La secuela de denuncias entre el ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastian Negrón Reichard y el secretario de la gobernación, Francisco Domenech, continúan levantando banderas rojas sobre la corrupción en el gobierno, en particular sobre el proceder del Secretario de la gobernación, el cual amerita investigación.
Así lo planteó la experta en administración pública, la profesora Palmira Ríos, al referirse a las expresiones atribuidas al Secretario de la gobernación y dirigidas al ex director del DEEC, en el sentido de que “no se iba a asignar a ningún puesto de confianza a nadie que no haya trabajado en la campaña”. Ríos apuntó que hay que cuestionarse si “es esto una sana administración pública, si es un ambiente que refleja que hay profesionalismo en el gobierno”.
Más aún, rechazó que se le tilde de chisme y subrayó que hay que entender la gravedad de la situación que representan los señalamientos, que no es solo que no haya profesionalismo en el gobierno, sino que tampoco hay principio de mérito, evaluación o competencia, que son los procedimientos que se utilizan para buscar los mejores profesionales para el servicio público. “Los criterios son si tú participaste en la campaña de la Gobernadora, no si se tiene la preparación, la experiencia, la estabilidad emocional, para hacer el trabajo bien”.
Reiteró que si esos van a ser los criterios para seleccionar a los funcionarios de más alto poder en el gobierno, que van a estar asignando recursos, ya esa es la primera violación de cómo se llevan a cabo los procesos de selección. Alertó que eso nos está dejando ver cómo es que se están asignando las contrataciones en el gobierno.
En esa dirección, señaló que la privatización de los servicios públicos, que se ha vendido como una mejoría en la prestación de servicios, realmente sugiere un elemento de corrupción y una pelea entre bandos del PNP para ver a quién se va a dar el dinero.
La catedrática jubilada de la Escuela de Administración Pública, atribuyó que lo que se está viendo en la pelea de Negrón Reichard y Domenech es sobre a quién se le van a dar exenciones contributivas, dijo en referencia a las denuncias entre ambos funcionarios. De parte del ex secretario del DDEC, denunció que recibió presión de Fortaleza para que aprobara exenciones contributivas a un proyecto que no cumplía con los criterios. Más allá de estas denuncias, Ríos planteó que la pregunta que debemos hacer es dónde está la evaluación de esas exenciones contributivas, si están siendo efectivas.
Otro aspecto que cuestionó en toda esta situación es si en el gobierno se están tomando medidas para proteger a las personas que denuncian actos de corrupción. Indicó que, en Puerto Rico, como en Estados Unidos, existe la figura del whistleblower (delator/denunciante) para proteger a las personas funcionarias que denuncian actos de corrupción.
“Los que están dentro son los mejores testigos, por eso hay que proteger al que denuncia. No se puede venir a atacarlo, esa es la violación más grande”. Hizo referencia al hecho de que la denuncia de Domenech a Negrón Reichard es una forma de atacarlo por haber denunciado actos de corrupción.
Al respecto, levantó quiénes son las entidades que tienen la responsabilidad primaria de examinar los actos de corrupción en Puerto Rico cuando se presentan situaciones como las que están ocurriendo ahora. Cuáles tienen la capacidad, la autonomía, la independencia y los poderes para poder responder de manera efectiva. “Puerto Rico tiene un montón de agencias, la Oficina del Contralor, Ética, el Inspector General, y cada departamento tiene una unidad legal, pero vemos cómo están colapsando todas”.
Mientras, sobre la posición del Secretario de la gobernación, recordó que este puesto fue creado por el entonces gobernador Rafael Hernández Colón, a lo que dejó ver que no están claros los criterios para su designación. No obstante, se le ha dado la categoría de un primer ministro de un presidente sin que se haya cambiado la Constitución. En el caso de Domenech, denunció que se le han dado unos poderes excesivos de nombrar y fiscalizar. “En realidad es un cuasi gobernador, no habiendo sido electo tiene casi todos los poderes de un gobernador y una persona con un récord bien cuestionado en muchos espacios y situaciones tiene unos poderes excesivos no basados en derecho alguno de la Constitución. Una cosa (distinta) es que fuera un ayudante de la Gobernadora”.
Un aspecto que Ríos no dejó pasar por alto y que cuestionó es: “En todo este contexto, ¿dónde está la Junta de Control Fiscal? La Junta no ha controlado la corrupción en el presupuesto. Se aumentó el presupuesto para los empleados de confianza, así que es una situación donde se está normalizando en los procesos gubernamentales la violación a los principios básicos de una gestión pública”.
