El libreto en torno a la Ley federal PROMESA que han desarrollado los gobernantes, tanto del imperio como los de la colonia, consiste en mantener ocupado a diversos sectores del pueblo en hacer apuestas sobre el próximo paso a seguir entre la Junta de Control Fiscal, JCF, y el gobernador, o los presidentes de Cámara y Senado. Así las cosas, muchos cantaron y aplaudieron cuando en mayo de 2017 la JCF certificó el primer presupuesto bajo la Ley PROMESA. Más allá de discutir las medidas draconianas que implicaban las exigencias de un plan fiscal a cinco años, la discusión giró sobre la astucia o incapacidad de cada parte en engatusar a la otra parte.

La realidad es que los gobernantes nos entretienen mientras tras bastidores acuerdan una serie de leyes especiales, con PROMESA como ley principal, incluso por encima de la Constitución del ELA, para esquilmar derechos y beneficios económicos a la clase trabajadora. Son leyes que van creando las condiciones óptimas para impulsar la propuesta neoliberal con un apoyo consiente, consentido o por rendición de la gente.

La congelación de los convenios colectivos, la reducción de beneficios y derechos a la clase trabajadora del sector privado y del sector público, el cierre de escuelas, el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico, una reforma gubernamental donde el trabajador pierde su pertenencia a una agencia y pasa a ser un número más en la nómina gubernamental son medidas fiscales y leyes aprobadas en el año 2017 sobre la premisa de que eran necesarias para impulsar el crecimiento del país. A este pedido de recortes se suma la amenaza latente de la JCF de que si no se logran ciertos ahorros fiscales van por más. Entonces surgen la eliminación o reducción del bono de Navidad, de las licencias de maternidad, enfermedad y vacaciones como amenazas a implantar de no lograr los ahorros.

Y como la población es de mayor edad, en comparación con los jóvenes que no nacieron o que una vez nacidos y educados emigran, entonces se deben eliminar los sistemas de retiro con pensiones y beneficios garantizados, planes médicos y otras necesidades para el envejeciente.

Los despidos en el gobierno se dan mediante la eliminación de puestos por contrato y la modalidad de planes de transición voluntaria. También existe en PROMESA, la prerrogativa de la JCF de notificar a cada agencia que medida debe tomar para ajustar su presupuesto, incluyendo despidos de empleados.

Llegó Irma y María. Sus vientos huracanados nos mostraron el resultado de la no planificación del país, la ausencia de consideración al ambiente y como los intereses económicos y privados aprovechan cada crisis para hacer su oportunidad. Los Cuerpos Federales, esos mismos que aprobaron PROMESA, tomaron el país una vez más y han procesado miles de millones de dólares en propuestas federales, pagos de todo tipo para atender la crisis. De estos miles de millones, unas migajas quedan para el país y su gente.

Llegó el momento de aprobar el presupuesto del 2018 y el libreto circense reapareció. Que si la derogación de la Ley 80 es la salvación del país, es decir, si los patronos pueden despedir con impunidad, entonces hay desarrollo económico, de lo contrario no. El Presidente del Senado aparece como el gran defensor de la clase trabajadora. Empiezan las apuestas. El gobernador tranza en secreto con la JCF por mayor presupuesto a su disposición. Compra como adeptos para él y la JCF a alcaldes y legisladores que repiten a coro la necesidad de derogar la Ley 80 y con ello derrotar al que intenta ser defensor de los trabajadores. Siguen las apuestas con los consejos u orejitas que informan los politólogos bien pagados en los programas de radio y televisión pagados, también. La JCF amenaza con quitar el Bono de Navidad y las benditas licencias si no se permiten los despidos a mansalva. Se escucha una defensa mayoritaria a la permanencia de la Ley 80. Los sindicatos, inexplicablemente, son tímidos con el tema. Siguen las apuestas.

El gobernador impulsa un presupuesto a fin con la JCF. La Legislatura aprueba un presupuesto menor que el de la JCF. La Junta certifica su propio presupuesto, con amenazas de penalizar a las agencias que se atrevan ir en contra de sus designios. La pelea está casada para ir al otro nivel que dicta el libreto, el Tribunal Federal.

Mientras tanto, el gobierno imperial continúa moviendo sus fichas para borrar de la memoria colectiva las últimas dos marchas ocurridas, donde decenas de trabajadores, jóvenes, pensionados y pueblo en general se tiraron a la calle el 1ro de Mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora. El gobierno imperial evita que la Organización de las Naciones Unidas discuta el caso de descolonización de Puerto Rico. El gobierno imperial no acepta que una Comisión Internacional especializada en Derechos Humanos visite la colonia llamada Puerto Rico.

El gobierno imperial sabe que el verdadero problema es la colonia que bien sirve a los intereses económicos. El gobierno imperial sabe que si el Pueblo despierta y toma las calles para luchar entonces no habrá PROMESA que valga. Por eso nos entretiene con chantajes y amenazas que pone en vigor mediante legislación y presupuestos anuales donde se apuesta a que se nos va la vida, con salarios o sin salario, con educación o sin educación, con pensión o sin pensión.

Desde 1902 un cuerpo electo por los puertorriqueños tiene la facultad legal para aprobar el presupuesto con que funciona el gobierno. Ese fue uno de los pocos resquicios de poder que la Ley Foraker –aquel primer estatuto de administración colonial aprobado por el Congreso de Estados Unidos, tras la ocupación militar de 1898– le dio a los puertorriqueños. El acta del Congreso, en muchas partes copiada de viejos estatutos coloniales británicos, creó un gobierno civil presidido por un gobernador nombrado desde Washington, un Consejo Ejecutivo también de designación presidencial y una Cámara de Delegados de elección popular. Esta tenía la facultad de aprobar leyes para la administración de la colonia, entre ellas el presupuesto anual.

La única excepción a en el ejercicio de ese poder ocurrió en 1909. Ese año, la Cámara de Delegados aprobó un presupuesto con cambios importantes al sometido por el gobernador Regis Post, que fue vetado por el presidente de Estados Unidos, William Taft. Dado que la Cámara se mantuvo en su posición, negándose a aprobar el presupuesto que quería Post, el Congreso, por recomendación de Taft, aprobó legislación disponiendo que cuando no se aprobara un nuevo presupuesto sigue rigiendo el del año anterior. A la Constitución de Puerto Rico, aprobada en 1952, se le incorporó una disposición similar que, en principio, no trastoca el poder de la Legislatura porque el presupuesto que se mantiene en vigor también fue aprobado por ese cuerpo.

Ahora, con lo sucedido al filo de la media noche del 1 de julio de 2018, Puerto Rico ha regresado, no a 1909, sino a los tiempos previos a la Ley Foraker de 1902. A ese punto regresamos cuando la Junta de Control Fiscal, nombrada por el presidente de Estados Unidos, le notificó al Gobierno de Puerto Rico cuál es el presupuesto que debe regir en el nuevo año fiscal. El documento fue elaborado por técnicos de esa Junta y, según sus instrucciones, deberá ser implantado sin cambio alguno, salvo que ellos lo autoricen.

A pesar de ese claro regreso a los poderes omnímodos del pasado, la nueva realidad tiene algo de inédita. No se trata, como ocurrió en 1909, que el presupuesto aprobado por un cuerpo electo por los puertorriqueños haya sido rechazado, creándose, de paso, un nuevo mecanismo para dejar en vigor el que ese mismo cuerpo aprobó el año previo. Ahora estamos ante un presupuesto distinto, elaborado desde cero por un cuerpo externo a Puerto Rico que, por instrucciones de ese mismo cuerpo, el Gobierno isleño debe ejecutar sin cambios.

Y para añadirle mayor particularidad a ese momento, resulta que horas antes de que la Junta externa notificara su mandato presupuestario, la Legislatura electa por los puertorriqueños, había aprobado su propio presupuesto. Este conjunto de medidas fiscales, que fue elaborado tras meses de discusión, con vistas públicas y, valga aclararlo, considerando las instrucciones de la propia Junta, pasaría a ser un enorme ejercicio de futilidad de prevalecer el mandato juntero.

Ahora el gobernador de Puerto Rico que, desde 1952 y a diferencia del que regía en 1909 es electo por los puertorriqueños, tiene ante sí dos presupuestos. Uno ha sido elaborado y aprobado según la Constitución de Puerto Rico y el otro le fue notificado por un grupo de siete personas nombradas según una ley del Congreso estadounidense.

¿Qué puede hacer Ricardo Rosselló? Cuando asumió funciones en enero de 2017 juró defender la Constitución de Puerto Rico, que es el cuerpo legal que crea el cargo que ocupa. Según esa misma Constitución, él tiene el poder para firmar el presupuesto que apruebe la Legislatura, vetarlo y devolverlo requiriendo cambios, o aprobarlo tras alterarle ciertas partidas mediante lo que se llama “veto de línea”. En ninguna parte de la Constitución dice que el Gobernador puede descartar el presupuesto aprobado por la Legislatura y, en su lugar, ejecutar el que le envía una Junta externa al gobierno.

Al reseñar la noticia, algunos medios de prensa dieron como un hecho que desde la media noche del 1 de julio el Gobierno “opera bajo el presupuesto presentado por la Junta”, pero eso no tiene que ser así. El Gobernador recibió un presupuesto aprobado por la Legislatura según la Constitución de Puerto Rico y, si fuera fiel al juramento que hizo el 2 de enero de 2017, tendría que actuar sobre ese documento con los poderes que le da la misma Constitución.

Si actuara de esa manera, sería la Junta de Control Fiscal la que tendría que ir al tribunal a solicitar que se le ordene al Gobernador a acatar su mandato y se abriría un proceso muy interesante. Desde el punto de vista jurídico –aun dentro del marco de la legislación mal llamada Promesa– la situación no es cristalina para la JCF. La razón por la cual este cuerpo rechazó el presupuesto de la Legislatura es porque previamente no se derogó la ley que prohíbe el despido injustificado de trabajadores. La Junta requirió la derogación, pero nunca lo fundamentó, ni siquiera lo defendió. Actuando dentro del marco de sus poderes, la Legislatura se negó a derogar la legislación protectora. No se trata, como vemos, de un asunto claramente “fiscal” aunque, utilizando una lógica bastante burda, la JCF le asigna ese peso. Pero habrá que ver qué dicen los tribunales en cuanto al poder de la Junta para, utilizando castigos presupuestarios, pretender forzar a la Legislatura a derogar leyes protectoras del trabajo.

Como vemos, aun dentro del propio marco de la ley del Congreso hay campo para pelear, pero se requiere el liderato y la visión que permita dejar a un lado las luchas politiqueras –como la disputa entre el Gobernador y el presidente del Senado– disponiéndose, en cambio, a dar batallas más genuinas.