El conteo de las personas sin hogar para el 2017 arrojó que este problema, mayormente de los varones, hunde sus raíces en los problemas de sustancias controladas, la salud mental y los problemas económicos.

Un 59% de las personas entrevistadas tiene una situación de uso problemático de sustancias, reveló una declaración escrita del Departamento de la Familia, una de varias agencias encargadas del conteo, que se realiza cada dos años por mandato federal.

Entre los datos que se registran por primera vez, destaca el caso de los jóvenes de 18 a 24 años, en los que resalta la proporción significativa de estos que un 20% de estos ha estado bajo la tutela del estado o han estado en instituciones penitenciarias y centros de tratamiento (31.3%).

De la población sin hogar contadas, el 76% son hombres y el 24% son mujeres. De estos, 4 de cada diez son adultos mayores de 50 años. Al identificar las razones por las cuales están sin hogar destacan, entre las primeras tres, el uso y abuso de sustancias controladas, problemas con familiares y problemas financieros.

La secretaria de la Familia, Glorimar Andújar Matos presentó el apsado lunes 10 de julio, junto a los secretarios de Vivienda, Fernando Gil Enseñat, y el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, el resultado del Conteo de Personas sin Hogar 2017 en compañía de las organizaciones que componen el Sistema Cuidado Continuo en la isla y que brindan servicios a esta población.

El conteo identificó 3,501 personas sin hogar en Puerto Rico, incluyendo las albergadas y las no albergadas, y un un total de 3,155 familias.

“La información que recoge este esfuerzo es fundamental para entender los cambios y perfiles de las personas sin hogar. Esto nos permitirá planificar adecuadamente los programas y servicios dirigidos a esta población; justificar necesidad de fuentes de fondos, orientar a la población sobre este problema de la deambulancia, a su vez que nos ayudará a medir la efectividad en la erradicación y prevención de la deambulancia,” ,“ señaló la Secretaria de la Familia.

Según se informó, el Conteo de Personas sin Hogar fue realizado entre el 25 y 26 de enero de 2017 y constituye una fotografía en el tiempo de la población que enfrenta el problema de no tener hogar. El mismo fue posible por el esfuerzo multisectorial de más de 700 voluntarios.

“El Conteo de Personas sin Hogar se lleva a cabo como parte de los requisitos del Departamento Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Dicha agencia establece que cada jurisdicción debe realizar un conteo de personas sin hogar por lo menos cada dos años, de la población albergada y la no albergada. El conteo previo se realizó en el año 2015,” informó el Secretario de la Vivienda.

Gil Enseñat destacó que el conteo se realiza en conjunto con el Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda Federal, que auspician el Programa Continuo de Cuidado (CoC), el cual provee fondos para el desarrollo y planificación de proyectos de vivienda transitoria y permanente para personas sin hogar con servicios de apoyo en un área geográfica determinada.

De los hallazgos de la investigación se observa que el problema de estar sin hogar sigue siendo uno complejo por su interrelación con otros problemas sociales como el uso problemático de sustancias, los trastornos de salud mental y las condiciones de salud.

Según el conteo, se observa una cantidad menor de personas contadas en 2017 (3,501 personas sin hogar), cuando se compara con 2015 (4,518 personas sin hogar).

En la isla existen dos CoC, que se componen de diversos sectores interesados que atienden personas sin hogar, tales como representantes de organizaciones sin fines de lucro, municipios, gobierno estatal, organizaciones recipientes de fondos del Programa ESG, COC y HOPWA, entidades que brindan servicios a víctimas de violencia doméstica, sector privado y representantes de la población sin hogar, entre otros.

Los esfuerzos de estos grupos se concentran en la intervención inmediata para proveer un albergue y servicios de manejo de crisis mientras preparan al participante para obtener y mantener una vivienda permanente.

Para la economista Martha Quiñones Domínguez, sin un plan de eficiencia y eficacia administrativa, que demuestre donde los recortes generarán las economías que se quieren plantear, sin un análisis del presupuesto basado en presupuesto base cero, que demuestre las partidas por objetivos evaluados y ponderados, el presupuesto aprobado es otro engaño al pueblo para eliminar beneficios adquiridos por la sociedad, privatizar y seguir desviando fondos a partidas que no cumplen objetivos sociales.

Tras el teatro representado por el Gobernador, la Legislatura y la Junta de Control Fiscal (JCF), la obra cerró con una versión del presupuesto impuesto por la Junta, aunque todavía no se ha dado a conocer un número final. Según se ventiló públicamente la Legislatura se quedó con un presupuesto de $131. millones. El presupuesto inicial era de $147 millones. Se ordenó eliminar $78 millones en gastos del presupuesto como parte de Resoluciones Legislativas, nómina, operación, subsidios a municipios etc: Reducir $25 millones en asignaciones y gastos especiales: Reducir por lo menos $200 millones en reformas específicas para implementar el requisito de reducción del aparato gubernamental: y ahorro por $400 millones generados por reducciones en el aparato gubernamental. Después de estos ajustes el presupuesto refleja una reducción en gastos con respecto al presupuesto anterior de $804 millones, mas del 9%.

A solicitud de CLARIDAD, de si el presupuesto será suficiente, Quiñones Domínguez, comentó que eso depende de cuáles son las prioridades y señaló que sí hay muchas áreas por las que se puede cortar y que no ofrecen servicios esenciales públicos y no cubren necesidades apremiantes. Un ejemplo de esto dijo es poner un tope de $100 mil a los salarios de los jefes de agencia, quitarles los autos y otros beneficios, eliminar partidas o redefinirlas.

Según el gobierno y la JCF se definieron como “servicios críticos”, la salud, educación (k-12), la seguridad públcia, la infraestructura pública, el Departamento de Justicia, no se incluyó a las pensiones de los empleados públicos. A juicio de la economista aunque el gobierno reconoce que estos son servicios críticos, “no asume responsabilidad social con las personas, no asume que los va a cubrir (más allá de una cantidad mínima) y mucho menos asume que es responsabilidad proveerlo”.

Quiñones Domínguez denunció que ante esta falta el gobierno está cambiando el contrato social que nos habían vendido, “donde delegamos poderes, pagamos impuestos a cambio de que el Gobierno asegure estabilidad, equidad y provea unos servicios básicos y críticos para mantener la sociedad y la estabilidad”.

Ante estas circunstancias reclamó que la pregunta que la ciudadanía debe hacerse es que ¿si se cambió el contrato social, debemos pagar impuestos? Es decir si el Estado ya no no provee los servicios de salud, educación, seguridad, equidad, beneficencia entonces por qué debemos pagar impuestos. En esa misma línea reiteró la necesidad de que se audite y se explique la deuda pública.

Entre las exigencias de la JCF está el reducir en un 20% el sueldo de los empleados públicos, la economista indicó que esta reducción equivaldría a que el trabajador del Gobierno pague más impuestos por su salario que los trabajadores privados. Además de lo que le sacan de su salario debe aportar un 20% adicional sin tener en consideración los efectos regresivo para los que ganan menos. “No está claro si los jefes de las agencias recibirán el mismo recorte y si los legisladores lo recibirán. Ese 20% equivale que no van a poder pagar algunas de sus obligaciones”. Coincidió en que está redución, hará a los trabajadores más pobres de lo que ya son. Igual suerte correran los jubilados con una reducción en sus pensiones.

A la falta de información y transparencia en el manejo del presupuesto, el Gobierno tampoco ha dicho qué va hacer con el dinero que se ahorre. Sobre el particular la profesora del recinto de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico, acotó que aunque no se ha revelado, se nota en el presupuesto que se ha desviado mucho dinero para fortalecer la alianzas públicos privadas (APPs), la JCF y AFLAF, agencias que no tienen un rol social sino de fiscalizar y sacar dinero.

“Nuevamente sino sabemos para qué se usa el dinero no debemos pagar impuestos hasta que expliquen y sean transparentes. No queremos pagar corrupción. No queremos pagar una deuda que no es nuestra, queremos auditoría ciudadana ahora”, recalcó con ahinco.

Un aspecto del presupuesto custionado por la JCF es la alegación del Gobierno de que espera allegar $924 millones al Fondo General (FG), por los gravámenes existentes, cosa que depende de la actividad económica

Quiñones Domínguez explicó que aunque el Gobierno tiene una partida en el presupuesto que define que a pesar de que los recaudos bajaran de $9,192 millones a $8,247 millones, espera recuperar la diferencia con las acciones de los impuestos indirectos, con cobrar más IVU y otras ($1,314 millones) para llegar a $9,192. “La JCF le señala que quiere ver cómo lo van a lograr en una economía que se contrae y por eso los presiona para que demuestren sino que apliquen la reducción de jornada. Es curioso en vez de pedir la eliminación de agencia se limita a reducir jornada para así distribuir los daños y que los políticos no se vean afectados desde este año, lo dejan para el final del cuatrienio”.

Mientras estimados independientes sobre cuál va hacer o será el crecimiento económico, como los economistas Juan Lara y Joaquín Villamil, – citó la entrevistada- han señalado “que el periodo 2016-2020 se registrará una contracción del Producto Nacional Bruto (PNB) de 1,8 % que dará paso a un muy leve crecimiento positivo de 1,1 % en el periodo 2021-2025, fase que el estudio define de “periodo de estabilización crítico”.

“No se hacen análisis certeros para el 2018 sino para el 2020. Y de esos análisis se proyecta lo que puede suceder. Lo cierto es que disminuciones del ingreso, ya sea por reducción o por recortes, conllevan perdida en la economía reflejados en el indicador de consumo. Lo cual es crítico en una economía basada en el consumo, en especial el consumo superficial”, concluyó.

El próximo año escolar comenzará con miles de maestros y maestras transitorios(as) cesanteados(as), con 167 planteles cerrados a través de todo el país, con un sistema de retiro de maestros en bancarrota, y con la posibilidad de que se implante la ley de escuelas chárter o, lo que es igual, la privatización de planteles escolares. Ante este panorama, las diferentes organizaciones magisteriales han estado expresándose.

Sobre la noticia de que se le asegurará una plaza a todos los maestros transitorios, el presidente de ÚNETE, Emilio Nieves, comentó en entrevista telefónica con este medio: “eso fue un cuento que comenzaron a vender desde que la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, fue a la Legislatura el pasado 14 de junio y planteó en la Comisión de Presupuesto del Senado y la Cámara que había 6,296 puestos transitorios de maestros y que la necesidad era de 7,500 plazas. De ese modo, dio la impresión de que había plazas para todos los transitorios”.

“La semana pasada, Keleher afirmó y aseguró que hay plazas para 3,300 maestros transitorios. Así que cuando uno utiliza el número de transitorios que ella le dio a la Legislatura (6,296) y esta última afirmación de 3,300 plazas, significa que se quedarán fuera casi 3,000”, continúo exponiendo Nieves.

El líder magisterial enfatizó que lo que expresa públicamente la Secretaria es una “contradicción de información” y una “manipulación de números”. A esa poca transparencia, se le suman las cifras que ofrecen el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario, y el representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal (JCF), Elías Sánchez. Nieves aseguró que el Gobierno manipula los números y las declaraciones públicas para formar la imagen de que los transitorios que se quedan fuera no son tantos.

“Sabemos que se trata de relaciones públicas y de manipulación de datos, pero no hay duda de que el efecto real queda confirmado por el propio Gobierno: el número de transitorios que se quedan afuera supera los 2 mil maestros. Eso lo sabíamos desde que se anunció el cierre de escuelas porque, en ese momento, la propia Secretaria reconoció que el cierre afectaría a 2700 maestros”, puntualizó el presidente de ÚNETE.

A los transitorios que se quedan sin la renovación de contrato hay que sumarle que, anualmente, se retiran del DE un promedio de 1,300 maestro y maestras.

Por otro lado, el presidente de Educadores Puertorriqueños en Acción (EPA), Domingo Madera, dijo a este semanario que entendía que “podría haber entre 500 o 600 plazas transitorias a través de toda la Isla, pero no hay las miles que anuncian como disponibles”. Y según aseguró, esas plazas son en las categorías de difícil reclutamiento: inglés, matemáticas y educación especial. En otras categorías, yo entiendo que no hay plazas porque al día de hoy todavía quedan maestros excedentes que no han podido reubicar”.

Cierre de planteles escolares

Según Madera, “puede haber la situación de que al inicio del curso escolar, cuando se vea la matrícula de cada escuela, puede aumentar la cifra de 167 planteles cerrados”.

Aunque el presidente de EPA, entiende que hay algunos planteles que ameritan estar cerrados porque la matrícula es demasiado baja y no es viable económicamente mantenerlos abiertos, reconoció que el problema es que “en ese proceso hemos visto escuelas con matrículas de sobre 150 estudiantes que las han cerrado y escuelas con menos de 100 estudiantes que las han dejado abiertas. En ese sentido, el proceso ha sido uniforme porque, a juicio de Madera, se hace desde un escritorio y no van directamente a la comunidad escolar para ver si amerita o no que se cierre ese plantel.

Emilio Nieves opina que el propósito del Gobierno a la hora de cerrar las 167 escuelas es ahorrar los $7.5 millones que anunció la Secretaria, esos que se hubiesen obtenido del dinero gastado en el pasado plebiscito de estatus. El anuncio de cerrar escuelas para ahorrar, “confirma que las prioridades del Gobierno están trastocadas y el servicio educativo es secundario o terciarios”.

Entonces, según opina Nieves, el cierre de escuelas es “para ahorrar y beneficiar a lo que la Junta de Control Fiscal (JCF) está pidiéndole al Gobierno que le pague a los acreedores…la razón de ser [del cierre] no es mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes. Eso es una gran mentira”.

“No se puede olvidar que la Secretaria de Educación está contratada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), que es el organismo del Gobierno que sirve de enlace con la JCF. No hay que olvidar, tampoco, que al inicio de su presencia en el DE expresó que había que cumplir con las exigencias de la JCF. Así que la agenda que ella tiene con esto del cierre de escuelas y demás medidas que va a estar implantando, está en el contexto de cumplir con las exigencias de la JCF y obviamente con el plan fiscal que está implementando el Gobierno de Puerto Rico”, enfatizó el presidente de ÚNETE.

Modificación en el reclutamiento

Recientemente, Julia Keleher expresó públicamente que para optimizar la educación y la función de los recursos humanos del DE, pondría en vigor una nueva manera de reclutar maestros maestras. Entre las estrategias que la Secretaria utilizará para reclutar personal se vislumbran, por ejemplo, reclutar recursos que conocen de diversas materias y buscan un cambio de profesión, eliminar el “seniority” los años de experiencia que tenga un maestro dentro del DE, y contratar estudiantes universitarios que aún no se han graduado.

“Esas expresiones de la Secretaria son peligrosas y absurdas a la misma vez. Cuando ella declara eso se sabe que se afectará el proceso de reclutamiento actual que es a base de la objetividad de la lista de turno. Ella quiere abrir la puerta a la subjetividad, lo que permitiría contratar maestros basándose en la amistad, la relación familiar o la política partidista”, aseguró Nieves.

El nuevo modelo de contratación que sugiere Keleher “es peligroso y absurdo porque hay suficientes maestros preparados para ocupar todas las plazas y [aun así está ofreciéndoles oportunidad] a otras profesiones que no tienen estudios en pedagogía, aspecto fundamental para ejecutar y dar un servicio de calidad en el DE”, continúo el líder magisterial.

Desastroso el modelo chárter

Esas modificación en el proceso de reclutamiento, ¿van trazando el camino para establecer de una vez la posibilidad del modelo chárter?, preguntó CLARIDAD a los portavoces.

“Definitivamente el modelo de escuela tipo chárter no va a tomar en cuenta para nada el proceso de lista de turno, la antigüedad, los años de experiencia. El criterio va a ser totalmente subjetivo”, comentó Emilio Nieves.

La empresa [que administre determina escuela] va a tener mano libre en ese proceso de nombramiento y obviamente contratará a maestros nuevos porque el salario para ellos será menor y los beneficios marginales estarían contemplados dentro de la ley que ha aprobado el Gobierno para el sector privado, en la cual se irán los beneficios de vacaciones, licencias por enfermedad y aportación al plan médico”, continuó.

“Inestabilidad y emigración en el magisterio es lo que crearán las escuelas chárter”, finalizó Nieves. Domingo Madera secundó esa opinión: “lo que visualizo en Puerto Rico es que en las próximas décadas posiblemente nos vamos a quedar sin maestros. Las clases de pedagogía en las universidades están vacías, no hay un incentivo para que aquella persona que tenga vocación de maestro se vaya por esa línea y se convierta en un profesional dentro de la clase magisterial”.

“A nosotros nos preocupa enormemente porque sabemos cuál ha sido la intensión de que esta secretaria llegara aquí a Puerto Rico al Departamento de Educación. Ella está muy cónsona con las medidas que se están impulsando a través de la JCF”, comentó públicamente Eva Ayala, presidenta de EDUCAMOS, otra de las organizaciones magisteriales que, junto a ÚNETE, EPA y la Federación de Maestros de Puerto Rico, compone el Frente Amplio en Defensa de la Escuela Pública.

“Ella ha venido a cerrar escuelas y ahora está de acuerdo con que se conviertan por lo menos el 10% de nuestras escuelas en escuelas chárter. De modo que, entre menos escuelas tenemos, se van cerrando las oportunidades que los maestros permanentes tienen”, concluyó Ayala.

Aunque este Semanario trató de comunicarse con la Asociación de Maestros de Puerto Rico, no encontró respuesta. Sin embargo, la presidenta de Asociación, Aida Díaz, se ha expresado públicamente en contra de la implementación de escuelas chárter.

Según ha dicho Díaz, desde el año 1990 la Asociación ha estado luchando en contra de las escuelas chárter porque han estado pendientes a los estudios que se han hecho sobre la efectividad de este tipo de modelo y no hay ninguno que exponga que las escuelas chárter son mejores que las públicas. Si la secretaria busca mejorar el sistema de educación, por qué habla de esta modalidad de escuelas cuando no hay nada que confirme los beneficios, se ha cuestionado Díaz.

En años recientes las comunidades lésbica, gay, bisexual, transgénero, transexual, intersexo y queer (LGBTTIQ) han experimentado significativos adelantos en el reconocimiento de algunos de sus derechos. Ese camino hacia el reconocimiento de la Equidad de estas comunidades no ha estado libre de oposición, particularmente de un sector religioso fundamentalista de derecha que se opone a todo lo que pueda significar un adelanto de derechos para todo lo que no esté enmarcado en un sistema patriarcal, heteronormativo y machista. Así fue el caso de la férrea oposición de ese sector en el año 2013 a que se reconociera como categoría protegida contra el discrimen la orientación sexual y la identidad de género en distintos escenarios de nuestra vida cotidiana, e incluso a que se protegiera a las víctimas de violencia en relaciones de pareja del mismo sexo.

A pesar de su intenso cabildeo y costosísimas campañas mediáticas, este sector fundamentalista religioso ha sentido que ha perdido terreno cada vez que es más evidente su discurso homofóbico y misógino mientras que algunas sociedades se inclinan masivamente hacia un nivel de mayor inclusión y respeto a la diversidad. En respuesta, en Puerto Rico han optado por otras estrategias como las de amenazar a aspirantes a puestos electivos en cuanto al favor de sus feligreses e insertar dentro de puestos claves a personas que favorecen sus posturas, financiar campañas políticas, proponer medidas legislativas altamente discriminatorias y violatorias de derechos humanos, atacar la separación de iglesia y estado, y agenciarse contratos de asesoría en la legislatura.

Un pago a esos favores políticos lo constituye el Proyecto de la Cámara 1018 presentado el 8 de mayo de 2017 por los representantes Guillermo Miranda Rivera, Carlos J. Méndez Núñez y María Milagros Charbonier Laureano conocido como “Ley de Restauración de Libertad Religiosa de Puerto Rico”. Este proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes el pasado 25 de junio de 2017 con el voto a favor de toda la delegación del Partido Nuevo Progresista y los populares Carlos Bianchi Angleró y Lydia Méndez Silva. Ahora el proyecto se encuentra ante la consideración del Senado de Puerto Rico.

En estricta hermenéutica este proyecto de ley es innecesario pues la libertad de culto está reconocida y protegida constitucionalmente en Puerto Rico, no se ha perdido o transformado de forma alguna. De hecho, son precisamente quienes no respetan la separación de los asuntos de la iglesia y del estado los que día a día ponen en riesgo dicha libertad y abren la puerta a que el estado pretenda inmiscuirse en los asuntos eclesiásticos al difuminar lo que debe ser una línea separatoria rígida entre ambos organismos. Con proyectos como el P de la C 1018 nuestro gobierno pareciera acercarse más a una peligrosa teocracia que atenta contra derechos fundamentales de grupos muy definidos en nuestra sociedad como lo son las mujeres y las comunidades LGBTTIQ.

Este proyecto de ley abre las puertas para el discrimen so color de libertad religiosa. A la luz de esta propuesta medida legislativa cualquier persona empleada de gobierno pudiera negar servicios gubernamentales a otra invocando su sistema de creencias religiosas. A manera de ejemplo, una persona se puede negar a proveer pastillas anticonceptivas a una mujer en un hospital alegando que hacerlo atenta contra sus principios religiosos; otra pudiera negarse a transportar a una persona transexual en un medio de transporte colectivo invocando que su religión así lo mandata; un funcionario o una funcionaria pública se pudiera negar a brindar una licencia matrimonial a dos personas del mismo sexo o a inscribir a sus hijos e hijas invocando fundamentos religiosos para ello. Estos son sólo algunos ejemplos del gran potencial de discrimen legalizado por esta medida.

En las vistas públicas celebradas en la Cámara de Representantes, CABE llamó la atención de los riesgos que entraña esta medida cuando las personas pueden ser víctimas de discrimen, so color de creencias religiosas, en servicios gubernamentales y lo que nos contestó la representante Charbonier fue que en ese caso otra persona podría brindar el servicio. Eso sería así si existiera esa otra persona, pero no es raro llegar a una agencia de gobierno en este País donde sólo hay una persona para brindar el servicio. Imaginemos si esa única persona invoca el principio religioso para negar un servicio a una mujer o a una persona integrante de las comunidades LGBTTIQ; en ese caso, implicaría que esa mujer o esa persona se quedaría desprovista del servicio gubernamental, meramente porque existe una Ley que le permite discriminar aun en el escenario gubernamental.

Más aún, de acuerdo a como quedó aprobada la medida en la Cámara de Representantes, entidades privadas que reciben alguna subvención gubernamental pudieran incluso negar servicios de forma discriminatoria utilizando como excusa la libertad religiosa. La medida aprobada por la Cámara de Representantes protege incluso a entidades que discriminen de ser sancionadas con la eliminación o recorte de fondos. A tales fines la medida dispone que “se le prohíbe al Gobierno de Puerto Rico cancelar, aumentar, o disminuir donativos o créditos contributivos a personas naturales o jurídicas, o sin fines de lucro religiosas, utilizando como criterio la postura institucional de éstas en cuanto a sus principios religiosos”.

Con el texto antes transcrito nuestra legislatura abre las puertas a que se utilice dinero público para discriminar sin que dicho discrimen pueda ser castigado de forma alguna. Con esta disposición una entidad de albergue a mujeres víctimas de violencia en la relación de pareja que recibe fondos gubernamentales a tales fines, se puede negar a albergar a una mujer lesbiana invocando su libertad religiosa. En ese caso, por un lado, la mujer quedaría expuesta a una situación de peligro e incluso de muerte y, por el otro, el Estado estaría impedido de retirarle la subvención a esa entidad. Al igual que este ejemplo, es inimaginable la cantidad de situaciones discriminatorias a la que esta medida legislativa le otorga protección de alegada legalidad.

Aparte de sus efectos discriminatorios, medidas como la que nos ocupa han demostrado tener efectos perjudiciales para la economía. Uno de los casos más emblemáticos de estos efectos lo constituye la situación que se suscitó en Indiana durante el año 2015 cuando el hoy vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, firmó una ley de libertad religiosa siendo gobernador de dicho estado. Tan pronto se firmó la medida, organizaciones de todo tipo –incluyendo deportivas de la magnitud de la NBA y la NCAA— amenazaron con sacar sus actividades del Estado y convenciones que se llevarían a cabo dentro de esa jurisdicción cancelaron las mismas. Ese riesgo está latente en Puerto Rico de aprobarse una medida como la que promueve el P de la C 1018.

Un argumento a favor de este tipo de legislación es que la misma existe a nivel federal. Ante ese planteamiento hay que responder que a nivel federal existieron y aún existen leyes aberrantes que no pueden enorgullecer a ningún ser humano como la esclavitud, la segregación racial y la pena de muerte, entre otras.

En lugar de promover y alentar el discrimen, el Estado está llamado a proteger a todas las personas dentro de la sociedad e incluso brindar mayor atención aquellas en situación de vulnerabilidad. Bajo ninguna circunstancia puede el Estado crear categorías de derechos que coloquen a sectores de la sociedad en riesgo de que su dignidad sea pisoteada. Que el discrimen y la exclusión no tenga espacio en nuestra sociedad, aun cuando venga disfrazado de mantos de santidad. Digamos no al P de la C 1018.

El autor es abogado y portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE)