CLARIDAD

No hay nada nuevo en la sucesión de escándalos de corrupción gubernamental que han copado los noticieros puertorriqueños durante los últimos dos meses. “Lloviendo sobre mojado”, diría el amigo Bernardo López Acevedo, porque es una repetición ad nausean de lo que ha vivido Puerto Rico durante los últimos 33 años, desde que el primer Rosselló asumió la gobernación el 2 de enero de 1993. Y no es que antes no existiera corrupción gubernamental, sino que era más esporádica o menos atendida por la prensa. Ahora, como en la era de las taifas peninsulares, a la conquista de la plaza le sigue el saqueo para compensar a los colaboradores.

Son varios los eventos apestosos, pero en este artículo me limitaré al de Power Expectations. Como es frecuente en este País donde la corrupción no se investiga, este mega tumbe no llegó a consumarse gracias a una oportuna noticia de la periodista Bárbara Figueroa, pero pudo haber sido de $5,887 millones. ¿Qué sabemos? Que Power Expectations -una empresa poco conocida organizada en Florida, que sólo existe de nombre- creó un consorcio falso, al que añadió a una entidad de Texas llamada Enchanted Rock (que de verdad existe) fue favorecida con un contrato por esa enorme suma de dinero para proveernos la tan necesitada generación eléctrica adicional. La entidad tejana advirtió repetidamente a lo largo de meses, enviando continuos correos electrónicos, que no era parte del consorcio, pero los oficiales del gobierno -el pomposo “zar” de energía Josué Colón y el “privado” Osvaldo Carlo- procedieron a toda prisa con la firma del contrato, a sabiendas de que contrataban con un fantasma. El tumbe se evitó cuando el reportaje periodístico expuso públicamente por primera vez la advertencia de Enchanted y, tras corroborarla, la Junta de Control Fiscal retiró su aval al contrato. También sabemos que la firma en el contrato del supuesto “representante” de la empresa tejana es de alguien desconocido por ellos. El individuo en cuestión tiene un largo historial de convicciones por fraude y está vinculado a otros “empresarios” recientemente perdonados por Donald Trump tras el pago de unos cuantos millones de dólares. Pura mafia MAGA.

¿Qué no sabemos? No sabemos aún los nombres de todos los buscones que se esconden tras el velo corporativo de Power Expectations, ni el historial de los individuos. Se ha identificado a un tal Eddie Echevarría, un “empresario” de poca monta en Florida, pero detrás de él tiene haber otra gente, tal vez vinculados al nebuloso mundo MAGA de Estados Unidos.

Tampoco sabemos si existió algún vínculo conspirativo de Josué Colón con los “empresarios” o si sólo estamos ante otro retrato de incompetencia profesional adornada con prepotencia, a las que el pomposo zar nos tiene acostumbrados desde que dirigió la AEE. Las mismas interrogantes existen sobre Osvaldo Carlo, quien a pesar de su experiencia como fiscal e investigador criminal, dejó pasar por su lado tantas señales de fraude.

¿Cuánto nos cuesta el escándalo? Dado que el contrato tuvo que ser cancelado tras conocerse la trama el mega tumbe de casi $6 mil millones no se dio, por lo que la malversación de fondos públicos se limita a los cientos de miles gastados en el proceso ya que el exfiscal, los funcionarios y los muchos abogados estuvieron en todo momento muy bien pagados. Hay, sin embargo, un enorme costo no contabilizado. Lo que Colón y Carlo debieron gestionar era un proveedor de energía que redujera la enorme deficiencia que arrastra el sistema de generación de Puerto Rico, particularmente durante el ardiente verano. Su negligencia (al menos) y la del gobierno que los ampara aumentó nuestra exposición a la otra incompetencia: la de las privatizadoras Luma y Genera.

¿Alguien investigará? Gran parte de lo que aún se desconoce podría aclararse si una entidad con autoridad para citar testigos y obtener pruebas decidiera investigar la posible trama criminal. Sin embargo, es muy poco probable que eso ocurra. Nadie puede esperar que el Departamento de Justicia, dirigido por la muy leal Lourdes Gómez, vaya a efectuar una investigación seria. Además, habiendo autores en distintos lugares de Estados Unidos, no es mucho lo que el DJ pueda hacer. Quien sí tendría muchas herramientas de investigación es el FBI, pero en estos tiempos esa entidad federal se dedica a investigar a quienes Trump considera enemigos y a narcotraficantes de poca monta.  Como muchos otros, el escándalo de Power Expectations quedará en nada y nos acordaremos de él cuando llegue el próximo mega apagón.

Especial para CLARIDAD

La defensa del Parque del Tercer Milenio es, en esencia, la defensa de un principio democrático que suele olvidarse cuando el poder se ejerce sin frenos: los espacios públicos no son activos transables ni terrenos disponibles para negociaciones privadas. Son patrimonio colectivo, y su administración exige transparencia, evidencia y respeto por la historia que los define. La controversia que hoy ocupa a la ciudadanía y a la Legislatura Municipal de San Juan no surgió de un capricho ni de una disputa menor. Es el resultado de años de vigilancia comunitaria, de un compromiso sostenido con la ciudad y de la convicción de que el litoral sanjuanero merece algo más que improvisación y cemento.

El Parque del Tercer Milenio nació de una visión urbanística clara. El arquitecto Thomas Frost concibió el espacio como un corredor ecológico y recreativo que integrara la costa, la vegetación nativa y el acceso ciudadano sin barreras. Su diseño respondía a una filosofía de ciudad abierta: un parque lineal que permitiera caminar, correr, observar el mar, practicar deportes y convivir sin la presión del tráfico ni la contaminación. Era, y sigue siendo, un proyecto que apostaba por la salud pública, la recreación y la protección ambiental. En ningún documento de su diseño original aparece la idea de un estacionamiento de varios niveles incrustado en el corazón del parque. Esa propuesta es una alteración sustantiva del concepto original y una ruptura con la intención fundacional del proyecto.

La lucha por proteger el parque incrementó cuando el Municipio de San Juan impulsó la construcción de un estacionamiento sin estudios, sin diseño, sin análisis de movilidad y sin un solo documento que justificara su necesidad. Antes, la organización Escambrón Unido daba la Batalla por proteger el litoral. La propuesta del alcalde Miguel Romero Lugo para la construcción de un estacionamiento multipisos llegó a la Legislatura Municipal como un borrador incompleto, carente de información técnica y sin evidencia que demostrara que el área —ya saturada de estacionamientos públicos y privados— requería otra estructura de aparcamiento.

A pesar de ello, la mayoría legislativa aprobó una enmienda que abría la puerta a la privatización del espacio. Lo hizo sin tener frente a sí un solo documento que sustentara la medida, sin estudios ambientales, sin proyecciones de demanda y sin análisis de impacto sobre la comunidad. La aprobación de la enmienda, en esas condiciones, no fue un acto de gobernanza responsable, fue una renuncia a la obligación de evaluar, cuestionar y exigir evidencia.

La insistencia del Ejecutivo Municipal en adelantar este proyecto, aun frente a la ausencia total de información, levantó dudas legítimas sobre sus motivaciones. No es un secreto que los empresarios vinculados al proyecto y beneficiarios directos de la concesión propuesta han mantenido relaciones cercanas con administraciones del PNP y con figuras políticas que hoy ocupan posiciones de poder y de los cuales han sido donantes generosos. La pregunta que surge, inevitable y necesaria, es por qué un alcalde insiste en construir lo que no ha podido justificar. ¿A quién sirve realmente esta obra? ¿Qué interés público se adelanta con la privatización de un parque costero? ¿Por qué se pretende alterar un espacio diseñado para la recreación y la salud comunitaria sin evidencia de necesidad?

La lucha ciudadana, acompañada por la minoría legislativa, culminó en una demanda contra el alcalde. No fue un acto de confrontación gratuita ni un gesto político vacío. Fue la consecuencia lógica de un proceso marcado por la opacidad, la falta de documentos y la negativa del Ejecutivo a someter el proyecto al escrutinio público. Cuando un gobierno se niega a proveer información, la ciudadanía tiene el deber —y el derecho— de exigirla por las vías que la ley dispone. La demanda es, en ese sentido, un mecanismo de defensa democrática: una herramienta para obligar al gobierno a rendir cuentas y a justificar sus decisiones.

Conviene recordar, en este contexto, cuál es el deber de un alcalde con su gente. No es proteger intereses privados, ni adelantar proyectos sin fundamento, ni convertir el patrimonio público en moneda de intercambio político. Su deber es gobernar con transparencia, escuchar a la comunidad, proteger los recursos naturales y garantizar que cada decisión responda al bienestar colectivo. La administración pública no es un ejercicio de terquedad, sino de responsabilidad. Un alcalde no está llamado a imponer, sino a justificar; no a ocultar, sino a explicar; no a persistir en el error, sino a corregirlo cuando la evidencia lo exige.

Por eso es importante afirmar que todavía está a tiempo para retroceder. La historia política está llena de momentos en los que líderes corrigieron el rumbo y fortalecieron su legitimidad al hacerlo. Cambiar de opinión no es un signo de debilidad, sino de madurez. Como escribió Séneca, “errar es humano; perseverar en el error es diabólico”. Y Marco Aurelio, en sus Meditaciones, recordaba que “si alguien me muestra que estoy equivocado, cambiaré; busco la verdad, y la verdad nunca ha dañado a nadie”. Rectificar no disminuye a un gobernante: lo engrandece.

San Juan no necesita otro estacionamiento en el Parque del Tercer Milenio. Lo que necesita es un alcalde dispuesto a escuchar, a rectificar y a reconocer que la ciudad se construye con la gente, no contra ella. La lucha continúa, y la puerta para corregir sigue abierta. Recapacitar, en este caso, sería un acto de valentía y un gesto de respeto hacia la ciudadanía que ha defendido este parque durante décadas.