CLARIDAD

Los expedientes de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico todavía producen sorpresas. Se elaboraron durante décadas, persiguiendo la vida de más de cien mil personas, hasta que a finales de la década de los ‘80 el juez Arnaldo López prohibió la práctica. Una vez la sentencia de López fue confirmada por el Tribunal Supremo, muchos de los expedientes fueron entregados a los perseguidos.

A mí me entregaron un mamotreto de seis volúmenes donde estaba registrada toda mi actividad desde la adolescencia. Todavía, para que no se me olvide, de vez en cuando examino alguno de los tomos, como quien ojea un viejo álbum de familia. Dado que en cada lugar donde residí había dos o tres vecinos que, reclutados por la Policía, mantenían vigilancia de entradas y salidas – y hasta de las voces que llevaba el aire – sus relatos ayudan a evocar vivencias. En última instancia, aquella persecución malsana ha resultado útil porque jamás hubiese podido documentar mi vida sin ayuda de los policías que a lo largo de décadas produjeron memorandos o informes de vigilancia.

El otro día revisé, no los gruesos volúmenes, sino papeles sueltos (tarjetas, resúmenes, fotos, etc.) que también me entregaron cumpliendo la orden del tribunal. Uno de ellos tiene tres páginas y se titula “Registro de Carpetas Solicitadas en Archivo”. Aparentemente cada expediente tenía su “Registro” y los oficiales que deseaban examinarlo debían poner la fecha de entrega, nombre, propósito, firma y, finalmente, la fecha de devolución.

Entre el 1 de agosto de 1968 y el 15 de febrero de 1977, mi expediente fue reclamado en 40 ocasiones. Muchas de esas revisiones las hicieron agentes del FBI, que  se identificaban como tales (Kinney, Hoss, Rush). En la mayoría de los casos sólo se ponía el nombre y el propósito (“review”, “chequeo” “resumirla”) sin especificar la entidad de donde procedía la persona que solicitaba el expediente.

Los nombres latinos de los examinadores son, obviamente, desconocidos: “Ramón Almodóvar”, “Euricles Rivera”, “Rafael Rosa”, “E. Serrano”. Sin embargo, cuando miré el Registro la pasada semana di con un nombre que me llamó la atención porque era el mismo que desde hacía varios días sonaba en las noticias: Jorge Haddock.

Este tal “Jorge Haddock” estuvo algún tiempo a cargo de investigarme porque reclamó el expediente en cuatro ocasiones en un lapso de ocho meses, escribiendo siempre “chequeo” como “propósito”. La última revisión la hizo el 24 de agosto de 1976.

Ahora que una persona del mismo nombre ha sido traída desde Virginia, E.U.A. (hacia donde había recalado desde que salió de Caguas) para presidir la Universidad Puerto Rico, no está demás preguntarnos qué relación tiene – si alguna, claro está – con el Jorge Haddock de mi carpeta. ¿Era él, quien al momento del último examen, tenía 21 años, según la biografía que se circuló? ¿Era algún pariente o es pura casualidad? Ahí dejamos el asunto esperando que alguien aclare.

Pero es mandatorio algún comentario sobre otro asunto relacionado con el Jorge Haddock presidente, el que nos llega desde Caguas, vía Virginia. Me refiero a su salario. Al recién llegado le garantizaron una compensación anual de $250 mil, más las misas sueltas, que duplica lo del presidente anterior. Esa compensación ya no debe sorprender a nadie porque se está convirtiendo en norma en el actual gobierno cuando se trata de personas que son traídas desde Estados Unidos, pero en el momento en que se le cercena el presupuesto al periódico Diálogo y se hacen tantos recortes, el salario de este Haddock es obsceno.

Las declaraciones que dio queriendo explicar lo inexplicable levantan más dudas. Primero agradeció la “generosidad” de la Junta de Síndicos que le dio los $250 mil y, a renglón seguido afirmó que realmente estaba haciendo sacrificios, que allá se ganaba más. Es decir, que el generoso es él.

CLARIDAD

Mientras continúa el cierre injustificado de escuelas alrededor de toda la isla, Eva Ayala, presidenta de Educamos, describió la demanda presentada el pasado viernes 22 de junio, en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, como un caso novel.

Según Ayala, la demanda radicada por el Frente Amplio en Defensa de la Escuela Pública (FADEP) y 35 escuelas, apunta al hecho de que la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, no siguiera el debido proceso de cierre según lo establece la Ley Núm. 85 (Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico).

A diferencia de los planteamientos de las escuelas que han demandado que ella no siga el debido proceso “nosotros estamos demandándola específicamente a ella porque no siguió el debido proceso según lo establece la nueva ley. Ley hecha a la medida de ella y aun así la está violentando”, explicó Ayala.

“La Ley establece que antes del primero de julio ella debe seguir unos 15 criterios, aplicárselo a aquellas escuelas que tiene la intención de cerrar o consolidar, rendir un informe y después del 1 de julio podía cerrar las escuelas. Ella lo está haciendo previo y sin seguir el debido proceso”, continuó.

En un comunicado de prensa enviado el pasado 23 de junio por el FADEP, se explica que “El Art. 2.04 de la ley dispone que el cierre y consolidación de escuelas tiene que ser por necesidad y tiene que seguirse un procedimiento consignado en el Art. 8.01 f, donde se establece que no es discrecional  por parte de la Secretaria. Tiene además que establecerse un reglamento, lo que hasta el momento no ha ocurrido”.

La demanda incluye los casos de 35 escuelas de diferentes zonas de la Isla, que se han unido a el FADEP en contra de la violación de la Ley 85 y que la líder magisterial describió como “planteles en buen estado físico y con una buena matricula, que fueron cerrados sin seguir el debido proceso ya que no hubo ningún tipo de consulta. Todas estas comunidades escolares se enteraron de su cierre a través de las redes y los medios.

Desde el pasado mes de abril, la Secretaria ha informado el cierre de 266 escuelas que estuvieron activas durante el semestre escolar 2017-2018. Sin embargo, la presidenta de Educamos reaccionó preocupada ante la posibilidad de que esa cifra sobrepase actualmente las 300 escuelas.

Jaque Mate

Hace un mes, el 30 de mayo, la Secretaria les pidió a los maestros que se registraran en un portal cibernético para saber su ubicación y validar su información. El pasado 23 de junio, les pidió a los maestros nuevamente que volvieran a validar tal información. Según Ayala, los maestros que no salieron en la primera ocasión como recursos disponibles ahora salen como maestros excedentes.

“Pero lo más grave del asunto es que en esta comunicación les dice que usted tiene derecho de accesar entre cinco a 10 escuelas que pudieran ser su región educativa u otra, o de otra categoría. De lo contrario usted se puede someter a retiro voluntario”, dijo Ayala.

O sea, que de no aceptar el ofrecimiento que hace la secretaria, los maestros deben acogerse al retiro voluntario. Lo que implica que aquellos maestros que tienen sobre 20 años de experiencia, pierden el  65% de la pensión vitalicia».

Mientras sucede esto, mientras el salario de las maestras y maestros es cada vez más menguado, cuando alrededor de 5,000 maestros transitorios van a quedarse sin empleo, cuando a la población de diversidad funcional le van a quitar un presupuesto de 68 millones, cuando cierran 266 escuelas… Keleher pretende contratar personal fuera de Puerto Rico, por sueldos de $125 mil a $200 mil para que dirija las regiones LEA. Catorce personas para el puesto de “superintendentes”, o más bien gerentes de las nuevas regiones educativas.

Más de tres mil personas todavía sin hogar, otros 19 mil en albergues en Estados Unidos, el servicio de agua potable contaminado, el 65% de las escuelas en las zonas rurales cerradas, amenaza de desalojo a cientos de comunidades; a nueve meses del azote del huracán María, la situación del país sigue siendo crítica y el gobierno continúa sin atender las necesidades más urgentes de la población, denunció una coalición de organizaciones multisectorial, que se propone llevar la situación del país ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos Humanos.

Algunas de las organizaciones que participan de la coalición dieron a conocer la puesta al día -hasta este 8 de junio- del informe, Justicia Ambiental, Desigualdad y Pobreza en Puerto Rico, el cual formó parte de la denuncia que presentaron en diciembre del 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), en Washington, DC. El informe fue redactado por el Instituto Caribeño de Derechos Humanos (ICDH) y la Clínica Internacional de Derechos Humanos (CIDH), de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana (UIA), con la colaboración de las organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, capitulo de Puerto Rico (AIPR).

La directora de la Clínica de Derechos Humanos de la UIA, Annette Martínez Orabona, denunció que ante el panorama del país, el gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF) continúan imponiendo medidas que violentan los derechos de las personas más pobres y precarizadas, no veían otra salida que; “acudir a todos los foros internacionales que sean necesarios, para denunciar la gravedad de la situación de derechos humanos en Puerto Rico y exigir que se reconozca el contexto de discrimen institucional al que están siendo sometidas las poblaciones más vulnerables, particularmente la niñez, las personas con discapacidad, las mujeres, los trabajadores y trabajadoras y la mitad de nuestra población que vive en condiciones de pobreza”.

Martínez Orabona precisó que en Ginebra la abogada Natasha Lycia Ora-Bannan, de la organización de Latino Justice (LJ), otra de las organizaciones que ha trabajado en el informe, tenía una reunión con el Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en donde estaría presentando los hallazgos del informe y denunciando la violación general de los derechos humanos en Puerto Rico. Al mismo tiempo el relator especial de la ONU sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, profesor Philip Alston, que estuvo en Puerto Rico en diciembre en una visita oficial, estaría también dando su informe al comisionado sobre lo que encontró en su visita a Estados Unidos y en particular en Puerto Rico. “De hecho hay unas expresiones públicas que están exigiendo que se tomen medidas urgentes de protección sobre Puerto Rico eso quiere decir que se va enviar una orden de respuestas a Estados Unidos sobre las violaciones que se están cometiendo en Puerto Rico desde antes y con mayor gravedad después del huracán María”, expresó.

Respecto a los resultados de la audiencia ante la CIDH el pasado 7 de diciembre –a pregunta de CLARIDAD– Martínez Orabona, indicó que de inmediato en la audiencia se hicieron expresiones muy fuertes sobre la situación y allí mismo se le solicitó al gobierno de Estados Unidos y al de Puerto Rico que se le permitiera venir a la isla hacer una evaluación de campo. Luego de la audiencia se hizo una solicitud oficial, la cual todavía el gobierno de Estados Unidos no ha respondido. La licenciada Martínez Orabona reconoció y comentó que conocida la situación en general de la administración Trump –en alusión a los derechos humanos– en donde hay una postura de rechazo a cualquier tipo de evaluación internacional que pueda hacerse sobre las decisiones que se están tomando en ese país, no lo ve como una respuesta negativa, sino que es parte del juego diplomático internacional, más bien el hecho de que Estados Unidos haya decidido salir del Consejo de Derechos Humanos, de la ONU considera deja saber que las denuncias a nivel internacional que se están haciendo en el caso de la separación de familias, están calando. “Pero nosotros seguiremos haciendo presión internacional y tenemos a la comunidad internacional y a los órganos de la ONU muy interesados en pasar cuenta sobre lo que está pasando en nuestro país”, reclamó.

En tanto la coalición se propone presentar también una denuncia ante los principales órganos oficiales del gobierno de Puerto Rico, es decir, gobernación, Departamento de Justicia y Departamento de Estado. Todas estas gestiones no descartan otras acciones, según se dijo cada una de las organizaciones trabaja en distintos temas y toman sus acciones concretas.