El desarrollo de Puerto Rico debe partir de una realidad ineludible. Somos una isla con recursos limitados, una infraestructura de agua cada vez más vulnerable y un sistema eléctrico que continúa mostrando señales de fragilidad. Sin embargo, gran parte de la planificación territorial reciente parece avanzar como si estas limitaciones no existieran. Autorizar megaproyectos sin demostrar que existen la capacidad hídrica y energética para sostenerlos no representa una visión de futuro; representa el riesgo de trasladar los costos de ese crecimiento al resto del país mediante mayores racionamientos, apagones y una presión adicional sobre los recursos naturales.

Esta desconexión entre la planificación y la capacidad real de la infraestructura se refleja en proyectos de gran escala propuestos para zonas ambientalmente sensibles. El Proyecto Esencia, en Cabo Rojo, con una inversión estimada de más de $2,600 millones, plantea un desarrollo intensivo precisamente en una región que durante años ha enfrentado condiciones de sequía y estrés hídrico. De igual forma, las propuestas en Punta Bandera, Luquillo, y en los terrenos adyacentes a la Reserva Natural Playa La Esperanza, en Manatí, reabren el debate sobre el futuro de los humedales, las áreas de recarga de acuíferos y la resiliencia costera. Cada nuevo desarrollo implica una mayor demanda sobre los sistemas de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. La pregunta esencial es si el país realmente cuenta con la capacidad para absorber ese crecimiento sin afectar a las comunidades que ya experimentan interrupciones frecuentes en estos servicios.

Esta situación exige una reflexión profunda sobre el rumbo que ha tomado la política pública. La Junta de Planificación, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Legislatura y las demás agencias con responsabilidades sobre el ordenamiento territorial tienen el deber de asegurar que el desarrollo responda a criterios de sostenibilidad y no únicamente a oportunidades de inversión. El Plan de Uso de Terrenos fue concebido precisamente para armonizar el crecimiento urbano con la protección de los recursos naturales y la capacidad de la infraestructura. Cuando esa función pierde fuerza frente a presiones económicas o decisiones reglamentarias, también se debilita la capacidad del país para enfrentar el cambio climático y garantizar servicios esenciales.

Diversas medidas legislativas y reglamentarias han generado preocupación entre sectores profesionales, ambientales y comunitarios por su posible efecto acumulativo sobre la planificación. Entre ellas se encuentra la Ley 82-2026, que establece requisitos económicos para solicitar la paralización judicial de proyectos y que, según sus críticos, podría dificultar el acceso de las comunidades a los tribunales. De igual forma, el Proyecto de la Cámara 25 ha sido objeto de controversia por proponer modificaciones a la delimitación de la Zona Marítimo-Terrestre, mientras que las sucesivas revisiones al Reglamento Conjunto y la aplicación de la Ley 161-2009 han sido señaladas por distintos sectores por agilizar procesos de permisos y reducir el nivel de análisis ambiental requerido en determinados proyectos. Más allá del debate jurídico de cada medida, persiste una pregunta fundamental que rara vez ocupa el centro de la discusión pública: ¿puede la infraestructura de Puerto Rico sostener el crecimiento que se está autorizando?

La planificación moderna no puede limitarse a evaluar si un proyecto cumple con los requisitos de zonificación. También debe preguntarse si existen fuentes suficientes de agua potable, si los embalses podrán suplir la nueva demanda durante periodos de sequía, si la red de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados posee la capacidad necesaria y si el sistema eléctrico podrá responder sin incrementar la vulnerabilidad de toda la población. Ignorar esas variables significa trasladar el costo del desarrollo a quienes ya enfrentan interrupciones de agua, apagones recurrentes y tarifas cada vez más elevadas.

Puerto Rico necesita inversión, empleo y desarrollo económico, pero también necesita una planificación responsable que reconozca los límites físicos del territorio. El crecimiento no debe medirse únicamente por la cantidad de concreto que se construye, sino por la capacidad del país para sostener ese desarrollo sin comprometer sus recursos naturales ni deteriorar la calidad de vida de quienes ya viven aquí. En una isla donde el agua comienza a convertirse en uno de los recursos más escasos y la estabilidad energética continúa siendo incierta, el verdadero progreso será aquel que garantice primero el acceso al agua, la energía y un ambiente saludable para las generaciones presentes y futuras.

El autor es geógrafo, planificador y consultor en manejo de desastres.

Especial para En Rojo

Las Fuerzas Armadas estadounidenses experimentan con interferencia a los sistemas GPS del tráfico aéreo en la frontera con México. La idea es enfrentar una supuesta amenaza de invasión de drones a Estados Unidos provenientes de los cárteles del narcotráfico mexicanos. Por un error resultante de la negligencia en esos experimentos militares, un avión-ambulancia estadounidense se estrelló en Nuevo México debido a problemas de navegación por esas interferencias (jamming) de GPS.

El trágico suceso ocurrió poco después de la medianoche del 14 de mayo de 2026. Una aeronave Beechcraft King Air C90, operada por la compañía TransAero Medevac, realizaba un vuelo médico desde Roswell hacia el Aeropuerto Regional de Sierra Blanca en Ruidoso, Nuevo México. Debido a esa interferencia de los sistemas GPS, el avión se estrelló en las montañas de Capitán, provocando la muerte de sus cuatro tripulantes (dos pilotos y dos enfermeros) y desatando un incendio forestal de gran magnitud.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) publicado en junio de 2026, la interferencia electrónica de la señal GPS que provenía de un entrenamiento programado del Ejército de Estados Unidos en el cercano polígono militar de White Sands Missile Range provocó la pérdida de la orientación de navegación de la aeronave.

Tras despegar, los pilotos notificaron la pérdida completa de su sistema de navegación por GPS. Los controladores aéreos de Albuquerque intervinieron y solicitaron provisionalmente a los militares que detuvieran el bloqueo de señal. Una vez que la señal se restableció momentáneamente, los pilotos informaron tener el aeropuerto a la vista y solicitaron proceder mediante una aproximación visual. Al asumir que el avión ya operaba bajo navegación visual en una noche muy oscura, los controladores autorizaron a la base militar a reanudar la interferencia de GPS.

La aeronave perdió la orientación pocos minutos después de reactivarse el bloqueo electrónico, descendió demasiado e impactó contra la ladera de la montaña a unos 9,950 pies de altura, justo 230 pies por debajo de la cumbre.

Coincidentemente con la interferencia militar que inutilizó el GPS, la NTSB y los expertos en aviación, el sistema de observación meteorológica del aeropuerto de destino estaba fuera de servicio. Las condiciones de la noche eran extremadamente oscuras y sin luz de luna, lo que impidió que los pilotos divisaran la silueta de las montañas a tiempo tras perder sus instrumentos de navegación asistida.

Este caso ha encendido alertas en la industria de la aviación civil de los Estados Unidos sobre el grave riesgo que representan las pruebas de guerra electrónica militar sobre el espacio aéreo comercial.

El Pentágono y la Casa Blanca han intentado encubrir el suceso y mantener el secretismo del caso ante la prensa, lo que se está convirtiendo en otro escándalo más para la administración gubernativa del presidente Donald Trump cuando empezó a revelarse recientemente los detalles del suceso y se supo que no fueron los narcotraficantes mexicano quienes derribaron el avión como originalmente se daba a entender.

La narrativa oficial estadounidense de una fantasmal amenaza de ataque con drones de los cárteles de narcotráfico mexicano y consecuentes protecciones extremas en zonas fronterizas con México, sumado a la xenofóbica política anti inmigratoria contra ese país vecino al sur de Estados Unidos, mientras mantiene una guerra comercial al norte con Canadá, su otro vecino fronterizo, convierte su política de relaciones vecinales con los demás países de América en las de la política del huraño y agresivo mal vecino. Pero que, además, atenta contra el propio Estados Unidos como se ha visto con este caso.

Bajo la presidencia de Trump, la Política de buena vecindad, que fue una iniciativa de política exterior establecida por el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt en 1933, ha quedado totalmente erradicada. Aquellas metas principales que incluían la no intervención militar en América Latina, el fomento del comercio recíproco y la cooperación hemisférica, han dejado de existir.

Roosevelt prometió en 1933 que ningún Estado tenía derecho a intervenir en los asuntos internos o externos de otro. Buscó reemplazar la fuerza militar y las invasiones previas por la diplomacia y acuerdos comerciales. Estados Unidos sacó sus fuerzas militares de países como Haití y Nicaragua. Se anuló la Enmienda Platt en Cuba en 1934, lo que limitó el control directo sobre la isla caribeña vecina. Procuró la unión del continente americano frente a las amenazas de las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial.

Todo parece indicar que esa política estadounidense de buena vecindad fue simplemente circunstancial como parte de una estrategia ajustada a la realidad geopolítica y necesidad diplomática del momento.

José Ignacio y María Clemencia, siempre juntos hasta el final. Así fue su compromiso con la vida, que como decía nuestro Juan Antonio Corretjer, “es lucha toda”.

José Ignacio fue un historiador apasionado, defensor de causas justas y con un compromiso social inquebrantable. Luchó incansablemente por la independencia de su amado Puerto Rico y por la Revolución Bolivariana de su amada Venezuela. Su entusiasmo y empeño eran infinitos. Constantemente, organizaba actividades sobre Puerto Rico en Venezuela y sobre Venezuela en Puerto Rico. La mayor parte de ellas las coordinó desde el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en el Viejo San Juan, una de las instituciones más prestigiosas de la isla. Allí el doctor en literatura y laborioso funcionario de la ONU se destacó como asesor de la institución dirigida por don Ricardo Alegría, de quien también fue amigo personal.

Cuando José Ignacio coordinaba las actividades, recurría a su lista de contactos y llamaba personalmente a cada invitado para conseguir su compromiso de asistencia. Ponía pasión en todas las iniciativas que emprendía y es de notar que contagiaba con su entusiasmo. Presentó a muchas figuras destacadas y un sinnúmero de documentales, gracias a los cuales la comunidad puertorriqueña tuvo la oportunidad de comprender la realidad venezolana, y también presentó la realidad puertorriqueña a los venezolanos. “Sus conferencias sobre la realidad venezolana ante los más diversos públicos de la isla han servido para contrarrestar la ola mediática contra la revolución bolivariana que al principio inundó la prensa en Puerto Rico.”

En la Plaza de Armas del Viejo San Juan participaba en las tertulias nocturnas de los parroquianos y desde allí mismo gestaba sus proyectos. Era su segunda oficina, pues allí se citaba con los amigos y compañeros de la vida y de la lucha.

José Ignacio participó activamente en la lucha por la liberación de los prisioneros (as)políticos puertorriqueños de las cárceles estadounidenses y defendió con tenacidad la cultura de todas sus patrias, entre las que también se encontraba España, debido a sus antepasados almerienses, de la provincia andaluza.

Su esposa María Clemencia, compañera inseparable y una destacada diplomática venezolana, compartió con él esa vida de lucha toda. Tenían una comunicación muy especial y de total compenetración. Eran un equipo de luchadores a los cuales tendremos siempre en gran estimación y admiración por su compromiso irrenunciable y tenaz, no sólo con las causas de Puerto Rico y Venezuela, sino además con las de la querida isla de Cuba.

Que descansen en paz, unidos para siempre, José Ignacio y María Clemencia. Si un día tuvieron que naufragar porque el tifón rompió sus velas, nos queda el consuelo de que al partir permanecieron unidos cerca del mar en su hermosa Venezuela. No los olvidaremos. Especialmente, cada vez que veamos una orquídea florecer…

*José Ignacio Jiménez y María Clemencia López Ramírez fallecieron en La Guaira, Venezuela tras los terremotos del 24 de junio de 2026.