Desde CLARIDAD, Periódico de la Nación Puertorriqueña, lamentamos profundamente el fallecimiento de la querida compañera Ludmilia Rivera Burgos, abogada y patriota consecuente y firme, que por muchos años ofreció generosamente su talento y su esfuerzo a la causa de la independencia de Puerto Rico y la justicia para nuestro pueblo. Además, fue compañera y amiga solidaria y desinteresada, que servía con alegría y compartía lo suyo con el proverbial desprendimiento que la caracterizó.
Como destacada militante del Movimiento Pro Independencia y Partido Socialista Puertorriqueño (MPI-PSP) durante los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, vivió y luchó durante aquellas décadas turbulentas de feroz persecución y acoso contra el independentismo y contra trabajadores, estudiantes y comunidades que se levantaban por sus derechos. Codo a codo, trabajó como abogada en defensa de quienes reclamaban sus derechos laborales, civiles y humanos, y por ello enfrentaban la represión y persecución de patronos, instituciones y del Estado.
Fue tan valiente y efectiva su labor, que ella misma fue víctima de una salvaje y cobarde agresión, que puso en riesgo su integridad física, en momentos en que defendía a sindicalistas que se enfrentaban a patronos poderosos y a la colonial y represiva Ley Taft Hartley. Como siempre, la impunidad encubrió al culpable, pero Ludmilia prevaleció y continuó con nuevos bríos su esencial tarea.
Pero el trabajo político de Ludmilia Rivera Burgos trascendió el ámbito legal. Se desdoblaba para servir, proteger, dar consejo, analizar, cuidar y hasta para escribir bajo un seudónimo en CLARIDAD, cuando el tema de la noticia requería de su aguda capacidad de análisis y claridad política y jurídica. Tambien formó parte oficialmente de la redacción de CLARIDAD en los tiempos del CLARIDAD diario, cubriendo la legislatura.
Pero, quizá el ámbito de preferencia de Ludmilia fue el cultivo de sus exquisitas cualidades como ser humano. La abogada aguerrida que infundía respeto y la militante consciente y constante tuvieron su mejor expresión en su grandeza humana, de esa que se mide en gestos pequeños, en detalles. Fue la amiga que alimentó cuerpos y sueños, que acompañó en momentos difíciles, que con su ejemplo enseñó a nunca doblar las rodillas, y que vivió y murió como los buenos del verso de José Martí, de cara al sol radiante de nuestra Patria y con la conciencia limpia de quienes cumplen con su deber.
Reciban sus familiares y sus entrañables compañeros y compañeras nuestro solidario abrazo.
Junta Directiva y Colectivo de Trabajo de CLARIDAD, Periódico de la Nación Puertorriqueña
La educación de un país es la zapata para su desarrollo. Los países con los mejores sistemas educativos invierten grandes recursos en su sostenimiento, expansión y capital humano. No puede haber prosperidad y plenitud social sin un sistema de educación pública dirigido a las necesidades de sus educandos, y basado en la visión y objetivos compartidos para el desarrollo de un país o sociedad.
En Estados Unidos, sin embargo, la educación pública, como la conocemos, va en dirección contraria. El país más rico y poderoso del mundo, hoy bajo un gobierno Republicano y de extrema derecha, está enfrascado en un proceso acelerado para desmantelar su sistema educativo nacional y devolver a cada estado la responsabilidad y los costos de educar a sus respectivas poblaciones. A todas luces, esto parece una gran contradicción con lo que pretende representar el movimiento «Make America Great Again (MAGA)», con su visión nacionalista y aislacionista que Donald Trump tan orgullosamente articuló, y que lo convirtió en presidente de Estados Unidos en dos ocasiones.
La actual Secretaria de Educación, Linda McMahon, que no es educadora sino comerciante, está por orden ejecutiva del Presidente, desmantelando el sistema educativo federal y transfiriendo sus funciones a otras agencias o a los 50 estados. Trasladó la división de reclamos por discrimen y violaciones de derechos civiles al Departamento de Justicia, y esta semana, anunció el traslado de los programas de Educación Especial al Departamento de Salud y Recursos Humanos. ¿ Cómo es que la educación especial es un asunto de salud y no de diversidad cognitiva? No sabemos porque no se ofreció explicación para ese cambio. De todo esto puede inferirse que Trump considera un gasto innecesario la inflada burocracia del Departamento de Educación Federal, pero lo mismo podría argumentarse sobre otras agencias menos importantes y neurálgicas y, sin embargo, éstas siguen intocadas. Ya veremos en qué desemboca este alocado proceso, sobre todo mientras prevalezcan los gobiernos de mayoría Republicana en Estados Unidos.
Por nuestra parte, en Puerto Rico, estamos viviendo otro tipo de desmantelamiento del sistema de educación pública. A la barbarie del cierre indiscriminado de escuelas bajo la tutela de la ex convicta ex secretaria de educación, Julia Keleher, se añade ahora la creciente penetración de las llamadas escuelas «charters», o «escuelas públicas alianza», que realmente no son públicas porque no sirven al grueso de la población escolar y tienen currículos, reglamentos, disposiciones y personal distintos y ajenos a los de las escuelas públicas. Realmente, lo único de públicas que tienen es que reciben millones de dólares en fondos del Departamento de Educación, aunque sus dueños y directivos son personas jurídicas privadas y no son empleados ni oficiales del Departamento de Educación de Puerto Rico.
Desde 2018 se han creado en Puerto Rico 21 de estas escuelas llamadas «charter» y se ha anunciado la apertura de cinco más para este próximo ciclo escolar. Cerca de $50 millones del Departamento de Educación se destinan al financiamiento de estos planteles cuya matrícula total asciende a 7, 410 estudiantes – 1,600 estudiantes provenientes de colegios privados y 5,810 de escuelas públicas- mientras el resto del verdadero sistema público se reparte los 221,000 estudiantes que lo integran al presente.
Realmente, las escuelas charter son un modelo híbrido, y aunque se supone que rindan cuentas y sean supervisadas por el Departamento de Educación por los fondos públicos que reciben, hay evidencia constatada por investigaciones periodísticas de que el proceso de supervisión y rendición de cuentas carece de las garras y el rigor necesarios para garantizar cumplimiento. Así ha ido surgiendo un sistema educativo de doble vara que, poco a poco, socava desde adentro a las escuelas públicas.
Desviar millones de dólares destinados a la educación pública hacia proyectos educativos privados, sin la debida supervisión ni rendición de cuentas, es fomentar la creación de muchas más de estas llamadas escuelas, que se convierten en fuentes de lucro para dueños, socios o accionistas.
La educación de un pueblo no puede verse como un producto de consumo. Por eso, los sistemas educativos exitosos se basan en modelos filosóficos que promueven el desarrollo integral de sus educandos. La Constitución de Puerto Rico de 1952 consignó oficialmente la educación como un derecho humano fundamental que debe ser provisto y garantizado por el Estado. Por otra parte, el propio Departamento de Educación describe a las llamadas escuelas Alianza o «charter» como » escuelas públicas gratuitas, no sectarias, de calidad y libres de cualquier discrimen».
La tercerización de la educación pública y el otorgar fondos del Estado a entes privados para educar a estudiantes del sistema público, sin unas guías estrictas de supervisión y rendición de cuentas, no es ofrecer mejores oportunidades a nuestros estudiantes. Es abrir la puerta para que se cuelen proyectos educativos privados que respondan a los objetivos de sus dueños y no a las necesidades de nuestra población escolar. Es también debilitar irreversiblemente la zapata del sistema educativo de nuestras futuras generaciones.
De fútil y débil en términos jurídicos son algunas de las calificaciones que dos cabilderos por la independencia consultados por CLARIDAD señalaron sobre el proyecto radicado por el comisionado residente, Pablo José Hernández, que propone para la celebración de una consulta de estatus que incluye la opción del Estado Libre Asociado (ELA).
El proyecto radicado hace una semana por el comisionado residente, quien se alinea con los del Partido Demócrata en la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, fue coauspiciado por los congresistas Derck Tran, Wesley Bell, Val Hoyle y Jhon Larson.
En entrevista, el portavoz de Plan B independencia (PBI), licenciado Carlos Rivera Lugo, organización que el pasado año cabildeó en Washington y propuso que el presidente, Donald Trump, firmara una Orden Ejecutiva concediendo la independencia a Puerto Rico, describió el proyecto como un esfuerzo fútil por tratar de insertar el problema, que es la colonia, como una posible solución al estatus colonial. “Me parece que está tratando de pescar en río revuelto”. En esa línea, se refirió a que, desde el inicio de esta administración, el presidente Trump, ha hecho claro que descarta la estadidad para Puerto Rico y se ha quejado de la dependencia colonial.
Rivera Lugo destacó que tanto Plan B como otras organizaciones de la diáspora, como Power for Puerto Rico (PPR) y Puertorriqueños Unidos en Acción (PUA), todos han estado cabildeando de manera activa a favor de una pieza legislativa que dé inicio a un proceso de transición hacia la independencia. Su tesis es que, desde la óptica del presidente, si la colonia es un problema para EE. UU. por el alto costo que tiene, la estadidad tampoco es aceptable porque esta es una amenaza al Partido Republicano en el Congreso y al Gobierno federal. Lo que queda es entonces la independencia.
El portavoz de Plan B dijo que es obvio que ha habido otras gestiones para tratar de promover legislación sobre el estatus de Puerto Rico, como la de los congresistas Daren Soto y Tom McClintock, pero observó que uno de los problemas es que los procesos congresionales se abren a las presiones y los cabildeos. Un ejemplo reciente es el del congresista McClintock, quien hace poco anunció la posibilidad de radicar un proyecto hacia la independencia, pero luego ha estado hablando de que, si bien él favorece la independencia, su proyecto es posible que pueda incluir otras opciones, incluida la estadidad. “En ese sentido, el comisionado residente lo que está buscando es relevancia porque ha sido irrelevante su postura de refundar lo irrefundable, que es la colonia. El llamado ELA ha caído en oídos sordos”.
Mas aun, señaló al comisionado residente como un “cero a la izquierda” en la discusión del estatus y comparó su gestión con el recién anuncio de Jenniffer González, de que el “estatus está en issue” y de que hay que renovar los esfuerzos por la estadidad’.
El profesor de Derecho apuntó que, por el contrario, lo que ha revuelto el tablero político alrededor del Congreso de EE. UU. es lo que ocurrió cuando Plan B el pasado año en sus reuniones con John Thune, portavoz de la mayoría, y con McClintock, reconocieron ambos de forma abierta que estaban recibiendo lo que entendían era una opción que hasta ahora nadie les había planteado de manera seria: una opción para la independencia de Puerto Rico.
Rivera Lugo reclamó que Plan B está poniendo la independencia como una opción frente a una estadidad que ninguno de los dos partidos estadounidenses apoya. En el caso de Trump, este tiene miedo a que el Partido Demócrata pueda recuperar la mayoría en el Congreso e imponer la opción de la estadidad a Puerto Rico por consideraciones estrictamente politiqueras.
Por parte del presidente, dijo, este también tiene que tomar una decisión, y la única manera que tiene para que sea definitiva es aceptar y discutir la propuesta de Plan B de iniciar una transición hacia la independencia y transferir los poderes a Puerto Rico para iniciar un proceso bilateral de una nueva negociación que las distintas organizaciones le plantearon al Congreso y a su administración.
Una réplica del proyecto 8393
En entrevista por separado, el portavoz de Puertorriqueños Unidos en Acción, licenciado Manuel Rivera, indicó que el proyecto presentado por Hernández es una réplica del proyecto 8393, pro estadidad que se presentó durante la administración de Joe Biden. La diferencia jurídica más importante entre ambos proyectos es que el 8393 excluía al ELA y ahora incluye al territorio (ELA) como garantía.
Mientras, al igual que Rivera Lugo, el portavoz del PUA se expresó en el sentido de defender el proyecto que se le presentó al congresista McClintock: “Es una propuesta de ruptura clara con el estatus territorial. Su fuerza principal es que reconoce que la relación actual es colonial, y busca terminarla mediante la independencia con una transición ordenada, protección de derechos adquiridos y continuidad de beneficios federales durante un periodo de ajuste. La medida que se le presentó a McClintock está enfocada en la independencia de Puerto Rico”.
Al respecto, agregó que el proyecto de McClintock parte de la premisa fuerte de que Puerto Rico sigue bajo los poderes plenarios del Congreso y que la solución real es terminar la condición territorial bajo la independencia.
Rivera subrayó que, por el contrario, el proyecto del comisionado residente parte de una premisa más política de que todas las opciones deben estar en la papeleta, incluido el ELA, y es ahí donde esta su debilidad jurídica. Esto se debe a que el ELA mantiene su condición colonial e ignora casos como el United States v. Vaello-Madero, que reafirma el poder plenario del Congreso sobre Puerto Rico.
Entre otras comparaciones, el candidato a fiscal general de Washington, D. C. por el Partido Republicano señaló que el proyecto de McClintock tiene más claridad constitucional, ya que termina con el territorio, ante el del comisionado residente, que incluye la opción territorial. La medida de McClintock atrae a los republicanos antiestadistas y a los soberanistas; la de Hernández deja en el aire a los estadistas, aunque esa sería su opción si no les ofrecen la estadidad.
“Una papeleta que incluya al ELA como opción permanente no descoloniza a Puerto Rico, perpetúa la ficción de que puede existir soberanía real bajo los poderes plenarios del Congreso”, concluyó Rivera.
La gobernanza surgió en sus orígenes de la necesidad histórica de brindar cierto orden a la vida en sociedad con los asentamientos humanos en la nueva etapa de la civilización, Con el tiempo, la sociedad y la gobernanza se complejizan. Para atender esa complejidad se fue recurriendo cada vez más a la ciencia y a la tecnología. La gobernanza se hizo metódica mediante procedimientos sistémicos con un rigor cercano a la ciencia.
Con el surgimiento de la democracia, el sufragio se convirtió en un medio para escoger a los responsables de la gobernanza por periodos definidos. Las elecciones son, por lo tanto, un medio, no un fin en sí mismo. Empero, así como en Puerto Rico, las elecciones se han convertido políticamente en muchos lugares en un fin, no en un medio para la gobernanza democrática.
El objetivo principal de una administración gubernativa elegida democráticamente no debe ser la revalidación en las elecciones próximas, sino la mejor gobernanza posible. La gobernanza tiene en esencia una visión menos inmediatista que el electoralismo. Tiene propósitos más duraderos. Sus metas persiguen una mejor vivencia social, progreso y calidad de vida de los ciudadanos. La ejecución de sus objetivos no se mide por meras conveniencias inmediatistas electoreras. Va más allá de eso. Persigue el bienestar colectivo pensando en lo más conveniente para la sociedad en su conjunto a corto, mediano y largo plazo.
La economía, la sociología y la tecnología pasaron a formar parte del rigor científico de la gobernanza. No se gobierna improvisando. Tiene que haber metodología en la gobernanza. Es de eso que las administraciones gubernativas en las últimas décadas en Puerto Rico carecen. La politiquería y la improvisación han sustituido a la metodología gubernativa. En consecuencia, la economía y la infraestructura, así como otras variadas cosas de la sociedad en Puerto Rico han venido a menos.
Encubrir con apariencias la realidad comienza a convertirse en un artilugio de la política en Puerto Rico. El ciudadano logra ver únicamente lo aparente mediante ese ilusionismo de la política; no la verdadera realidad. La política pretende convertirse, así, en una suerte de taumaturgia. No obstante, no es en taumaturgia en lo que debe devenir la gobernanza.
No es por prodigios ni milagros que se gobierna. La gobernanza es la metodología de regir el destino de los pueblos utilizando para ello la economía, la sociología, la ciencia y la tecnología como instrumentos para su desempeño. Por tal razón, más que arte es ciencia. Llevada a cabo cabalmente, la gobernanza no se presta para la improvisación y la incertidumbre.
Pretender hacer ver que hay taumaturgos en el gobierno que habrán de deshacer los entuertos de maleficios acaecidos repentinamente en Puerto Rico es la peor degradación de la política. Y con igual desprecio a la inteligencia del pueblo engañar a la gente haciendo ver que las crisis surgidas aquí son herencias del mal; de unos males que llegaron repentinamente y que mediante la taumaturgia se deshacerán. Ignorando a conveniencia que muchos de los males de Puerto Rico son el resultado de una mala gobernanza. Mala gobernanza porque se carecía de métodos en la gerencia del haber público. Y así la politiquería se ha hecho ver como buena administración que favorece al pueblo.
Advino concomitantemente una caída de la economía, una regresión al deterioro y a la obsolescencia del patrimonio infraestructural y una crisis generalizada en diferentes ámbitos de la sociedad. Sorprendió a los puertorriqueños lo que no debió ser sorpresa: la bancarrota fiscal y la debacle de Puerto Rico. La fuga migratoria de los puertorriqueños fue la reacción inmediata. La despoblación del terruño patrio y el envejecimiento demográfico de un país en crisis se convirtió en nuestra realidad.
Carecemos hoy de las garantías en la prestación de servicios esenciales como la electrificación y el suplido de agua potable. La infraestructura de ambos servicios está envejecida, deteriorada y obsoleta por la displicencia y negligencia de los que nos han gobernado en las últimas décadas. La calidad de vida del Puerto Rico de hoy ha desmejorado notablemente. Y continuamos desesperanzadamente rumbo al abismo, sin remedio hasta ahora predecible.
Ludmilia Rivera y Nora Vargas en la entrega Nilitas Vientos Gastón
Especial para CLARIDAD
Alguien dijo que la historia que no se cuenta, no existe. Si un observador no los reporta o algún investigador no los escudriña, los eventos que sucedieron y, más importante aún, que nos afectaron, efectivamente desaparecen. Lo anterior es aún más cierto con las historias individuales. Los investigadores de la historia concentran su atención en los que por alguna razón particular en determinado momento sobresalieron, pero no en quienes con su trabajo facilitaron que alguien sobresaliera.
Vemos un ejemplo. Juan Mari Brás es recordado, entre muchas otras cosas, por sus batallas en los tribunales para hacer valer derechos fundamentales. La jurisprudencia puertorriqueña recuerda aquellas luchas con el nombre de su principal promotor, Mari Brás, o el de la organización política que él dirigía, Mari Brás v. Alcaide (1972) o PSP v. ELA (1978), para mencionar sólo dos de los casos más sonados. Cada una de aquellas batallas legales requirieron del trabajo capaz, intenso y dedicado de un grupo de abogados y abogadas, ninguno de los cuales cobró un solo centavo durante los largos meses de cada litigio. Ludmilia Rivera Burgos, cuyo fallecimiento sobrevino hace apenas unos días, siempre fue parte destacada de todos aquellos litigios, aunque su nombre ni siquiera aparece en la opinión o sentencia que recoge la jurisprudencia.
Ludmilia participó en aquellos litigios, no sólo por ser una abogada con profundidad jurídica y gran capacidad de trabajo, sino porque fue una destacada militante del Movimiento Pro Independencia (MPI) y el Partido Socialista Puertorriqueño. Su trabajo legal, junto a Enrique “Chino” González, Fermín Arraiza y tantos otros, fue una de sus muchas aportaciones a la lucha patriótica a lo largo de varias décadas.
Su incursión en el movimiento patriótico comenzó muy temprano, poco tiempo después de haber terminado sus estudios de derecho. En 1964 formó parte de un grupo de jóvenes que se integró al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), revitalizando su organización juvenil junto a Carlos Gallisá, Jenaro “Tuto” Marchand y Jaime Córdova, entre otros. Posteriormente se integró al MPI, luego convertido en PSP, donde estuvo mientras las organizaciones existieron.
Su trabajo como abogada no se limitó a lo que Mari Brás llamó “experimentos jurídicos”, como los mencionados previamente, que surgieron cuando el MPI o el PSP decidieron retar legislación o reglamentaciones utilizadas para perseguir o coartar los derechos de las organizaciones patrióticas. Si revisamos los periódicos de las décadas del ´60, ´70 y ´80 encontramos a Ludmilia Rivera como abogada de los dirigentes estudiantiles víctimas de represión, como resultado de las luchas contra el ROTC y el servicio militar en los años intensos de 1969 a 1973; como abogada defensora de trabajadores y líderes sindicales (entre otros, Arturo Grant Pardo) arrestados y acusados durante las múltiples huelgas que se sucedieron a lo largo de las décadas de 1970 y 1980; y como representante legal de los rescatadores de terreno que el gobierno de Carlos Romero Barceló desalojó a la fuerza de sus humildes hogares. En uno de aquellos rescates -Villa Sin Miedo en Río Grande- representó a los residentes tanto en el proceso de desahucio incoado, como en las acusaciones criminales que se presentaron cuando los rescatadores resistieron el desalojo.
Como otros dirigentes y militantes de aquellos años, Ludmilia incursionó en áreas en las que fue necesario aprender sobre la marcha. Cuando el PSP decidió participar en las elecciones generales estudió a fondo la legislación y reglamentación electoral, representando a la organización en numerosos litigios incoados para defender sus derechos frente a los partidos que hasta el momento habían controlado el proceso, el PPD y el PNP. En las elecciones de 1980, una de las más cerradas de nuestra historia y, como muchas, marcada por el fraude, como Subcomisionada Electoral del PSP, se empleó a fondo en los litigios que se produjeron antes y después de votar, y en el recuento cargado de incidentes que se prolongó durante meses.
Posteriormente utilizaría esa experiencia en el proceso eleccionario para presidir la Comisión Electoral el Colegio de Abogados con la que la ilustre institución cumplió una función fiscalizadora y revisora de los eventos electorales. Hace algunos años el Colegio le otorgó la medalla Nilita Vientós con la que la institución distingue a abogados o abogadas que se destacan en la profesión legal y la actividad cultural.
Por sus dotes en el campo legal y, además, por la gran necesidad de abogados litigantes que hubo durante aquellas décadas de intensa lucha, las aportaciones de Ludmilia Rivera Burgos en ese campo fueron más conocidas. Pero su aportación al trabajo del MPI y el PSP fue más amplia, incursionando también en la lucha cultural, sindical y en la defensa de los derechos de la mujer. También participó en la lucha clandestina armada que se desató en Puerto Rico durante aquellos años como integrante de los Comandos Armados de Liberación. De esa faceta no es posible hablar en detalle. En primer lugar, porque por su naturaleza clandestina y por la necesaria compartimentación, hay poca información disponible y, en segundo lugar, porque el enemigo que entonces acechaba lo sigue haciendo. No obstante, es necesario apuntar el dato para la historia que falta por escribirse.
Por esa lucha efectiva y amplia Ludmilia fue objeto de muchos actos represivos, incluyendo una cobarde y brutal golpiza que en una ocasión recibió en su propio hogar. Como nunca pudieron detenerla en los tribunales ni en la calle, pretendieron callarla a golpes.
