En momentos en que miles de estudiantes del sistema UPR enfrentan una nueva realidad, pues el semestre inició el pasado lunes con aumentos en los costos de matrícula, cuotas y servicios que aprobó la Junta de Control Fiscal, particularmente a quienes se hayan matriculado en el Instituto de Cooperativismo del Recinto de Río Piedras se les añade la carga de no contar con un espacio físico para tomar clases y resolver asuntos administrativos junto al personal docente y no docente de ese programa, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales.
Y es que además de pagar dos veces lo que pagaban por crédito graduado el año pasado—ahora, todos los y las estudiantes a nivel graduado pagarán $175 por crédito—, el estudiantado de la maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones Solidarias comenzó el año académico con un instituto desarticulado: sin oficinas adecuadas, con el personal administrativo trabajando desde diferentes espacios del recinto, con los profesores dispersos, entre otros escollos.
“Eso va a afectar el inicio de clases y la comunicación con los estudiantes y el servicio que, no solamente se les da a los y las de maestría, sino también a los participantes del Programa de Incubadora de Cooperativas, que este año integra a 13 grupos, y a los participantes del Programa de Extensión, que capacita a 600 líderes cooperativistas en un año”, comentó una de las profesoras del Instituto en entrevista telefónica con este medio.
“Estamos en una situación muy incómoda. Seguimos siendo la única institución universitaria que ofrece una maestría en Cooperativismo, que tiene una incubadora especializada, que ofrece servicio a los líderes comunitarios del movimiento cooperativista y, sobre todo, la única unidad de investigación”, continuó la profesora a la vez que enfatizó la necesidad imperante de contar con un espacio digno, que asegure la integridad del Instituto.
El pasado jueves, el personal del Instituto se reunió con el rector del recinto riopedrense, Luis A. Ferrao Delgado, para abrir un canal de negociación y aportar soluciones al conflicto. La situación comenzó cuando la Escuela de Comunicación Pública (COPU) del recinto fue movida al espacio del Instituto por directrices administrativas. La planta física de COPU sufrió graves daños tras el paso del huracán María y, próximamente, recibirá la visita de la agencia acreditadora, por lo que necesitaba un espacio fijo urgentemente.
El profesorado y los empleados no docentes del Instituto no se opusieron a esos mandatos administrativos, lo que sí han exigido es que se les incluya en el proceso de discusión y de propuesta de alternativas.
Según informó la profesora entrevistada, en reunión con Ferrao Delgado, negociaron un espacio para el Instituto, por lo que esperan que las palabras que ha puesto la administración universitaria en boca del rector se materialicen con brevedad. Para exigir que se acelere el proceso de designación de un lugar, los y las estudiantes del Instituto realizaron una manifestación solidaria el pasado lunes en la mañana, justo el día en que iniciaron las clases en la UPR.
“Nos hubiese gustado que nos dejaran expresar sobre cómo nos sentíamos con el proceso y que nos dejaran ser parte de la solución del problema. En ningún momento se nos incluyó en la discusión de soluciones óptimas para todas las partes”, denunció.
Las repercusiones de no contar con un espacio digno van más allá de la falta de atención rigurosa que ameritan los estudiantes graduados del Instituto, ya que se pueden afectar los vínculos que mantiene el Instituto con entidades externas a la Universidad y los fondos económicos que estas le suplen.
“Mi mayor preocupación es que, por no tener un espacio digno e integridad institucional, perdamos las ayudas que el movimiento cooperativo siempre ha otorgado cuando solicitamos donativos para equipo. Tenemos acuerdos colaborativos con la Cooperativa de Seguros Múltiples, con el Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo (FideCoop) y con el Banco Cooperativo”, aseguró la portavoz.
El Instituto es el brazo de la academia dentro del movimiento cooperativista, pues es de los únicos programas del Recinto —si no el único— que tiene que, por responsabilidad legal, según la Ley 247 de 2008, estar representado en la junta rectora de una agencia gubernamental y tener una comisión de desarrollo cooperativo. El director o directora del Instituto y el Instituto, propiamente, están obligados por ley a crear política pública para el movimiento cooperativo y para la economía social y solidaria.
“Esa responsabilidad institucional requiere que se mantenga una integridad institucional porque nuestro alcance no solamente se queda dentro de los estudiantes del recinto de Río Piedras, sino que tenemos una responsabilidad externa a la academia, que es crear política pública, y tener un compromiso con la comunidad general”, explicó la profesora.
Según dijo, las autoridades universitarias solo ven la cantidad de estudiantes matriculados en la maestría, pero no ven el alcance que tiene el Instituto a nivel comunitario, de política pública, de país, que tanto se requiere después del huracán. “Necesitamos pensar en otra economía y en organizaciones autogestionarias, justamente los temas que abordamos en el Instituto a mediante nuestros diversos programas”, opinó.
Por la razón anterior, porque se sabe que los programas del Instituto apuntan a un desarrollo social firme, el personal de mencionada entidad ha levantado sospechas de que la administración universitaria quiera desarticular el funcionamiento del Instituto.
El plan para la Universidad de Puerto Rico es nefasto. Ante eso, aseguró la profesora, que no es descabellado pensar que una forma de socavar el movimiento cooperativista, justo en este momento que atraviesa el país, es empezar a desestabilizar el Instituto de Cooperativismo de la UPR.
El llamado para estos próximos días es a que las cooperativas de Puerto Rico se solidaricen con el Instituto para evitar su desintegración. Así, la entrevistada exhortó al movimiento cooperativo a que les exprese a las autoridades universitarias que restituyan con premura las instalaciones accesibles y dignas del Instituto.
