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Prejuiciado el Tribunal Supremo con relaciones entre el mismo sexo

 

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Para el director Legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), capítulo de Puerto Rico, licenciado Fermín Arraiza Navas, la negativa del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) de no intervenir y negar expedir el auxilio de jurisdicción en el caso de una menor a la cual se le aplicó una Ley 54 deja mucho que desear de nuestra alta curia.

El caso se refiere a una menor de 16 años contra la cual el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan expidió una orden de protección por Ley 54 y prohibió a la menor asistir de manera presencial a su escuela —un colegio privado—  por los primeros tres meses del actual semestre académico.

En entrevista,  Arraiza Navas expuso que la ACLU entiende que en este caso se ha utilizado la Ley 54 para aplicarla a relaciones amorosas entre adolescentes del mismo sexo. De acuerdo con la ACLU, no se atendieron los planteamientos principales del caso. Primero, el derecho a la intimidad de las menores, el cual se ha visto violentado en todo el proceso que fue iniciado por parte de unos de los padres de una de las menores. Segundo, el que existen mecanismos menos onerosos para los menores que la Ley 54. En particular, el Artículo 9, que se utiliza a nivel de escuela superior y universitario cuando existe este tipo de controversia.

Fermín Arraiza hizo la salvedad de que al menos la opinión disidente del juez del TSPR, juez asociado Luis Estrella Martínez, a la cual se unió el juez Ángel Colón Pérez, reconoce que existen unos mecanismos menos onerosos donde los mecanismos de solución de disputa no son tan drásticos como las de un estatus penal.

La ACLU está convencida de que se debió haber recurrido a uno de los mecanismos civiles para tratar de lidiar con la controversia, dado a que cuando se examina el expediente completo que se presentó en el TPI y toda la controversia, el alegado daño hacia una de las  menores ocurre cuando uno de los adultos comienza a oponerse a la relación.

“Me parece que el nivel de coacción de parte de los adultos, de estar utilizando las leyes de Puerto Rico  para tratar de intervenir lo que es el derecho de intimidad de unas jóvenes adolescentes, había que denunciarlo y tratar de oponerse de manera enérgica a que se esté utilizando la ley para discriminar por razón de la preferencia sexual de una adolescente. Es insólito que este caso haya llegado a donde llegó”.

Respecto a cuáles fueron los argumentos del TSPR para rechazar el recurso, indicó que el tribunal se basó en unas anotaciones del poder judicial interpretando lo que son los estatus que tienen que ver con la Ley 54 y que dicen que los análisis que han hecho de la Ley 54 aplica a adolescentes.

El director legal de ACLU aclaró que esas anotaciones no es fuente de derecho alguna, son interpretaciones en un momento dado, y lo que ACLU está tratando de demostrar como organización de derechos civiles es tratar de incidir precisamente en esos comentarios y  anotaciones del poder  judicial para que se corrija lo que a todas luces es un grave error porque se está criminalizando relaciones íntimas entre adolescentes cuando los adultos no están de acuerdo con ellas.

Una vez más el licenciado Arraiza Navas destacó que el caso era uno para que todos los jueces intervinieran y se expidiera el auxilio de certiorari. También censuró que la jueza presidenta, Maite Oronoz, no interviniera. “Me parece que debió dar explicaciones de por qué no intervenir en un asunto de alto interés público. Aquí está en juego la salud emocional de una adolescente y entendemos que es un caso donde todo el tribunal debió haber intervenido y expedir el auxilio de certiorari. Esto deja mucho que desear de nuestra alta curia”.

Arraiza recalcó que en este caso el TSPR debió intervenir como parens patriae, en favor de la  menor, y no lo hizo. Considera que se ve que se actuó con  prejuicio, por lo que el caso es uno de discrimen en donde se está aplicando  una ley que tiene repercusiones criminales de manera discriminada por razón del tipo de relación de  preferencia sexual de la adolescente.  “Esto está prohibido por la Constitución. Este es un caso donde el trabajo social debió haber intervenido. Se le está criminalizando y la razón es su preferencia de género. Es evidente que la madre de la otra parte no acepta la preferencia sexual de su hija”.

El experto en derechos civiles insistió en que había otras alternativas para atender la situación y que los Tribunales de Primera Instancia deben tener mucho cuidado y ser precavidos en el momento en que aplican  una Ley 54. A su juicio, todavía para los jueces es necesaria la educación respecto a la Ley 54 sobre todo en materia de derechos civiles.

La negativa del TSPR de no expedir  el certiorari en auxilio  presentado por ACLU y otro presentado por el profesor Rafael Coss Alomar, mantiene la decisión del TPI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Junta de Control Fiscal oculta su fracaso

 

 

Un informe que oculta la ineficacia de su intervención, sus costos sociales y su naturaleza antidemocrática, así describió el grupo Plan B: Independencia el Informe Anual de 2025, de la Junta de Control Fiscal, presentado al Congreso y a la administración presidencial de Estados Unidos en semanas recientes. La presentación de dicho informe es un requisito del artículo 208 de la llamada Ley PROMESA. Este sería el noveno informe del ente fiscal.
“Después de casi una década, la Junta no puede mostrar un solo indicador estructural de éxito; su legado es un país más pobre, un Estado más débil y un futuro más incierto”, denunció el portavoz de Plan B, licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez. Este calificó el informe de documento cuidadosamente elaborado para proyectar logros, mientras oculta aquellos elementos que revelarían con claridad la ineficacia de su modelo de intervención, los costos sociales de su actuación y la naturaleza antidemocrática de su autoridad.
El experto en casos de quiebra denunció que la JCF proclama avances en materia fiscal, reformas estructurales y disciplina presupuestaria, e ignora el hecho de que Puerto Rico continúa sin un crecimiento económico sostenido que permita superar el estancamiento crónico de la última década.
“La política de austeridad impulsada por la Junta no ha sido un proceso neutro ni técnico, sino una estrategia ideológicamente dirigida contra sectores esenciales, particularmente la Universidad de Puerto Rico y los pensionados”, manifestó. Al respecto, citó datos del economista y profesor José Caraballo Cueto de que la UPR ha sufrido recortes de casi un 50 % desde 2017, lo que demuestra que “la austeridad de la JCF era para la UPR y los municipios, mientras agencias menos estratégicas recibían aumentos presupuestarios.
En el plano gubernamental, la política de austeridad de la JCF ha reducido y debilitado su capacidad, frenado la inversión pública, ha afectado la formación profesional del país y ha limitado la capacidad del Estado para atender necesidades básicas.
Otro aspecto denunciado es el que el informe evade una rendición de cuentas completa sobre el costo real de la propia Junta al no ofrecer un desglose detallado y transparente de los honorarios multimillonarios pagados a consultores externos, de los gastos asociados a litigios prolongados ni de los costos indirectos derivados de los procesos de reestructuración que se han extendido por años.
De hecho, un análisis en febrero de este año, preparado por la organización Espacios Abiertos, reveló que, hasta el presente, la Junta había gastado —y los puertorriqueños pagado— $308,111,005 por consultores y representación legal contratados fuera del proceso de Título III; $11,329,555 para el Oficial Examinador y $1,702,517,144 para aquellos consultores contratados dentro de los procesos de Título III en el Tribunal Federal (de EE. UU. en Puerto Rico), para un total de $2,021,957,705.
Plan B describió como preocupante el que la JCF celebre la certificación de presupuestos balanceados sin aclarar que tales ejercicios no cumplen con los criterios legales que permitirían activar el mecanismo de salida dispuesto en la Ley PROMESA. Aunque habla de “presupuestos equilibrados”, la Junta omite explicar que estos han sido balanceados en la base de caja y que, según la propia ley federal, la terminación de su mandato requiere de cuatro años consecutivos de presupuestos equilibrados bajo criterios de contabilidad gubernamental, además de demostrar acceso real y sostenido a los mercados de capital.
Esta ausencia de precisión, apuntó la organización, no es un descuido, sino una estrategia para presentarse como una entidad que cumple sus metas, sin reconocer que el país no está más cerca de la salida de la Junta que hace años. En esa línea, el informe evita de manera absoluta indicar cuándo la JCF prevé retirarse de Puerto Rico o qué calendario sigue para cumplir con los criterios de terminación.
En términos de su proceder, Plan B destacó que el informe se presenta como expresión técnica y neutral de supervisión fiscal, pero evita reconocer que se trata de un ente no electo que tiene poder superior al Gobierno que el pueblo de Puerto Rico escoge en las urnas. “La Junta es la negación institucionalizada de la democracia real a la que aspiramos los puertorriqueños; no representa al pueblo, no rinde cuentas al país y opera como un enclave colonial del siglo XXI que sirve solo a los intereses de unos pocos”, resaltó el Dr. Carlos Rivera Lugo, portavoz de Plan B: Independencia, y reconocido filósofo del derecho.
Para finalizar, Plan B destacó que el informe ignora el impacto humano de sus decisiones y que durante años, encuestas y estudios han revelado que la sociedad puertorriqueña está sumida en un profundo desánimo, caracterizado por la falta de expectativas de progreso, la incertidumbre económica y la sensación generalizada de que el país no avanza.

“El fascismo no se declara, el fascismo se desarrolla”

Entrevista a Juan González

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Luego de que el periodista Juan González disertara sobre Libertad bajo amenaza: Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de cátedra, en la Facultad de Estudios Generales del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), conversamos con él acerca del sentido literal que cobra en el presente Democracy Now, medio del que es ancla.

Desde el momento en que él y Amy Goodman iniciaron Democracy Now,  el mundo ha cambiado mucho.  Para González, hay  una especie de contradicción entre aquellos que dicen estar a favor de la democracia; pero los líderes que suben al poder, como Miley y Bolsonaro fueron electos de manera democrática,  por lo que cuestiona qué significa eso cuando es fácil controlar a un pueblo a nivel de elecciones.

“Me he vuelto más y más opuesto a plantear la situación política en el mundo entre democracia y dictadura. Creo que muchas democracias son dictaduras, pero son democracias de nombre. Creo que lo importante es tratar de entender qué está haciendo el gobierno de un país en términos de las masas, de su pueblo. ¿Están levantando el pueblo o lo están explotando? Para mí es más importante la justicia social, comparado a la formalidad de democracia”.

A la pregunta de si consideraba que los medios de comunicación comerciales del establishment en Estados Unidos previnieron al público de que en efecto Trump iba a implementar todo lo que propuso hacer, el periodista, que ha laborado tanto en la prensa comercial como alternativa, dijo que conocía a Trump desde antes de ser presidente por haber cubierto varias veces sus conferencias de prensa en Nueva York.

Juan González/Democracy Now

Para González,  la idea de que Trump —de quien dijo que es una persona embustera, que no le importa mentir sobre nada— iba a postularse para presidente era increíble. Anotó que el hecho de que Trump ha sido electo dos veces por más de 70 millones de personas no  dice algo de Trump, sino del pueblo norteamericano, de la falta de inteligencia y de entendimiento de un  porcentaje del pueblo norteamericano. En esa línea agregó que los medios  de comunicación jugaron un papel importantísimo porque, para ellos, Trump les daba audiencia.“La prensa, yo creo que cuando corrió la primera vez, fue culpable por darle tanta atención cuando llegó al poder. Y la prensa entiende que él está atacándola, entonces, pegan a combatirlo. Creo que en el segundo término sí tenían  miedo, pero todavía no creían que él iba a hacer lo que estaba diciendo que iba a hacer”.

De su parte, compartió que siempre le advirtió a la gente que lo que Trump decía lo iba a hacer. Y que tenían que escucharlo. En ese sentido, agregó que Trump ha dicho muchas veces que él cree que quizás pueda postularse nuevamente para presidente. “Tienen que creer que él, va a buscar la forma de hacerlo. Yo creo que en las elecciones de medio término el Gobierno de  Trump va a declarar victoria, no importa lo que pase. Están buscando formas de mantener su control, no importa lo que diga el voto, y que para el  2028, creo que, si él no trata de cambiar la ley para poder correr, va a buscar la forma de que uno de los hijos o un miembro de la familia corra. Él no va a soltar el poder”, afirmó González.

Una vez más reiteró su línea de que el fascismo no se declara, el fascismo se desarrolla, y que en este momento la gente no entiende que ya estamos en el fascismo. Considera que no va a ocurrir una guerra civil porque toda la gente  armada son aliados de Trump: la Policía, los altos mandos del  Ejército. También dijo pensar que el fascismo va a seguir creciendo en otros países como  Inglaterra, Francia, Alemania.

“La  derecha está creciendo y siempre son las familias militares las que están con la derecha. Pienso que hay una gran posibilidad de que el fascismo vaya a extenderse por todos los países industrializados y por algunos países del sur como Argentina, Bolivia”. Hizo la excepción de que hay otros que toman una dirección diferente, como Brasil y Colombia, la cual espera que sobreviva cuando salga Petro. Considera que EE. UU. no entiende que la América Latina de hoy no es la misma de hace 50 o 100 años.

A  juicio del periodista, las amenazas de invasión de Trump a Venezuela son creíbles. Su apreciación es  que EE. UU. no está agrupando 20 mil soldados en el Caribe y su mejor porta aviones si no está determinado a eliminar a Maduro. No obstante, observó que América Latina  no va a apoyar una invasión y, sobre todo, que el ejército de Venezuela no va a hacer como el de Chile y otros países de la región, que tras una invasión o golpe de Estado enseguida instalan una dictadura de derecha.

En el caso de Venezuela, resaltó que lo más importante de la revolución de  Chávez fue que este surgió del ejército y organizó  políticamente al ejército venezolano, por lo que el ejército venezolano es la base de la revolución; EE. UU. no puede depender de ese ejército para imponerse. Otro elemento que trajo a la atención fue el que la guerra civil, más larga e importante de América Latina se peleó en Colombia, donde a través de 50 años hubo una docena de ejércitos guerrilleros, por lo que hay miles de colombianos de izquierda que van a pelear al lado de los venezolanos y Maduro ya ha pedido ayuda internacional de voluntarios. “Si  Estados Unidos entra en Venezuela, va a ser un fracaso completo”.

Mientras, en el escenario estadounidense siempre ha existido una pelea entre las fuerzas de los medios comerciales que responden al establishment y los medios alternativos; pero hay mucha prensa alterna. Los medios que sí se están destrozando son los medios de difusión pública, debido al retiro de  los fondos federales. En el caso de Democracy Now, indicó que siempre han desarrollado fuentes de apoyo diversificadas, en especial de donaciones de individuos, ya que la audiencia aprecia el programa hace donaciones.

En cuanto al papel de la prensa comercial en la cobertura de la guerra de Israel contra Palestina, González  reveló que, hasta hoy, la prensa e incluso muchos políticos de izquierda, ni siquiera Bernie Sanders, tocan el tema. Reclamó que Democracy Now no está prejuiciado y tienen las mejores noticias  acerca de lo que está pasando en Palestina, en Gaza, para lo cual buscan periodistas y personas cercanas, incluyendo los pocos periodistas e historiadores de izquierda en Israel, para tener su punto de vista. No obstante, sí reparó en que a los medios que se expresan en contra de Israel les buscan cualquier forma de atacar sus intereses.

En cuanto al uso de la Inteligencia Artificial y la proliferación de llamados periodistas independientes en la Internet, reaccionó: “Hay tantos periodistas llamados independientes, que no se pueden contar. Hoy en día todo el mundo es un multimedia  porque con su teléfono puede hacer todo eso: la democratización de los medios.  Pero no todos tienen reportaje de calidad ni verdad. Gastan espacio en internet.  La gente va a tener que decidir quiénes son los periodistas y los medios que les dan la información verdadera”.

 

 

 

Los saludos y la despedida de Rubén Berríos

 

 

La actividad se dio por motivo de la jubilación del conocido líder político

 

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Saludaban. En la entrada de la Escuela de Derecho, los legisladores saludaban a los profesores, que iban y venían del Aula Magna minutos antes de la actividad. Las luces compartían algo del frío que cundía en el salón, donde un podio, una guitarra y un micrófono aparecían inertes. El invitado homenajeado se ubicó justo al frente del escenario, de modo que quedó oculto en su silla. Vestía un gabán azul marino.

Quienes se saludan se conocen. Víctor García San Inocencio saludaba a Adrián González Costa, quien ya había saludado a Nelie Lebrón Robles, a Adriana Gutiérrez y a Denis Márquez. Juan Dalmau Ramírez luego repartió su dosis de buenos días y cómo estás al público, que ya se acopiaba en el aula como buen bullicio se sabe acopiar. La decana de la Facultad, Viviane Neptune, puso un alto a los saludos. Llegó la hora esperada, la hora del mudo: hay que rendirle homenaje a los 58 años de docencia de Rubén Berríos Martínez en la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Aclaro que él no quería nada de esto… Carmen (Faura, su mano derecha) envía esa cartita bien escueta. Renunció, jubilación. ¿Pero cómo que jubilación? ¿Cómo que renunció? Y en contra de su voluntad, estamos aquí hoy para reconocerle y agradecerle”, compartió Neptune al inicio del reconocimiento.

La gente aplaude a la menor provocación, al menor chiste. La senadora María de Lourdes Santiago Negrón, quien no pudo saludar a todos de la misma manera, baja en medio de uno de estos vítores y se sienta en la fila de los pipiolos. Neptune enumera los loables logros de Berríos Martínez: graduado de Georgetown, egresado de Yale y exalumno celebérrimo – según contará un amigo– de la universidad de Oxford.

“Es Rubén Berríos Martínez un referente en el área de derecho internacional, derecho constitucional y proceso de descolonización… Su amor por Puerto Rico y la defensa férrea del bien común han marcado su vida en y fuera del salón de clases. Su activismo trasciende ideologías al defender las causas más nobles, cimentadas en los derechos humanos… Agradecemos y reconocemos su legado en nuestra escuela, en el país y a nivel internacional”, destacó Neptune.

Por su parte, el catedrático Antonio García Padilla recordó los tiempos de su juventud coameña, cuando Berríos era el furor local por haber ingresado a Oxford. “En Coamo se pensaba que quien fuera de Aibonito, Barranquitas, Orocovis, Villalba, Santa Isabel, etc., era, de alguna forma, en verdad, de Coamo”, bromeó el expresidente de la UPR.

La semblanza del abogado prosiguió, resaltando los méritos de Berríos Martínez como analista geopolítico, conversador, bebedor de café, orador y abogado. Encomió la constancia y el “empeño vital” del homenajeado para con la causa emancipadora de Puerto Rico, así como en el ejercicio de “galvanizador” del liderato político a través de la historia contemporánea del país.

“En su afán democrático, asentado en su clara apuesta a la madurez del país; en el discurso político enérgico, fogoso en las tribunas y cortante en espacios como Foreign Affairs; en el esfuerzo por mantener el asunto de Puerto Rico vivo en los debates de la comunidad de naciones… Constante en su disposición al sacrificio, a la soledad de la vida pública”, describió García Padilla.

Después, la Facultad proyectó un vídeo con imágenes de Berríos a lo largo de su carrera como abogado y político. Fotos del independentista en discursos, asambleas, manifestaciones, con Juan Mari Brás, con Fidel Castro, en algunas primeras planas del país, favoreciendo las vistas del caso del Cerro Maravilla o siendo intervenido por la Policía en las costas de Vieques. Eran las imágenes de toda una vida militante.

Antes de cederle la palabra a Berríos, maestro de muchos, varios de sus exalumnos le dedicaron unas palabras, incluida la senadora Santiago Negrón. Emotivos cada uno, recuerdan la dinámica atípica de los cursos de Derecho con Berríos, los poemas de Neruda que les pedía memorizar o las novelas de García Márquez que les hacía leer.

Al pan no le pido que me explique / sino que no me falte cada día de la vida / (Neruda). En la clase de Rubén leíamos artículos de lo que estaba ocurriendo en el mundo, en aquellos tiempos anteriores a la Internet… Me parece que esa perspectiva del derecho fue, para mí, fundamental en mi entendimiento, en mi tolerancia de la abogacía. Yo no quería ser abogada, llegué por accidente a la Escuela de Derecho”, expresó la exalumna de Berríos Martínez.

A Santiago Lebrón, le siguió Dalmau Ramírez, quien admitió no haber sido “alumno del aula” sino “estudiante de la vida” del presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Luego, Berríos ofreció una reflexión sobre sus casi seis décadas como profesor de Derecho. Como buen maestro, esa reflexión estuvo acompañada por un breve curso.

Como dedicatoria artística, la estudiante de Derecho Nixa Rivera Berríos recitó tres poemas de su autoría y En la brecha, de José de Diego. Y cuando la alumna declamaba y exhortaba a que el toro, como toro acorralado, mugiera, Berríos Martínez respondió –con brazos alzados– que el toro, como toro que no muge, ¡embistiera! Asimismo, un arreglo musical del Conjunto del Tapiz interpretó Verde luz, Preciosa y el Villancico yaucano.

“Constancia, perseverancia, no rendirse jamás. Agradezco además, las innumerables enseñanzas de compañeros y compañeras de la Facultad y de mis estudiantes de las más diversas ideologías que, con sus interrogantes y observaciones, fortalecieron mi profunda convicción de que la patria libre y justa debe ser de todos y para todos. Y gracias sobre todo a los estudiantes que contra viento y marea durante tantas décadas han sido vanguardia y punta de lanza a costa de innumerables sacrificios en la lucha por una Universidad más libre, más justa y democrática. A ellos, todo mi afecto y agradecimiento”, manifestó el líder histórico cuando le cedieron la palabra.

Al final, se reanudaron los saludos. La senadora Santiago Negrón se puso al día con las buenas tardes –porque ya era tarde– y Rafael Cox Alomar se sumó a las cientos de personas que se dieron cita a la despedida docente de Rubén Berríos Martínez.

 

Expediente histórico detrás del bombardeo de botes civiles

 

 NCM

El bombardeo sistemático con misiles contra pequeños botes civiles desarmados en el mar Caribe y el océano Pacífico, con el que Estados Unidos inauguró su ofensiva para restaurar su hegemonía sobre América Latina, tiene un expediente preparatorio de más de veinte años y antecedentes muy anteriores

Fue en el 2004, cuando la Casa Blanca emitió “La estrategia nacional para seguridad marítima”, pero en el siglo pasado hubo grandes bombardeos planificados contra población civil, como el de Guernica por los nazis y las dos bombas atómicas contra Japón por EEUU.

“Si el sistema de capas de seguridad marítima no detiene a los terroristas (en pequeños botes), entonces habrá que interceptarlos y derrotarlos, preferiblemente en alta mar”, dice el informe, fechado el 20 de noviembre de 2004 y que obra en el archivo presidencial. El documento cubre diversos aspectos de la seguridad marítima y tiene secciones específicas sobre el peligro del uso de pequeñas embarcaciones por parte de terroristas, a partir del ataque suicida al USS Cole, el 12 de octubre de 2000, en el puerto de Adén, en Yemen, que dejó 17 marineros muertos y 40 heridos.

El plan estratégico era claro en que se refería a pequeñas embarcaciones tripuladas por terroristas y artilladas para atacar barcos de guerra, tanqueros y grandes embarcaciones civiles. No tiene alusión, ni referencia alguna, a los retos que pudieran representar botes civiles desarmados, a pesar de producirse apenas un año después de que la Armada de EEUU fuera retirada de Vieques luego de décadas de resistencia civil, en la que se destacaron los desafíos de los pescadores en sus lanchas.

 

De hecho, durante los últimos treinta años del siglo XX y primeros años del presente siglo XXI, las resistencias civiles puertorriqueñas lograron el desalojo de las bases militares de Culebra y Vieques, de la base aérea de Ramey Field en Aguadilla y de la estación naval de Roosevelt Roads, en Ceiba. Nada de eso está en el informe de 2004, pero este año, no sólo la Armada y la Fuerza Aérea de EEUU han retomado sus bases en Puerto Rico, sino que estrenan el ataque a mansalva de lanchas de pescadores, con 21 hundimientos y más de 80 víctimas fatales.

Eso no parece que fuera pensable en 2004. Tres años después, en junio de 2007, La Heritage Foundation publicó el informe “Botes pequeños, grandes preocupaciones”, con el que el tema comenzó a tomar otros matices. El informe fue escrito por el estratega James Carafano, quien, por ese entonces en la Casa Blanca, era consejero principal de la presidencia.

El año anterior, en 2006, el comandante de la Guardia Costanera, almirante Thad Allen, había convocado la atención de sectores interesados en defensa y la industria marítima para que se produjera un esfuerzo conjunto y concertado para, de la misma manera que se establecieron sistemas de seguridad terrestre y aérea después de los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono en 2001, se diseñara otro para atender el peligro de ataques en botes pequeños,

Así se produjo el plan de 2008, que no pasó de esbozos generales sobre el uso de los recursos existentes.

En octubre de 2010, el Instituto Naval de Estados Unidos publicó el ensayo “La amenaza olvidada”, escrito por el capitán retirado Jim Howe, también de la guardia costanera, sobre la necesidad de establecer sistemas y desarrollar estrategias para enfrentar posibles ataques de botes pequeños. En el escrito, el capitán Howe planteó que era “cuestión de tiempo” para que terroristas usaran las embarcaciones pequeñas para atacar puntos en las extensas costas estadounidenses.

El capitán Howe propuso específicamente que se “desarrollen -rápidamente- tecnologías para mejorar la detección de anomalías y las capacidades defensivas” ante la amenaza de pequeñas embarcaciones. Pero, otra vez, el tema era el uso de esos botes por terroristas.

El círculo comenzó a cerrarse en 2015, cuando la Casa Blanca decretó, de manera solemne, que Venezuela representaba una “amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU”. Esa declaración no se daba en el vacío, sino que, desde el golpe fallido del 2002, la política estadounidense desarrolló estrategias múltiples para derrocar la revolución bolivariana, pero ahora había base para “defender” militarmente a EEUU en la costa norte de América del Sur.

En febrero de este año, en su informe al Congreso, el jefe del Comando Sur, almirante Alvin Holsey, planteó que las 35 organizaciones criminales transnacionales identificadas como tales por EEUU en América Latina en 2023, ya habían amasado cerca de 358.000 millones de dólares y grandes recursos armados. El almirante Holsey advirtió que las organizaciones criminales, en combinación con la inestabilidad y la corrupción de los gobiernos, podían servir para abrir camino a la influencia “maligna” de Rusia y China y que había “poco tiempo” para actuar.

Lo que no dijo Holsey en su informe fue que ese mismo mes de febrero habían sido destituida la jefatura legal conjunta -Judge Avocate General- en las fuerzas armadas porque la Casa Blanca entendía que sus altos oficiales objetaban lo que se planeaba hacer, según informó la revista New Yorker. Su juicio, según informe del periódico The Guardian, fue sustituido por un panel especial que se reunió el 21 de julio pasado, en el que participaron jefes del Pentágono, la Casa Blanca y la Oficina del Consejero Legal del Departamento de Justicia, entre otros.

Se trataba de las acciones a tomarse contra las pequeñas embarcaciones a las que se atribuía ser de los nuevos designados como “narco terroristas”.

Ese informe, según The Guardian, daba su “bendición” a los ataques a los botes usando como base el argumento de que era una acción de legítima defensa por parte de EEUU. Aunque eso fue refutado en agosto por el JAG del comando sur, coronel Paul Meagher -según informe de la cadena NBC- la suerte estaba echada.

El 2 de septiembre, EEUU mostró al mundo su nueva tecnología guerrera.

 

 

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