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Mareas a la deriva

Esta memoria no caerá 

Kairiana Núñez Santaliz. Foto por Alina Luciano/CLARIDAD

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Fotos Alina Luciano/CLARIDAD

Ojos húmedos, rostros conmovidos… difícil no reaccionar a las historias y testimonios de personas que han enfrentado la violencia policial en Puerto Rico. Bajo el título de Esta memoria no caerá: cuerpos y voces ante la violencia de Estado, un grupo de jóvenes artistas callejeros dramatizaron algunos testimonios de casos de ciudadanos muertos a manos de la Policía de Puerto Rico.

“Hoy decidimos ser portavoces de todas esas familias que merecen ser escuchadas, para que más temprano que tarde se les haga justicia a todos”, expresó la artista Kairiana Núñez Santaliz sobre la actividad promovida por la organización Kilómetro Cero. Las presentaciones se hicieron el 11 de septiembre en un recorrido que inició frente a la Plaza del Mercado en Río Piedras; luego en el callejón del Carmen, también en Río Piedras, y en la tarde, en la Plaza Barceló de Barrio Obrero.

“Anthony a los 14 años comenzó con convulsiones por epilepsia”, recordó la madre del joven, Elsa Avilés, en voz de Núñez Santaliz. Esta dramatizó que a partir de los 14 años al joven se le agudizó su condición, y un 14 de febrero  tuvo otro episodio, por lo que llamó al 911 en busca de ayuda. Tuvo que llamar dos veces, y cuando al fin llegó la Policía, su hijo había tomado un machete y se encontraba en la marquesina de la casa. Cuando llegó la Policía, ya su hijo había soltado el machete; pero la Policía, sin mediar palabra, le disparó y lo mató.

Otro caso dramatizado fue el del joven Jaime, el cual tiene incapacidad funcional y fue detenido por la Policía Municipal de Hatillo, un 9 de febrero. El joven transitaba por una calle conocida que siempre había sido de dos direcciones. En esa ocasión, sin que mediar advertencia alguna, la calle estaba en una sola dirección. La Policía lo detuvo y al pedirle sus papeles, el joven se puso nervioso  y se negó a bajar del carro; la Policía le aplicó una descarga eléctrica, lo sacaron del  carro y lo tiraron al piso. Desde ese incidente, el joven ha tenido problemas para dormir y aún le quedan marcas en la piel.

Gabriel, un joven de 17 años, fue detenido  un 23 de enero en la madrugada y ultimado por la Policía, a pasos del edifico donde vivía.  El joven no estaba armado ni tenía antecedes penales. Según se denunció, la Policía ha dado varias versiones de lo ocurrido, pero ninguna concuerda con los hechos.

Agresiones de parte de la Fuerza de Choque durante manifestaciones en el Capitolio y frente a la Fortaleza fueron algunas de las dramatizaciones en las cuales participaron varios jóvenes artistas, además de Núñez Santaliz, Fabiola Hernández Ramos, Wilmylied López Hernández,  Kenneth Salgado, Héctor Quique Rodríguez, Tania Adorno, Dwight Géigel y Henry Colón Zayas.

Concluidas las dramatizaciones, los artistas invitaron al público a depositar flores en un círculo, con la intención de que estas muertes y otras más no permanezcan silenciadas, reducidas a estadísticas o anécdotas y desplazadas por las versiones oficiales desde el poder.

Entre los que depositaron sus intenciones estuvo el joven Terry Lastra, empleado del Municipio de San Juan. “Estoy aquí, en mi hora de almuerzo, en solidaridad, en búsqueda de  justicia. Así que aquí estoy bajo el sol porque se debe estar aquí”.

Una joven madre que dijo que pasaba de casualidad y se detuvo a ver, compartió su reacción: “Tenemos que ser conscientes de que nos afecta a todos cuando se ejerce el poder de forma inadecuada.  Estoy al tanto del uso de la violencia y cómo eso está cambiando nuestra sociedad. No solo aquí, la Policía; sino ahora mismo estamos viviendo genocidio y la ONU no puede hacer su trabajo, la Corte Internacional no puede hacer su trabajo, y eso nos dice cómo normalizamos la violencia”.

Entre los asistentes, estuvo el trompetista José Aníbal Román Gallardo, cuya experiencia fue una de las dramatizadas. Este fue tiroteado por la Policía en una de las protestas frente a Fortaleza: “Ya ni me acuerdo, las marcas quedaron ahí”, dice sereno sobre la fecha que le parece que fue entre el 2022 o 2023.

Román Gallardo, quien en otros tiempos  tocó con Richie Rey y Bobby Cruz, con la Puertorican Power y con la Orquesta de Junior Toledo, entre otras, dice que ahora se pasa tocando, protestando, por eso se encontraba en la manifestación. De lo sucedido, describe que la Policía estaba desalojando, venían en fila detrás; llevaba su trompeta, estaba afectado por los gases lacrimógenos. Fue al único que le tiraron.  Dos jóvenes le ayudaron a salir, fue llevado a Centro Médico, donde llegó a las 10 de la noche y no fue hasta las seis de la mañana que fue atendido.

Aunque comentó que intentó radicar una querella, no pudo. Según narró, un fiscal le pidió el nombre del agente, y él le dijo que no lo tenía, que el agente tenía una máscara y estaba sin identificar. “¿Qué quería, que me diera el próximo en el pecho?”, fue parte de su respuesta al fiscal. El fiscal le dijo: “Usted entiende…” y él respondió: “Sí, ya yo entiendo”,  “y me fui los deje allí…”

Por su parte, la directora ejecutiva de Kilómetro 0, Mari Mari Narváez, expresó que harían falta cientos de artistas para poder recrear, interpretar cada uno de los casi 500 testimonios que la organización ha documentado en los últimos años. “No es sólo el golpe, no es solamente la agresión, no es solamente la acción que llamamos el uso de fuerza del Estado. Es todo lo que ocurre después también. En algunos casos, son vidas que hemos perdido. Alrededor de 140 muertes hemos documentado por uso de fuerza policiaca sólo desde el 2014”.

Agregó que Kilometro 0 ha documentado más de 450 historias de diversos tipos de violencia policial mediante entrevistas con personas afectadas, testimonios y otras fuentes de información. El archivo preserva la memoria de estas experiencias, centrándose en el poder y en la participación de las personas afectadas, permite identificar patrones de abuso policial, promueve la búsqueda de rendición de cuentas y la abogacía pública contra la violencia de Estado.

“Los cuerpos han caído a manos de la violencia policial y la memoria también puede perderse y quedar sepultada en un expediente. Kilómetro 0 tiene la responsabilidad de asegurar que eso no suceda con las experiencias, testimonios e historias de las personas víctimas de la violencia policial. La memoria se sostiene cuando se cuenta, cuando se ocupa la calle y las plazas. Cuando nos permite afirmar que la experiencia que parecía individual forma parte de una violencia organizada, sistemática e institucional”, añadió.

La directora ejecutiva indicó la necesidad de que haya  rendición de cuentas y consecuencias para los policías que abusan de la fuerza, que el uso de fuerza policial sea regulado, estrictamente supervisado,   con límites establecidos por ley e investigaciones independientes y transparentes.

Para finalizar, se invitó al país a escuchar estas historias y ser parte de los reclamos de quienes resisten, denuncian y se organizan para que esta memoria sirva a transformar la seguridad pública.

 

 

El gobierno quiere firmar contratos innecesarios

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ccotto@claridadpuertorico.com

La consultora en energía del Instituto de Análisis Financiero y Económico de la Energía ( IEEFA, siglas en inglés) Cathey Kunkel, advirtió que el Gobierno de Puerto Rico planifica firmar contratos para más capacidad de generación eléctrica de la que necesita el país.

En su más reciente análisis, publicado el10 de septiembre, expone que los contratos que están pendientes ante la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas (AP3) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)  darían lugar a la adición de más de 5,200 megavatios de generación de energía. Esta  sobreconstrucción significativa del sistema eléctrico está basada en la generación con combustibles fósiles.

De acuerdo con Kunkel, entre los hallazgos más relevantes de su análisis es que esa generación  representa una sobreconstrucción significativa del sistema eléctrico centralizado, cuando los residentes y los negocios siguen optando por la energía solar instalada en los techos.

Otro elemento fundamental que señaló que tiene  este sobredimensionamiento,  es el proceso de adquisición pendiente para 3,000 megavatios (MW) de nueva generación (probablemente a base de gas), incluyendo hasta 600 MW para reemplazar la central eléctrica de Costa Sur.

Mientras, repara en que la Junta de Control Fiscal (JCF) ha planteado sus dudas sobre el proceso de adquisición  para 3,000 megavatios de capacidad eléctrica, pero sostiene que las preocupaciones de la JCF están siendo ignoradas. En cartas enviadas por la JCF el 1 de julio y el 17 de julio de 2026 a la AP3 y a la AEE, el ente fiscal  planteó dudas sobre el proceso de contratación.

“La Junta señaló que quedan pendientes importantes asuntos estructurales y de procedimiento, entre ellos, el acceso a los puertos, la infraestructura y la logística relacionadas con el combustible, los requisitos de permisos e interconexión, los criterios de cualificación técnica y financiera, los costos del proyecto, la viabilidad de su ejecución y la asequibilidad para los abonados”.

De su parte, IEEFA indicó  que ya ha expresado su preocupación por el hecho de que el Gobierno de Puerto Rico esté participando en múltiples procesos de contratación de generación de energía al margen de su plan integrado de recursos, el proceso que se supone que debe guiar el desarrollo a largo plazo del sistema eléctrico de la isla.

Kunkel subrayó que Puerto Rico necesita de manera urgente una planificación coordinada de su sistema eléctrico antes de que sus residentes queden atrapados durante las próximas décadas en un sistema de generación centralizado, sobredimensionado e innecesariamente costoso.

La interminable saga de Zayira Jordán y la UPR

 

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 El Caucus de Senadores Claustrales del Recinto de Río Piedras discutió, el 9 de septiembre, las diversas insuficiencias presupuestarias del primer centro docente con la presidenta Zayira Jordán Conde. Tras aproximadamente dos horas de deliberación, el cuerpo representativo compartió los resultados de la conversación mientras, de fondo, la jefa del sistema universitario se escurría en su Infiniti QX por la salida.

De acuerdo con el portavoz del Caucus, el profesor Jorge Colón, el Senado Académico solicitó esta reunión después de identificar $15 millones en deficiencias fiscales que afectan contratos temporeros, pagos de servicios esenciales, ofertas académicas, ayudantías y otros programas vinculados con la investigación académica.

“Le estamos dejando saber a ella que estamos en un situación crítica que necesita que la Universidad de Puerto Rico (UPR) piense, de nuevo, en la distribución presupuestaria que se hizo, que busque en el presupuesto donde se pueda redistribuir fondos e invertirlos para cubrir necesidades. Se le informó en la reunión que, según aparece en el presupuesto, no vamos a poder pagar los últimos tres meses de la factura eléctrica”, advirtió el docente.

Por su parte, el representante estudiantil Kemuel Rodríguez explicó que estas insuficiencias presupuestarias corresponden a la operación mínima del recinto, de modo que el déficit impactaría otros gastos “ordinarios” si sigue creciendo esta deficiencia. El portavoz contrastó la asignación corriente de $170 millones contra los gastos proyectados de $216 millones en necesidades. La disparidad contradice.

“De las cosas más preocupantes, señalo las ayudantías, sobre todo para estudiantes graduados, porque estos programas habilitan la actividad de investigación y creación en la Universidad de Puerto Rico. Si queremos movernos a modelos que, como dice la propia presidenta del sistema universitario, sean autosustentables, pues, eso es lo que tenemos que proteger.  De la investigación y la creación de las patentes es que sale el dinero”, elaboró Rodríguez.

Para Astrid Lugo, representante de Humanidades en el Senado Académico, la presidenta no tiene constancia de estas deficiencias. A lo largo de las casi dos horas de la reunión, mientras afuera tentaban lloviznas de nubes sembradas, Jordán Conde hizo mutis ante los planteamientos del Caucus. La estudiante también destacó el apremio de la reunión, que fue convocada un día antes de celebrarse.

“Estoy frustrada con la situación porque la presidenta plantea que no hay espacio para revisar el presupuesto. ¿Qué quieres decir eso? ¿Que la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras no va a poder pagar la luz? ¿Eso es lo que el Gobierno de Puerto Rico va a permitir que pase con el primer centro docente, el lugar donde se hace la mayor cantidad de investigación que se hace en el país? Quiero pensar que hay espacio para recapacitar y repensar esa contestación”, agregó Lugo.

El profesor Colón cuenta que solicitaron, en septiembre del año pasado, una reunión con Jordán Conde. Ella no contestó. Ahora, lograda la reunión, le preguntaron si tenía un plan fiscal para los próximos cinco años. Ella no contestó. Le preguntaron si pensaba solicitarle más dinero a la Junta de Control Fiscal (JCF). Ella no contestó. Le preguntaron si apoyaba el proyecto de la Cámara que restablece la antigua fórmula presupuestaria de la UPR. Ahí contestó que no se comprometía con nada.

“Ella nos oyó en la reunión, nos dio la oportunidad de hablar, pero no salimos con un resultado real en términos de algo que vaya a mejorar las finanzas del recinto”, señaló Colón.

La redistribución de partidas, añadió Rodríguez, no están restringidas por la ley PROMESA, a pesar de los percances administrativos. Falta «voluntad de sistema» para cumplir los procesos necesarios para la búsqueda de fondos, dijo. Cuestionó, además, partidas de la Administración Central como los $47 millones destinados para servicios y actividades del sistema. Una cantidad que, de acuerdo con el portavoz, duplica el presupuesto de otros recintos de la UPR.

“Hay de dónde poder subsanar ciertas deficiencias, empezando por aquellas que tienen un impacto adverso sobre la habilidad de generar ingresos propios o para mitigar parte de esta insuficiencia presupuestaria. El desglose mayor dentro de Administración Central es esa partida de $47.24 millones. Esas son partidas a transferir. Si no se genera una necesidad que justifique esa transferencia, eso se queda en el pote que se conoce como el SASU”, aclaró Rodríguez.

Tras la reunión, los portavoces consideran apelar ante de la JCF, regresar al Senado Académico esta semana para informar sobre los resultados de la reunión y emplazar a la Junta de Gobierno de la UPR y a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, para que inviertan recursos en el primer centro docente y reconozcan su valor dentro de la economía del país.

“¿Cuál es el proyecto de país que yo voy a financiar como gobierno? Tiene que ser la Universidad de Puerto Rico”, reclamó Lugo.