Una crisis puede definirse como un cambio brusco y desestabilizador que altera el compás normal de la vida de individuos, grupos o sociedades. Puede darse en diversos planos y circunstancias, ser de corta o de larga duración, y su solución depender de la capacidad del individuo, grupo o sociedad afectados para reaccionar y retomar el control de las circunstancias que precipitaron el llamado estado de crisis.
Partiendo de esa definición, la crisis de Puerto Rico nos explotó en la cara hace 30 años, continuando su curso desenfrenado hasta hoy, donde, convertida en un fenómeno económico y social permanente y generalizado, ha acabado por tragárselo todo: la gobernanza, el contrato social, la convivencia civilizada, las leyes y la Constitución, hasta la institucionalidad misma de las distintas instancias del Estado y de empresas privadas también. Unas y otras se han convertido en madrigueras de incompetencia, corrupción, conflictos de interés, codicia y desvergüenza. Todo esto, con los recursos y haberes del pueblo de Puerto Rico como botín y nuestra gente vulnerable como víctimas principales de la debacle en todos los órdenes que nos rodea.
Cada vez más, los signos desde la gestión gubernamental señalan hacia un estado general de anarquía en el manejo de los asuntos fundamentales de nuestro país. Tomemos como ejemplo, la crisis de la infraestructura de agua y energía eléctrica, y la falta de acceso y estabilidad en ambos servicios, cuyos efectos azotan a todos los sectores de nuestra población. Si no fuera poco el deterioro físico de plantas, embalses y sistemas de generación y distribución de ambos recursos, también se suman la corrupción y la incompetencia como elementos agravantes.
El sonado caso del contrato de $5,900 millones para la compra de energía temporera por 10 años, a la compañía Power Expectations, es un ejemplo flagrante de cómo es que una crisis se desborda.Ese contrato, que implica el pago de miles de millones de dólares de dinero público a una empresa privada, hoy es un escándalo de grandes proporciones, matizado por la sombra del fraude y en vías de convertirse en un caso legal de alcance impredecible.
Nuestro pueblo debe insistir en que se mire con lupa hacia todas las instancias de licitación, negociación y aprobación del contrato de Power Expectations. Según lo publicado, todo apunta a que hubo negligencia fiduciaria por parte de las instancias del gobierno de Puerto Rico involucradas y de la entidad independiente que condujo la licitación y negociación. La resaca salpica hasta la propia Junta de Control Fiscal ( JCF)que, ante el escándalo y apariencia de fraude, ordenó la cancelación del contrato después de haberlo aprobado sin llevar a cabo el proceso de debida diligencia que asegurara que el contrato era legal y no fraudulento, como apunta ser. Pedir cuentas después de los hechos, como está haciendo la JCF ahora, deja mucho que decir de su interés en la buena marcha de los asuntos de nuestro país, y de su competencia y efectividad como ente fiscalizador del gobierno de Puerto Rico.
Otra manifestación nefasta de la crisis permanente en que estamos sumidos es la implacable agenda de destrucción contra la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde su llegada, la JCF trastocó la estabilidad financiera de la UPR, con el recorte de 40% de su presupuesto, la imposición de medidas draconianas de austeridad, la congelación de plazas docentes y no docentes, y los aumentos en los costos de matrícula y servicios a los estudiantes. En esta etapa , la crisis va más allá aún con la imposición de la administración y gobierno universitarios más incompetentes y fuera de la realidad en la historia de la institución. El año pasado ocurrió el despido injustificado de las y los rectores de cinco de los recintos, entre estos los de Río Piedras y Mayaguez. Ahora, es el desmantelamiento de la cúpula administrativa de la Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras, nervio científico de la UPR. Un asalto vicioso y deliberado a la producción de conocimiento científico e investigación que ha caracterizado a nuestro primer centro docente. La destitución de la decana, una reconocida doctora en neurociencias con las más altas calificaciones, y las consiguientes renuncias del principal investigador, eminente científico y director del Departamento de Biología, y de la decana asociada de la Facultad y experimentada catedrática de química apuntan a un patrón deliberado de minar el capital intelectual de nuestra universidad, para sustituirlo con tecnócratas y acólitos políticos de la presidenta y administración de turno. Todo esto tiene el propósito de cambiar el perfil y razón de ser de la UPR para que se asemeje a las instituciones educativas mediocres donde se enseña a no pensar.
El ambiente de inestabilidad permanente que permea en los recintos de la UPR, poblados de administradores suplentes, muchos de los cuales, como la propia Presidenta de la Universidad, no conocen la institución, y de profesores sin plazas permanentes – muy mal pagados y tratados- es otro signo más de la crisis que vive nuestro pueblo. ¿ Qué puede esperarse de unas autoridades gubernamentales y universitarias que tratan de manera tan hostil y despreciable a nuestra única institución de educación superior pública, y principal generadora de la investigación, el conocimiento y la producción intelectual y laboral en nuestro país?
Los responsables por la crisis permanente de Puerto Rico tienen nombres y apellidos. Son todos los gobiernos del bipartidismo que nos nos han traído hasta el despeñadero. Y también la Ley PROMESA del Congreso de Estados Unidos y la Junta de Control Fiscal, que después de 10 años, han fallado en su gestión de lograr la estabilidad financiera del país y encaminar una agenda para su desarrollo futuro.
