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Puerto Rico tiene todavía una base industrial bastante grande, por lo que aun con todos los años de estancamiento hay oportunidades más fáciles de lo que se esperaría para restaurar un crecimiento económico, de acuerdo al Centro para una Nueva Economía (CNE). El planteamiento del CNE está contenido en su reciente  informe de Política Pública: La oportunidad de una generación  para Puerto Rico, presentado a la prensa recientemente.

Según la directora del CNE en Washington DC, Roxana Torres, el escenario político en Estados Unidos de regresar a un proteccionismo ofrece una oportunidad a Puerto Rico. Desde la pandemia, el Gobierno de EE. UU. se ha re-enfocado en reducir la dependencia de la producción extranjera y está buscando cómo re localizar mucha de su producción a suelo doméstico. “Eso ha sido un esfuerzo de ambos partidos y, precisamente porque viene de ambos partidos, este último Congreso, a pesar de las divisiones y la polarización extrema que tiene, pudo lograr un consenso y pasar leyes para invertir en la regionalización”.

Dado a esa política, la economista entiende que la manufactura de Puerto Rico se encuentra en un momento idóneo: “Uno, porque tenemos la capacidad y también porque tenemos la necesidad de crear una economía que sea autosostenible, reducir la dependencia de los fondos federales. Puerto Rico  cuenta con una fuerza  laboral capacitada y más allá de la relación con Estados Unidos, tiene  un historial industrial”.

El director de Política Pública del CNE, Sergio Marxuach, agregó que para Puerto Rico es el momento propicio para hablar del tema porque mas allá de la reconstrucción de los últimos siete años, que se ha enfocado en la importante reconstrucción del sistema energético tras el huracán, “notamos que ha habido un reclamo tanto del sector privado como de otras entidades de qué pasa el día después cuando se terminen los fondos federales. Asumiendo que no haya cambios en Washington, partiendo de la premisa que los fondos se puedan utilizar y Puerto Rico pueda reparar la infraestructura que fue dañada, en teoría tendremos una infraestructura del siglo 21, pero ¿qué hacemos?”, planteó.

En esa dirección expuso que algo que el Gobierno de Puerto Rico puede hacer y que, de hecho, hizo en los años 50 del siglo pasado con mucho menos recursos y una sociedad mucho más pobre es implementar una política pública industrial.

Aclaró que la definición básica de política industrial tradicional se refería a la inversión o las políticas que implementaba un país para incentivar la transición de una economía tradicional agrícola a una economía de más alta productividad, con mejores trabajos, mejor pagos en los años 70 y 80; era la manufactura. Ahora se tiene la manufactura y el área de servicios para exportación, lo que no era posible en esas décadas.

“Lo que estamos hablando es cómo se identifican sectores específicos, no limitado a la manufactura. Puede ser tecnología de agricultura de avanzada, servicios especializados o sofisticados, manufactura de alta tecnología. El objetivo final sigue siendo el mismo de crear mayor valor añadido y crear crecimiento económico y mejores trabajos”, indicó Marxuach.

El economista explicó  que el concepto de utilizar políticas públicas ha sido criticado durante mucho tiempo y  que las personas que vienen de la escuela de que el mercado proveerá los recursos y el gobierno tiene que salirse del medio y proteger los derechos de propiedad con un sistema legal que proteja los contratos, mantener una estabilidad macroeconómica porque el mercado se va a encargar de lo demás, “desafortunadamente no es tan fácil, y son pocos los países, si alguno, que se hayan desarrollado simplemente dejando la mano libre del mercado”.

Por lo tanto, para adoptar una política pública industrial lo  primero que hay que hacer es establecer una visión estratégica nacional. “Eso se ha tratado de hacer en Puerto Rico y hemos fallado. Si se va hacer  el primer componente, es crear  una  visión estratégica, lo que requiere un ejercicio que es donde  muchas veces fallamos. Es un examen profundo e intelectualmente honesto de cuáles son las ventajas de Puerto Rico. Nosotros tenemos unas ventajas. No es cierto que no tengamos algunas ventajas. Cuáles son las áreas de oportunidad, la capacidad de nuestro gobierno para aprender, evolucionar, ese es el primer paso”, señaló.

Marxuach dijo creer que la Junta de Control Fiscal (JCF) está tratando un ejercicio como ese, aunque admitió no saber cuándo va a acabar y cuánta conexión tenga con el gobierno. “Están mirando una serie de estudios para generar una estrategia económica para crecimiento. Le tienen otro nombre, lo que no está claro es qué mecanismo van a utilizar para que el Gobierno de Puerto Rico lo implemente”.

Aunque el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) tiene también un “plan”, la  política industrial como se concibe hoy en día sí necesita el sector privado, pero es menester buscar un balance entre el sector privado y el gobierno, según Marxuach. No es que el sector privado sea el dueño de todo o que el gobierno lo haga todo, aclaró. Esto lo que provoca muchas veces es desperdiciar recursos invertidos en áreas económicas, pero que tal vez  no sean en el lugar más apropiado, por lo que  se necesitan las instituciones para crear ese diálogo.

De acuerdo al CNE, luego de hacer un análisis profundo, intelectual y honesto de la situación económica del país, de sus ventajas y desventajas, hay que determinar la orientación estratégica de la política industrial a mediano y a largo plazo. Marxuach admitió que hasta ahora no ha visto nada en el programa de la gobernadora que sugiera que existe un ejercicio similar y que puede ser que exista, pero que no lo ha visto. Recalcó que hay que buscar ese punto medio de que el ejercicio sea liderado por el gobierno y por el sector privado, dado a que ninguno de los dos funciona la una sin el otro.

Un aspecto que no pasó por alto es el de la corrupción. Dijo que  tiene que haber transparencia en el proceso y fiscalización. Indicó que si la iniciativa o proyecto no está dando los resultados económicos esperados hay que cortar, y ahí es donde Puerto Rico  allá, ya que no se debe continuar  subsidiando actividades económicas que no estén rindiendo los resultados esperados.

Sobre esto último puntualizó que donde falla Puerto Rico es en la ejecución y que una vez se otorgan los incentivos no se ve si de verdad se crearon los empleos, si se está haciendo lo que se prometió. Marxuach además rechazó el señalamiento de algunos de que Puerto Rico no tiene autoridad legal para adoptar una política pública industrial y de que esto es foráneo al sistema norteamericano. “Eso no es cierto, ya se hizo. El problema empieza en los 80 cuando Puerto Rico no se adaptó a un nuevo mundo. En Estados Unidos  esto se lleva haciendo después de la pandemia. Se ha visto la necesidad, los estados lo hacen, atraen inversión con distintos programas de inversión. Sería una pena dejar este momento pasar”, insistió. 

Las oportunidades para Puerto Rico

El investigador del CNE, Enrique Figueroa, expuso que como se ve  la economía actualmente casi la mitad del ingreso neto de Puerto Rico ajustado solo a lo nacional viene de la manufactura y más de la mitad es de la manufactura de químicos. “Esto quiere decir que Puerto Rico tiene todavía una base industrial bastante grande, dado a todo los años de estancamiento. Todavía tenemos una base industrial, todavía existe y no se ha ido toda”. En ese renglón, los productos que se producen en Puerto Rico, según la medida de cumplimiento, es decir su valor añadido, son medicamentos y vacunas.

En la política industrial se mira sector por sector; en el caso de la isla, se tiene aún la industria farmacéutica, profesionales y técnicos, instrumentos médicos y aeroespaciales. Esas son áreas que pueden crecer de alto valor añadido. Figueroa hizo la anotación de que la política industrial requiere  continuidad del gobierno. La incertidumbre dificulta desarrollar la investigación y desarrollar un centro de investigación, toma años en hacerlo, por lo que adoptar una política industrial tiene que ser un proceso abierto. No es hacer reuniones a escondidas con los empresarios en lugar de ver cuál es la visión del desarrollo del país.

“El sector privado no lo puede hacer solo, ese es el error que está cometiendo la JCF. Por más que quieran no pueden ejecutar, se necesita mecanismos del gobierno para implementar y ejecutar si es un ejercicio serio. El segundo paso es la ejecución, y la JCF no lo tiene. El pueblo tiene que participar en ese proceso porque el sector privado tiene sus propios intereses y objetivos”. El rol del gobierno es provocar los resultados sociales que se desean y orientar cómo llegar a ellos, aclaró el director de Política Pública del CNE.

La organización, Kilómetros de Cambio y la Red de Albergues de Violencia de Genero, exhortaron a que mas hombres se unan a un movimiento de país que incluya al gobierno, a empresas y organizaciones para combatir la violencia contra las mujeres.

“Ya es hora de que nuestras mujeres dejen de morir en el lugar que se supone sea más seguro, que es su hogar. Ningún hombre tiene derecho a quitarle la vida a su pareja, a su novia por el mero hecho de que ella ya no quiere estar con él. Queremos alzar la voz y queremos que los hombres que también están preocupados por esta tragedia se nos unan en esta campaña para apoyarnos”, expresó Deborah Maldonado, presidenta de la organización Kilómetros de Cambio.

“Hoy te hago un llamado a ti, hombre que me escuchas que tengas algún conflicto con tu pareja, queremos que busques ayuda si la necesitas para controlar tu ira. Y a todos los hombres les decimos que necesitamos que puedan proteger a sus compañeras, a sus niñas, a sus madres, a sus hermanas, a sus amigas. Y se unan para poder erradicar este mal que nos está acabando a todos, no solo a las mujeres, a todas las familias puertorriqueñas”, añadió.

Mientras Coraly Léon, presidenta de la Red Nacional de Albergues planteó que “hoy nos falta Vannesa Lynmar Martínez García, la joven de 22 años asesinada por su pareja en Ponce, y como ella ya hemos perdido sobre 80 mujeres víctimas de feminicidios en Puerto Rico este año. De estas, el 78 por ciento de los casos las hemos perdido por armas de fuego legales en Puerto Rico. Estamos sumamente consternadas por lo que está ocurriendo en el país. Es por esto que levantamos la voz. Este asunto de poder eliminar la violencia de género no es un asunto solo de mujeres. Necesitamos a los hombres y que todos los sectores de la sociedad se unan en una sola voz”.

Maldonado añadió que una de las razones por las que desean que al movimiento contra la violencia de género que impulsa Kilómetros de Cambio se unan hombres y padres de familia es que se necesita un cambio desde los hogares. “No podemos seguir con hombres que tienen esta bomba de tiempo en el pecho que culmine asesinando a una mujer. Recomendamos que los hombres que tienen algún tipo de necesidad de manejar sus emociones violentas llamen a la línea PAS, que se orienten, que busquen a algún amigo que escuche y les dé la mano”.

En cuanto al llamado a los hombres, León planteó que “es esencial que se empiecen a ver como aliados de las mujeres. Que cuando escuchen a un amigo con un comentario machista o un chiste que degrada a la mujer intervengan de una manera sencilla y tengan esas conversaciones. Que cuando vean a un amigo con acciones violentas contra su pareja, ya sea físicamente o emocionalmente, decidan hacer algo. Muchas veces es más fácil para ellos escuchar de sus pares, de otros hombres que le digan: “eso no está bien y yo te voy a ayudar. Si tú me permites vamos a buscar un psicólogo, un profesional que te pueda ayudar a canalizar toda esa rabia, toda esa ira que estás cargando”.

Maldonado anticipó que van a comenzar una campaña en las redes sociales con mensajes de hombres que estarán participando de la carrera de Kilómetros de Cambio para recalcar por qué apoyan la lucha contra la violencia de género.

La carrera de Kilómetros de Cambio se celebrará del 16 al 18 de mayo de 2025. En la carrera de relevo ininterrumpida de tres días alrededor de Puerto Rico participaran más de 50 mujeres como embajadoras de la misión de salvar vidas de víctimas de violencia y sus hijos que escapan de sus hogares para refugiarse en albergues. En su primera edición de 2024, con 27 corredoras, la organización recaudó $183,000 para los nueve albergues de violencia de género y ahora duplica a 53 la cantidad de embajadoras en la carrera. Como parte de su iniciativa que aboga también por recursos para un Hogar que acoge a unas 20 niñas víctimas de maltrato, está recabando ya el apoyo de donaciones de empresas y ciudadanos.