Entrevista Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de ACLU Puerto Rico

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A un año de ocupar la dirección ejecutiva  de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, en inglés), capítulo de Puerto Rico, la licenciada Annette Martínez Orabona aseguró que esta segunda presidencia de Donald Trump representa uno de los periodos  más nefastos en términos civiles y humanos, no solo para Estados Unidos, la comunidad latina, migrantes y las minorías, sino también para los territorios ocupados, como Puerto Rico y Latinoamericana.

“Tengo que decir que me siento muy bien en donde estoy porque me parece que estoy en una de las organizaciones más verticales en cuestión de los derechos civiles y los derechos humanos. La ACLU no se vende a ningún partido. Ha mantenido una voz bien consecuente en contra de políticas discriminatorias, no solo contra un sector, sino contra  distintas poblaciones históricamente marginadas y racializadas. Para mí es un privilegio y un momento clave, como defensora de derechos humanos, el poder tener esta oportunidad de estar aquí en este momento”, expresó en entrevista con CLARIDAD, respecto a su primer año de gestión.

El  momento no pudo ser más pertinente. Su dirección inició en agosto del 2024, en pleno periodo de campaña electoral. Repasó que ACLU asumió la tarea de la observación electoral, para lo que se preparó a un grupo de observadores, se logró una mayor amplitud en cuanto a la cantidad de colegios donde pudieron participar e hicieron unos instrumentos de análisis cualitativos y cuantitativos.

Indicó que incluso tuvieron que acudir varias veces al tribunal al ver unos patrones en el proceso electoral que no eran nuevos, que ya se habían denunciado en cuatrienios anteriores, como la insistencia en limitar la cantidad de personas que podían participar y limitaciones en  la fecha de inscripción. Fueron irregularidades en el proceso que  impidieron que muchas personas, en específico electores jóvenes, pudieran participar de los comicios.

La directora ejecutiva de ACLU señaló que el pasado proceso electoral en Puerto Rico  nos debe llamar a la reflexión. “Creo que ese proceso electoral fue vergonzoso en ese sentido y en muchos en particular. Cuando uno ve una serie de acciones en el gobierno y de los oficiales que estaban en aquellos momentos a cargo de llevar a cabo el desarrollo del proceso electoral, el enfoque no estaba en facilitar que la mayor cantidad de personas pudieran participar, sino todo lo contrario: las limitaciones, las cortapisas, la insistencia de cortar los tiempos de inscripción, los cierre de las JIP”.

ACLU Puerto Rico es parte de la oficina central de Nueva York, lo cual les proporciona ventajas, porque trabajan  mano a mano con los proyectos y litigios de la Oficina Central. Esto le facilita el estar  bien ligados  al trabajo en contra de las políticas de Trump, indicó Martinez Orabona.

Aunque trabajan distintos temas, en Puerto Rico, la ACLU ha asumido una voz fuerte entre otras organizaciones sobre  la situación de los migrantes. Martínez Orabona señaló que una preocupación que se tiene en el aspecto procesal en la situación migratoria es la participación de la Policía de Puerto Rico (PPR). Denunció que el Gobierno ha negado que eso esté pasando, pero ACLU y la ciudadanía han denunciado que la Policía Estatal sí colabora de distintas maneras. Agregó que también le preocupa la colaboración de la Policía la Municipal, lo que quedó claro en el caso de la mujer arrestada en Cabo Rojo.

La defensora de los derechos civiles y humanos reclamó que en Puerto Rico la migración no había sido un problema y que ahora se quiere imponer este tipo de intervención policial, igual que en Estados Unidos. “Los puertorriqueños, en general, somos multiculturales. Hay mucha presencia migrante en Puerto Rico,  eso ha sido así históricamente”. Fue enfática al denunciar que han visto a la Policía Municipal, así como la Estatal,  haciendo  intervención directa y citando a personas de manera engañosa al cuartel para entregarlas a un agente del ICE, facilitando el cierre de calles y cerrando perímetros para cuando lleguen los agentes federales.

Los municipios santuarios

 Una forma de atender a la comunidad migrante es la declaración de Municipios Santuarios. Sobre qué tan fuerte puede ser esa legislación explicó que el enfoque es precisamente evitar que los recursos locales o estatales, ya sea la Policía, no sean utilizados para cumplir con las funciones que no le competen al gobierno local.

Continuó aclarando  que la ordenanza municipal lo que implica es que el municipio no va a cooperar con el Gobierno federal para identificar y detener personas solo por su estatus migratorio;  no va a facilitar información confidencial que pueda identificar a las persona, como  hizo CESCO, con las licencias de conducir.  Otra parte de la ordenanza es que el municipio se compromete a adoptar medidas que ayuden a familias que sean afectadas por detención migratoria. Por ejemplo, una madre que tenga niños a su cargo y sea detenida, su familia puede acudir al municipio a buscar ayuda u  orientación, incluso sobre temas migratorios.

Recientemente,  ACLU presentó ante la Cámara de Representantes el Proyecto PC 331, el cual tiene el apoyo de los legisladores del PIP y del PPD para que el Gobierno de Puerto Rico establezca una política pública que provea espacios a los que puedan acudir las personas migrantes, como hospitales, escuelas, agencias de gobierno, iglesias y otros, informó.

La violencia policîaca

La directora ejecutiva  confirmó que los casos de violencia y abuso policial continúan siendo los casos más activos en ACLU. Fue precisamente una investigación de la organización sobre la conducta y proceder de la PPR lo que dio paso a la llamada Reforma, bajo la supervisión del Departamento de Justicia de EE. UU. A la pregunta de cómo observa el proceso, si ve que no hay voluntad de ninguna de las partes por mejorar y si ha visto un cambio de actitud con la nueva administración,  reconoció que al inicio de la reforma se dieron algunos avances importantes.  Precisó que, en el inicio, uno de los aspectos críticos que se logró identificar fue la ausencia de protocolos, de guías, de programas de capacitación para sus miembros, que eran necesarios, y se  desarrollaron unos reglamentos del uso de la fuerza.

“El problema no está ya necesariamente ahí, sino en la falta de capacidad o falta de voluntad de la Policía y Gobierno para cumplir con esos procesos. Otro de los problemas que tenemos es la falta de transparencia en los procesos. Las investigaciones, cuando hay oficiales de la Policía envueltos, son investigaciones que se mantienen en un nivel de confidencialidad, que resulta muy difícil evaluar cómo se dieron, si fueron  realmente objetivos esas investigaciones internas”.

Agregó que la falta de respeto a los procesos de nombramiento, el que no se sigan criterios objetivos de capacidades y de experiencia profesional o preparación profesional y la partidocracia es parte de los problemas presentes en la Policía.

“Los abusos  policíacos  continúan, lo estamos viendo. Y otras organizaciones han logrado identificar con instrumentos de evaluación —como Kilómetro Cero, con la que trabajamos de cerca— patrones de abuso que evidencia que hay unos sectores que siguen siendo blanco de abuso policial: los sectores más marginados. Pero también la “falta de atención adecuada a casos críticos, de intervenciones con personas en crisis emocional”, añadió.

La directora ejecutiva de ACLU Puerto Rico destacó que estudia con la comunidad LGBTTQI+ la posibilidad de presentar una acción judicial contra el proyecto, firmado ya por la gobernadora, de la mal llamada ‘libertad religiosa’. “Sabemos que el resultado directo es afectar a esta comunidad de una manera por completo inconstitucional e ilegal”.

Resaltó que respecto a la legislación de Estados Unidos que afecta los derechos de las personas, en el caso de Puerto Rico, nos afecta más porque el Gobierno lo permite, no porque  tenga que ser así. “Esa es una de las preocupaciones desde que llegamos. El Gobierno de Puerto Rico tiene una obligación  independiente de velar por los derechos de nuestra gente. Cuando hablo de nuestra gente, no hablo solo de los y las puertorriqueñas, sino de todas las personas que residen en este archipiélago, y nuestro Gobierno tiene obligaciones internacionales. Hay unas protecciones de derechos humanos que van más allá de los que puede establecer la Constitución del ELA o federal, que exige que se dé un trato digno y justo. El problema que tenemos es que bajo el Gobierno actual no vemos que haya, no solo voluntad  política, sino la realización del cumplimiento de un deber propio en Puerto Rico de proteger a nuestra gente”.

Martínez Orabona manifestó preocupación por lo que señaló como una  ausencia de Gobierno local, que cada vez se  federaliza de  manera directa, indirecta o tácita por la faltad de acción local.

“Con  eso quiero decir que el Gobierno federal está sentando la pauta y está gobernando, no solamente a través de la Junta de Control Fiscal, que ya en sí  misma es la acción más violenta en términos democráticos, sino que los oficiales del Gobierno local han claudicado a la responsabilidad que asumieron al ser electos, incluso antes de que se les exija. Políticas retrogradas por parte de Trump, el Gobierno de Puerto Rico ha estado adoptando esa misma narrativa, es como una ausencia de gobernanza”.  Dio como ejemplo el retiro del currículo (de perspectiva de género) y la eliminación de todas las protecciones para la población diversa, antes de que fuese exigido por el Gobierno federal.

Para la ACLU, todavía hay necesidad y espacio de que se reconozcan derechos, dado a que los derechos siempre están en evolución y que, como humanidad, en términos sociológicos, se establecen unas normas que no necesariamente responden a las normas del momento. Eso también responde a unos intereses políticos y de poder, concluyó.

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Desde hace algunas semanas Estados Unidos mantiene un grupo de naves de guerra cerca de la costa venezolana. De manera simultánea, realizan ejercicios militares en Puerto Rico, su colonia caribeña, utilizando las instalaciones de la Guardia Nacional. Esos ejercicios sugieren una operación de desembarco tipo comando, con un objetivo militar muy definido, más que una invasión en gran escala, pero solo es posible especular.

Hasta ahora, la única “acción” que el despliegue militar estadounidense ha producido es el ataque y destrucción de una pequeña embarcación civil donde asesinaron once personas, según anunció el propio presidente Donald Trump en sus redes sociales como si fuera la gran cosa. La justificación para el ataque es que se trataba de narcotraficantes, aunque ninguna evidencia se ha aportado de esos supuestos contrabandistas.

La continuada presencia militar lleva a preguntarnos: ¿iniciarán en los próximos días una invasión de suelo venezolano? ¿Realizarán, en cambio, una operación comando contra el presidente Nicolás Maduro y otros miembros del liderato político?

El lanzamiento de una operación militar estadounidense contra Venezuela, de la naturaleza que sea, depende en buena medida de los venezolanos, y no precisamente porque estos corran a entregarse como le gustaría a los gringos, sino todo lo contrario. Dependerá de la capacidad de combate y resistencia que demuestren. Si los análisis de inteligencia de Estados Unidos concluyen que el pueblo venezolano resistirá a sangre y fuego una invasión, esta difícilmente se producirá.

Los estadounidenses, particularmente su actual presidente, son fantoches, prepotentes y arrogantes, pero no les gusta contar muertos. Después de tantas experiencias atacando pueblos por todos los continentes, saben que deben evitar a toda costa dos posibles situaciones. En primer lugar, una invasión o ataque que luego desemboque en una guerra larga desangrando sus soldados y su presupuesto. Vietnam en el pasado y Afganistán e Irak más recientemente, son ejemplos de esas invasiones fallidas. De todos esos lugares tuvieron que salir más o menos de forma ignominiosa después de éxitos “resonantes” iniciales. Las recientes imágenes de aviones militares despegando en el aeropuerto de Kabul, mientras sus colaboradores locales corrían despavoridos al verse abandonados, recordaban otras casi idénticas desencadenadas en Saigón (¡hoy Ciudad Ho Chi Minh!) en 1975. En Kabul los colaboradores corrían por la pista y en Saigón se agarraban de los helicópteros que trataban de despegar.

En segundo lugar, también tratarán de evitar a toda costa lanzar una operación comando que termine en un fiasco o que les produzca muchas bajas. De estas también hay experiencias. La más sonada fue la de 1979, que le costó la reelección al entonces presidente Jimmy Carter. En medio de la crisis de los rehenes en Teherán, Carter autorizó una operación comando que fracasó dejando en el terreno decenas de muertos y helicópteros humeando. Aquella escena humillante resonó muy fuerte en las elecciones del año siguiente, 1980, dejando a Carter sin un segundo término.

Ante un posible ataque a Venezuela debemos preguntarnos: ¿por qué Estados Unidos nunca ha atacado a Cuba, más allá de 1961 cuando fracasaron en Girón? Si a Estados Unidos le molesta ahora el gobierno de Maduro, mucho más le ha incomodado a lo largo de muchas décadas la revolución que los cubanos montaron y desarrollaron a 90 millas de sus costas. Derrotar y terminar con la revolución cubana ha sido una de las prioridades de todos los presidentes estadounidenses desde Eisenhower hasta Trump. De esa larga lista de presidentes solo Carter y Obama no ensayaron acciones agresivas buscando, en cambio, algo de distensión. Para los demás Cuba siempre fue un primer objetivo. Sin embargo, después de 1961, nunca se han atrevido a lanzar sus tropas contra ese enemigo que roza sus playas. Algunos pensarán que ese detente se debió al poder disuasivo de la Unión Soviética, pero esta desapareció hace 35 años y desde mucho antes de desaparecer no se notaba muy presta a arriesgarse por Cuba.

La razón para esa abstención es que conocen y respetan la disposición de combate y resistencia del pueblo cubano. Si se dispusieran a utilizar su enorme poderío militar tal vez logren imponerse, pero saben que el costo será grande. Como en Vietnam, tendrían muchos muertos para contar, muchos más de los que contaron en Girón.

Esa preparación para el combate, y el apoyo del pueblo, ha sido el escudo protector de Cuba. Luego de Girón los análisis de inteligencia que hacen en Langley, Virginia, dejaron de fantasear. Habrá que ver cómo evalúan ahora la resistencia venezolana.

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Diversas organizaciones comunitarias y políticas acudieron a la convocatoria de Madres contra la Guerra

 CAROLINA– Consignando posturas como “El pueblo grita fuerte, no más bases pa mi gente”, “Fuera bases del país, Borinquen es mi raíz” y “Más escuelas, menos armas; más futuro, menos armas”, varias colectividades se dieron cita, el 7 de septiembre, a un piquete en contra de la creciente actividad militar reportada en días recientes.

Desde la Base Aérea Muñiz, la manifestación enarboló banderas de Palestina, Puerto Rico, Venezuela, Cuba y el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), junto a carteles con mensajes diversos. En el fondo, a veces, se oía el rumor de una maquinaria pesada y un altoparlante dando órdenes. Frente al portón principal de la Base, una decena de oficiales de la Policía escudaba la calle de entrada.

“(Ustedes) dicen presente por Puerto Rico, por nuestra historia. Para que no caiga en el olvido que, hace muchos años, sacamos a la Marina de Vieques, y hoy no vamos a permitir que vuelvan a invadir nuestras tierras. Nuestro país no es tierra de prueba para ningún país. No vamos a estar siendo utilizados para atacar ninguna nación”, expresó Solimar Ortiz Jusino, de las Jornadas Se Acabaron las Promesas.

Por otro lado, figuras como Heriberto Marín Torres, Marilú Guzmán, el exsenador Rafael Bernabe (MVC) y la delegación legislativa del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) —salvo la convaleciente María de Lourdes Santiago— se integraron a la manifestación. Arriba, de agüero, las nubes grises tentaban lloviznas y centellas encima de las sombrillas que muchos trajeron.

Antes de los mensajes ofrecidos, Tere Alan Castro rasgueó la guitarra al ritmo de Solo le pido a Dios y El progreso, perfilando a la Guerra como un monstruo grande que pisa fuerte y se alimenta de la indiferencia. El MINH, por su parte, denunció que los ejercicios militares en el país nunca han cesado, sino que ahora se dan con menos disimulo. Recordó también los efectos nocivos que aún lastran las islas-municipio de Vieques y Culebra, y catalogó el piquete como “el inicio de una nueva etapa” en la que la ciudadanía se opondrá a estas prácticas.

“No queremos que se utilice nuestra tierra como base de agresión contra pueblos de la región latinoamericana y caribeña, como pasó en el 61 en la fallida invasión a la hermana república de Cuba, como pasó en el 83 contra Granada, como pasó en el 65 contra los hermanos dominicanos… Vamos a alzar nuestra voz en todos los medios y donde sea posible para que esto no vuelva a ocurrir”, agregó el portavoz del MINH Ángel Rodríguez.

En ese sentido, el MINH se solidarizó con la soberanía del pueblo cubano y defendió su derecho legítimo a establecer el sistema económico, político y social que ellos desarrollen. “Estados Unidos no es quién para decir lo que se tiene que hacer en Venezuela”, concluyó.

Rodríguez coincidió con las expresiones de la representante Nelie Lebrón de que Puerto Rico no debe ser campo de pruebas para invadir a otros países. Para contrarrestar la apertura que ha asumido el Gobierno de Puerto Rico, la delegación legislativa pipiola radicó dos resoluciones que exigen el cese inmediato de todo esfuerzo de remilitarización en el territorio nacional.

“Nuestros jóvenes no pueden seguir siendo la carne del cañón del ejército del imperio invasor que, contra nuestras preocupaciones, contra nuestras necesidades, se lleva a nuestros jóvenes… Que se vayan las bases y que nos dejen ser el pueblo que somos: un pueblo que lucha por la paz, un pueblo que merece ser libre y soberano”, puntualizó Lebrón.

En todas direcciones, los predios de la Base Muñiz forman un sistema de manglares y caños donde, en varias instancias, se podían observar peces grandes asomarse a la superficie. En algunas orillas de estos canales, no faltaron envolturas de comida, hojas sueltas ni el temblor esporádico de las máquinas.

Uniéndose a los reclamos por la paz, la veterana de la milicia estadounidense Monisha Ríos– colaboradora de Madres contra la Guerra– compartió su experiencia como parte del sistema de guerra de los Estados Unidos (EE. UU.). Con el timbre de la voz afligido, Ríos tronó contra el imperialismo, el colonialismo y las ideas de agresión y conquista.

“Soy veterana, y eso no me enorgullece… Mi padre es viequense; pero nunca me enseñó sobre nuestra historia allí y nuestra lucha. Fui un blanco fácil para el reclutamiento militar”, expresó la viequense, quien se registró en el ejército a los 17 años.

“En el ejército, como muchas otras, fui blanco de una agresión sexual reiterada y fui testigo del abuso de otras personas. Fui herida y enfermada por exposición a químicos, y me recriminaban cuando respondía. Me amenazaban con la prisión militar a menos que me mantuviera callada. Apenas tenía 18 años y estaba aterrorizada. Sucumbí a la intimidación, pero no pude mantenerme callada”, prosiguió, en inglés, la ahora militante contra la industria de la guerra.

Por último, el piquete cerró con una invitación de Sonia Santiago, directora de Madres contra la Guerra, a participar de las manifestaciones semanales frente al consulado de Israel, en la avenida Juan Ponce de León, de 4:00 a 5:00 p. m., para oponerse al genocidio que sufre, bajo amenaza del mismo armamento que aquí se estrena, el pueblo de Palestina.

Tú, tú que quieres hacer de este lugar un rollo de papel sanitario, un taller de escombros para crucificar a los pueblos, mientras pones en el calendario la fecha de otro bombardeo. Tú, que haces de mis playas un centro de diversiones para los monstruos de la Guerra, que llevas más de un siglo asesinando el mejor de los sueños, ese que está en el futuro de las gentes que hacen de su abecedario, la palabra libertad…

 – Fragmento de un poema leído por William Pérez Vega, de Poetas en Marcha, durante la manifestación.