Comisión Ciudadana para la auditoría del crédito público
CLARIDAD
La Junta de Control Fiscal (JCF) ha impuesto requisitos adicionales a los establecidos por la ley PROMESA, lo que extiende su permanencia al menos por los próximos seis años, advirtió la Comisión Ciudadana por la Auditoría del Crédito Público (CCACP) en su más reciente informe ¿Cuándo se va la Junta?
En el informe, la Comisión examina los requisitos estatutarios para la salida de la Junta, el estatus del proceso de quiebra, las expresiones del Gobierno. “Nuestra conclusión es que si bien el proceso judicial de quiebra está pronto a completarse, la Junta no planifica irse voluntariamente, como menos, en los próximos 6 años o hasta el 2030”, expresó la licenciada Eva Prados, directora ejecutiva de la Comisión.
El cuestionamiento de cuándo la JCF cesará sus funciones toma prominencia dado al hecho de que la deuda que queda por restructurar es la de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El informe de la Comisión Ciudadana repasa que para el pago de la ‘nueva’ deuda ya se ha restructurado la deuda de COFINA, la del Gobierno central, la Administración de Retiro, la Autoridad de Edificios Públicos y la de Autoridad de Carreteras. Para estas restructuraciones se han recortado pensiones, reducido el presupuesto público de servicios esenciales y aumentado el costo de vida, con el fin de pagarle lo más posible a los fondos buitre de Wall Street. Ejemplos del costo de estas reestructuraciones en los cuales repara el informe es la reducción en más de un 50 % al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el que decenas de municipios están en riesgo de desaparición por la eliminación del Fondo de Equiparación, ambas medidas tomadas para garantizar el mayor pago a los bonistas en el Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno central.
Los requisitos que establece la Ley PROMESA en su sección 209 para la salida de la JCF es que el Gobierno deberá: uno, lograr acceso a los mercados de crédito a tasas de interés razonables; dos, por cuatro años consecutivos desarrollar presupuestos de acuerdo al sistema de contabilidad de base modificada de acumulación y, tres, que por cuatro años consecutivos los gastos de cada año fiscal no sobrepasen los ingresos para ese mismo año.
Estas condiciones establecidas por PROMESA constituyen el establecimiento de una ideología de conservadurismo fiscal para Puerto Rico desde el Gobierno de Estados Unidos, indica el informe. Entre otras cosas, el conservadurismo fiscal promueve un limitado gasto público, incluso para servicios esenciales como la educación y la vivienda, y el no aumento de impuestos, en especial, a las grandes corporaciones. El objetivo es priorizar en que los presupuestos del Gobierno siempre estén balanceados. Estas condiciones colocan los intereses de los bonistas e inversionistas por encima de las necesidades de las mayorías del pueblo, sin importar sus graves consecuencias económicas y sociales para las comunidades más vulnerables que dependen de ayudas gubernamentales.
El análisis de la Comisión Ciudadana trae a la atención que el régimen de PROMESA coincide con la mayor asignación de fondos públicos federales a Puerto Rico de los pasados 20 años, por lo que la Junta aprovechó el impacto económico de estos fondos para ofrecer más dinero a los fondos buitres durante la reestructuración de la deuda del Gobierno central.
Los criterios de la Junta
Aunque según PROMESA es la Junta la quien decide si el Gobierno cumplió con los requisitos para certificar su disolución, los parámetros para cumplir con los requisitos fueron elaborados por primera vez en el Plan Fiscal de 2024. Estos parámetros, denuncia la Comisión, “no dejan duda de que la Junta busca extender su estadía en Puerto Rico lo más posible. Por medio de tecnicismos afirman que no se ha cumplido con ninguno de los requisitos”.
Los nuevos requisitos establecidos por el director ejecutivo de la JCF, Robert Mujica, son, en primer lugar, que el Gobierno es quien debe presentar los cuatro presupuestos certificados, no la Junta. Segundo, que el Gobierno debe elaborar planes fiscales de cinco años y, tercero, prohibir la aprobación de leyes que conlleven a gastos sin fuente de financiamiento identificada. Con estas condiciones la JCF deja implícito que como mínimo estaría operando hasta el 2030.
En esa dirección, la JCF, en la cuarta parte del Plan Fiscal 2024 comienza por “clarificar” que los tres requisitos para su salida lo tienen que cumplir todas las instrumentalidades públicas cubiertas por PROMESA y no solo el Gobierno central. Es decir, el Gobierno central, las corporaciones públicas y los municipios.
A juicio de la Comisión Ciudadana, la implementación de estos requisitos a las finanzas de los municipios sería fatal dado a que cuadrar caja pasaría a ser un objetivo más importante que brindar servicios adecuados a los ciudadanos. Aun cuando la Junta dice reconocer que podría hacer excepciones a las agencias que desee, todavía no ha determinado cuáles corporaciones públicas o municipios tendrán que cumplir con estos requisitos.
El acceso los mercados
Sobre la posibilidad de que el Gobierno de Puerto Rico pueda volver a tener acceso al mercado de bonos de forma adecuada para lo que se requiere, entre otros asuntos, demostrar que existe capacidad de repago, de que hay los ingresos para pagar la deuda contraída y que tiene transparencia fiscal, como la publicación de los estados financieros auditados a tiempo. La Comisión además de poner en duda el que se logren las tazas “razonables”, repara en que la Junta se atribuye que desarrollará criterios similares a los utilizados por las casas acreditadoras para certificar que, en efecto, el Gobierno posee la capacidad de acceder de manera adecuada al mercado de bonos. En otras palabras, es la Junta la quien va a decidir si el Gobierno puede o no salir al mercado de bonos.
La postura de la Junta de crear nuevos criterios para poder acceder a los mercados fue objetada por el ahora exgobernador Pierluisi, quien consideraba que debe ser el «mercado quien hable».
En cuanto al cambio de contabilidad para preparar el presupuesto de una contabilidad en efectivo a una de contabilidad de base, la Junta señala que el Gobierno siempre ha elaborado sus presupuestos a base a una contabilidad en efectivo. La diferencia entre ambos sistemas estriba en cómo contabilizan los gastos. La contabilidad en efectivo reconoce los gastos solo cuando se hace el desembolso para pagar. La contabilidad de base reconoce los gastos cuando las obligaciones son incurridas, es decir, desde que se compromete y no cuando se efectúa el desembolso. Según la Junta, la contabilidad en efectivo contribuyó a las prácticas presupuestarias que generaban déficit.
Los presupuestos balanceados
Ahora la Junta afirma que es el Gobierno quien tiene que presentar los presupuestos balanceados, cuando por varios años fueese propio ente el que impuso su presupuesto por encima del propuesto preparado por la Asamblea Legislativa, por entender que no cumplía con PROMESA. Según la Junta, dado a que el presupuesto del 2022-2023 no fue sometido por la Asamblea Legislativa, sino por la propia Junta, ese presupuesto está descartado para los requisitos de la sección 209, aunque sea un presupuesto balanceado. Lo mismo sucede con el presupuesto presentado por el Gobierno del 2024-2025, que fue descartado por la Junta por supuestamente no cumplir con el Plan fiscal. En ese sentido, aunque el estado financiero auditado demuestre que este presupuesto estuvo balanceado, es probable que la Junta intente descartarlo con el argumento de que no fue elaborado por el Gobierno de Puerto Rico.
Si la Junta prevalece en su postura, esto quiere decir que los presupuestos que podrían cumplir con la sección 209 serán los aprobados del 2025 al 2029, por lo que se podría inferir que la Junta vislumbra su salida, como mínimo, para el 2030. No obstante, el análisis de la Comisión es que la salida de la Junta podría tardar aún más.
En cuanto a implementar planes fiscales a cinco años, la Junta lo ha estado haciendo desde que se aprobó la ley PROMESA. La Junta espera que el Gobierno haga estos planes fiscales tanto para el Gobierno central como para las corporaciones públicas. Este requisito, sin un plan de desarrollo económico es sumamente preocupante y ha sido desastroso para el país, apunta el informe, ya que ha servido de herramienta principal para la imposición de severas medidas de austeridad y recortes presupuestarios en todo el Gobierno sin medir el impacto social y en los derechos humanos.
Por último, la imposición de la Junta de prohibir la aprobación de proyectos de ley o de resoluciones que conlleven a nuevos gastos sin fuente de financiamiento definida, pretende que toda ley o resolución aprobada en donde el Gobierno gaste de sus fondos tiene que identificar de dónde saldrá el financiamiento para cubrir esos gastos. Aunque el propósito de esta medida sería contribuir a que los gastos no excedan los ingresos, esto es, que el presupuesto esté siempre balanceado, hay que resaltar que la Constitución del ELA contiene un mandato como este en su Artículo 6, Sección 7. Dicha cláusula establece que: “Las asignaciones hechas para un año económico no podrán exceder de los recursos totales calculados para dicho año económico, a menos que se provea por ley para la imposición de contribuciones suficientes para cubrir dichas asignaciones.”
Puede ser reactivada la Junta
A todo lo anterior, el informe de la Comisión puntualiza que, con todos los acuerdos de reestructuración impuestos por la Junta, la falta de un plan de desarrollo económico abre la posibilidad de que el Gobierno de Puerto Rico caiga en nuevos impagos en un futuro no tan lejano, cuando termine la bonanza de fondos federales.
Además se cuestiona si “una vez la Junta cese sus operaciones podría ser reactivada. Aunque la Ley establece los requisitos para que la Junta cese sus operaciones, la Ley como tal permanece activa, ya que es una promulgada por el Congreso. La Comisión encontró que por lo general en las jurisdicciones donde se han aprobado juntas, una vez se certifica que los gobiernos locales cumplieron con los requisitos, estas no se disuelven por completo, sino que permanecen en calidad de supervisión.
La Comisión Ciudadana insistió en que sin un plan de desarrollo económico que genere ingresos sostenibles a largo plazo para el Gobierno, la lucha contra las medidas de austeridad para el pago de la deuda pública continuarán aun sin la Junta, y le tocará al país prepararse para esa etapa.
Eduardo nació el 13 de junio del 2003 en San Juan Puerto Rico. Mide 6 pies 7 pulgadas es lanzador zurdo. Fue recamado por los Atléticos de Oakland en la ronda numero 11 del sorteo de MLB en el 2021. Este año fue reclamado por los Medias Rojas de Boston y asignado a un equipo de las ligas menores de la organización.
Nació el 26 de diciembre de 1998 en Carolina, Puerto Rico. Fue reclamado por los Cachorros de Chicago en la 5ta ronda del sorteo de novatos en 2017. Las últimas dos temporadas ha jugado con los Royales de Kansas en la Liga Americana.
Anthony García actual jugador de los Indios de Mayagüez en el Beisbol profesional, Liga Roberto Clemente Walker nació el 4 de enero de 1992 en Carolina, Puerto Rico. Es jugador de los jardines y fue escogido por los Cardenales de San Luis en la ronda número 18 del sorteo de Grandes Ligas en 2009. Es un ejemplo de superación en un deporte que conlleva mucho sacrificio y dedicación. En la actual temporada 2024-25 participo en 37 juegos, tuvo 117 turnos al bate, conecto 36 indiscutibles, 9 dobles y 5 cuadrangulares. En el juego de el domingo 12 de enero en la serie semifinal contra Caguas dio el indiscutible para decidir el juego en la 10 entrada y dejar en el terreno a los Criollos.
