CLARIDAD
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Tomando en consideración los eventos del 2017 de la reforma contributiva en Estados Unidos, los daños causados en la isla por el huracán María, estimados entre $17 a $90 mil millones ( según el economista Caraballo Cueto ver p.5) y una emigración de cerca de 200 mil personas, las perspectivas económicas para este 2018 para Puerto Rico se presentan en estos dos escenarios. Para los llamados constructores -eso si- con conexiones de alto nivel en el gobierno ya sea de Puerto Rico y/o a nivel del gobierno de EE UU, el 2018 se presenta prometedor, para el resto de los mortales, su calidad de vida continuará deteriorándose.
De acuerdo a la economista Martha Quiñones Domínguez en estos momentos, en Puerto Rico, tras el paso del huracán, los empresarios de la construcción tendrán un auge dado a la necesidad de la reconstrucción del país, en aspectos como la vivienda y otra infraestructura, actividad que da la oportunidad de inyectar dinero, moverlos de su estancamiento, lo que a su vez tendrá efectos multiplicadores. A nivel micro económico estas empresas crecerán y tendrán dinero. Esto es posible dado a que a nivel teórico se considera que los desastres pueden ser un agente catalizador de nueva inversión y de una mejora de las infraestructuras de un país, lo que resulta en un efecto positivo en la economía.
Pero por el otro lado están los que no tienen dinero para reconstruir (no tienen seguro), los que no tienen energía eléctrica, aquellos que tienen negocios que cada día ven sus negocios decaer ante el alto costo de tener una planta generadora para mover el negocio, o los que sencillamente no pueden abrir por la falta de energía, a ese nivel micro económico se provocara un efecto en cadena que terminará con el cierre de muchos negocios.
Evidencia de esta dinámica es que el secretario del Departamento de Hacienda (DH), Raúl Maldonado, admitió en una entrevista de prensa hace una semana que de cinco mil comercios de venta de comida que había en la isla antes del huracán, mil no habían podido volver a abrir tras su paso. También reconoció que hasta diciembre de 2017 el DH había perdido $260 millones en recaudos después del huracán Maria.
Quiñones Domínguez, dio crédito a la cifra de los estimados de los daños causados por el huracán (entre $17 a $90 mil millones) y apuntó a que era obvio que los desastres naturales de grandes proporciones tienen un impacto negativo en el producto interno bruto (PIB) per cápita de un país, tanto en el corto como en el largo plazo, cuando se miden todas las variables y los efectos externos no contabilizados, las pérdidas de las personas que se fueron, las que murieron y los daños ambientales producidos por el fenómeno atmosférico. Para la también planificadora ambiental la pérdida en infraestructura provocada por el huracán es una notable y costosa.
La Junta de Control Fiscal agravara la crisis
A los impactos del huracán se le unen los hechos de que Puerto Rico ya se encontraba en una gran depresión que causó una crisis fiscal severa, no puede pagar la deuda que sigue creciendo, aun con las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Gobierno de Puerto Rico. Denunció que esas medidas de la JCF y el gobierno de turno se dirigen hacia la clase baja y clase media: los pensionados, las participantes de la reforma de salud, los estudiantes (aumento del costo de los estudios en la universidad pública y cerrarán indiscriminadamente más escuelas públicas a pesar de que el costo promedio por estudiante ya iba reduciéndose en los últimos años) y los empleados públicos. Por el contrario agregó que no se habla de aplicar una austeridad sobre la contratación de las aseguradoras de la reforma de salud, ni a los incentivos contributivos, ni los grandes contratos del Gobierno, ni eliminar los sueldos altos o los gastos excesivos que no son servicios esenciales.
En estas circunstancias Quiñones Domínguez reiteró sobre los dos posibles escenarios. El primero si en efecto se allegan los fondos de reconstrucción y los demás factores no cambian, lo más probable es que el crecimiento económico sea positivo este año fiscal. No obstante trajo a la atención y denunció que muy probable la corrupción desviará parte de ese crecimiento, concentrando la distribución de los fondos en un grupo de personas.
“Es por eso que no todos los municipios verán inversiones en infraestructura aunque la necesiten, las mismas se concentrarán donde sean más rentables para las empresas constructoras”. Mientras por otra parte -advirtió- que el desempleo será una constante, la pobreza y el daño a la salud y el ambiente.
“Si se implantan las medidas de austeridad del plan fiscal y no se allegan los fondos para reconstruir, probablemente habrá un decrecimiento económico real. El desempleo y la falta de recaudos serán parte del problema de la trampa de los ajustes fiscales. En este la corrupción es una variable constante que desviará fondos y recaudos.”.
En ambos escenarios – la economista destacó que- la sociedad no tendrá calidad de vida, cada día los productos estarán más caros y unas grandes masas de la población quedarán desplazadas de ese crecimiento, no tendrán empleos, las ayudas serán mínimas, no tendrán dinero para reconstruir y subsistir. “La pobreza será más grande, los servicios esenciales serán escasos, afectando la salud, los servicios educativos decaerán, cada día más empresas y negocios extranjeros y locales cerraran”.
En este último aspecto no dudo en adelantar que en la isla habrá un cierre notable de empresas y comercios estadounidenses para ajustarse a la reforma contributiva, lo que seguirá generando más desempleo, menos recaudo y afectará a los municipios y los servicios que ofrecen.
En tanto denunció que la JCF va justificar la inyección de fondos en proyectos críticos que no son necesarios, pero los justificara de todos modos con el propósito de desviar el dinero a grandes intereses, mientras el pueblo cargara con los costos externos o daños ambientales.
Es de suponer que ante este escenario la emigración continuará, por lo que reparó en que el envejecimiento de la población, que es parte natural por la baja en la natalidad, y la emigración serán un factores a considerar. Sobre esta población observó que además de necesitar servicios de salud que son caros tampoco están accesibles. La economista advirtió que una vez se agoten los fondos de reconstrucción la economía volverá a caer sino se establece un modelo de crecimiento.
Cuestionada sobre las fortalezas y ventajas que tiene el país, Quiñones Domínguez, distinguió que hay personas educadas y diestras, infraestructura desarrollada (aunque debilitada pero existe), capacidad de innovación y creación por medio de la Universidad de Puerto Rico (UPR) la cual ofrece disciplinas diversas que pueden contribuir a desarrollar una base empresarial local; hay algo de agricultura diversificada, para la cual hay buen clima (no es extremo) con diversidad ecológica para ofrecer al turista, bagaje cultural para montar diversas empresas, conocimiento tecnológico que permite montar empresas pequeñas de tecnología que se pueden adaptar a los cambios.
En este aspecto destacó el papel que puede desempeñar la UPR, que cuenta con varias patentes e inventos que se pueden mercadear, no obstante dijo que están estancados ante la poca capacidad creativa que tienen los administradores de turno.
En términos de desventajas resaltó, “siempre es la misma la condición colonial que nos limita y el capitalismo dependiente que se apodera de la mente de los políticos, para ellos sólo es posible atraer empresas extranjeras y pedir ayudas, y la corrupción rampante en las esferas del poder que sólo quieren enriquecerse”. Además de las actitudes descritas el otro factor limitante señaló es la deuda pública, la cual crece y se multiplica. Recalcó la necesidad de auditar la deuda, establecer una moratoria, una quita significativa y no asumir más deuda.
Por otro lado, indicó que la alternativa para comenzar a tener un crecimiento económico es a su vez comenzar a crecer hacia adentro, en pequeña escala, sustituyendo y creando para exportar. En esa dirección sugirió que las empresas locales se puedan encadenar a empresas extranjeras que puedan cambiarse a domésticas, no permitir que las empresas extranjeras compitan en los mismos espacios que las locales, adoptar el modelo cooperativista, crear empresas de trabajadores como la base empresarial a la que se le da incentivos y restablecer las leyes laborales como incentivo de crecimiento con salarios dignos.
“Proteger al de aquí fortalecerlo para que en 10 años tengamos un crecimiento sostenido con el de aquí y que no dependa de fluctuaciones externas. Hay salida pero tenemos que decirle al Gobierno dejen de gobernar para la metrópolis y sus intereses y gobiernen para el pueblo”.
