El presidente de la Asociación de Profesores y Profesoras del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM), Marcel Castro Sitiriche, urgió a sus colegas de todos los recintos a unirse en la defensa de la Universidad, a defender el argumento de la importancia de la UPR en lo social y económico, su impacto multiplicador sobre la economía del país y el de cada uno de los recintos.

“El comentario de Rosselló de que no se pueden tener recintos por tenerlos, en este momento en que estamos ahí tal vez el gobernador nos da una razón para unirnos, no los tenemos por tenerlos lo que hay que trabajar los datos de cuánto es lo que aporta cada recinto, qué paso cuando vino el huracán, cómo aportaron a la recuperación del país”.

La reacción de exhortación a sus colegas y en respuesta a declaraciones del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, de Castro Sitiriche se dieron durante un foro celebrado en el recinto de Cayey, el viernes 2 de marzo, sobre el pleito que APRUM lleva bajo el Título III de la Ley Promesa y la divulgación del documento Plan SoS UPR, preparado por APRUM y otros grupos universitarios.

Una primera versión del Plan Sos le fue entregado al gobernador Rosselló Nevares, a la JCF, a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), a la Junta de Gobierno de la UPR y a la Junta Universitaria de la UPR el pasado mayo del 2017. Este pasada semana APRUM dio a conocer una segunda versión del documento, el cual dijo esperan divulgar a toda la comunidad universitaria.

El profesor de ingeniería del RUM indicó que el Plan SoS UPR 2.0 difiere de las premisas que, hasta el momento, se han hecho públicas sobre el Plan Fiscal para la UPR que prepara el liderato actual de la institución. Asimismo, reclamó que el Plan SoS UPR 2.0 reta con amplia evidencia y propuestas concretas los hondos recortes que la JSF pretende imponer, sin justificación ni explicación alguna a la UPR y que se sumarían a una trayectoria de varios años de recortes a la institución, que el Plan SoS UPR 2.0 también documenta.

Además destacó que “el Plan SoS ha sido crucial para el pleito legal bajo el Título III de la ley Promesa que lleva la APRUM como “acreedor social solidario” del Gobierno de Puerto Rico.

La segunda versión del Plan SoS UPR 2.0, dado a conocer esta semana contó con contribuciones de decenas de colaboradores, entre ellos reconocidos economistas y expertos en distintas áreas.

De acuerdo APRUM luego de analizar la trayectoria e impactos de los recortes a la UPR en años recientes, los que calificó como desastrosos—el Plan SoS UPR 2.0 analiza tres modelos de alternativas a los excesivos recortes propuestos hasta la fecha por la JSF y aceptados por el Gobierno y por la mayoría de los constituyentes de la actual Junta de Gobierno de la UPR. Las propuestas son: una enmienda al borrador del PFG para que re-distribuya el mayor peso de la reducción de la inversión gubernamental a créditos e incentivos contributivos privados. Se estima por los economistas que estos créditos representan $500 millones anuales. La segunda alternativa que se presenta es que se cumpla con la Ley 2 de 1966 según enmendada, que invierte un 9.6% de los ingresos al Fondo General de Puerto Rico en la UPR; y la tercera propone una reducción moderada de la aportación pública a la UPR.

Los profesores resaltaron que el Plan SoS se concentra en lo importante que es poner en contexto la magnitud de los recortes que se pretenden imponer a la UPR y propone, en resumen, “que la asignación gubernamental para la UPR sea justa, de modo tal que se sitúe en un punto medio entre los escenarios extremos del empobrecimiento propuesto por el Gobierno (recibiendo apenas $410 millones anuales en el 2023) y el ideal de aplicar la fórmula de 9.6% anual de todos los recaudos ($1,150 millones anualmente)”.

El Plan además propone que como posibles fuentes de ingresos adicionales a la UPR, entre otras ideas, se aplique un impuesto progresivo al consumo de lujo (discrecional), según el lema “que aporte más quien más tiene;” un modelo de contribución de egresados de la UPR (que ya había sido planteado en la primera versión del Plan); un modelo de “responsabilidad social universidad-estudiante;” el fortalecimiento del acuerdo colaborativo entre la UPR y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), a los efectos de ofrecer grados universitarios a la población privada de libertad.

La APRUM reclamó que el Plan parte de un análisis de los efectos estimados de combinar diversos escenarios de nuevos ingresos, por lo que hace recomendaciones concretas. Estas responden siempre a la lógica conceptual del “government social right sizing,” en lugar del “right sizing” al que se adhieren la JSF y las autoridades locales. El “right sizing” no hace más que recortar, en lugar de sumar, en todas las áreas de bienestar e impacto social, haciendo prácticamente imposible la recuperación del país, según ha sido ampliamente documentado por economistas de fama mundial, tales como Joseph Stiglitz.

El texto completo del Plan SoS UPR 2.0 se encuentra en línea en: protestamos.net

Desde organizaciones feministas, magisteriales, partidos políticos, grupos culturales, organizaciones defensoras de los derechos humanos se unieron este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, para manifestar su apoyo a la joven Nina Droz Franco, en un piquete frente al llamado Tribunal Federal, Tribunal del Gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico.

La joven Droz Franco, es la única persona de 3 manifestantes que fue arrestada por la Policía de Puerto Rico durante los incidentes en la manifestación del 1 de mayo de 2017, (la cual se llevó a cabo frente a las oficinas de la Junta de Control Fiscal, JCF), cuya jurisdicción fue asumida por el gobierno de EE UU. Desde ese mismo día fue ingresada en prisión, siendo acusada de intento malicioso para causar daño al edificio del Banco Popular Center, lo que interfiere y afecta el comercio estatal y un segundo cargo de conspiración malicioso para pegar fuego con objeto de hacer daño. Como parte de una negociación con la fiscalía Droz Franco, se declaró culpable del segundo cargo, por lo que se supone que el primer cargo se “cae”, es decir no procede.

Para el movimiento contestatario en Puerto Rico la intervención del gobierno de EE UU en el arresto y su rudo procesamiento contra Droz Franco, tiene el propósito de servir como acto disuasivo contra las manifestaciones de rechazo y u otros actos en repudio a las medidas fiscales impuestas por la Junta de Control Fiscal (JCF), a su vez impuesta por el Congreso de Estados Unidos bajo la llamada Ley PROMESA.

En tanto la fecha del 8 de marzo cobró doble significado debido a que se suponía que la lectura de sentencia contra Droz Franco fuese este pasado jueves ocho de marzo y fue precisamente el 8 de marzo del 2017, cuando organizaciones feministas celebraron la primera manifestación en contra de la JCF. La lectura de sentencia se espera que sea este miércoles 14 de marzo.

“A Nina acompañamos este ocho de marzo”, fueron algunas de las consignas de apoyo que se escucharon durante el piquete frente a la Corte federal. Entre los presentes estuvieron la madre de la joven, Aurea Franco Ortiz y su hermano, Carlos Droz Franco. A preguntas de CLARIDAD, Franco Ortiz, comentó que ha podido visitar a su hija de tres a cuatro veces en semana luego de su traslado nuevamente a Puerto Rico, y aunque siempre hay sus molestias por parte de las autoridades las han podido superar.

En tanto el portavoz del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico (CPDH), organización que ha liderado las campañas en favor de la excarcelación de los prisioneras y prisioneros políticos puertorriqueños, expuso sobre la validez del apoyo a Droz Franco. El licenciado Eduardo Villanueva, presente en la actividad, señaló a CLARIDAD que en el esquema jurídico de los EEUU y del gobierno de Puerto Rico no está estatuido, ni reconocido institucionalmente el derecho a la auto determinación e independencia de los pueblos. “Eso es un derecho internacional y un derecho humano porque no existe una violación mas severa a parte de la privación de la vida que privar de la libertad a una nación como Puerto Rico por lo tanto luchar por cualquier persona que haya efectuado acto en defensa de la nación, en defensa del derecho a la auto determinación, en defensa del derecho de los trabajadores a que se respeten los derechos adquiridos por ellos es también consistente absolutamente con la prédica de la defensa de los derechos humanos y eso es lo que ha hecho Nina”.

Al traer a la atención el que la joven fue la única arrestada y procesada en la esfera federal por los acontecimientos del 1 de mayo dijo que a su juicio la han convertido en un símbolo para disuadir a la lucha de los trabajadores, a la lucha de los estudiantes y en general a la lucha del pueblo de Puerto Rico a su auto determinación e independencia y “por eso este pueblo tiene una deuda ética y moral con Nina”. Además de que la manera en la que la han tratado las autoridades es una injusta y desproporcionada a los actos que se le imputan.

Ante el hecho de que la lectura de sentencia está en manos de la juez Aida Delgado, reconocida por su severidad, Villanueva expresó que la juez Delgado tiene en el historial del Tribunal Federal en Puerto Rico un ejemplo que si lo siguiera pudiera distinguirla de una juez que lo que hace es leer estrictamente el derecho y aplicarlo mecánicamente, y ser una juez con sentido de justicia y con respeto por los derechos humanos.

Continuó que el ejemplo lo tiene en el juez Hiram Cancio, cuando ante el entonces estudiante Edwin Feliciano Grajal en la época de la guerra fría durante la guerra de Vietnam desafió al gobierno de EE UU y rehusó ingresar al Servicio Selectivo.

El juez Cancio lo reconoció como un preso de conciencia y en lugar de echarle la pena más severa que podía echar le echó una hora de cárcel. Villanueva acotó que esa opinión del juez Cancio reconociendo lo que es un prisionero de conciencia y un defensor de los derechos humanos de estudia en las escuelas de Derecho como el ejemplo de un juez que toma en cuenta no solo el derecho positivo sino también el derecho natural. “La juez Delgado tiene ahí un precedente, si Delgado quisiera distinguirse de lo que ha sido su carrera represora hasta el momento pudiera utilizar el caso de Nina para distinguirse”, declaró.

A mi Borikén

Durante décadas hemos sido esclavos de una gran potencia que invadió e impuso su bandera, cuando luego de 400 años de coloniaje español íbamos a tener un poco de autonomía.

Persiguió durante décadas a miles de puertorriqueños simplemente por amar su Patria tal cual ellos aman la suya. Condenó su bandera, esterilizó al 75% de nuestras hembras para así poder eliminar al puertorriqueño y reemplazar con el anglosajón.

Tuvo gobernantes norteamericanos tan ineptos, que no conocían nuestro idioma, ni nuestra cultura, sólo por favores políticos. Abusó de nuestros macheteros de la caña. Tuvo tiranos tan grandes como Winship o un Riggs. Un Muñoz Marín que traicionó a nuestro terruño. Negándole su soberanía, negándose al Tydings-McDuffie o el Tydings-Piñero, y su gran mentira de su “Pan, Tierra, LIBERTAD”. Marioneta del FBI por su consumo de chandoo con el Georgie Yee. Georgina Maldonado pudo haber sido una heroína, pero el tirano la eliminó muy temprano. Esos 13 minutos de terror en Ponce nunca serán olvidados. El poco humanismo de La Princesa está impregnado en sus paredes. El dolor, el sufrimiento.

Pero como todo, siempre hay otro lado; gracias a un José, a Vidal Román, al Maestro, al Águila Blanca, a una Blanca Canales. Gracias a los Cadetes de la República, y también a las Hijas de la libertad. Hay muchos villanos en nuestra historia, pero también Héroes /Heroínas. Hay cobardes y valientes. Ésos son los que hacen la diferencia. Los que hacen la historia. Los que no tienen miedo. Los que luchan sin mirar hacia atrás. Los que prefieren morir jóvenes y hacia atrás. Los que prefieren morir jóvenes y hacen algo por nuestra Patria, por nuestra humanidad, que en una cama, viejo y ciego, con remordimiento por haber dejado de hacer las cosas realmente importantes. En toda batalla hay perdidas, pero perdidas no es sinónimo de derrota. Hay que luchar y hacerlo sin miedo. El miedo es nuestro peor enemigo. Tenemos que hacer historia, hacer el bien por nuestra Patria, por nuestro prójimo. En muchas ocasiones he escuchado “no puedo cambiar el mundo”, yo creo que sí. Si puedo cambiar una sola vida positivamente, ya estoy haciéndolo. Es momento de dejar el miedo a un lado. El miedo sólo deja derrota. Qué nadie se deje pisotear, ni permitir ningún tipo de abuso, ni hacia ustedes ni hacia ningún ser vivo. Luchen por lo que crean, por lo correcto. Por nuestra libertad, por los derechos de los que no tienen voz, vivo y muero.

En lucha,

Nina

Quienes conocen un poco de nuestra historia recordarán que desde principios del siglo XX la persona a cargo del sistema de instrucción pública tenía el título de “Comisionado de Educación”. Aquellos señores (obviamente todos fueron varones) venían de Estados Unidos, hablaban en inglés y creían tener la “misión” de educar a los puertorriqueños. ¿Alguna diferencia con lo que ocurre ahora en el Departamento de Educación? Bueno, realmente una, que la persona de ahora es mujer. En todo lo demás la actual Julia Keleher nos recuerda a los comisionados que comenzaron a llegar en 1900.

Fue la Ley Foraker de 1900, el primer estatuto colonial impuesto por Estados Unidos a los puertorriqueños, la que creó el cargo de “Comisionado de Educación”. Como se trataba de un puesto políticamente muy importante, la ley dispuso que la selección de la persona a ocuparlo correspondía al presidente estadounidense, al mismo nivel que el gobernador colonial. Tanto el cargo junto con el requerimiento de nombramiento presidencial se mantuvieron en la Ley Jones de 1917, la que sustituyó la Foraker.

La importancia del funcionario estaba directamente unida a la política oficial dirigida a “americanizar” a los puertorriqueños y el sistema educativo a ser creado y administrado por aquel delegado presidencial era (y es) una institución clave en ese esfuerzo. De ahí que se aseguraran el control directo vía la designación presidencial.

Aquella política quedó muy clara en las primeras acciones del gobierno militar que se instauró tras la invasión de 1898. “Si el sistema escolar público se deja en manos negligentes e ineficientes”, dijo en 1899 Victor Clark, funcionario del gobierno militar a cargo de estudiar el sistema educativo, “el despertar del pueblo quedará aplazado indefinidamente. Si se permite que el sistema siga siendo europeo, es posible que el desarrollo del sistema escolar pueda inducir a la disminución de las simpatías fundamentales hacia el gobierno del cual forman parte… La gran masa de puertorriqueños es todavía pasiva y maleable… Sus ideales están en nuestras manos para crearlos y moldearlos.”

El primero de los comisionados enviados a Puerto Rico con la tarea de “moldearnos” fue Martin G. Brumbaugh, quien llegó a la Isla en el mismo 1900 y estuvo hasta 1902. La lista de los que le siguieron es larga – Lindsay, Falkner, Dexter, Bainter, Miller – hasta que en 1929 quisieron nombrar un puertorriqueño con más pretensiones integradoras que las de los propios gringos: Juan B. Huyke. A Huyke le siguieron otros dos con nombre latino pero también enviados desde allá: Padín y Gallardo. Todos hicieron lo indecible por adelantar la política oficial dirigida a “americanizarnos” y todos fracasaron. Por más de cuarenta años estuvo vigente el decreto que designaba el inglés como vehículo de enseñanza, elemento fundamental de la política oficial, pero nunca logró su objetivo. A fin de cuentas, ya casi a mediados del siglo, le tocó a un puertorriqueño, Mariano Villaronga, emitir la carta circular que reconocía el castellano como vehículo instruccional y que, de paso, certificaba el fracaso de la política asimiladora.

Aunque los comisionados fracasaron y, tras más de casi cinco décadas, el idioma y la identidad de los puertorriqueños terminaron imponiéndose, realmente la política oficial dirigida a integrarnos a Estados Unidos nunca ha sido abandonada. Cuando al mando de la colonia está un partido político abiertamente anexionista, los esfuerzos se intensifican. El actual, el de Ricardo Rosselló Nevárez, ha querido imitar a aquellos de principios del siglo XX y en lugar de nombrar a un puertorriqueño para dirigir el Departamento de Educación, fue hasta a buscar una al continente del norte. Así es como Julia Keleher siguió los pasos que en 1900 comenzó a andar Martin Brumbaugh.

Curiosamente, tanto Keleher como Braumbaugh son nativos de Pennsylvania y, con una distancia de 116 años, vienen a tratar de adelantar la misma política aunque, a decir verdad, hay algunas diferencias entre uno y otra. Cuando Brumbaugh llegó Puerto Rico tenía un sistema educativo rudimentario, mientras Julia encuentra una estructura enorme que, aunque menguada en la última década, acoge a más de 300 mil alumnos. Hay, además, otra diferencia aún más importante. En 1900 Brumbaugh se impuso a sí mismo la tarea de construir un sistema partiendo del que había, que era pequeño. Julia, por su parte, llega con la misión de destruir el que ya tenemos para montar otro que ni ella misma conoce. Las escuelas tradicionales serán sustituidas por otras llamadas “charter”, que sólo parece gustarles a los que ya se afilan los colmillos pensando guisar del presupuesto público.

Repasando escritos y declaraciones de aquel Brumbaugh encontramos similitudes importantes con la actual comisionada Keleher: ambos desconfían de los puertorriqueños que deben dirigir, los minimizan y, sacando a flote la arrogancia imperial, no soportan la disidencia. En 1901 decía Brumbaugh: “Me veo obligado a observar lo que a mi entender es una desgraciada falta de espíritu profesional por parte de algunos de los profesores… como no pueden controlar, desacreditan. Recurren a prejuicios políticos en lugar de atender sus obligaciones, y cuando se les presenta la menor ocasión se dirigen al pueblo con artículos extravagantes. “

Julia actúa con la misma arrogancia de Brumbaugh y manifiesta el mismo desprecio hacia los empleados de su Departamento. Cuando en alguna actividad pública alguien se atreve a levantar alguna crítica a sus gestiones, la actual comisionada se levanta, tira sus cosas y se va. Además, igual que Brumbaugh con los maestros, Keleher cree que los trabajadores sociales que le ha tocado dirigir no tienen “liderato” ni capacidad “gerencial”.

Hay, sin embargo, una gran diferencia. Hasta donde se sabe Brumbaugh no era un derrochador de fondos públicos ni gestionaba contratos extravagantes para pequeños propósitos como el que Keleher acaba de firmar con el Josephson Institute of Ethics por $16.9 millones. Es cierto, debe admitirse, que esa empresa viene a enseñarnos “valores” para que algún día seamos capaces de formar parte de aquella nación y tal vez eso justifique el gasto. Allá, como sabemos, sobran los valores y por eso eligieron a alguien tan virtuoso como Donald Trump.

Citas tomadas de: La americanización en Puerto Rico y el sistema de instrucción pública de Aida Negrón de Montilla.