CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Lejos de ampliar y proteger el espacio público en la zona marítimo terrestre (ZMT), el proyecto de la Cámara de Representares, PC 25, tiene como resultado la privatización de  que lo que se supone son  bienes de dominio público: playas, manglares, dunas, zonas de anidaje  y la seguridad costera.  La  nueva definición de la ZMT adoptada en  el PC 25 durante sus vistas en la Cámara fue la propuesta de la Asociación de Constructores.

El licenciado Pedro Saadé Lloréns, en entrevista, señaló que si bien es cierto que la definición actual de la  ZMT data de tiempo español, cuando se habla de actualizar esa definición en el interés público, en lo ambiental, la definición lo que requiere es que se amplíe lo que se denomina como ZMT.  En cambio, las  consecuencias del proyecto no son esas. Reveló que en las vistas en la Cámara se cambió la definición original que tenía el proyecto y se adoptó la propuesta de la Asociación de Constructores.

El experto en Derecho Ambiental expuso que al utilizar el concepto de mareas altas, la nueva definición de la ZMT se extenderá hasta donde alcancen tierra adentro el promedio de las mareas más altas ( Nivel Medio de Pleamar Mayor ). El resto de los bienes, tierra adentro, se considerarán privados, según establece la sección 1 del PC 25. El proyecto también elimina las protecciones que se derivan de las servidumbres de salvamento y vigilancia en lugares clasificados como  acantilados.

Sadeé explicó que  no es que las mareas altas ocurran con menos frecuencia, sino que, como  todas las mareas en Puerto Rico, son defectuosas. Las mareas  son micromareas o muy pequeñas, contrario a otros lugares como en la costa del Atlántico y el Cantábrico en la península Ibérica, donde cada vez que el mar se retira, se retira metros, metros hasta kilómetros. Eso es una verdadera marea sensible.

“En Puerto Rico se puede estar todo el día en Isla Verde y no vas a poder decir ya va a subir o bajar la marea. Por ende, el peligro de este proyecto es que al acentuar y formalizar más todavía el usar las mareas para definir la ZMT porque son pequeñas, no pasan de una pulgada. Eso quiere decir que el resto de la playa, entendiendo las arenas que todos conocemos, quedarían fuera de la definición de la ZMT”.

Observó que el proyecto presenta ambigüedades, ya que tiene una sección que dice que no se podrá afectar el disfrute de las playas hasta la línea de la vegetación, pero a su vez  dice que la marea de la ZMT es hasta tal punto y que el resto es privado. “Es decir que puedes tener un derecho de disfrute, pero ¿quién es el dueño, quién es el titular? Eso es insuficiente, en todo caso, confuso, y se va a prestar a abuso”, advirtió.

El licenciado Saadé Llorens subrayó que los problemas de las costas en Puerto Rico son reales: las construcciones, los abusos, la importancia que tiene para el pueblo el uso de los playas. Y el proyecto tal como está presentado es una pérdida de oportunidad de tratar de tener una definición y una ley que proteja las costas ante el cambio climático.

En esa línea, manifestó que la preocupación del proyecto no es el bienestar, ni el daño ambiental ni las consecuencias del cambio climático, sino la propiedad privada. “Lo dice así mismo. Al final de la exposición de motivos dice que el objetivo de este proyecto es definir mejor para la protección de la propiedad privada. También dice que es para proteger las playas, pero ya se ve que es una protección parcial”.

El PC 25, que ya fue aprobado en la Cámara, se encuentra ante la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado, que preside la senadora Marrisa Jiménez Santoni. El licenciado Saadé Llorens le cursó una carta a la presidenta de la Comisión, en la cual le expone estas y otras observaciones respecto a la medida.

En su exposición recalca que con la definición de la ZMT del PC 25, áreas de las costas como las playas y sus arenas ( incluyendo las arenas secas), dunas, posibles manglares y otras perderían potencialmente su carácter y protección pública en el futuro. “Ello se debe a que el PC 25 adoptó la definición limitante y reductora de la ZMT que impulsó la Asociación de Constructores de Puerto Rico, lo cual se evidencia por el historial de las ponencias sometidas en la Cámara, en específico, la ponencia del 25 de mayo del 2025 de dicha asociación”.

El ambientalista  de amplia trayectoria reparó, además, en que el proyecto es contrario a la decisión del Senado de aprobar o endosar en todo o en parte el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (Plan), el cual, como se sabe, contiene diversas medidas de protección costera e, incluso, tendría el efecto de beneficiar las ocupaciones en La Parguera, debido a la limitante definición de tierra adentro de la ZMT.

Otro aspecto del proyecto es que obliga al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a modificar el reglamento que al presente se utiliza para definir la ZMT, el cual contiene unos conceptos como las playas, dunas y mangles que neutralizan un poco el uso de las mareas altas para su definición.  El experto expresó sus sospechas de que con el PC 25 se dé paso a que se enmiende el reglamento para eliminar esos elementos de la costa que ahora mismo tienen alguna protección.

En su carta enviada a la presidenta de la comisión, senadora Jiménez Santoni,  Saadé Llorens le sugiere que se le debe requerir al DRNA que produzca el cálculo de la totalidad de las playas de Puerto Rico que quedarían tierra adentro de la definición de ZMT que adopta el P 25, tanto en millas o kilómetros cuadrados como lineales; que identifique aquellas playas o áreas costeras de anidaje y de dunas que quedarían tierra adentro de la ZMT que adopta el PC 25.

Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, también declaró su rechazo a la medida y censuró que el PC 25 “favorece de manera desmedida al interés privado frente al público, a pesar de que la protección de los recursos naturales en el archipiélago es de rango constitucional”.

En comunicado de prensa, la  licenciada Lolimar Rodríguez Escudero, abogada de Política Pública de ACLU, subrayó :“Extender el alcance del dominio particular a tierra adentro de la zona marítimo terrestre, restándole así espacio al dominio público, no es compatible con nuestro principio constitucional de la más eficaz conservación, desarrollo y aprovechamiento de nuestros recursos naturales, sino que directamente lo coarta”.

La ACLU elevó a la atención el que al redefinir la zona marítimo-terrestre, el PC 25  pretende reducir los 50 metros de salvamento y zona de vigilancia a 20 metros, al tiempo que deja fuera criterios como las marejadas ciclónicas. Con ello se debilita la protección de la zona marítimo-terrestre, pues se debilita la protección de los bienes de dominio público de la costa y se podría reducir significativamente las áreas consideradas como de dominio público.

Advirtió que la nueva definición se presta para facilitar los reclamos privados sobre terrenos que antes quedaban claramente en la zona marítimo-terrestre. Más aun, alertó de que la definición propuesta tendrá el efecto de exacerbar los conflictos existentes entre el uso público y el uso privado, ya que no cuenta con mecanismos para proteger el “disfrute tradicional”.

La postura de ACLU fue sometida ante la comisión del Senado en un memorial el 17 de marzo.

CLARIDAD

 Luego de enfrentar críticas de los residentes y de líderes de la comunidad, la gobernadora Jenniffer González Colón, emitió, el 31 de marzo, una orden ejecutiva que aplaza el cambio tarifario de $4 a $22.50 para el servicio de lanchas a Vieques y Culebra. El aumento, que habría entrado en vigor el pasado 1.^o de abril, queda fijado para el 5 de mayo.

De acuerdo con la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), la decisión busca “fortalecer la comunicación” con las comunidades de las islas municipios, así como asegurar una “transición asegurada” a una llamada transformación histórica que la agencia impulsa en el servicio de transporte marítimo.

“Este ajuste, que no se revisaba hace 38 años, no representa impacto para los residentes bona fide de Vieques y Culebra, quienes continuarán pagando la tarifa vigente… Esta iniciativa protege directamente a las comunidades locales, asegurando que los residentes continúen pagando lo mismo mientras se generan recursos adicionales para mejorar la operación del sistema”, expresó la agencia por escrito.

Del mismo modo, ATI exhortó a los residentes de Vieques y Culebra a que se registren como tales en el terminal de Ceiba. De no hacerlo, este “mecanismo de protección” pudiera redundar en precios más altos para personas que viven en las islas municipios. El modelo de distinción de tarifas, agregaron, está implementado para viajeros de Culebra, donde el registro cobra un impuesto de $2.00 para quienes no residen allí.

“En cuanto a los comerciantes y proveedores de artículos esenciales como alimentos, combustibles y equipos médicos… podrán ser clasificados como “comerciantes bona fide” por los municipios, lo que les permite estar exentos tanto del ajuste tarifario como del cargo ambiental, garantizando la estabilidad en el acceso a bienes esenciales”, añadió ATI.

Por otro lado, la agencia sostiene haber abierto la discusión a vistas públicas en Fajardo, Ceiba, Vieques y Culebra, así como que cuenta con el respaldo de los alcaldes de las islas municipio. No obstante, el alcalde de la Isla Nena advirtió que los cambios en los precios de boletos afectarían el costo de vida general.

“No era como Josué (director de ATI) decía… El reglamento (de precios) estaba mal hecho. Estamos hablando para enmendar este reglamento porque esto hay que enmendarlo. Nosotros, los alcaldes, vamos a defender los bolsillos de los viequenses hasta lo último. Aquí vamos a trabajar con la caja de comercio, con los estudiantes, personas mayores, los familiares. Vamos a enmendar un sinnúmero de cosas que hay que enmendar para que viequenses y culebrenses puedan tener un estilo de vida agradable y conforme a las necesidades que hoy enfrentan”, compartió José A. Junito Corcino, alcalde de Vieques, tras reunirse el lunes con el presidente de la Cámara de Representantes y el director de ATI.

Corcino catalogó la reunión de eficiente a pesar de estar en contra de la gestión de Josué Menéndez. “Más productiva sería si Josué Menéndez no estuviera dirigiendo ATI”, dijo el ejecutivo municipal.

Anteriormente, Corcino había señalado el efecto que esta determinación tendría en la cadena de suministros del pueblo. De formalizarse el registro de residentes, contó, se excluirán a los proveedores de comida, medicamentos y combustible que no residen al otro lado del mar.

En esa línea, el Colectivo Somos Más Que 100×35 convocó a una conversación con la ciudadanía. El encuentro, fechado para el 8 de abril a las 5:00 p.m., discutirá las preocupaciones de las comunidades en las islas municipios para remitirlas a la gerencia de Transporte Integrado.

“La economía local se debilitará. Menos turismo reducirá el dinero que entra a la isla; los comerciantes subirán sus precios para no cerrar; el costo de vida aumenta, los residentes pagan las consecuencias… La educación también se afecta. Los estudiantes que viajan a diario tendrán que asumir el costo de ida y vuelta, lo que ocasionará mayor carga económica, deserción estudiantil y menor acceso a la educación”, advirtió la Alianza de Mujeres Viequenses.

Igualmente, la colectividad arguyó que la disminución de actividad turística resultará en despidos para la fuerza trabajadora del transporte marítimo. Con menos demanda, menos pasajeros y menos viajes programados, la necesidad de trabajadores disminuye. El pasado

1.^o de abril, diez organizaciones de Vieques convocaron una manifestación frente al terminal de la isla municipio.

“También dificultará aún más la movilización de ferias de salud, organizaciones, agencias y ayudas externas. El servicio, subsidiado en su mayoría con fondos federales, generará ingresos directamente para HMS (empresa privada encargada), sin transparencia sobre el manejo de los fondos ni el proceso de alza”, expresaron, por escrito, grupos como La Colmena Cimarrona, Vieques Love, Mujeres de Islas y otras más.

Decisión vigilada por el Congreso

 En una carta conjunta, las congresistas Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez, Dan Goldman, Delia Ramírez y el comisionado residente, Pablo Hernández Rivera, alertaron al director de la Administración Federal de Tránsito (FTA, siglas en inglés), Matthew Welbes, sobre posibles violaciones a regulaciones federales.

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Para el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, el plazo hasta el 1 de octubre de este 2026 que concedió la jueza Laura Taylor Swain a la Junta de Control Fiscal (JCF) para continuar mediando con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) “es como prender una vela a un santo. La juez está en las mismas, buscando que haya una oportunidad de que se llegue a un acuerdo, que no va a ocurrir”, reaccionó a CLARIDAD ante la postura de la Junta, de los bonistas y los pleitos que rodean el caso.  La petición de la extensión fue hecha por la JCF. La extensión de la mediación representa un gasto de $1 millón al mes en mediadores.

El plazo se da luego de que la jueza rechazara, a mediados de marzo, el reclamo de un grupo de bonistas, encabezados por Golden Tree Asset Management, los cuales insistían en que la AEE les debía $3.7 mil millones de  dinero que se debió dirigir al pago de los bonos durante la quiebra, pero que se utilizó para otros gastos operacionales, según ellos, no autorizados. De inmediato, los bonistas acudieron al Tribunal Apelativo, el cual ya acogió el caso.

A esto se une que ya antes los bonistas habían radicado una moción para que se levante la paralización en todos los litigios que quieren llevar, que se levante la paralización automática del Titulo 3 de la Ley PROMESA,  que se ventile una moción de desestimación en el caso y  que se  vea la reclamación que tienen de la contabilidad, para verificar cuáles son los “bonos expenses” que hay que descontar a AEE. Todo esto es al margen de litigar la deuda. Si la jueza Swain  levanta la paralización automática el caso, entonces iría  al Tribunal de Primera Instancia de San  Juan, para examinar la asignación de un síndico. Emmanuelli Jiménez apuntó que el  interés de los bonistas es que se desestime la paralización del caso para que entre un síndico a administrar  la AEE.

A la interrogante de qué pasaría con los dos componentes privatizados —la generación y la distribución y transmisión—,  en caso de que un síndico entre a administrar la AEE, dijo que se quedarían igual, a menos de que el síndico decida salir de ellos. Comentó que cuando se mira los beneficios que trae un síndico serían probablemente mayores que lo actual. “Lo he explicado públicamente, la desestimación no es tan mala”, aunque acotó que la Junta podría volver a radicar un caso y se perdería todo el trabajo previo.

No obstante, el licenciado experto en casos de quiebra reconoció que con o sin desestimación, como quiera, el caso de la deuda de la AEE tomaría de dos a tres años más. Afirmó que el Plan de Ajuste de Deuda de la JCF no tiene base para poder ser confirmado porque no se sabe cuánto es la garantía de los bonistas. No se puede saber cuánto es la garantía de los bonos debido a que no se sabe cuántos son los ingresos netos de la AEE.

Al preguntarle cómo es posible que no se sepa cuánto es el valor de los ingresos netos de la AEE, lo atribuyó, en parte, a los dos privatizadores,  lo que dificulta que se sepa cuáles son los ingresos netos porque son dos capas que hay que fiscalizar. Cada uno tiene diferente sistemas de contabilidad y, muy probablemente, computan las cosas de distinta manera por consejo de sus asesores contables.

Por parte de la JCF, resaltó Emmanuelli Jiménez, el problema es que con tal de no mostrar cuáles son los ingresos reales de la AEE y la información que tiene la AEE de la contabilidad, han estado opuestos a ser transparentes, y eso ha hecho que los bonistas sigan insistiendo y el proceso se haya alargado.

¿Cuál es el descubrimiento que hay que hacer y por qué  la Junta no ha querido ser transparente sobre el tema?, preguntamos.

Para Emmanuelli Jiménez, lo muy probable es que la información no favorece a la Junta ni a la AEE. “Tenemos una situación donde defender a Puerto Rico de los bonistas, sin duda, alarga el proceso”. Recalcó que el sistema eléctrico de Puerto Rico está arruinado y no  va a sobrar nada para los bonistas. “El caso va a durar tres o cuatro años más. Tiene que venir un milagro”. En ese sentido, el plazo concedido por la juez para que continúe la mediación, es buscando que haya una oportunidad a que se llegue a un acuerdo.

El licenciado Emmanuelli Jiménez denunció que a la Junta le conviene mantenerse y la describió como un gobierno permanente que está protegiendo sus privilegios. Aun cuando se supone que técnicamente, por la Ley PROMESA, la deuda de la AEE  es la última deuda del Gobierno de Puerto Rico por negociar, advirtió que  la Junta va detrás de la Universidad de Puerto Rico y su sistema de retiro. Recalcó que según PROMESA,  mas allá de los cuatro presupuestos balanceados consecutivos, luego de la deuda de la AEE, técnicamente, la Junta no tiene nada más que hacer.