Los elementos tácticos menores nunca deben nublar lo estratégico. La independencia, ya sea porque la metrópolis cumpla con el Derecho Internacional o porque la arranquemos con lucha se acepta y ya.

Edwin Hernández Feijoó

Especial para Claridad

Hace poco más de un año se dio a conocer la propuesta descolonizadora de Plan B Independencia, un grupo inicialmente integrado por doce juristas, economistas y profesores. “Una guerrilla de nerds” nos llamó la periodista Wilda Rodríguez. La propuesta fue divulgada inicialmente desde Londres el 7 de marzo de 2025 por el Daily Mail, cuyo corresponsal en Washington DC reportó que estaba moviéndose por los círculos de poder allí un borrador de Orden Ejecutiva (OE) para la firma del presidente Donald Trump dirigido a darle la independencia a Puerto Rico.

El fantasma de la independencia recorría la capital federal, opacando incluso la celebración de una llamada Cumbre por la Estadidad que se efectuaba allí en ese momento, organizada por el gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP). Cundió enseguida el temor entre colonialistas y colonizados de que Trump pudiese emitir otra Orden Ejecutiva de las tantas firmadas por él en esos días, esta vez para traer la independencia a Puerto Rico, ya no por la cocina sino que por la puerta de enfrente. Concebida como una movida “outside the box” por los redactores y promotores del borrador, a modo de una ruptura paradigmática con el marco acostumbrado del debate político en Puerto Rico, tomó al país por sorpresa y revolcó el tablero político. La independencia aparecía tomarse la iniciativa estratégica.

En el borrador de Orden Ejecutiva para la firma del Presidente de Estados Unidos, se conminaba a éste a disponer de inmediato del territorio colonial de Puerto Rico para iniciar un proceso de transición hacia su soberanía e independencia, en cumplimiento de sus obligaciones bajo el derecho internacional. Rolando Emmanuelli, Edil Sepúlveda y yo, en representación del Plan B Independencia, nos reunimos para hablar de nuestra propuesta con representantes de las oficinas congresionales de los influyentes senadores John Thune, líder de la mayoría Republicana, y Mike Lee, líder Republicano en el Comité de Energía y Recursos Naturales, el cual está a cargo de los asuntos insulares, incluyendo Puerto Rico. En ambos casos reconocieron que era la primera vez que se les planteaba la independencia como una opción alternativa a la estadidad para poner fin a nuestra condición colonial.

Algo parecido protagonizó Eugenio María de Hostos en 1899, al frente de una Comisión Puertorriqueña, con su propuesta para que se reconociese nuestra soberanía para decidir libremente sobre nuestro futuro, la cual fue sometida al entonces mandatario de Estados Unidos, William McKinley. Ambas propuestas son tan democráticas como lo fue también la abolición de la esclavitud en su tiempo, para lo que no hizo falta hacer consultas previas. A nadie se le ocurriría exigir el consentimiento de los esclavos para validarla. El colonialismo es una condición que ha sido igualmente proscrita bajo el derecho internacional, como también lo ha sido el genocidio y la tortura. Alegar que se requiere el consentimiento del colonizado para ponerle fin es absurdo.

Un nuevo despertar del movimiento independentista

La iniciativa del Plan B Independencia, hoy organizado como centro de pensamiento para la acción, formó parte de lo que sería un nuevo despertar del movimiento independentista y una potenciación de lo que a todas luces es un crecimiento del apoyo a la independencia en nuestro país. Ello quedó claramente evidenciado, por ejemplo, en el marco de las elecciones generales de noviembre de 2024. En éstas, un candidato independentista a la gobernación, Juan Dalmau, obtuvo un 31 por ciento del voto, quedando en segundo lugar. Por otro lado, en la consulta plebiscitaria efectuada conjuntamente con las elecciones generales, el resultado obtenido por la independencia fue un 30 por ciento y un 12 por ciento para la libre asociación. No soy de los que me creo el cuento ese de que las maquinas electorales en lo único que se equivocaron fue con el resultado del apoyo por la independencia. Las opciones por la soberanía, junto a los votos en blanco sometidos en protesta, alcanzó un 43 por ciento, mientras que el voto por la anexión fue de un 48 por ciento, un claro descenso en relación a lo obtenido en consultas más recientes.

El pasado 11 de enero tuve el honor de ser invitado por la Comisión Nacional Hostos 180 para ser el orador principal en los actos conmemorativos del natalicio del insigne patriota puertorriqueño celebrados en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En mi mensaje comparé las propuestas de soberanía articuladas por Hostos entre 1898 y 1900, y la de Plan B Independencia, del cual soy uno de los portavoces. Ambas se dan en contextos similares caracterizados por guerras del imperialismo yanqui empuñando un alegado destino manifiesto para dominar sobre las Américas, tanto el norte como el sur, incluyendo las Antillas. Sin embargo, existe una gran diferencia entre ambas coyunturas históricas: la guerra hispano-cubana-estadounidense de 1898 se produce en un momento de ascenso del imperialismo estadounidense, mientras que la guerra mundial que ha desatado en la actualidad se da en un momento de franco declive de éste en un mundo caracterizado por su creciente multipolaridad.

Sin embargo, el declive estratégico de Estados Unidos se manifiesta asimismo al interior de ese país donde se están dando crecientemente las condiciones para que se desate una guerra civil ante la gobernanza autocrática o, si se prefiere, fascista impuesta bajo la presidencia de Trump. También, en Puerto Rico se vive el colapso del régimen colonial que, al igual que en Estados Unidos, se torna cada vez más dictatorial y corrupto, incapaz de atender las necesidades más apremiantes del pueblo. Así como ocurre con el régimen trumpista, en Puerto Rico el gobierno colonial se afana asimismo por tomar control del proceso electoral para asegurar, a la trágala, su continuidad. He allí el Plan A, el del régimen colonial, el cual incluye seguir promoviendo de boca la anexión a pesar de su rechazo en Washington DC, además de su sumisión a las nuevas políticas discriminatorias y antidemocráticas promovidas por el gobierno de Trump. Incluso, más recientemente, se han ido denunciando vínculos del partido anexionista gobernante con el narcotráfico, lo que ha llevado a que se empiece a describir a Puerto Rico como una narcocolonia.

Ante ello, tanto aquí como allá, se va devaluando el llamado Estado de derecho democrático, si acaso en la colonia se puede hablar de democracia. En el fondo, el estado de derecho colonial se ha quitado la mascara y han muerto sus ficciones seudodemocráticas detrás de las cuales se ocultan las relaciones sociales y de poder en que se basa realmente el régimen colonial-capitalista apuntalado aquí por Washington. De consentimiento, nada; más bien alegría de caballo capao’, sería como lo describiría crudamente un viejo compañero. Al desnudo queda el orden de batalla entre las fuerzas políticas y las clases sociales en que se divide nuestro pueblo y el imperio que nos sojuzga. Y al igual que en los tiempos de Hostos, así como de Albizu, nos enfrentamos a la suprema definición: yanquis o puertorriqueños. Y es hora de que se entienda de que sólo existe aquel derecho que en los hechos se logre imponer mediante nuestra lucha.

Negociar de tú a tú con Washington

Hostos insistía en la ilegitimidad del Tratado de París de 1898, ya que fue negociado a espaldas nuestras e impuesto sin nuestro consentimiento. De ahí que no tiene porque obligarnos jurídicamente. Ante ello, Hostos entiende que lo que correspondería es la revolución contra el orden de sujección colonial, aunque se ve forzado a admitir que no existen las condiciones para una independencia inmediata, dado que tiende a prevalecer entre las elites políticas de entonces un ilusionismo anexionista. De ahí que ante la inexistencia de una protesta revolucionaria y armada contra nuestra invasión y ocupación en 1898, y con la posterior consolidación del régimen colonial bajo la Ley Foraker de 1900, sólo quedaba la posibilidad de una protesta jurídico-política.

Es importante entender que para Hostos cualquier negociación con el imperio debía ser de tú a tú, entre dos pueblos soberanos. Sólo así, es decir, pensando, hablando y actuando como un pueblo soberano y demostrando la capacidad para autogobernarnos y hacernos cargo de nuestro propio desarrollo, es que se podría lograr el reconocimiento de nuestros derechos nacionales. Si nos pensamos y actuamos como meros subordinados coloniales, incapaces de ser protagonistas de nuestro propio futuro, no se adelantaría nada.  De ahí que su propuesta era esencialmente a favor de la terminación del régimen de ocupación colonial y su sustitución por un gobierno civil basado en la soberanía del pueblo puertorriqueño. Éste tendría a su cargo el desarrollo soberano de las instituciones políticas, económicas y sociales, incluyendo las educativas, que permitiese a Puerto Rico decidir su destino final como pueblo en un plebiscito al cabo de un periodo de transición de 25 años. Hostos favorecía la independencia y reclamaba que ese sería un derecho inalienable aún de ganar la anexión en la consulta.

Por su parte, la propuesta hecha por Plan B Independencia opta por una ruta diferente a la del plebiscito planteada por Hostos, ya que se entendió que la experiencia concreta habida con este mecanismo en Puerto Rico lo ha reducido a un concurso de simpatías en torno a opciones abstractas que no cuentan con compromiso concreto alguno de parte del gobierno estadounidense. Aparte está la cuestión de hasta dónde puede existir realmente una libre determinación en medio de la dependencia estructural existente, la cual es constitutiva asimismo de una subjetividad colonial.

En adición a lo anterior, el mecanismo del plebiscito ha sido el instrumento del que ha dependido el Congreso de Estados Unidos, en el ejercicio de sus poderes plenarios bajo la Cláusula Territorial de la Constitución federal, para alegadamente auscultar las preferencias políticas de nuestro pueblo. Se basa en una premisa engañosa: que el pueblo puertorriqueño decida. Sin embargo, en realidad la decisión final la tiene el Congreso y éste hasta ahora se ha negado a validar resultados favorables al mayor desarrollo autonómico del llamado estado libre asociado o a la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos. Si algo ha quedado claro es que ninguna de esas opciones cuentan con una mayoría congresional y, más recientemente, ni de la presidencia en el caso de la anexión por entender que sería altamente destructiva para el balance de poder entre Republicanos y Demócratas. En todo caso, la anexión cuenta en la actualidad con mayor apoyo en el Partido Demócrata, aunque por razones de oportunismo político. Finalmente, está la dificultad demostrada para poner de acuerdo a 535 congresistas en torno a una cuestión tan altamente controvertible como la disposición del territorio colonial de Puerto Rico.

La política como la guerra por otro medio

Al igual que Hostos en su tiempo, entendemos que tampoco hoy están dadas las condiciones ni existen las fuerzas propias, incluyendo las armadas, que serían necesarias para proclamar unilteralmente nuestra soberanía e independencia. Ante ello, sólo nos queda negociar políticamente. La política es la guerra por otro medio, sentenció Clausewitz. No se trata de pedir permiso sino que de organizar y afirmar, eso sí, por medio de hechos concretos y no meros deseos, nuestra voluntad soberana para forzar una salida inmediata de nuestra condición colonial hacia la independencia. Hay que convertir a Puerto Rico en un problema que Washington no pueda seguir ignorando.

Dicho lo anterior, al igual que Hostos, Plan B Independencia se ha propuesto avanzar un proceso de descolonización hacia la soberanía de Puerto Rico por medio de la Rama Ejecutiva y no el Congreso. Una Orden Ejecutiva permitiría tomar el toro por los cuernos con una propuesta definitiva e inmediata de descolonización hacia la soberanía e independencia, lo que dificilmente facilitaría un proceso de legislación congresional. Descartamos las pildoras venenosas de la llamada estadidad o el desarrollo autonómico del ‘ela’ como opciones, por no contar éstas con el apoyo congresional o presidencial necesario. Tampoco se favorece la libre asociación como opción, por entender que ésta solo serviría para insertarnos en una relación neocolonial como las que existen entre Estados Unidos y el Estado Federado de las Micronesias, la República de las Islas Marshall y la República de Palau. El independentismo se tiene que concentrar en el objetivo de constituirse en una fuerza propia, con una agenda propia y dejar de verse como mero facilitador de proyectos históricos que no son el suyo y que no constituyen una solución definitiva a nuestro problema colonial.

Así las cosas, la Orden Ejecutiva propuesta lee inicialmente como sigue:

“De conformidad con la expansión constitucional de la autoridad presidencial que se ha experimentado en los últimos tiempos en Estados Unidos, encaminándose éste recientemente hacia un sistema presidencialista y, más específicamente, su autoridad para decidir y representar la política exterior, se decide la disposición del territorio y el fin de su status territorial como botín de guerra y mera posesión colonial, según legalizado por el Tratado de Paris de 1898 y la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos.”

“Se dispone el traspaso de todos los poderes soberanos al pueblo de Puerto Rico en un periodo de dos años conforme al poder de política exterior del Presidente, acompañado del poder del Congreso para ratificar cualquier tratado que se suscriba o de aprobar cualquier legislación habilitadora en apoyo a la transición.”

Bajo la OE se establece una Comisión para la Transición, el cual operará a modo gobierno provisional que tendría a su cargo todo lo relativo a la transición. La vida de la Comisión  no se extenderá por más de dos años, al cabo de los cuales deben haberse dado el traspaso completo de poderes soberanos y funciones gubernamentales. Estará a cargo de administrar los fondos federales asignados para garantizar una transición ordenada. Se provee para que el gobierno colonial (territorial) siga a cargo de proveer los servicios públicos esenciales a la población, hasta el momento de que Puerto Rico acceda a la soberanía. En ese momento se disuelve el gobierno llamado territorial.

Por una Asamblea Constituyente y no meramente de Status

Asimismo, se provee paralelamente para la organización y operación de una Asamblea Constituyente para la revisión de la Constitución actual o la redacción de una nueva. Ésta debe ser aprobada por el pueblo en referéndum al cabo del primer año del periodo de transición. Una vez aprobada se pasará a realizar el proceso para elegir las nuevas autoridades del Gobierno soberano e independiente de Puerto Rico. También tendrá a su cargo disponer de una reestructuración de carácter constitucional de los procesos de consulta electoral o referendos.

Se trata de una Asamblea Constituyente que se diferencia de la Asamblea Constitucional de Status que promueven algunos sectores del independentismo, la cual se realizaría dentro del marco colonial, y bajo la cual se incluye, por ejemplo, la anexión como opción. En ese sentido, la propuesta de Plan B Independencia trata de una Asamblea soberana, es decir, con poderes constituyentes de la nueva República, tal y como impulsada por Pedro Albizu Campos y Filiberto Ojeda Ríos. Así también fue definida bajo la Resolución radicada por el congresista social demócrata Ronald Dellums en 1982, con el asesoramiento de Juan Mari Brás y el constitucionalista estadounidense Arthur Kinoy.

Se provee para un proceso de transición ordenada que posibilite romper con la dependencia colonial en fondos federales y encamine a Puerto Rico hacia el desarrollo de una economía social productiva, autosustentable y solidaria, de conformidad con una planificación estratégica que provea para el bienestar y el progreso general. Ello incluye la condonación de la deuda pública para facilitar la transición económica ordenada, pasándole al Departamento del Tesoro federal la responsabilidad para hacerse cargo de cualquier obligación existente o futura en relación a ésta. Se entiende que la deuda es odiosa y no nos corresponde asumir la responsabilidad de su pago. Además, el Plan B Independencia desarrolló y presentó públicamente un Plan Económico Nacional más concreto y elaborado para los primeros 20 años de independencia. En ese sentido, nuestra propuesta es también un mapa de ruta hacia nuestra prosperidad común como pueblo.

En cuanto al tema de la ciudadanía, se provee para una ciudadanía  puertorriqueña, así como para la ciudadanía dual para los que les interese seguir contando con la ciudadanía estadounidense. Se garantiza la ciudadanía estadounidense para los nacidos en Puerto Rico antes de la independencia. Se dispone para el libre tránsito de ciudadanos entre ambos países. Lo anterior resulta de fundamental importancia dado el hecho de que aproximadamente el 60 por ciento de nuestro pueblo reside actualmente en Estados Unidos.

Sobre política exterior y defensa, se afirma nuestro derecho soberano para decidir libremente al respecto, para integrarnos a aquellas organizaciones internacionales que estimemos como, por ejemplo, la ONU, y suscribir aquellos acuerdos internacionales que entendamos estén conformes a nuestros intereses como nación indepediente. Puerto Rico deberá organizar sus propias fuerzas militares y policiales para la defensa de su soberanía e independencia.

A menudo se nos pregunta si tenemos constancia de que el borrador de OE haya llegado a Trump. Y si bien no dudamos que nuestra propuesta llegó a circular también en Casa Blanca y en oficinas del Ejecutivo, si llegó o no a manos de Trump no tenemos cómo saberlo ni es lo más importante. El objetivo nuestro en última instancia era colocar nuevamente la necesidad y viabilidad de la independencia de forma destacada sobre el tablero político, tanto en Washington DC como en Puerto Rico, lo que claramente se logró. Aún así, pronto pudimos confirmar que muy poco se puede mover el asunto más allá que no sea con la mediación de cabilderos, lo que tiene un costo. A ese propósito se ha creado e incorporado en Estados Unidos una organización sin fines de lucro 501(c)(3), conocido como The Republic Project (El Proyecto de la República), la cual estará dedicada a promover políticamente la independencia de Puerto Rico, incluyendo la recolección de fondos para educar y cabildear hacia ese fin.

Seguir sumando y avanzando hacia la independencia

Más recientemente, Plan B Independencia ha estado participando, con la organización de la diáspora Puertorriqueños Unidos en Acción (PUA), de unos esfuerzos a favor de la iniciativa legislativa anunciada por el congresista republicano por California, Tom McClintock, a favor de la descolonización de Puerto Rico hacia su independencia nacional. A esos propósitos compartimos con su oficina congresional copia de un borrador de un proyecto legislativo, redactado por nosotros, que parte del traspaso previo de la soberanía al pueblo de Puerto Rico para que se pueda negociar con Estados Unidos los términos de una descolonización hacia la independencia. Copia del proyecto fue compartido también con la congresista Nydia Velázquez.

Ahora bien, más recientemente McClintock ha anunciado que estará solicitando previamente un estudio sobre la independencia, aunque también ha dicho que contempla ahora que cualquier consulta plebiscitaria que se disponga en su proyecto debe incluir también las opciones de la anexión y el actual territorio no-incorporado, es decir, la colonia. De prevalecer finalmente esta reorientación, me temo que estamos ante más de lo mismo. Habrá que ver si se puede lograr que el proyecto vuelva a su propósito inicial.

Por otro lado, no hay duda de que la deriva autoritaria y guerrerista de Estados Unidos, incluyendo la remilitarización de nuestro país en función de su renovada agenda intervencionista en Latinoamerica y el Caribe, tiende a complicar sobremanera  las circunstancias. Al igual que le ocurrió a Hostos con McKinley, Trump ha tendido a optar en lo inmediato por el reapuntalamiento de nuestra condición de subordinación colonial en función de su agenda geoestratégica de dominación, tanto fuera como dentro de Estados Unidos.

A pesar de ello, no damos por pérdida la apuesta jurídico-política hecha por Plan B Independencia. Sigue siendo válido nuestro argumento de que la independencia es la opción que permite una redefinición mutuamente beneficiosa de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos. Además, dado el rechazo reiterado de Trump a la anexión, sobre todo por entender que alteraría la relación de fuerzas en el Congreso federal en contra del gobernante Partido Republicano, no entiendo como éste y sus allegados más cercanos no logran tomar consciencia del hecho de que la manera más efectiva de cerrarle la puerta, de manera definitiva, a esa amenaza, lanzada reiterada y oportunistamente hace poco por algunos líderes del Partido Demócrata, es mediante la independencia de Puerto Rico. En ese sentido, los Demócratas se erigen igualmente en una amenaza autoritaria e colonialista al contemplar imponer la anexión de Puerto Rico en función de su propia agenda político-partidista.

En fin, el Plan B Independencia sigue vivo y luchando. Desde nuestros comienzos hemos también estado dedicado a promover la concertación necesaria de la pluralidad de fuerzas independentistas que organizaron la pasada Marcha por la Independencia de agosto de 2025, efectuada en San Juan, e incluyendo esta vez  al Partido Independentista Puertorriqueño, este próximo 18 de julio se vuelve a marchar a favor de nuestra liberación.

Nos reafirmamos en la creencia de que la coyuntura actual es para seguir sumando y avanzando en torno a la independencia. Aún una agenda de cambio centrado en el ofrecimiento de un buen gobierno, se quedaría corta sin el poder soberano para decidir y construir el nuevo Puerto Rico que se necesita, de conformidad con nuestra propia realidad y nuestros propios intereses nacionales.