documentos legales. Se trata de la segunda ocasión en que algún oficial de la prisión incurre en sustracción de los documentos de Droz Franco. Los documentos, en esta ocasión, fueron devueltos, aunque mutilados. Situaciones cotidianas evidencian otros matices de la persecución y el hostigamiento que sufre la reclusa Nina Droz Franco. A los besos y guiñadas del oficial de apellido Saavedra durante los primeros meses de su encarcelamiento y las acciones de ligón del guardia Roberto Guzmán más recientemente, se agrega el gesto del guardia M. Velázquez, quien en una ocasión le dijo que le daban ganas de escupirle la comida y que ella estaba allí “por pendeja”. Desde entonces, Droz Franco teme que su comida esté “alterada” de este modo tan accesible.

Por Emilio Nieves

El pasado 24 de octubre de 2017 la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de la Cámara núm. 80, del representante del PNP José Aponte, para “disponer el procedimiento que deberá realizar el Secretario de Educación para el cierre, consolidación y/o reorganización de escuelas.” La aprobación unánime de este proyecto, tuvo la oposición de la Secretaria de Educación, Julia Keleher.

Este proyecto, aprobado luego del huracán María, establece que previo al cierre, consolidación y/o reorganización de escuelas el Secretario deberá preparar un estudio con 15 criterios que estará a disposición del público en el Distrito Escolar, a través de la página de internet del Departamento de Educación y una copia enviada al Director de la escuela. Además, establece que no más tarde de 45 días siguientes a la presentación del estudio, “el Departamento deberá realizar una vista pública, en la cual permitirá la participación de todas las partes interesadas y brindará la oportunidad de presentar comentarios o inquietudes con relación al propuesto cierre, consolidación y/o reorganización de la escuela.” La notificación para la vista pública deberá publicarse con por lo menos 20 días previos a la fecha de la misma y deberá celebrarse en una facilidad lo más cercana posible a la escuela afectada y con suficiente capacidad para acomodar a toda persona que interese asistir. El proyecto es específico al establecer que “deberá celebrarse por lo menos una (1) vista pública por cada escuela que se propone su cierre, consolidación y/o reorganización.”

El Informe Positivo de la Comisión de Educación Arte y Cultura que evaluó y recomendó la aprobación del PC 80 señala que “El cierre de cada escuela es un asunto serio que no solo desemboca en la incertidumbre del estudiantado, sino que también es motivo de impacto para la comunidad. Es por esto, que el cierre, consolidación y reorganización de planteles escolares debe llevarse a cabo mediante un procedimiento legislado, uniforme, medible y libre de ambigüedades que aseguren a nuestro pueblo los más altos estándares de transparencia gubernamental y de sana administración pública.”

Los criterios o indicadores que estableció la Cámara de Representantes en el PC 80 con respecto a la escuela de la cual se propone su cierre, consolidación y/o reorganización son:

a. “La matrícula actual y proyectada por los próximos cinco (5) años para los alumnos de la escuela afectada

b. Condiciones de la infraestructura; año y condición física del edificio escolar, el mantenimiento, mejoras recientes o necesarias para el edificio de la escuela, y las características especiales de dicha construcción, si alguna

c. Indicadores de aprovechamiento académico de la escuela

d. Cantidad de empleados por categoría

e. Costos operacionales, incluyendo costo por estudiante

f. Evaluación del costo/beneficio académico y los ahorros resultantes con el cierre, consolidación y/o reorganización de la escuela

g. Localización de la escuela

h. El impacto del cierre, consolidación y/o reorganización de la escuela en los estudiantes y la comunidad

i. Disposición de la escuela, incluyendo una descripción de cualquier uso propuesto o potencial del edificio escolar para otros programas educativos o los servicios administrativos

j.El efecto del cierre, consolidación y/o reorganización de la escuela sobre las necesidades de personal, los costos de la enseñanza, la administración, el transporte y otros servicios de apoyo

k. La capacidad certificada de la escuela receptora ubicada en el distrito educativo de la comunidad afectada para dar cabida a los alumnos a partir del cierre, consolidación y/o reorganización de la escuela

l. Manera en la cual se continuará proveyendo los servicios educativos a los estudiantes afectados

m. Fecha en la cual se proyecta el cierre, consolidación y/o reorganización de la escuela

n. Una explicación detallada de las razones en las cuales se basa la decisión de cerrar, consolidar y/o reorganizar la escuela

o. Cualquier otra información que el Secretario estime pertinente”

Precisamente, el reclamo de todas las comunidades escolares es que se abran espacios para discutir los criterios (indicadores) para cerrar o mantener abiertas las escuelas y las propuestas pertinentes. Este proyecto contiene un proceso que se caracteriza por la sensibilidad, el análisis y la participación democrática. Los legisladores establecieron un proceso justo en la protección del derecho constitucional a la educación, pero claudicaron ante Keleher.

¿Por qué la nueva Ley 85 de “Reforma Educativa” no incluyó intacto el contenido de este proyecto? Porque el Senado no consideró el PC 80 cuando se le sometió el 26 de octubre de 2017. Se seleccionó parcial y convenientemente parte del proyecto y su vigencia la estableció a partir del 1 de julio de 2018, no inmediatamente como indicaba el PC 80 de la Cámara de Representantes.

En la Ley 85 se mencionan los 15 indicadores, previo al cierre de escuelas, pero su vigencia es efectiva después del cierre de las 266 escuelas que la Secretaria, Julia Keleher, quiere imponer. Además, eliminan el proceso de vista pública en la cual participa democráticamente la comunidad escolar.

De este modo, los legisladores de mayoría del PNP, junto a tres senadores del PPD, que votaron a favor de la Ley 85, traicionan a las comunidades escolares al someterse a la voluntad, el capricho y la intransigencia de Keleher.

Las comunidades escolares que están siendo visitadas por estos legisladores deben reclamarles que enmienden su error. En la Cámara de Representantes aprobaron unánimemente, el 14 de mayo de 2018, una Resolución de la Cámara 909, del representante del PIP Denis Márquez, en la cual le exigen a la Secretaria de Educación “la entrega de todo documento o información relacionada con el cierre o consolidación de escuelas públicas anunciado para el próximo año escolar 2018-2019.” Esta resolución requiere información sobre las razones para el cierre y consolidación de escuelas, efectos para los estudiantes de educación especial y cualquier documento, carta o estudio relacionado. Aunque esta resolución no es específica en detener el proceso de cierre, otorga 5 días laborales para que se someta esta información a la Cámara de Representantes. Una evaluación de la información solicitada va a provocar que se detenga el proceso de cierre de escuelas.

En el Senado, Luis Daniel Muñiz, senador de mayoría, sometió una Resolución Conjunta del Senado núm. 221 para “ordenar la paralización del cierre de planteles escolares por el Departamento de Educación hasta tanto la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico pueda realizar una investigación sobre la viabilidad o no viabilidad de los cierres y para que el Departamento de Educación esboce los criterios y haga las investigaciones necesarias para determinar si un plantel debe cerrar o continuar operando.” Esta resolución no ha sido considerada por el Senado.

Por otro lado, la senadora de mayoría, Migdalia Padilla le sometió a la Secretaria de Educación una carta, con fecha del 14 de mayo de 2018, en la cual le plantea 10 preguntas y situaciones relacionadas al cierre y consolidación de escuelas. Le indica que “debido a la seriedad y potencial daño a nuestras familias y niños, el proceso de cierre se debe posponer hasta que se completen estos procesos y podamos contestar las serias y legítimas preguntas de este Senado.”

Las comunidades escolares y las organizaciones magisteriales deben endosar todas estas medidas para y reclamar que se detenga el cierre de escuelas, se discuta con transparencia la información pertinente y se evalúe desde las comunidades escolares las alternativas y propuestas.

A los legisladores hay que exigirle que no se sometan a la voluntad de Julia Keleher y que cumplan con su función de defender los derechos de los constituyentes que representan. Hay que recordarles lo que establece el preámbulo de la Constitución de Puerto Rico de “Que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas.”

El autor es portavoz de UNETE.

Fue un reencuentro de amigos y amigas que según iban llegando al Centro de Bellas Artes de San Juan se alegraban de poder encontrarse para celebrar uno de los juntes más exitosos de los años 70-80, el grupo Aires Bucaneros. Todos y todas los que se dieron cita allí no salieron defraudados Pablo Nieves, Carl Royce, Roy Brown y Zoraida Santiago hicieron su magia llenaron el centro con su música y sus voces.

Bajo la dirección del maestro Tato Santiago, los Bucaneros recrearon gran parte de las dos producciones discográficas que hicieron, Aires Bucaneros (1978) y Casi Alba (1980). Además hicieron canciones que cantaban cuando se presentaban en Estados Unidos y Puerto Rico pero que no están incluidas en ninguno de los discos.

La producción estuvo a cargo de César Saiz y Quique Benet, yo le hubiese puesto más cariñito al escenario, no sé quizás fotos antes o durante el espectáculo, nada, algo que de verdad nos hiciese sentir que estábamos celebrando un aniversario por todo lo alto. Eso no le restó a que la música, que era lo más importante de la noche, fuese excelente a pesar de uno que otro bache en las transiciones de un tema a otro.

En una entrevista reciente Roy señalaba lo importante que fue el trabajo de Aires Bucaneros para su trayectoria y para la música de compromiso social y la lucha por la liberación patria en general. El domingo demostraron la vigencia de ese pensar, qué bueno que se juntaron para poder celebrarlo.

Que cantaron:

Serenata-Juan A. Corretjer

Caballo de Palo-Clemente Soto Vélez

Encántigo-Roy Brown

Noches de Santiago

Vendrás-Hugo Margenat

Bailando con los Negros- Pablo Neruda

Prisa Loca – Zoraida Santiago

Andado de Noche Sola- Juan A. Corretjer

De la tierra en que nací-Zoraida Santiago

Flor de Caimito- Roy Brown

Canción para Vieques-Zoraida Santiago

Arboles-Clemente Soto Vélez

Jinete de Junio-Roy Brown

Casi Alba- Julia de Burgos

Diana de Guilarte-Juan A. Corretjer

Oubao Moin- Juan A. Corretjer

Aires Bucaneros- Luis Palés Matos

Ahora me despido-Juan A. Corretjer

Boricua en la Luna- Juan a. Corretjer

Mr. Con Macana-Roy Brown

Cualquiera que siga el debate público en Puerto Rico durante las últimas semanas concluirá que, según la Junta que el Congreso de Estados Unidos nos impuso como gobierno de facto, la eliminación de una simple ley es la llave para la reactivación económica. La ley en cuestión es la que penaliza el despido injustificado de trabajadores (Ley 80) y, buscando su eliminación, la Junta cuasi militar (es similar a la que se impone tras un golpe de estado) parece estar dispuesta a cualquier pacto.

Según informó la directora ejecutiva de la Junta impuesta, la ex ministra de Ucrania Natalie Jaresko, para lograr la anuencia del gobernador a la eliminación de la Ley 80 se accedió, entre otras cosas, a dejar intacto el presupuesto de la Legislatura y a un aumento de 180% al de la Oficina del Gobernador. Ambas acciones contradicen el muy cacareado propósito central de la ley que el Congreso estadounidense bautizó con el acrónimo Promesa, que era imponer la “disciplina fiscal” y la austeridad pública.

Las dos decisiones fiscales autorizadas por la Junta para la Legislatura y la Oficina del Gobernador implican un apoyo consciente al derroche de fondos públicos o, peor aún, al uso de dinero del pueblo para propósitos políticos. En el caso del Gobernador el grueso del aumento se coloca en el renglón de “comunicaciones a la ciudadanía”, que no es otra cosa que una campaña política disfrazada. Durante el próximo año fiscal los de Fortaleza contarán con cerca de $30 millones para “informar” a las comunidades, lo que sin duda servirá para apuntalar la futura reelección de Ricardo Rosselló.

En cuanto a la Legislatura el pacto incluyó que no se les toque el grasoso presupuesto que tiene actualmente, que les permite a los “honorables” dispensar contratos a manos llenas. Mientras se conocía que el pote del festín no sería tocado, saltó en las noticias el caso de un representante llamado Samuel Pagán, como un ejemplo de lo que es el patrón de gastos de la Legislatura. El representante en cuestión contrata personal mediante una corporación fantasma creada por un “colaborador” a la que le asigna casi $200 mil al año. Como no puede contratar a su esposa porque sería nepotismo, ésta aparece contratada por una oficina del “cuerpo hermano”, el Senado. Con toda probabilidad, entre los asesores del representante está el cónyuge o algún familiar cercano de un senador.

Al autorizar el aumento presupuestario a la Fortaleza, para que lo utilice en campañas políticas disfrazadas, y al permitir que el derroche legislativo siga campante, la Junta de Control Fiscal renuncia al propósito que surge de su nombre. Los dos casos son ejemplos de descontrol, muy ajenos a la “disciplina” que tanto se anunció. ¿Por qué actúan así nuestros procónsules?

El quid pro quo de ese trueque es la eliminación del estatuto que prohíbe el despido injustificado de trabajadores de la empresa privada. Para eliminarlo se necesita, en primer lugar, que el Gobernador envíe un proyecto de ley a la Legislatura y que ésta lo apruebe. La Junta ha estado dispuesta a “comprar” esas acciones tirando algunos cientos de millones de dinero público al desperdicio. Para tratar de justificarse han elevado la Ley 80 al nivel más alto de villanía, casi afirmando que es la causa de la recesión económica que afecta a Puerto Rico desde hace más de una década.

Sólo los empresarios más recalcitrantes, como los que dirigen la Asociación de Industriales y la Cámara de Comercio, han comprado la tesis fatalista de la Ley 80 proclamada por Jaresko. Los demás sabemos que es un embuste adjudicarle tanta maldad a la ley y tanto beneficio mágico a su eliminación. El estatuto no prohíbe todo despido, sino aquellos que se producen sin causa justificada, por el puro capricho del patrono, luego de que el empleado fue evaluado y admitido tras el largo periodo probatorio. Es absurdo pensar que ese cheque en blanco a favor del abuso patronal sea la vara mágica para la reactivación económica.

La Ley 80 existe desde 1976 y ya para esa fecha la economía daba señales de estancamiento, pero se mantuvo creciendo por 30 años más. La recesión que comenzó en 2006 siempre se ha relacionado con la enorme deuda pública acumulada y con la eliminación de la llamada “sección 936”, que incentivaba la inversión extranjera en Puerto Rico. Nadie con un respeto mínimo por la verdad había establecido una relación de causa y efecto entre la debacle económica y la prohibición del despido caprichoso de trabajadores, como lo hace ahora la señora Jaresko.

Obviamente, lo que detrás de esa doctrina es una visión ideológica a favor del capitalismo salvaje, como el que campeaba en los tiempos de la revolución industrial y que ahora cobra fuerza en medio mundo. La campaña de Jaresko no es propiamente contra la Ley 80, sino contra todo el marco legal que desde hace más de 60 años fue creciendo en Puerto Rico buscando hacerle un poco de justicia a los desposeídos. En la mirilla de la Junta está la ley de salario mínimo, la que establece un procedimiento sumario para adjudicar disputas laborales, las que prohíben el discrimen y todos los demás estatutos reparadores que la lucha de los trabajadores puertorriqueños ha logrado imponer.

La campaña de la Junta contra la Ley 80 es un globo de prueba. Si logran que éste empiece a volar detrás de él se van todas las otras leyes que ahora protegen a la mayoría trabajadora. Jaresko sabe que todo el mal que le adjudica a la ese estatuto es inexistente, pero está vendiendo una doctrina, el nuevo estado de derecho que necesita el capitalismo salvaje que la Junta promueve.