San Juan, Puerto Rico (30 de septiembre de 2026) — El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció que la primera semifinal del 58vo Concurso Nacional de Trova se celebrará el domingo, 11 de octubre, a las 2:00 p. m., en las instalaciones de la Asociación Ecológica de Pesca Recreativa de Canóvanas. Las otras dos semifinales tendrán lugar en San Sebastián y Juana Díaz, y la gran final se celebrará en enero de 2027.
La semifinal de Canóvanas estará dedicada al exponente de la trova y la décima puertorriqueña Jesús “Cholo” López. También se rendirá homenaje póstumo al lutier Fidencio Díaz Nieves, reconocido por su trabajo en la confección de instrumentos típicos.
López formó parte del Conjunto Típico Criollo y fue jurado del Concurso Nacional de Trova del ICP y del Concurso Nacional Bacardí. Actualmente, apoya a las nuevas generaciones en el arte de la décima.
La segunda semifinal se celebrará el domingo, 22 de noviembre, a la 1:00 p. m., en la recién restaurada Plaza Pública Ángel G. Mislán Huertas de San Sebastián. La actividad coincidirá con el encendido navideño del municipio.
La tercera semifinal tendrá lugar el domingo, 29 de noviembre, a las 3:00 p. m., en la Placita Luis Lloréns Torres de Juana Díaz. En colaboración con el municipio, el ICP rendirá homenaje póstumo al trovador Marcos Collazo Texeira, conocido como el “zorzal sureño”. Su destreza para la improvisación y su dominio de la décima lo convirtieron en un referente para las nuevas generaciones.
“Con cada edición del Concurso Nacional de Trova reconocemos y celebramos el talento de nuestros trovadores y trovadoras. Invitamos al público a disfrutar en familia de estas semifinales y a compartir con nosotros esta tradición musical que sigue viva en Puerto Rico”, expresó Melissa Santana, directora ejecutiva del ICP.
La gran final se celebrará el sábado, 23 de enero de 2027, a partir de las 11:00 a. m., en la sede del ICP, durante las Fiestas de la Calle San Sebastián. Los semifinalistas se medirán con el campeón incumbente, Guersom Báez. Los premios de esta edición oscilarán entre $300 y $1,200, auspiciados en su mayoría por las administraciones municipales.
La convocatoria está abierta a trovadores e improvisadores mayores de edad. Las inscripciones comenzarán una hora antes de cada semifinal. Cada participante deberá improvisar dos décimas espinelas con el pie forzado que se le suministre y será evaluado por un jurado calificado.
Para más información sobre esta y otras actividades del ICP, el público puede seguir sus cuentas en Facebook, Instagram y X.
«Encuentro: no hay que esperar a que las piezas estén completas»,
una monumental instalación de la destacada artista multidisciplinaria, investigadora y documentalista Anaida Hernández.
Con una trayectoria internacional que abarca bienales en La Habana, Cuenca y exhibiciones en recintos como el New Museum de Nueva York y el Museo Ludwig en Alemania, Anaida regresa a nuestra galería con una propuesta que fusiona la escultura, la pintura en relieve y el activismo social.
En esta exposición, la artista utiliza la ornitología como un espejo social: más de 50 piezas tridimensionales dispuestas a modo de rompecabezas gigante sobre un muro de 50 pies, representando el vuelo en bandada de las pájaras como metáfora de la sororidad, la resistencia y la fuerza colectiva de las mujeres frente a la violencia de género.
Apertura:
jueves, 15 de octubre de 2026 | 7:00 p.m.
Galería Delta de Picó, Liga de Arte de San Juan
Entrada libre de costo.
La Feria del Libro del Trabajador Social, a celebrarse en Ponce durante los jueves 1, 8, 15 y
22 de octubre en el Café Teatro Mesas y Telón de 5:30 P.M a 9:00 P.M, constituye la primera
iniciativa literaria en Puerto Rico dedicada exclusivamente a la producción escrita del
Trabajo Social. No existe registro histórico de ferias previas enfocadas en libros creados por
profesionales del Trabajo Social, lo que posiciona este evento como un proyecto pionero en la
visibilización cultural, académica y creativa del gremio.
La celebración se enmarca en octubre, Mes del Trabajador Social en Puerto Rico, un
periodo dedicado a reconocer la labor, el compromiso y el impacto comunitario de la profesión.
La feria amplifica este reconocimiento al destacar la palabra escrita como herramienta de
acompañamiento, reflexión, denuncia y transformación al bienestar social.
Durante cuatro semanas consecutivas, el evento reunirá obras que dialogan con la práctica
profesional, la investigación, la intervención comunitaria, la salud mental, la justicia social y las
expresiones poéticas que emergen desde la experiencia. Cada jornada contará con autores
invitados y abrirá espacios de micrófono para escritores registrados, fomentando la
participación de voces emergentes y consolidadas. Las presentaciones incluirán libros de
poesía, novela, investigación y textos vinculados al bienestar y la práctica profesional. La
actividad promueve la venta directa de libros, el fortalecimiento de proyectos editoriales
independientes y la creación de redes entre profesionales, estudiantes y público general.
Esta propuesta innovadora surge de la Profesora Elisaura Vázquez Ayala, MSW, quien
concibe la literatura como una extensión del Trabajo Social y como un medio para visibilizar las
realidades que acompañan la práctica profesional. Su visión integra pensamiento crítico,
creación literaria y acción social en un ambiente íntimo y accesible. Además de ser la gestora
del proyecto, Vázquez Ayala está a cargo de la curaduría y moderación de cada evento,
asegurando una experiencia coherente, respetuosa y profundamente humana.
La feria busca destacar el aporte intelectual del Trabajo Social y promover espacios de
intercambio profesional y social, directamente con los autores que han identificado estrategias
que han sido exitosa en materia de derechos humanos y ofrecen su legado. La actividad es
libre de costo y abierta al público. Autores interesados en participar pueden registrarse
enviando su información a elisaurapoesia@gmail.com antes del 20 de septiembre.
Pueden encontrar más información en elisaurapoesia en la redes sociales y ver el programa.
Puerto Rico, un país cuya población se proyecta cada vez mayor, promediando los 65 años o más, no cuenta con una política pública que atienda de manera planificada esta realidad demográfica. La actual legislación y reglamentación del Estado se limita, de acuerdo con una voz experta, a privilegiar otros sectores que no guardan el mismo peso en ese panorama, sometiendo a las personas de esta edad a negligencias por parte del gobierno, los hogares de cuidado y las propias familias.
Para la Dra. Carmen Delia Sánchez Salgado, exprocuradora de las Personas de Edad Avanzada, se trata de una situación arrastrada hace décadas, pero que se ha agravado desde su salida de la Procuraduría, en 2024. A juicio de la gerontóloga, la política actual desoye la creciente población mayor y, de forma paralela, no integra a todas las agencias y los recursos necesarios para ampliar sus derechos.
“Ellos (las personas mayores) viven en una sociedad donde interactúan varias agencias, varios elementos para poder atender las necesidades de esta población. Hay que verlo como un todo y hay que verlo como que esta población sigue aumentando y con unas necesidades particulares. Además, está aumentando y viviendo más tiempo. Y si bien es cierto que la vejez no es sinónimo de enfermedad, el vivir más tiempo nos hace más vulnerable”, expresó Sánchez Salgado a CLARIDAD.
La exprocuradora coincidió con José Acarón, presidente de la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP, en inglés), en que el cuidado integral de las personas mayores no es deber único del Estado. Aunque el gobierno guarda una “responsabilidad particular”, las familias, la comunidad y los centros de cuidado suponen enlaces en los apoyos que reciben estas personas.
“Está la comunidad, está la familia, pero tiene que haber ese enlace. Y dentro del Estado, ese enlace son las diferentes agencias que tienen que atender, de forma distinta, las necesidades de esta población que conforma una cuarta parte del país”, destacó la doctora.
La fiscalización de las condiciones en que viven las personas mayores, agregó, recaen en agencias como Vivienda, Salud, Trabajo y Recursos Humanos, más allá del Departamento de la Familia. Sánchez Salgado recordó la reciente noticia de adultos mayores desplazados de sus apartamentos para fines ilícitos, en residenciales como Monte Hatillo y Ernesto Ramos Antonini. La exprocuradora cuestionó, en este sentido, la respuesta de Vivienda.
“Eso es solo un ejemplo de cómo las agencias, todas, tienen que trabajar. El Estado tiene que trabajar en conjunto, pero las personas mayores están aisladas: la familia, la comunidad, el Estado, las diferentes agencias. Esto tiene que ser compartido, esto es una responsabilidad compartida”, agregó.
Asimismo, Sánchez Salgado aseguró que faltan recursos –sobre todo, personal– por asignarse en el país. Sin una cantidad saludable de trabajadores que fiscalicen los hogares, los centros de cuidado y los hospitales, las personas de edad avanzada quedan desamparadas ante la desidia. Muchos de los recursos, centralizados en el área metropolitana, no llegan a tiempo a todas las regiones del país.
«Tiene que haber más urgencia para atender los casos. Aquí no se puede esperar, y eso es un reto para la política pública actual. Tienen que darle más atención a esta población, tienen que reclutar personal. Sí hay dinero, pero se utiliza para cosas que son innecesarias. Se duplican cosas, presupuestos para favorecer a quien sea; pero no se recluta, no se adiestra, no se sensibiliza el personal necesario para esta población. Es una prioridad ignorada”, continuó.
Contrastes entre las promesas y la realidad
El 21 de mayo de este año, durante su segundo mensaje de Estado, la gobernadora Jenniffer González Colón anunció la asignación de $15 millones para fortalecer el servicio de amas de llaves en todo el país. Más de 1,200 nuevas amas de llaves que beneficiarían a 1,501 “participantes” (así les llamó la mandataria en su alocución). La promesa añadió que, para el presupuesto de 2027-2028, se sumarían $20 millones para ampliar los recursos que atienden este sector.
“En mi gobierno, nuestros viejos no están solos y no los vamos a abandonar. Los departamentos de Familia y Salud crearon un protocolo para manejar maltrato o negligencia contra un adulto mayor en hospitales”, se adjudicó la gobernadora como logro administrativo.
Menos de dos meses después, en julio de este año, un estudio de la trabajadora social y gerontóloga Erika Colón Ortega reveló que más de 1,000 personas mayores enfrentan situaciones de salud en hospitales y centros de salud sin la compañía de familiares o alguna red de apoyo.
El estudio de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (UPRRP) también apuntó que el abandono de este sector corresponde, en gran parte, a las limitaciones económicas de las familias y concluyó coincidiendo con las posturas de Sánchez Salgado y la AARP: la culpa es compartida entre los componentes que atienden a esta población.
“Los municipios dan la cara, pero el Estado no les da los recursos. Ellos son los primeros que responden y, muchas veces, sus amas de llaves son las que están presentes. Ellos hacen lo que pueden, pero hay que asignarles más recursos. Cuando yo estuve en la procuraduría, me consta que había, por lo menos, 20 amas de llaves disponibles, que no se podían reclutar más, que no tenían dinero. Pero lo que no hay es prioridad. No hay una prioridad para los municipios, para estos servicios. Se promete y no se da”, opinó la doctora.
La exprocuradora entiende que el gobierno prioriza a otros sectores con menor proyección de crecimiento – como la niñez–, mas reparó en que existen los recursos para atender a todos los sectores. El problema radica en que no existe un proyecto político que planifique a largo plazo para esta población. La realidad se agrava, de acuerdo Sánchez, cuando se considera que la expectativa de vida continúa aumentando.
“Ya la gente no se muere a los 65 años, se muere a los 97, a los 98, pasan los ciento y pico de años. Eso es lo que hay que ver. Que la gente sigue durando más, que se sigue cuidando, que son una cuarta parte del país y que se les tiene que atender. Para el 2050, esto va a seguir creciendo y creciendo. El Estado tiene que reconocer estas cosas y reconocer que tiene un deber compartido”, concluyó la experta.
