La exigencia de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, de que la Universidad de Puerto Rico (UPR), enmiende su plan fiscal para un aumento de matrícula y la eliminación de recintos, no tomaron por sorpresa al abogado experto en procesos de reestructuración de quiebra y litigación compleja, Rolando Emmanuelli.
Las expresiones se dieron ante un grupo de profesores del Recinto de Cayey de la UPR, durante una exposición sobre el curso que ha seguido la impugnación presentada por la Asociación de Profesores y Profesoras del Recinto Universitario de Mayaguez (APRUM) ante el proceso del Capitulo III de la Ley Promesa, bajo la juez Laura Taylor. El experto en procesos de quiebra narró que junto a su compañera de bufete Yazmín Colón Colón, estudiaron el proceso legal de la Ley Promesa lo que les permitió desarrollar una serie de planteamientos, entre éstos el concepto de acreedor social. A partir de éste y otros planteamientos se presentó el caso de APRUM.
Según explicó el punto más neurálgico que plantea APRUM es que la JCF está imponiendo una serie de medidas que son extremadamente dañinas para la UPR que la llevarán a su eliminación. La demanda fue enmendada para incluir los daños que alegan las y los profesores(as) recibirán con las determinaciones de la Junta.
Emmanuelli fue enfático en denunciar que lo que quiere la JCF es la eliminación del sistema universitario, dado a que la UPR tiene la capacidad de pagar su deuda, en términos de los bonos que ha emitido y lo que la va a meter en la encrucijada de no poder pagar su deuda son las medidas que “voluntariamente” está tomando la JCF en conjunto con el Gobierno de Puerto Rico para impedir que tenga acceso de la fórmula universitaria, por lo que es una quiebra forzada. Contrario a lo que ha sido el historial del gobierno de Puerto Rico que por años ha tomado prestado para financiar gastos operacionales y que sabía que eventualmente no iba a poder seguir pagando su deuda, en el caso de la UPR ha estado cumpliendo con sus compromisos porque tenía una garantía mínima de pago que se ha ido menoscabando pero que daba para pagar los bonos.
No obstante, indicó que ahora con el nuevo Plan Fiscal del Gobierno (PFG) -el cual todavía no está certificado- al final se ve que la UPR entraría en un impago de su deuda y eso la obligaría a entrar en dos posibles procesos legales. Un proceso sería bajo el de Título 6 que es la sección de la ley Promesa que establece la negociación voluntaria con sus acreedores de bonos pero que no es un proceso que lleve obligatoriamente a un ajuste de deuda porque es voluntario. Describió que bajo este proceso si los acreedores se sientan en la mesa y no llegan a ningún acuerdo entonces ahí ellos no renuncian a su derecho de iniciar acciones legales que pongan en precario a la UPR porque las acciones conllevarían el embargo de bienes y las cuentas de la Universidad con las consecuencias que eso trae.
En caso de que no se llegue a un ajuste o recorte de la deuda mediante esa negociación la única alternativa que le queda a la UPR es radicar un caso de quiebra bajo el Titulo Tres de Promesa. El requisito principal para radicar esta acción es que la UPR tenga ya su PF. El abogado con preparación en Ciencias Políticas dijo que esta acción llevaría a la UPR a un proceso muy lamentable donde se perderían las ayudas federales. Esto porque el Departamento de Educación de Estados Unidos tiene unas disposiciones que regulan a las instituciones educativas que entran en quiebra y entonces en lo que se somete el PF y se da el pleito -por lo que ha podido estudiar- eso podría obligar que la UPR pierda lo fondos federales, “eso sería catastrófico porque la Universidad de Puerto Rico está dando un servicio a una población que requiere de las becas para poder tener acceso a la educación”, reclamó.
Emmanuelli expresó que en la demanda de APRUM uno de los planteamientos es que no solamente la UPR es el mecanismo de movilidad social que tiene la población en Puerto Rico, sino que todavía están llegando al sistema universitario jóvenes de primera generación. Se le ha planteado al tribunal que la sociedad va construyendo sobre esa plataforma de acceso a la educación y en ese sentido permite una movilidad social, pero si se cortan los recursos y los accesos que hay para esa educación va a haber un golpe en la capacidad de las personas y las familias de superarse lo que también tiene un impacto enorme en la economía. La demanda incluye un análisis económico elaborado por los profesores de economía José Alameda y Alfredo González que prueba que la inversión que se hace en la educación universitaria tiene un efecto multiplicador particularmente en los pueblos que tienen recintos y que son pueblos pequeños, por lo que la UPR cumple una función social y económica fundamental en el país. Ante estos hechos se plantea en la demanda que la Ley Promesa tiene entre sus disposiciones que la JCF tiene que hacer un plan fiscal velando porque se protejan los servicios esenciales. En ese sentido denunció que la Junta no ha cumplido con su deber de definir qué son los servicios esenciales y lo que ha habido es un juego de “pin pon” entre la Junta y el Gobierno, sobre a quién corresponde definir cuáles son los servicios esenciales, pero en el PF no hay ninguna definición.
No habiendo una definición de lo que es un servicio esencial conforme lo ordena la Ley Promesa, Emmanuelli apuntó que se han certificado unos planes fiscales donde no aparece ese requisito de ley, lo que a su vez le permitió analizar que se podía llevar un pleito contra la JCF para impugnar su determinación de no haber incluido a la UPR como un servicio esencial, ni siquiera la ha categorizado como un servicio y por eso es que le imponen unos recortes tan dramáticos. La JCF le ha exigido a la Junta de Gobierno de la UPR recortes en su presupuesto por más de $500 millones en cinco años.
El conocimiento de Emmanuelli sobre las exigencia de Jaresko parte de su participación en el proceso de mediación confidencial que mantienen varios acreedores con el gobierno para tratar de resolver las controversias sobre las prelaciones de pago en el cual aunque todavía la UPR no es una prioridad se supone que llegue a serlo.
La mediación se interrumpió por el paso de los huracanes lo que desvió la atención de este trámite y todavía no hay calendario acordado para abordar ese aspecto. Al presente, debido a que la JCF no certificó el primer PFG, ni el de la UPR, esto le dio espacio a la APRUM para poder entrar en un proceso de negociación cara a cara, esta vez con Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), con la Junta de Gobierno de la UPR y eventualmente con la JCF para poder aportar en el proceso del PF de la UPR.
En tanto el espacio de negociación entre los citados entes permitió una pausa en los procesos de mociones de desestimación radicados por la JCF de que APRUM no tienen “standing” para demandar porque los profesores no son acreedores del gobierno de Puerto Rico y todavía la UPR no tiene un caso de Título III. El reto ahora para APRUM es el cómo la juez Taylor va a evaluar la moción de la JCF y cómo o cuánto van a poder los profesores influir en la preparación del Plan Fiscal de la UPR, mediante su estudio, Plan SOS UPR.
De no lograr cambios significativos en los planes fiscales todavía los profesores tendrían 21 días para enmendar la demanda de manera que puedan ajustarla al nuevo PFG que todavía no ha sido certificado y que puedan tomar en cuenta los señalamientos que ya ha hecho la jueza Taylor en torno a cuál es el espacio que tiene un acreedor en esta etapa de los procedimientos.
Mientras, se supone que el gobierno tiene hasta el 29 de mayo para presentar su plan de ajuste de deuda para ver en qué posición queda la UPR. El representante legal de APRUM señaló que una determinación de la Jueza que es buena para el caso es que hay que mirar si el plan fiscal es constitucional y si afecta los derechos conforme están protegidos por la constitución de EE UU. En esa dirección explicó que la juez Taylor determinó en el caso de unos bonistas el que los planteamientos de naturaleza contractual presentados no eran válidos en este momento porque ella estimó que había habido suficiente justificación de parte del gobierno de Puerto Rico para aprobar las leyes que establecieron la moratoria del pago. “Es una apreciación que la jueza hace sobre los méritos constitucionales pero deja el espacio para que una reclamación constitucional se pueda llevar”, concluyó Rolando Emmanuelli.
