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Puerto Rico no brilla en FITUR

Especial para CLARIDAD

Contra todo pronóstico y a pesar de las circunstancias que asolan a la isla, Puerto Rico estuvo presente en la 38 edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se celebra anualmente en Madrid (España).

Y no es de extrañar. FITUR, que tuvo lugar del17 al 21 de enero, no es meramente un lugar para obtener información sobre distintos destinos turísticos. Se trata de una feria líder para los mercados turísticos iberoamericanos. Un importante punto de encuentro de profesionales e inversores del turismo, donde se dan cita más de 160 países.

Y, además, teniendo en cuenta que para el ejecutivo de Ricardo Rosselló el turismo es un sector clave para la recuperación de la maltrecha economía boricua, se podría decir que ha sido un sacrificio necesario y un gasto sobradamente justificado.

Lo malo es que ha sido en vano.

Aun en los momentos de mayor afluencia, el stand de Puerto Rico estaba vacío. Se podría achacar a que igual los europeos no se interesan por la isla, pero lo cierto es que el stand no llamaba para nada la atención.

Parece ser que la idea era emular los colores y la belleza de los balcones del Viejo San Juan, pero el resultado fue una estructura simplona, desabrida y triste que pasaba desapercibida entre los puestos alegres de países como Costa Rica o la República Dominicana.

No había nada que mostrara realmente lo que es Puerto Rico. Nada que picara el interés de la gente, excepto tal vez las galletitas dulces que de vez en cuando ofrecían los representantes de turismo.

Sí, es cierto que no hay dinero y se hace lo que se puede, pero es que lo más caro es poner el stand. Ya hecha esa inversión, ¿es realmente costoso hacerlo más alegre y atractivo? No había máscaras de vejigantes ni dulces típicos. Tampoco ejemplares de la artesanía local como mostraron muchos países africanos con economías igual o más pobres que la nuestra.

El equipo de Cuba, que también tenía un stand pequeño y simple, animó el ambiente con son montuno e invitó a la gente a bailar y estaba lleno a rebosar.

¿Es éste el verdadero espíritu de “Puerto Rico se levanta”? Ni tan siquiera había un eslogan atractivo como el de Colombia, tierra de la sabrosura.

Es una pena que la Compañía de Turismo haya desaprovechado esta importante cita y haya malgastado el dinero en algo tan triste. No cabe duda de que Puerto Rico lo hace mejor.

Peligrosa la privatización del Instituto de Estadísticas

/CLARIDAD

«Peligrosa”, así catalogó el senador independentista Juan Dalmau la propuesta de privatizar el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) por preverse la magnitud de la corrupción y el conflicto de interés que habrá en el proceso.

Según expresó en sus redes sociales el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), “la empresa privada que se contrate para el manejo estadístico no querrá que se reflejen estadísticas adversas al gobierno para así, mantener su contrato. Ése debe ser un organismo público, con autonomía presupuestaria y administrativa”.

El anuncio de privatización se hizo en ocasión de la celebración – la semana pasada – de la tercera sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, ante la cual La Fortaleza presentó un plan de reorganización basado en la consolidación de agencias gubernamentales y que incluyó el posible ofrecimiento al sector privado del manejo de las estadísticas.

Ramón Rosario, secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, se mostró de acuerdo con la propuesta, pues el propósito, según el gobernador Ricardo Rosselló, es darle total independencia a la Junta de Directores del IEPR, que actualmente es nombrada por el primer ejecutivo. Además, los planes de privatización son consecuencia, según Rosselló Nevares, de la manera errada en que el IEPR recopila información.

Sin embargo, además de Dalmau, otros y otras han objetado el anuncio de privatización. Sobre una de las razones que da Fortaleza para privatizar el Instituto, el economista José Caraballo Cueto manifestó públicamente que “para dar independencia lo que hay que hacer es respetar la ley autonómica y no interferir con la junta de directores. Eso es lo que se necesita para la autonomía, no privatizar el Instituto”.

Por su parte, Cecille Blondet- Passalacqua, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos, dedicada a promover la transparencia y rendición de cuentas, expresó por escrito a este medio que las estadísticas del gobierno no deben estar sujetas a una estructura que pueda violentar la confiabilidad del pueblo.

“Cualquier país que interese promover su crecimiento económico y una distribución efectiva y justa de sus recursos, tanto desde la perspectiva pública como de la privada, necesita datos y estadísticas transparentes y confiables. Esta necesidad se ha hecho más evidente para los ciudadanos en el Puerto Rico post-María. Las estadísticas no deben estar sujetas a una estructura que pueda violentar, en efecto o en apariencia, esos principios de transparencia y confiabilidad”, indicó Blondet-Passalacqua.

Para la economista Heidi Calero, privatización no es sinónimo de más credibilidad. En los medios, Calero indicó: “No sé qué es lo que ganan con privatizar…El que el sector privado esté detrás no necesariamente aumenta la credibilidad de las estadísticas y lo que se publique. Lo que aumenta la credibilidad es la corrección de la metodología, que haya transparencia, cómo se recopilan los datos…”.

Por otro lado, mientras continúa la incertidumbre sobre la cantidad real de muertes relacionadas con el huracán María, la presidenta de la Asociación Americana de Estadísticas, Lisa LaVange, envió una misiva a Ricardo Rosselló en respuesta a la exclusión del IEPR del grupo de trabajo encargado de revisar la cifra de muertes provocadas por el ciclón.

“Las estadísticas del Gobierno juegan un rol poderoso en cualquier democracia. Éstas fortalecen la economía, asisten en la salud y bienestar de sus ciudadanos, mejoran la gobernanza y orientan en las decisiones y políticas en el sector público y privado, entre otras funciones vitales”, expresó la carta.

En el escrito, LaVange coincidió con los economistas y legisladores puertorriqueños que cuestionaron la movida de privatización por considerar que la elaboración y supervisión de estadísticas debe ser dirigida por el Gobierno y ser independiente. Así esto, indicó por escrito que es imperativo el que las estadísticas sean objetivas, precisas e independientes. Recordó, además, el informe del Grupo de Trabajo Congresional del 2016 en donde se recomienda que el IEPR reciba más fondos y “continúe protegiendo su independencia”.

$647 MIL AL ABOGADO DE JOHNNY MÉNDEZ

El abogado Víctor Calderón Cestero, asesor legal del actual presidente la Cámara de Representantes de Puerto Rico, es a su vez el dueño de una corporación que disfruta contratos por $647,500.00 con el mismo organismo legislativo. Según los documentos registrados en la Oficina del Contralor de Puerto Rico todos los contratos activos entraron en vigor a partir del mes de julio de 2017 y estarán vigentes hasta el 30 de junio de 2018. Previo a esas fechas, hubo otro contrato por $103,500 que venció el 30 de junio de 2017. Según la información en poder de CLARIDAD, además del cargo de asesor del presidente cameral Johnny Méndez, Calderón Cestero fungió hasta muy recientemente como presidente de la Junta de Subastas del organismo legislativo que contrata a su corporación. La Junta de Subastas escoge a los contratistas que licitan para ofrecer servicios a la Cámara.

La entidad en cuestión, con la iniciales del abogado, se llama V & C Legal Services, LLC y está registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico como corporación con fines de lucro con el número 1625. Fue organizada el 4 de junio de 2009, según el certificado de organización suscrito en esa fecha por Kenneth McClintock, Secretario de Estado. El documento sometido al Departamento al solicitar la incorporación está suscrito por Víctor Calderón, a quien se le identifica como “miembro o administrador” de la corporación de “responsabilidad limitada”. La dirección informada es “Bayside Cove, R-PH1, 105 Arterial Hostos, San Juan, Puerto Rico”. Esa misma dirección se informa como perteneciente a Víctor Calderón, quien además comparece como “agente residente” de la entidad. En cuanto a los negocios de la corporación, el documento adopta la definición más amplia posible: “cualquier negocio lícito permitido por las leyes de Puerto Rico.”

Según la documentación de la Oficina del Contralor (OC), la corporación del asesor Calderón Cestero ha tenido nueve contratos con la Cámara de Representantes, todos con números diferentes. De los nueve, ocho estarán vigentes hasta el 30 de junio de 2018 y uno, por $103,500.00, venció el pasado 30 de junio de 2017. Los $103,500 sólo cubrieron poco más de cuatro meses de “servicio”, a razón de $25 mil mensuales. Cuatro de los contratos vigentes comenzaron a regir el 10 de julio de 2017, uno el 12 de julio y otros dos los días 1y 13 del mismo mes. Hay un contrato adicional que comenzó a regir desde el 10 de agosto de 2017.

La cuantía de cada uno de los contratos vigentes también varía, siendo la menor por $30 mil y la mayor por $160,000. En total la obligación de la Cámara de Representantes para V & C Legal Service, LLC, asciende a $647,500.00.

Según los documentos examinados por CLARIDAD, los “servicios” de la corporación del abogado Calderón Cestero le serán rendidos directamente a la Cámara de Representantes hasta un monto $384,000.00, y a su Oficina de Servicios Legislativos hasta un monto de $263,500.00.

En cuanto a la “categoría de servicio” que rinde la corporación de responsabilidad limitada controlada por el asesor Calderón Cestero, se limitan a dos categorías definidas en términos bien generales, a saber, “servicios de consultoría” y “servicios profesionales”. Nada se señala en los documentos en cuanto a las tareas específicas que realizará la corporación. El “tipo de servicio” también se limita a dos renglones: “consultoría administrativa” y “consultoría legal”.

Según el Registro de Abogados del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Víctor Calderón Cestero tiene también oficinas en Aguadilla con el nombre “Bufete Calderón Cestero”. Su dirección es Avenida San Carlos #13. Su número en el tribunal es 13,266. La corporación, según vimos, aparece domiciliada en San Juan.

Está cantidad exorbitante de dinero pagada a la corporación del asesor del presidente de la Cámara –quien, además, presidió la Junta de Subastas de ese organismo– no cesó ni se alteró como resultado de la crisis generada por el huracán María que azotó a Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017. Según la OFC los contratos siguieron vigentes y lo estarán, al menos, hasta el próximo 30 de junio de 2018.

Resulta altamente cuestionable, además, que la misma persona que funge como asesor del Presidente cameral y sea responsable de la Junta de Subastas, contrate a su vez con el organismo gubernamental por medio de una corporación que controla, agenciándose ingresos por más de medio millón de dólares.

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Comunidades dan testimonio de la violación de derechos humanos

Varias organizaciones de Puerto Rico y de la diáspora auspiciaron una vista pública de pueblo donde un panel de juristas recibió testimonio sobre la situación social del pueblo de Puerto Rico que persiste a más de 110 días de que el huracán María azotara y devastara a Puerto Rico.

En la misma, celebrada el martes, 9 de enero representantes de organizaciones comunitarias que se han ocupado de las necesidades del pueblo en sus localidades hablaron de las condiciones que enfrentaron, cómo se organizaron y la situación que enfrentan al presente. El testimonio y el que se vierta en otras vistas públicas de pueblo que se espera se celebren en distintos puntos de Puerto Rico se llevará a la conmemoración en organismos internacionales del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre 2018.

La emoción, indignación y coraje se entremezclaron con los testimonios de Víctor Alvarado Guzmán del Comité Por Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa en Peñuelas, Alicia Carrasquillo Ortiz y Nesmari Cirino Carrasquillo, ambas de Medianía, Alta Sector Tocones, Loíza, María Cintrón Rios de la Olla Común y la Escuela Vila Mayo en Rio Piedras, Maritza González Cintrón, Creando Conciencia, Mi Tierra Grita (Agua para Todos), Aleida Centeno de Madre de Negro, Arecibo, Maria Elba Torres de Afrodescendencia Puerto Rico, y Luis Calderón de Cocina135 PR. Los ponentes elaboraron sobre los daños que sufrió la gente en sus comunidades, sobre cómo se organizaron además que en algunos casos tuvieron que superar problemas tecnológicos e incluso de ley, como ha tenido que hacer Agua para Todos, según testificó Maritza González.

El abandono de comunidades, la negligencia de los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos, la sed, hambre, oscuridad que persisten y en general la respuesta lenta e inadecuada a los estragos del huracán María han sido denunciados como una crasa violación a los derechos humanos y genocidio del pueblo de Puerto Rico por lo cual hay que exigir rendimiento de cuentas, fueron los planteamientos de trasfondo.

El panel que recibió el testimonio en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en San Juan, fue integrado por los juristas y licenciados(as) Annette Martínez del Instituto Caribeño de Derechos Humanos, Wilma Reverón Collazo, co-presidenta del MINH, Ana Irma Rivera Lassen, ex presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y Osvaldo Toledo García, presidente del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación Americana de Juristas. Las licenciadas Annette Martínez y Ana Irma Rivera Lassen han desarrollado trabajo sobre los derechos humanos en Puerto Rico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y han presentado informes al respecto. Como introducción a la vista pública las licenciadas Wilma Reverón y Annette Martínez elaboraron sobre los conceptos de los derechos humanos y el trabajo en los organismos internacionales, respectivamente.

La vista pública forma parte de una serie de vistas, incluyendo en la diáspora, con el propósito de presentar los testimonios a nivel internacional. Recientemente varias organizaciones en Nueva York hicieron una actividad similar y una similar fue celebrada en Puerto Rico en noviembre.

Auspiciaron la Vista Pública de Pueblo del 9 de enero la Corporación Piñones se Integra (COPI), el Centro Cultural Caribeño/Instituto de la Diáspora Africana, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, Afro-descendencia Puerto Rico, la Iniciativa de Justicia Creativa y el Comité de Puerto Rico en Naciones Unidas, entre otras. El Comité de Puerto Rico en Naciones Unidas coordina muchos aspectos de la presentación del caso de Puerto Rico en Naciones Unidas.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 y abarca derechos sociales al igual que derechos civiles y políticos enarbolando como sagrados los derechos a la vida y la dignidad.

Es de notar que una resolución de Naciones Unidas adoptada recientemente “expresa su profunda preocupación sobre el número y magnitud de los desastres naturales y su impacto devastador este año [2017] sobre los territorios no-autónomos del Caribe lo que resultó en la pérdida de vida y consecuencias económicas, sociales y ambientales negativas a sus sociedades y afecta negativamente el logro del desarrollo sostenible en estos territorios […] al igual que en Puerto Rico cuya situación atiende el Comité Especial [de Descolonización].”

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Criminalidad incontrolable

Aun cuando la cifra de 30 asesinatos en los primeros nueve días del año, debe ser una inaceptable para cualquier sociedad que presuma de justa o civilizada, la verdad es que la violencia criminal en Puerto Rico siempre ha sido una significativa. El alto número de asesinatos se produce en medio de una actitud de brazos caídos que desde el mes de diciembre predomina entre miembros del cuerpo policíaco.

Para el estudioso de la conducta del crimen profesor Gary Gutiérrez, a diferencia del resto del Caribe que comparte con nosotros características como la colonización, esclavitud, la presencia del narcotráfico, sin embargo la violencia en el Caribe siempre ha sido lineal, mientras en Puerto Rico sube y baja con sus etapas pico, el no tener una explicación de por qué es así es evidencia de que “no tenemos idea de lo que pasa”. Añadió que no se sabe si esa fluctuación tiene que ver con que aquí hay una delincuencia que es comunitaria o familiar, muy parecida a la de los afroamericanos en el este de Estados Unidos en donde los afroamericanos, las organizaciones del narcotráfico son de comunidad o de familia, lo que hace la actividad criminal mas inestable. Mientras en otros lugares la actividad criminal se da por grupos organizados que se van nutriendo de nuevos entes para hacer negocios. “Lo que si se ha notado es que muchas veces esos picos coinciden con etapas históricas de muchos problemas económicos como lo es ahora”, apuntó.

En esa dirección el profesor de Criminología de la Universidad Interamericana, recinto de Ponce (UIA-P) se refirió al planteamiento que hace en su libro, ‘Exclusión y violencia en Puerto Rico’, de que la violencia en la Isla es una manifestación, en respuesta a la exclusión socioeconómica que tiene la mayoría de los puertorriqueños. Esta violencia contestataria, reconoció, es una violencia que no se produce en medio de una conciencia política donde se levanta la gente políticamente, sino que se da como una respuesta inconsciente a esa exclusión. Comparó que, por ejemplo, la violencia en El Salvador de las llamadas Maras la situación se da a la inversa en el sentido de que en un momento dado hubo una conciencia política que generó una guerrilla, una vez desarticuladas se importa desde la diáspora de EE UU esa otra violencia como respuesta a esa exclusión.

Gutiérrez expuso que otra teoría para explicar la criminalidad es la “karmalización” del crimen. Desde esta óptica la persona se asienta en el crimen y la violencia para sentirse con poder. “Eso puede ser otra de las explicaciones, entramos en el 2017 con una nueva administración que no tenía una idea clara de cuál era su política pública en torno al crimen”, denunció. En esa dirección no pasó por alto que los asesores del actual gobernador Ricardo Rosselló Nevares, son los mismos que los de su padre, el exgobernador Pedro Rosselló González, los cuales promovieron e impusieron la política de la mano dura, “es obvio, a los que se está metiendo preso hoy son a los hijos y nietos de la mano dura, gente que se crió viendo salir y entrar a sus padres de la cárcel, se saben excluídos pero no tienen la conciencia política de generar violencia política hacia arriba y la generan hacia el lado y hacia abajo”, reiteró.

Más allá de la exclusión está el hecho que en el país nunca ha habido una política o estrategia contra la criminalidad que no sea la “mano dura”. Por el contrario además de la “mano dura’, lo que se ha dado es el fenómeno de la militarización de la policía. Gutiérrez trajo a la atención que tanto las presidencias de Bush padre, Reagan y hasta Clinton, promovieron el convertir a los cuerpos policíacos de los estados en “ejércitos domésticos”, sujetos a manos del Secretario de Justicia y el presidente de turno para poder activar y federalizar esas fuerzas.

En tanto en Puerto Rico Gutiérrez levantó que no tan sólo no se ha hecho un esfuerzo para mitigar los efectos sociales producto de la mano dura, sino que por lo contrario se ha incrementado con el proceso de militarización. Peor aún, denunció que es obvio que cuando comenzó el año la administración no tenia claramente una política sobre cómo abordar la criminalidad lo que es evidente con los nombramientos de Héctor Pesquera y la ahora ex superintendente, Michelle Hernández de Fraley, ambos ex militares.

A juicio del profesor Gutiérrez, en este escenario de un país en quiebra, un gobierno sin un proyecto de país y la presencia de una Junta de Control Fiscal que impone unas medidas de austeridad para beneficiar al capital, la Policía ha sido extremadamente efectiva dado a que más allá de las huelgas que se efectuaron entre el 2010 y el 2011, en la Isla no se ha producido un movimiento contestatario fuerte. Según Gutiérrez, por el contrario estamos en la cúspide del neoliberalismo en donde la mayoría de las personas se sienten y están más excluidas del proceso de la toma de decisiones.

Ante este panorama es muy difícil que la criminalidad baje. A juicio de Gutiérrez la criminalidad y los niveles de violencia con que se cometen los crímenes van a arreciar en la isla. “Es estúpido querer que las cosas cambien si se continúa tratando el asunto como un problema policíaco. En Puerto Rico nunca ha habido ningún plan de criminalidad lo que siempre ha habido es la misma cosa, mover coroneles de un lugar a otro, buscar más equipo para la policía y atacar los puntos de acuerdo a las zonas de incidencias”. Reclamó que hay que empezar a entender que la criminalidad no es un problema policíaco, sino que es un problema social y segundo no va haber paz mientras haya exclusión.

Sin gobernador el País

Por su parte el licenciado profesor de Derecho, Daniel Nina Estrella, responsabilizó de manera directa al gobernador Ricardo Rosselló Nevares por el alza en la criminalidad. “Este Gobernador ha dejado de facto de gobernar el país los problemas los ha generado la gobernación”. El experto en la sociología del derecho describió que el gobernador ha enviado mensajes contradictorios, mientras los policías han tenido que trabajar horas extras desde el huracán, sin que se les haya pagado las mismas y/o tiempo compensatorio, y Pesquera recibe su sueldo, ello pudo haber incidido en una falta de interés por parte de los policías para con sus deberes.

En tono severo Nina Estrella denunció que Rosselló Nevares no está gobernando en la medida de que ha delegado a que las agencias federales le resuelvan los problemas del país después del paso del huracán. “Eso es lo más patético que se pueda imaginar porque él ha delegado la crisis a las agencias federales y se ha dedicado simplemente a traer la estadidad eso es lo que nos ha traído al país al 2018. Un gobernador con más interés hubiese resuelto hace mucho tiempo los reclamos de los policías, hubiese resuelto los reclamos de la sociedad civil”.

Al igual que el criminólogo, Nina Estrella señaló que a seis meses del huracán y a un año de su gobernación la administración de Rosselló Nevares, no ha desarrollado ninguna política pública, no tiene idea, no tiene ningún proyecto de país “y a la falta de proyecto de país cualquiera que tenga dos balas o cierta inteligencia va a bregar alternativas”.

En ese sentido narró sobre la conducta que observó en la ciudadanía tras el paso del huracán el que la gente no hablaba del gobierno para resolver sus problemas, sino que hablaba de cómo organizarse para sobrevivir. “Eso fue valioso el gobierno ha sido sustituido por las practicas sociales no por los políticos, ni revolución, aquí ha pasado muy poco desde septiembre a diciembre luego del paso del huracán porque las practicas sociales dirigieron”.

Para el sociólogo del derecho aun cuando dijo que es especulativo, la explicación de lo que ha pasado del 1 al 9 de enero es que el país se está reestructurando y hay una guerra de mandos de grupos criminales y esa guerra de mandos parte de la premisa de que la impunidad es plena porque no hay una autoridad en la calle controlando. Contrario a otros que atribuyen la violencia a factores económicos Nina Estrella recalcó que en este momento el alza en la criminalidad responde a la poca presencia policiaca, y la falta de patrullaje preventivo, lo que origina un ambiente de indisciplina ciudadana que incide a su vez en unos procesos de re estructuración de los elementos del narcotráfico, todo esto cobijado con una sensación de impunidad. Apoyo su hipótesis en el hecho de que esos asesinatos no se dispararon en el 2017 en el periodo más crítico que fue después del huracán.

La falta de una estrategia nacional

En tanto el coordinador general del Centro de Ayuda de la Alianza para la Paz Social (ALAPZ)), Jorge López, también atribuyó el alza en la criminalidad a la falta de una estrategia nacional para lidiar con la actividad delictiva. La ONG ofrece servicios de apoyo a personas víctimas del crimen.

López narró a CLARIDAD que ALAPAZ junto a otras organizaciones entre ellas Agenda Ciudadana, durante el 2012 elaboró una estrategia nacional integral compuesta por siete ejes para enfrentar la criminalidad. La propuesta desarrollaba una serie de objetivos y metas medibles por un plazo de 10 años para a nivel nacional trabajar el tema de seguridad desde un punto de vista holístico y desde niveles de comunidad hasta un consejo nacional de seguridad.

La estrategia se elaboró para el cuatrienio 2012- 2016 e incluso fue vista por altos oficiales de la Policía del momento, asesores del gobernador, y el Secretario de Justicia incluso le dio un visto bueno por entenderla necesaria. López dijo que algunas cosas del plan se acogieron por algunas agencias pero el gobierno como entidad no asumió la estrategia. Los siete ejes de la estrategia integraban a todas las agencias que trabajan aspectos de seguridad, no solo como se ve el termino de vigilancia o del manejo ya del evento criminal, sino otras como el Departamento de Salud, el de Educación, el Departamento de la Familia, para que trabajaran de manera integrada para el mejoramiento de seguridad ciudadana.

Al inicio de la administración de Rosselló Nevares, reveló López, ALAPAZ junto a otras organizaciones tuvo una reunión con la entonces comisionada de la Policía, Michelle Hernández Fraley, “la propuesta no fue muy bienvenida”, reconoció López. La comisionada se limitó a decirles que toda propuesta al gobierno debía ser presentada a través del site, Plan para Puerto Rico y “ahí quedo la información”.

López describió que más allá de los limitados comentarios de Hernández Fraley de que la policía ya tenía unos planes para trabajar la situación el que “hemos visto una pared”, por parte del gobierno para ver otras alternativas para manejar el problema. El activista urgió a “es urgente y necesario el desarrollo de una estrategia nacional que cobije todos los aspectos que inciden en la criminalidad, mientras eso no suceda, no se acoja una estrategia que cobije a todas las agencias pertinentes el problema de la criminalidad, el problema de la violencia va a seguir no podemos aspirar a un país que esté forrado de cárceles, de gente presa como medida de control, somos uno de los países con la tasa de homicidios mas altas del mundo, luego de los golpes ambientales estamos viviendo una crisis social y no podemos adjudicarle ese aumento a que no haya policía, más policías no es indicativo de seguridad”.