CLARIDAD

En un editorial publicado electrónicamente la semana pasada, el colectivo de Diálogo, periódico oficial de la Universidad de Puerto Rico (UPR), le cuestionaba a la administración universitaria los argumentos que ofreció para justificar el anuncio de un nuevo recorte al periódico para el próximo año fiscal –el cual disminuiría su presupuesto en un 60 por ciento– y del establecimiento de otro modelo organizacional para esta plataforma de comunicación como parte de los intentos de generar ahorros ante los recortes presupuestarios que enfrenta el sistema UPR.

“En Diálogo, donde se han cubierto de cerca los cambios y desafíos que enfrenta el principal centro docente del país, no estamos faltos de conocimiento sobre los retos financieros que enfrenta la UPR. No obstante, más que un tema de cifras y números, nos preocupan las verdaderas intenciones que puedan mediar en esta determinación”, manifestó el colectivo sobre la disminución presupuestaria.

“Diálogo responde a los lineamientos periodísticos fundamentales, en los que predominan la verdad, la razón, la imparcialidad y la justicia. El problema, entre muchos, es que la verdad siempre incomoda a diversos sectores, sobre todo los que tienen en sus manos el poder de mover las cosas a su antojo y oprimir”, continúa esbozando el editorial.

Y es que, más allá de las proyecciones de la administración, el colectivo de Diálogo vislumbra que la llamada restructuración del medio universitario es “un operativo institucional de censura hacia la fiscalización universitaria y violación a la libertad de prensa” debido a que ha sido plataforma para el análisis crítico y el debate de los asuntos de mayor relevancia en el país.

En el editorial se hizo un llamado a recordar los intentos de censura que ha sufrido Diálogo en sus 31 años de trayectoria, así como las amenazas a su independencia editorial y gestión fiscalizadora. El último intento se dio hace escasamente unos meses, cuando se pretendía despedir a su director Víctor Rodríguez tras la publicación de varios artículos que cuestionaban la gestión del actual presidente interino de la Universidad, Darrel Hillman Barrera.

La publicación de mencionado editorial se efectuó al día siguiente de que un grupo de periodistas y escritores – muchos(as) de los que comenzaron su carrera en Diálogo como estudiantes practicantes – se presentara frente a la emblemática torre del recinto riopedrense en un acto de solidaridad con el proyecto y de denuncia contra las movidas administrativas.

Con el recorte del 60 por ciento al presupuesto de Diálogo, solamente se podría costear la nómina de las dos plazas con las que cuenta el proyecto, dejando fuera los empleados por contrato que conforman la plantilla. Según supo el medio, el borrador de presupuesto para el año fiscal 2018-2019, que al momento elabora administración central, reduce a unos $109 mil el presupuesto operacional de este medio, una diferencia de sobre 60 por ciento con respecto a los $282,248 que se asignaron durante el vigente año fiscal.

Los planes de disminución de presupuesto son más significativos considerando que para el año 2017-2018 el periódico ya había sufrido un recorte de 28 por ciento, el cual limitó dramáticamente los recursos con los que contaba para realizar su labor como medio oficial de la institución.

Sobre la reorganización del periódico anunciada por Hillman, los portavoces de la concentración realizada frente a la torre dijeron que esta movida no fue consultada con la dirección del medio ni con los directores de los principales programas de comunicación del sistema UPR a los que pasaría a estar adscrito Diálogo. Actualmente, este medio es una entidad adscrita a Servicios y Actividades del Sistema Universitario (SASU).

Denunciaron, además, que ni el presidente interino ni la Junta de Gobierno han querido reunirse con los miembros de Diálogo en aras de considerar su insumo a la hora de diseñar un presupuesto justo y que contemple lo necesario para que el medio pueda continuar operando. Esto, a pesar de reiterados intentos de comunicación por parte de Diálogo y de la entrega que le hicieran a la administración de seis ideas para allegar fondos externos y generar ingresos propios.

“La administración universitaria cerrará una institución que es emblemática de la misión de la Universidad porque en Diálogo se dan los tres objetivos: educación, investigación y servicio”, dijo durante la manifestación Odalys Rivera, editora del periódico y quien ha visto pasar por el proyecto a decenas de estudiantes practicantes.

Precisamente, Diálogo ha sido taller para innumerables periodistas y escritores de excelencia en Puerto Rico. Además, “el proyecto ha provisto a varias generaciones de periodistas la oportunidad de prepararse adecuadamente para laborar en los medios principales de este país, así como para ser admitidos en prestigiosos y competitivos programas graduados en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos continental”, como menciona la declaración leída frente a la torre.

“El recorte de presupuesto proyectado para Diálogo deja en un limbo económico al periódico. Sin la posibilidad de costear los gastos de operación, la administración universitaria prácticamente clausura un medio de comunicación valioso, y deja sin taller de trabajo y práctica a profesionales de la comunicación y a los sobre 20 estudiantes por año que escogen al periódico como centro de práctica”, lee el editorial.

Las personas solidarias con el proyecto exigen que la administración y la Junta de Gobierno den un paso atrás en sus planes nocivos contra Diálogo, además que se tome en cuenta la opinión de quienes trabajan el proyecto.

“Cualquier universidad que se respeta a sí misma necesita una publicación que sea fiscalizadora y que cuestione. Eso es señal de madurez y de tolerancia. En las circunstancias en que se encuentra el país y la Universidad, Diálogo es más necesario que nunca”, según dijo el fotoperiodista Ricardo Alcaraz, quien laboró 31 años en el periódico universitario.

CLARIDAD

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La puesta al día del informe, Justicia Ambiental, Desigualdad y Pobreza en Puerto Rico (JADP-PR) a nueve meses del azote del huracán María, refleja una crítica situación de pobreza en el país, mientras el Gobierno continúa sin atender las necesidades más urgentes de la población. La denuncia fue lanzada por varias portavoces de una coalición multisectorial además de anunciar que presentarían una querella ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos, en Ginebra.

En conferencia de prensa celebrada en la Facultad de Derecho de la UIA, participantes de la coalición presentaron parte de los datos más relevantes de la puesta al día del informe. A la luz de lo que revela el informe Amárilis Pagán, una de las portavoces denunció que a casi una semana del cierre de la actual sesión legislativa esta ha sido una de las sesiones en las que más proyectos se han presentado en detrimento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales del país. “Estamos viendo cómo el gobierno actúa ignorando la situación de pobreza y desamparo de la mayor parte del país y sin ejecutar acciones que mitiguen los daños provocados por el huracán. Las exigencias de nuestro informe de diciembre han sido ignoradas casi en su mayoría”.

Pagán quien es portavoz del Proyecto Matria, presentó algunos de los aspectos más sobresalientes del informe en lo que respecta al Derecho a la Vivienda. Primero llamó la atención a que la vida útil de un toldo de los instalados por FEMA es un máximo de tres meses, por lo que a esta fecha aunque sea uno instalado en diciembre resulta inservible y mucho menos puede soportar un huracán.

Otro dato importante que trajo a la atención incluidos en el informe son los resultados de un estudio del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College, Nueva York y la Escuela de Planificación de la UPR, que anticipa un aumento en la isla en el número de ejecuciones hipotecarias a partir de enero de 2018. El estudio dice además que el 18% de las viviendas en están vacantes como resultado de la prolongada recesión. Ambos datos contratan de manera irónica con el hecho-se denunció- de que el número de personas sin hogar antes de María se contabilizaban en 3,500 y luego del huracán el número aumento a un mínimo de 75 mil personas.

Ante estas circunstancias Pagán censuró que la respuesta de FEMA ha sido una lenta, no responsiva a las barreras del idioma, ni ha respondido a la situación particular de que en la isla la mayor parte de las personas carecen de títulos formales sobre su propiedad. Precisó que el periodo para reclamaciones cerró el 8 de junio y todavía no se tiene un informe que permita ver el balance de reclamaciones realmente atendidas versus las que quedaron pendientes. Prosiguió que uno de los datos que se han levantado (por las organizaciones que ofrecen servicios legales) es que los beneficios que FEMA ha otorgado no son suficientes para reparar las viviendas. La licenciada Pagán afirmó que el cálculo que hace FEMA muchas veces de los daños a la propiedad no corresponde con lo que es el costo de reconstruir una casa al día de hoy.

A las denuncias de Pagán sobre la actitud de FEMA, la licenciada Verónica González Rodríguez, directora de la Clínica de Derecho Ambiental de la UIA, añadió que la agencia federal está haciendo una falsa interpretación al rechazar las solicitudes de ayuda para vivienda por falta de título de propiedad. “La reglamentación de FEMA reconoce como un dueño ocupante a una persona que no tiene titulo formal pero que no paga renta y es responsable por el mantenimiento del hogar o los impuestos de la vivienda. Si la persona no tiene titulo aun así podría cualificar para la asistencia, no dar la asistencia es vulnerar y violar el contenido de la reglamentación de FEMA”, declaró.

De igual manera censuró que se ha dicho que los fondos de restauración de vivienda no estarán disponibles para personas que su hogar esté en un lugar inundable o deslizamiento y que la única alternativa es la reubicación. “Eso es cerca de la mitad de la población de Puerto Rico, el 49% de nosotros vivimos en áreas susceptibles a desplazamientos”, expresó al tiempo que reiteró que esto es un problema de planificación y que el tratamiento no ha sido igual para todos los sectores. Recordó palabras del gobernador en el mes de octubre de que ‘esa gente no se puede quedar ahí si vive en un área que es peligrosa’, y comparó que ahora mismo la Legislatura está considerando ceder cinco cuerdas de la costa de Carolina al Hotel Mariott.

La directora de la Clínica de Derecho Ambiental de la UIA hizo alusión a la falta de medidas tomadas por el gobierno para la mitigación del cambio climático, así como la necesidad de una transición de la producción de energía por combustible fósil a combustibles sostenibles y genuinamente renovables. Uno de los servicios que ha pasado desapercibido dijo es el derecho al agua y reveló -según el informe- que a este mes de junio, un 17.4% de la población en la región norte todavía no tiene servicio de agua potable.

Más aun dio a conocer que en el primer trimestre de este año la Agencia de Protección Ambiental (EPA siglas en inglés) encontró 77, 382, un 6% más de violaciones a las normas federales de calidad del agua (Safe Drinking Water Act) que para el mismo periodo del 2016. Las violaciones van desde el monitoreo, falta de tomas de muestras, contenido de cobre, plomo y otros elementos de la calidad del agua.

La alimentación

En cuanto a la alimentación la abogada contrastó y censuró que aun cuando el 80% de la agricultura ha sido afectada la principal fuente de asistencia para la agricultura son prestamos, y en el caso de la agricultura sustentable las ayudas después del huracán han sido nulas, la mayor parte de la ayuda que ha recibido este último sector ha sido una voluntaria.

En esa línea de la alimentación González Rodríguez expresó preocupación por las personas que dependen del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y que no fue hasta después de cinco meses del desastre, en febrero que el gobierno de Estados Unidos aprobó $1,270 millones para asistencia temporera al PAN. Según el informe de septiembre de 2017 a febrero de 2018 las solicitudes nuevas al PAN sumaban 35 mil.

Educación

“Lo que hemos visto de diciembre para acá es el desmantelamiento del sistema público de enseñanza escolar y universitario con el cierre de escuelas y los recortes universitarios que se han anunciado”, denunció la profesora Anita Yudkin Suliveres.

La profesora gestora de la Cátedra de la UNESCO declaró que no es cierto lo que dice el gobierno de que el cierre de escuelas conlleva mejores servicios para los estudiantes, sino que por el contrario representa una disminución de la inversión por estudiante de la que se ha tenido hasta hoy, una merma dramática para programas culturales y deportivos lo que afectara principalmente a los estudiantes más pobres y a los estudiantes con diversidad funcional.

De acuerdo al informe presentado por la coalición el 65% de las escuelas cerradas por el Departamento de Educación se encuentran en la zona rural, y un 35% en la zona urbana.

El acceso a la información, libertad de movimiento y expresión

Mientras Mari Mari Narváez, portavoz de la organización Kilómetro Cero, denunció la crisis de derechos humanos frente a la política del gobierno de limitar los espacios democráticos de participación ciudadana, la poca transparencia en la gestión gubernamental, la falta de acceso a información y la negligencia que describió como crasa por parte del gobierno al enfrentar la emergencia. Reveló que durante la emergencia el gobierno otorgó mas de 19 mil contratos,y no se sabe cuántos de estos tienen que ver con la emergencia. “En este contexto una de las pocas herramientas que tiene la población para expresar su indignación es la protesta, a la que el estado ha reaccionado con exceso de uso de fuerza, represión, intimidación, arrestos ilegales, desincentivando que las personas ejerzan uno de sus derechos fundamentales, que es la libertad de expresión”.

La gestión comunitaria

Modesta Irizarry, líder comunitaria de Loiza, quien fue una de las deponentes en la vista ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington DC, este pasado mes de diciembre, dio las gracias por esa oportunidad y señaló que muchas veces se pierde de perspectiva la importancia de la participación ciudadana en muchos de los proyectos en el país. Reclamó que no solo hablaba por Loiza sino por las muchas personas que no tenían la oportunidad de expresarse, en alusión a la falta de vivienda. Reiteró la denuncia de que los fondos de recuperación para viviendas se dirijan a proyectos que no son para las personas necesitadas mucho menos para la población anciana. “Uno se tiene que indignar cuando se ve los proyectos presentados mucho para la zona turística”.

La líder comunitaria expresó su indignación con los que niegan que en el país haya pobreza y manifestó que todavía tiene compañeras que están repartiendo estufas, neveras, que hacen falta servicios médicos, el cierre de escuelas, e incluso no hay salud mental. “Somos seres humanos, tenemos derecho a la vivienda, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a una buena calidad de vida, a una buena calidad de educación”.

Demandas al gobierno de Estados Unidos y Puerto Rico dirigidas a atender las situaciones denunciadas

Derecho a Vivienda

1-HUD debe contestar formalmente los reclamos de grupos comunitarios del país en cuanto a los fondos CDBG-DR.

2-Ambos gobiernos deben: Informar qué harán con las familias que permanecen en programas de albergue temporero en Puerto Rico y en los EU; Realizar investigaciones completas sobre las denuncias de violencia, acoso, falta de alimentación, acceso a agua limpia, servicios de salud, y condiciones insalubres en los refugios.

3) Publicar los planes de mitigación de daños para zonas costeras susceptibles a inundación y zonas montañosas susceptibles a derrumbes o ríos fuera de sus cauces.

Derecho a la Educación

1- Asegurar la participación de los padres, madres y estudiantes en el proceso de reorganización escolar.

2- Detener el cierre indiscriminado de escuelas y atender las necesidades particulares de comunidades y estudiantes, enfatizando en aquellos en mayor vulnerabilidad.

3- Asegurar la ubicación adecuada de la niñez con diversidad funcional.

Derecho de Acceso a la Información, Libertad de Movimiento y Expresión

1- Que se adopte una ley de acceso a la información que garantice la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

2- Que se ordene la aplicación de estándares de transparencia y rendición de cuentas a la Junta de Control Fiscal, incluyendo el derecho de acceso a la información de rango constitucional que aplica a cualquier otra agencia del gobierno de Puerto Rico.

3- Que los gobiernos de Puerto Rico y estados Unidos hagan pública la información sobre: Todas las muertes que ocurrieron a causa de los huracanes y a causa de las fallas en los servicios médicos, eléctricos, sociales y de seguridad; y aquellas relacionadas a la falta de agua o al consumo de agua contaminada.

4- Que ambos gobiernos hagan pública toda la información sobre contrataciones efectuadas bajo el Estado de Emergencia; la disponibilidad y repartición de ayuda humanitaria; los arrestos ocurridos a raíz de la implantación del toque de queda; y el conocimiento que se tenía previo al paso del huracán María en relación a la pérdida inminente de electricidad y telecomunicaciones.

5- Que se investigue y procese a los agentes de la Policía que efectuaron arrestos ilegales, discriminatorios y abusivos; y que, se exonere inmediatamente a los jóvenes encausados por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

6- Que se detengan las prácticas de intimidación y brutalidad policiaca. Incluyendo el uso de gases, spray pimienta, movilización excesiva de agentes en manifestaciones, grabaciones de manifestantes, arrestos ilegales, arrestos tipo secuestro, impedir marchas y manifestaciones pacíficas.

Derecho a la Protección Ambiental

1- Iniciar inmediatamente la transición a fuentes de energía renovable y sustentable. Especial énfasis debe ponerse en la creación de micro-redes comunitarias que propendan a beneficiar a las comunidades en las que se desarrollen.

2- El gobierno rechazar cualquier proyecto nuevo que genere energía con combustibles fósiles, y debe negarse a renovar los contratos de compra de energía para las plantas existentes.

3- Descartar la incineración de desperdicios para generar energía en Puerto Rico.

Derecho al Agua, a la Alimentación adecuada y a la Agricultura

1- Asegurar que existan en las Islas de Puerto Rico, abastos suficientes de agua y alimentos para atender la emergencia.

2- Cerciorarse de que todas los niveles de gobierno, local, estatal y federal, conozcan su responsabilidad en el proceso de distribución de agua y alimentos.

3- Identificar e informar a la población de fuentes inseguras de agua.

CLARIDAD

Tras el paso del huracán María por la isla, unas 2,100 familias puertorriqueñas han estado hospedadas por meses en decenas de hoteles de la ciudad de Nueva York (NY) gracias al programa de Asisteçncia de Alojamiento Transitorio (TSA, en inglés) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Después del próximo 30 de junio, la agencia federal no les extenderá más plazos de vivienda a estas familias y a las otras miles que se encuentran distribuidas a través de varios estados de Estados Unidos. A partir del 1 de julio, estas famili†as tendrán que regresar – aunque no tengan seguridad de vivienda permanente en la Isla – o continuar en el estado y solicitar el servicio del Prevention Assistance and Temporary Housing (PATH), programa gubernamental que maneja los albergues o shelters en la ciudad.

Según parecería, el municipio de Nueva York y la agencia federal se han solidarizado con los y las puertorriqueñas víctimas del huracán que tuvieron la necesidad de trasladarse temporeramente allá porque se quedaron sin casa, trabajo o atención médica en la isla. Pero varias son las situaciones que han tenido que enfrentar estas personas.

“Si FEMA me hubiese dado todo ese dinero a mí, ya yo tuviera mi techo seguro, con cocina, y no estuviera pasando tanto trabajo. Lo que pagaron por nosotras por un mes aquí, me hubiera dado para un año de renta”, denunció telefónicamente en exclusiva para CLARIDAD Andrea Tejada, quien ha estado hospedada desde marzo 3 con su hija de cinco años en el Midtown Hotel (522 West – 38 street) de Manhattan y quien representa a las miles de familias.

Tejada se refiere a la cantidad que le ha pagado FEMA al hotel cada mes por la habitación que ocupa junto a su hija. Según lo que ha podido investigar la joven, un desembolso de $12 mil mensuales por habitación se hace entre la agencia federal y la administración del hotel. Las 15 familias puertorriqueñas que, como la de ella, se han hospedado en ese hotel a través de los últimos 9 meses realmente no han sido los beneficiarios directos de los miles de dólares que FEMA ha desembolsado por ellas, sino el hotel como corporación.

La denuncia de cómo se ha utilizado la emergencia de los puertorriqueños para continuar enriqueciendo al gran capital estuvo acompañada de la queja de que la agencia federal no se preocupa por las familias, “al contario, no saben el trabajo, frustración, agonía, agotamiento que hemos pasado”, dijo Tejada.

Como ejemplo, Andrea Tejada explicó que muchas veces las familias que conviven en el hotel han tenido que obviar la comida de la tarde “porque es caro comprar comida en Manhattan y el hotel no nos permite tener una arrocera en el cuarto. Solo tenemos una nevera pequeña por habitación y un horno microondas en el lobby”.

Parte del agotamiento de estas familias también ha provenido de la incertidumbre que ha ocasionado el no saber con anticipación si FEMA extendería o no el plazo de hospedaje. “Desde un principio FEMA sabía que hasta junio 30 extenderían la ayuda, pero nunca nos dijo eso, sino que nos han avisado un día antes de la extensión del plazo”, dijo quien experimentó la situación el 19 de abril. En esa ocasión, no sabía si tendría donde dormir al día siguiente.

Por otra parte, Tejada denunció que la agencia federal financió sus pasajes de regreso a Puerto Rico por la cantidad de $3,051. Para la joven, que regresa a la isla a buscar trabajo y casa, esta cantidad es “exagerada” y evidencia el trato que hizo FEMA con la agencia de viajes National Traveling.

Responsabilizar al gobierno

de NY

Andrea Tejada se fue de Puerto Rico con la ayuda de un tío que vive en Nueva York. Perdió la estabilidad en su trabajo y su casa en San Juan tras el paso de María. El detonante para irse fue que su hija de cinco años presenció un asesinato en el balcón de la casa de su abuela, incidente que le adjudica a la falta de energía eléctrica y a la inseguridad en las calles que había semanas después del paso del huracán.

Antes de hospedarse en los hoteles de FEMA, Tejada y su hija tuvieron que vivir en un albergue o shelter durante tres semanas porque la casa de su tío se hizo pequeña. El Prevention Assistance and Temporary Housing (PATH) le ofreció la habitación en el shelter, pero como había cualificado para la asistencia de FEMA, no podía estar recibiendo ambas ayudas a la vez. El 3 de marzo comenzó a vivir en el Midtown Hotel y a arreglárselas con el ingreso de un trabajo a tiempo y medio que consiguió; no tenía más opción.

El problema es que si no eres residente de Nueva York y si recibes la ayuda de FEMA, el gobierno de NY no puede interceder. Tejada representa a los miles de puertorriqueños a los que se les ha negado las ayudas que han solicitado a nivel gubernamental.

Ante esa situación, una portavoz de Juntos Unidos Por Puerto Rico, organización adscrita a la Coalición en Apoyo a las Familias Puertorriqueñas sin Hogar, comentó que “estamos poniendo presión para que la ciudad de NY se encargue de estas familias… Hay que responsabilizar a la ciudad de NY de que no dejen a esta gente en la calle”.

“El estado de Nueva York ha tomado una postura contundente de ayudar a los puertorriqueños, pues hay que retarlo para que se encargue de que estas familias se traten humanamente y con respeto porque son víctimas de un desastre natural”, continuó la portavoz.

Este 1 de julio, Andrea Tejada junto a su hija y comenzará desde cero nuevamente. Para ella, igual que para otras familias que se quedan sin techo a finales de este mes, ir a Estados Unidos no fue la solución.

ccotto@claridadpuertorico.com

El gobierno de Puerto Rico tiene muy poca credibilidad en el Congreso de Estados Unidos, en Washington DC, mientras los congresistas reciben continuamente la visita de cabilderos del sector energético procurando que se mantenga la Junta de Control Fiscal (JCF). Las denuncias fueron hechas por el Junte de Mujeres 2018 (M-18) en conferencia de prensa en donde dieron a dieron a conocer los resultados de sus presentaciones en las vistas del Comité de Descolonización de la ONU, y de sus reuniones con grupos de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos y con varios Congresistas en Washington DC.

En la conferencia celebrada en la sede del Movimiento Unión Soberanista (MUS) participaron las integrantes del M-18, Wilma Reverón Collazo, como presidenta del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), Alexandra Lúgaro, e candidata independiente a la gobernación, María de Lourdes Guzmán, presidenta del Movimiento Unión Soberanista (MUS), Mariana Nogales, presidenta del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, miembro del Partido Popular Democrático (PPD) y la periodista Wilda Rodríguez. La otra integrante del M-18, la vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño, Maria de Lourdes Santiago, fue excusada de la conferencia.

La alcaldesa de San Juan, quien hizo la salvedad de que estaba participando en la conferencia de prensa en horas de sus vacaciones, expuso sobre lo presentado en las reuniones en Washington DC. El que todas ellas han estado en contra de la JCF desde antes de que PROMESA se convirtiera en ley y continúan en contra por las razones ya esgrimidas de que es una colonial, antiobrera, represiva que le está imponiendo al pueblo puertorriqueño unas medidas de austeridad que se ha demostrado a través del mundo que no funcionan y que mientras se le da privilegio a la Junta se le quita privilegios al pueblo puertorriqueño. Además, enfatizaron mucho en que “no somos ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico, somos puertorriqueños que vivimos en una isla caribeña obviamente y por mandato de ley se nos impone ciudadanía americana, sobre eso, tenemos diferentes visiones pero todas estamos de acuerdo que no somos americanos viviendo en Puerto Rico, somos puertorriqueños, que Puerto Rico es una nación”.

La licenciada Wilma Reverón Collazo, destacó sobre el trabajo ante el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que este año se enfatizó en la crisis humanitaria que vive Puerto Rico luego del paso del huracán María. Esto debido al manejo tan deficiente que hicieron tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno colonial de Puerto Rico, el cual describió como “negligente y criminal”. Destacó que la presentación fue una fuerte en la que se le cuestionó al Comité el por qué después de 37 resoluciones no se ha logrado que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones bajo el Derecho Internacional y la urgencia de que la Asamblea General de la ONU atienda el caso de Puerto Rico sobre todo en estos momentos de crisis humanitaria.

Mientras, la licenciada Guzmán dio a conocer sobre la reunión sostenida con miembros de la diáspora en particular muchos de los cuales han trabajado en el Congreso de EE UU. La reunión dijo fue patrocinada por la SEIU. De esta reunión quedó constituído un Comité Coordinador, dirigido por la activista Melissa Medina Olmo, miembro de la ‘National Foundation for Puerto Rico Movement’ (NFPRM). El comité servirá de coordinador para lograr reuniones con congresistas de ambos partidos, ya que consideran que en EE UU no debe haber distinción entre uno y otro ya que en ambos partidos hay personas interesadas en conocer lo que está pasando en Puerto Rico.

“Fue interesante escuchar de voz de estos hermanos y hermanas puertorriqueños la alegría que para ellos representó conocer que hubiera un Junte de Mujeres que fuera a Washington a llenar un vacío, que ellos entienden que existe, específicamente en el espectro político que se concentra en Washington donde el discurso político está ocupado por el sector anexionista, que dice que nosotros realmente estamos encaminados gracias al gobierno federal y las Mujeres le presentamos la realidad de que estamos en una crisis humanitaria ”, declaró Guzmán.

Sobre las reuniones en Washington, la licenciada Nogales resumió la experiencia en la palabra “solidaridad” por parte de la diáspora. Entre las reuniones que sostuvieron esta la de la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez. Nogales comentó que ésta quizás representaba la reunión más difícil debido a que Velázquez, congresista por el distrito del Bronx, fue una de las que apoyó la Ley Promesa. Mientras por parte del M-18 uno de sus objetivos era explicar cómo los objetivos que se buscaban con la Ley Promesa han sido por completos opuestos. “Lo que tenemos es una Junta que aprueba la corrupción, que es corrupta en si misma que se ha estado abrogando poderes que no tiene para eliminar presupuestos tan importantes como son los de los Centros de Diagnóstico y Tratamiento”.

La congresista Velázquez se comprometió con el grupo a servir de facilitadora para lograr que el Comité de Recursos Naturales, que es el que atiende los asuntos de Puerto Rico presente un proyecto descolonizador en el 2019.

La reunión final fue con el también congresista boricua, Luis Gutiérrez, el cual igual se comprometió ayudar en lograr reuniones con personas dentro y fuera de del Congreso de EEUU para seguir llevando el mensaje de lo que está ocurriendo verdaderamente en Puerto Rico.

A preguntas de la Prensa las Mujeres del Junte se mostraron en una sola voz de que existe poca credibilidad en la información y datos que presenta el gobierno de Puerto Rico en el Congreso. “El sentimiento casi unánime es de que la información que lleva el gobierno de Puerto Rico es de falta de credibilidad, no hay credibilidad ni en los datos, ni en la información que da”, declaró Yulín Cruz.

En lo que respecta a las denuncias presentadas contra la JCF y la posibilidad de cambios Lúgaro, reveló que se les dijo que eso era totalmente imposible, además les cuestionaron que dónde estuvo su comisionado residente cuando se discutió la Ley Promesa y que incluso representantes del gobierno de Puerto Rico abogaron por la ley.

“Aquí se están gastando millones de dólares en cabilderos para que continúe la Ley Promesa hay tantas y tantas voces que visitan todos los días las oficinas de los congresistas para que siga en vigor una Junta de Control Fiscal”, declaró Lúgaro que les dijo una de las personas con las cuales se reunieron en Washington. Llamó la atención a que estos grupos tienen “los chavos” y hay tantos intereses a corto plazo, además hizo la anotación de que con el presidente Trump, un cambio de Junta puede ser igual de perjudicial lo que sería sacar algunos -miembros de la Junta- y sustituirlos por otros.

“Tenemos que entender que detrás de estas fichas se están moviendo intereses poderosos”. Ante estas circunstancias respecto a la posibilidad de que se elimine la Ley Promesa admitió que es sumamente cuesta arriba, que se va a requerir personas en el Congreso que estén dispuestos a tomar esas decisiones que estén comprometidas a derogar la ley. En ese contexto el M-18 recalcó la importancia de la diáspora.

Reverón Collazo señaló la importancia de la diáspora en la política estadounidense y cuanto puedan incidir lo que va a su vez depender de los resultados de las elecciones congresionales del próximo noviembre, aun así señaló que quien asuma el poder del Congreso -demócratas o republicanos- todavía la presidencia de Trump es una “difícil” de predecir.

/CLARIDAD

Mientras un torpe imitador de Mussolini, llamado Matteo Salvini, hace lo posible porque inmigrantes rescatados se mueran en el mar, cerrando los puertos italianos, el más importante evento deportivo del planeta, la Copa Mundial de Fútbol, se convierte en el escenario donde brillan ¡precisamente! quienes protagonizaron en otro momento el drama de la emigración. En la competición que se desarrolla en Rusia varios de los principales equipos europeos, fuertes candidatos a proclamarse campeones, están integrados mayormente por inmigrantes o por los hijos de éstos.

El caso más dramático es Francia donde casi todos los integrantes del onceno regular y al menos trece de los 23 integrantes de la selección, son inmigrantes o hijos de éstos. Nombres como Kyliam Mbappé, Ousmane Dembelé, Samuel Umtiti y Paul Pogba, para mencionar sólo algunos de los más destacados, nos conducen al África subsahariana. De allí vinieron directamente algunos de ellos, como Umtiti que nació en Camerún, o sus padres. Otro nombre, el de Nabir Fekir, nos lleva a Argelia, la combativa ex colonia de donde llegaron sus padres. Raphael Verane, defensa de Francia y del Real Madrid, nos traslada a nuestro Caribe, a Martinica, donde están sus raíces.

Bélgica es otro destacado mundialista con gran presencia de inmigrantes. Buena parte de los goles de ese equipo, nacen de los pies de Romelu Lukaku, nacido en Amberes y cuyas raíces viajan hasta el lejano Congo. Aquella productiva colonia que la monarquía belga –la del terrible Leopoldo– martirizó por largas décadas, no sólo envió materias primas a la metrópolis, también inmigrantes que ahora le dan gloria con el fútbol.

La historia de Lukaku es igual a la de muchos hijos de inmigrantes que ahora llenan de gloria a las selecciones nacionales de los países de acogida. En una entrevista narró que de niño se fue varias veces temprano a la cama para olvidar que no había comido y cuando lo hacía el manjar se reducía a pan con leche mezclada con agua. Su padre fue un destacado futbolista, pero no en la reluciente Europa donde los atletas como el joven Lukaku ahora reciben pagas millonarias, sino en el empobrecido Congo. Allí, el haber sido miembro de la selección nacional no lo libró de la pobreza que lo forzó a emigrar a la ex metrópolis, donde nació su hijo. Aquel niño negro de Amberes logró superar la pobreza y el rechazo social y hoy llena los estadios de Inglaterra (juega con el Manchester United) y Rusia donde, como decía un periodista argentino, los que van a verlo jugar gastan en una hora más que lo que él gastaba en alimentos durante un mes.

Entre los inmigrantes o hijos de éstos no sólo están los que llegaron empujados por la pobreza, sino también los que arribaron al país de acogida (lo de “acogida” en muchas ocasiones es un decir) huyendo de las guerras, la persecución política o la limpieza étnica. En la selección de Suiza hay dos de estos que, como Lukaku en la belga, producen muchos goles. Se llaman Granit Xhaca y Xherdan Shaqiri y aunque son ciudadanos helvéticos, sus raíces los llevan a los Balcanes, específicamente a Kosovo. Xhaka es hijo de un exprisionero político que, tras abandonar la cárcel, emigró a Suiza. Shaqiri, por su parte, nació en el país balcánico y emigró con sus padres dejando atrás el conflicto. Cuando a la selección suiza le tocó jugar contra Serbia, en este Mundial, ninguno pudo reprimir los conflictos que permanecen vivos en su sangre por el papel que tuvo el ejército y el gobierno serbio en las guerras balcánicas.

A muchos televidentes no les llamó la atención que tanto Xhaka como Shaqiri cruzaron sus brazos mientras celebraban con extrema euforia los goles anotados contra la selección serbia, pero resulta que el gesto fue un claro mensaje político. Aquellos goles fueron misiles de desquite y ambos, como buenos albanokosovares, los celebraron dibujando con sus brazos el águila de dos cabezas que está en la bandera de Albania. Ahora, por la expresión política que hicieron celebrando la anotación, enfrentan sanciones de la FIFA.

El deporte, por más que quieran los puristas, no puede abstraerse de la realidad sociopolítica. La gran presencia de hijos de inmigrantes en los equipos que juegan en Rusia, particularmente en las selecciones europeas, es sólo uno de los muchos ejemplos positivos que estas oleadas han traído a Europa. Llegan superando el rechazo y deben sobrevivir en medio de la pobreza y la escasez, pero representan una aportación enorme para la economía y el desarrollo social. De paso, alteran la monotonía racial y enriquecen las culturas con nuevas aportaciones de todo tipo, entre las que destaca el deporte.

Cada partido jugado en Rusia por las selecciones europeas retrata esa realidad. Mientras la disfrutamos, es inevitable soñar con que ese ejemplo ayude a amortiguar el rechazo que tanto en Europa como en América se manifiesta contra los que llegan buscando una oportunidad para trabajar. Por acá, particularmente en Estados Unidos, lo que se respira no es solo rechazo, sino puro odio, alimentado por un presidente que ya tiene muy cuajado un espacio entre los inmortales de la maldad.

Este campeón del oprobio tiene sus contrapartes en el viejo mundo. Uno de ellos es Matteo Salvini, el actual Ministro de Interior de Italia, quien en uno de sus primeros actos en el cargo impidió el arribo a puertos italianos de un barco, el Aquarius, que transportaba inmigrantes rescatados en el Mediterráneo. La selección italiana no cualificó para el Mundial de Rusia, a pesar de su pasado como campeona del torneo, pero en esa selección también hay hijos de inmigrantes. Qué lástima que Salvini no pueda verlos jugar junto a los Pogba, Umtiti, Lukaku y tantos otros que hoy prestigian a las selecciones europeas.