Especial para CLARIDAD

Hace unos días apareció en mi condominio una comunicación de LUMA anunciando la instalación de nuevos contadores eléctricos. El mensaje está redactado en el lenguaje tranquilizador de la modernización tecnológica: Puerto Rico tendrá 1.5 millones de “contadores inteligentes” que permitirán identificar más rápidamente las interrupciones del servicio, reducir las facturas estimadas, facilitar la integración de energía renovable y ofrecernos “mayor control” sobre nuestro consumo. Todo parece razonable, incluso deseable, en un país cuya red eléctrica lleva años siendo sinónimo de precariedad. Pero la comunicación deja sin formular una pregunta: ¿quién obtiene ahora mayor control sobre quién?

La pregunta surge porque LUMA no está simplemente sustituyendo un contador viejo por uno nuevo. Está instalando, en aproximadamente 1.5 millones de puntos de servicio, los terminales de una infraestructura digital capaz de producir, transmitir, almacenar y analizar información sobre nuestro consumo eléctrico. El contador ya no solamente cuenta. También comunica. Y porque comunica y convierte en datos actividades tan cotidianas como encender el aire acondicionado, cocinar, lavar la ropa, cargar un automóvil o producir electricidad mediante placas solares.

Quienes recuerden la historia de las telecomunicaciones en Puerto Rico encontrarán aquí una curiosa ironía. Décadas atrás se concibió PREPANET, un proyecto que pretendía aprovechar la infraestructura pública para desplegar una red de telecomunicaciones por fibra óptica hasta los consumidores. El sector privado se opuso y aquella posibilidad nunca llegó a desarrollarse tal como se había imaginado originalmente. Los nuevos contadores inteligentes son otra cosa tecnológica e histórica, pero el contraste resulta revelador: PREPANET imaginaba una infraestructura pública que llevaba capacidad de comunicación al ciudadano; la nueva infraestructura eléctrica lleva información desde el ciudadano y su hogar hacia la red. Hemos invertido el flujo.

Lo que LUMA está implementando se conoce como Advanced Metering Infrastructure (AMI). La empresa contrató a Itron para desplegar los nuevos contadores junto con una red de comunicaciones que los conectará con sus sistemas. La propia empresa describe capacidades de distributed intelligence, es decir, inteligencia computacional distribuida en los extremos de la red. Por eso llamarlos simplemente “contadores” resulta insuficiente: son también sensores y nodos de una infraestructura de datos.

El viejo contador electromecánico respondía esencialmente a una pregunta: ¿cuántos kilovatios-hora consumió esta residencia desde la última lectura? El nuevo sistema puede saber mucho más. Los documentos de LUMA ante el Negociado de Energía contienen información sobre consumo, carga, voltaje, interrupciones y restauración del servicio, eventos y otras condiciones operativas. La comunicación es, además, bidireccional: los sistemas centrales pueden comunicarse con el contador sin que una persona tenga que acudir físicamente a leerlo.

LUMA también reconoce que los nuevos equipos generan datos de consumo por intervalos. Ya no hablamos exclusivamente del número acumulado que figura en una factura mensual, sino de una serie temporal que permite conocer cómo evoluciona el consumo. Lo que la información pública que he podido examinar no permite determinar con certeza es la duración exacta de esos intervalos en Puerto Rico ni con qué frecuencia se transmiten los datos. ¿Un minuto, cinco, quince, treinta, sesenta? No es una minucia técnica. Como ejemplo, un contador que registrara cada quince minutos produciría unas 35,000 observaciones anuales por residencia. Multipliquemos eso por 1.5 millones de puntos de servicio. Ya no tendríamos simplemente facturas. Tendríamos patrones. Y los patrones hablan.

Desde hace años existen técnicas conocidas como Non-Intrusive Load Monitoring (NILM), mediante las cuales las variaciones de carga permiten inferir sobre determinados aparatos y, dependiendo de la granularidad y la calidad de los datos, sobre actividades domésticas. El contador no escribe “alguien llegó a casa a las 6:17”. Registra electricidad. Pero una secuencia suficientemente detallada puede permitir inferencias probabilísticas acerca de cuándo una residencia está ocupada o vacía, de sus períodos de actividad y de descanso, y de determinados patrones de uso de los equipos.

Quiero ser riguroso: no he encontrado evidencia de que LUMA esté utilizando actualmente esos datos para realizar inferencias conductuales similares. Una cosa es la capacidad de una tecnología y otra el uso efectivo que su operador hace de ella. Pero una sociedad democrática tampoco debería regular una infraestructura exclusivamente por lo que su administrador promete hacer hoy, ignorando lo que técnicamente permitirá hacer mañana.

Por eso pensé en las controversias recientes en Puerto Rico sobre cámaras capaces de registrar vehículos y sus tablillas. Las tecnologías son distintas, pero participan de una transformación común. La cámara convierte el desplazamiento de un automóvil en tablilla, lugar y hora; el teléfono convierte la localización, las comunicaciones y la navegación en datos; el contador inteligente transforma el consumo energético del hogar en una secuencia temporal susceptible de análisis. Actividades anteriormente efímeras dejan rastros digitales almacenables, consultables y potencialmente correlacionables.

Quizás seguimos pensando en la vigilancia con una imagen demasiado antigua: una cámara y alguien mirando la pantalla. Los sistemas contemporáneos pueden ser mucho más banales. No necesitan un vigilante que supervise 1.5 millones de hogares. Pueden funcionar mediante bases de datos, algoritmos y patrones. La pregunta deja de ser solamente “¿quién me está mirando?” para convertirse en “¿qué sistemas me están midiendo y qué pueden hacer después con esas mediciones?”

Shoshana Zuboff llama “surveillance capitalism”, capitalismo de vigilancia, a una racionalidad económica que convierte dimensiones de la experiencia humana en materia prima para producir datos conductuales, predicciones y formas de intervención sobre el comportamiento. ¿Son entonces los contadores de LUMA parte del capitalismo de vigilancia? Creo que podemos sostener que participan de esa lógica con precisión. No he encontrado evidencia de que LUMA venda los datos de los contadores a anunciantes ni a data brokers, y su política de privacidad establece que no vende ni alquila información personal. Pero el valor económico de los datos no requiere necesariamente venderlos: puede residir en conocer mejor al usuario, clasificar consumos, detectar anomalías, administrar la demanda, reducir costos, establecer incentivos y, eventualmente, modificar comportamientos mediante el precio.

Además, hay una diferencia fundamental respecto de las plataformas digitales. Podemos cerrar Facebook, borrar una aplicación o negarnos a instalar Alexa. No podemos vivir de manera razonable sin electricidad. Y el cliente puertorriqueño tampoco parece tener un derecho general a conservar al contador anterior. LUMA afirma expresamente que el contador inteligente no es opcional. La Ley Núm. 80 de 1972, según enmendada, permite lecturas mediante mecanismos locales o remotos, mientras el Reglamento 7982 reconoce al sistema eléctrico amplias facultades para inspeccionar, reparar y sustituir sus equipos de medición.

Aquí encontramos una distinción jurídica fundamental: una cosa es el derecho de la empresa a cambiar de contador y otra es un supuesto derecho ilimitado sobre los datos que ese contador pueda generar sobre nosotros. No he encontrado en esas disposiciones una autorización explícita que establezca que aceptar electricidad implique consentir cualquier grado de recopilación, granularidad, retención, análisis o reutilización de datos de AMI. Que el aparato pertenezca al sistema eléctrico no significa que la actividad doméstica que sus datos pueden revelar carezca de protección jurídica.

Dicho de otra manera: el contador podrá ser de LUMA; nuestra vida privada no.

La distinción tampoco es una extravagancia académica. En 2018, el Tribunal de Apelaciones federal del Séptimo Circuito examinó en Naperville Smart Meter Awareness v. City of Naperville, en Illinois, un sistema que recopilaba datos del consumo residencial cada quince minutos. El tribunal determinó que esa recopilación constituía una “búsqueda” bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU., puesto que estos datos, suficientemente detallados, podían revelar actividades que ocurrían dentro del hogar. Sin embargo, no la declaró inconstitucional: consideró que la búsqueda era razonable dadas las circunstancias del caso y la finalidad de administrar el servicio eléctrico. Lo importante para nuestra discusión es que el tribunal reconoció algo que suele perderse en el discurso sobre los contadores inteligentes. Los datos del consumo eléctrico pueden revelar información sobre nuestra vida privada en el hogar y, por ello, plantean un problema constitucional de privacidad.

Puerto Rico añade una dimensión propia. El Artículo II, Sección 8 de nuestra Constitución protege expresamente la vida privada y familiar, mientras que la Sección 10 protege contra registros y allanamientos irrazonables. ¿Cómo se aplicarán esas garantías a una infraestructura capaz de generar datos granulares de millones de hogares? Es una pregunta jurídica que merece mucha más atención. Y surge una paradoja: precisamente porque no existe un opt-out sencillo, la protección de los datos debería ser mayor. El consumidor no está negociando libremente si desea participar en una plataforma digital; necesita electricidad y debe utilizar el equipo de medición que determine el sistema. El sensor viene con el servicio esencial. Ojalá y la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico pueda arrojar luz sobre qué hacer con esta paradoja.

Tampoco basta con decir que el contador no almacena nuestro nombre. Un identificador de dispositivo puede asociarse a otros sistemas mediante una cuenta, una dirección y un titular. La política de privacidad de LUMA contempla, además, a los proveedores de servicios y la divulgación de información específica ante requerimientos legales, como citaciones u órdenes judiciales. Eso no significa que la Policía tenga libre acceso a nuestros contadores. Significa que debemos saber qué ocurrirá cuando una autoridad solicite datos granulares: qué orden necesita, qué información recibirá, durante cuánto tiempo se conservarán y si el consumidor será notificado.

Y llegamos a la pregunta inmediata: ¿servirán para aumentarnos la factura? El contador inteligente no incrementa automáticamente la tarifa, y LUMA afirma que su instalación no representa, por sí sola, un aumento tarifario. Una lectura más precisa sí puede corregir los estimados anteriores. Pero AMI introduce algo mucho más importante: permite saber cuándo consumimos. Eso hace técnicamente posibles tarifas time-of-use y precios dinámicos en los que el precio de la electricidad varía según la hora o la demanda. Tales tarifas requerirían el proceso regulatorio correspondiente; el contador no autoriza a LUMA a imponérselas unilateralmente. Pero proporciona la infraestructura necesaria para pasar de cobrar únicamente por cuánto consumimos a incorporar también cuándo consumimos.

Entonces cambia la naturaleza de la medición: conocer para clasificar, clasificar para incentivar o penalizar y utilizar eventualmente el precio para modificar comportamientos. La diferencia entre medir una conducta y gobernarla puede reducirse a apenas una tarifa. Y tampoco todos los consumidores pueden reorganizar sus vidas según las horas más baratas. Quien cuida niños o ancianos, trabaja desde el hogar o necesita acondicionamiento de aire tiene menos libertad para reubicar su consumo. La inteligencia del contador no elimina las desigualdades sociales del hogar que mide.

Nada de esto implica que debamos oponernos a modernizar la red eléctrica. Los contadores inteligentes ofrecen beneficios reales: detectar apagones, reducir lecturas estimadas, integrar placas solares y baterías y proporcionar al consumidor información más precisa. El problema es otro: la modernización tecnológica avanza mucho más rápidamente que la conversación pública sobre los datos que genera.

LUMA nos explica los beneficios, pero todavía necesitamos respuestas sencillas: ¿qué modelo de contador está instalando?, ¿cada cuánto registra y transmite?, ¿cuánto tiempo conserva los datos?, ¿quién puede acceder a ellos?, ¿qué acceso tienen Itron y otros contratistas?, ¿para qué otros análisis pueden utilizarse?, ¿qué ocurre cuando una autoridad los solicita? Son preguntas elementales de gobernanza de datos, no de tecnofobia.

Hay finalmente una paradoja política. Esta transformación forma parte de una reconstrucción sostenida, en buena medida financiada con fondos públicos federales. Los recursos públicos contribuyen así a financiar una infraestructura que incrementa considerablemente la capacidad de una empresa privada para producir y administrar datos derivados de un servicio público esencial. Eso no hace ilegítimo el proyecto; hace mayor la obligación de transparencia y de fiscalización democrática.

Quizás hemos formulado mal, durante años, la discusión sobre la privacidad digital porque seguimos buscando cámaras. Pensamos que la vigilancia implica que alguien nos mira. Cada vez más significa que algo nos mide. El automóvil, el teléfono, la tarjeta de crédito y las plataformas generan datos. Ahora también los genera la infraestructura eléctrica. Lo común es la transformación progresiva de la vida cotidiana en información persistente.

Ese es el sentido en que podemos hablar de un panóptico digital y de una infraestructura que participa de la lógica del capitalismo de vigilancia. No porque alguien en LUMA esté mirando cuando encendemos el acondicionador de aire ni porque tengamos evidencia de que nuestros datos eléctricos se estén vendiendo, sino porque un servicio indispensable comienza a producir información sobre nuestra vida que el sistema anterior sencillamente no podía generar. Y, además, no podemos optar por quedarnos fuera.

Hace décadas imaginamos PREPANET, una red pública que utilizaría la infraestructura para ampliar la capacidad de comunicación del ciudadano. Hoy desplegamos otra capaz de ampliar lo que la infraestructura puede conocer del ciudadano. LUMA nos promete que el nuevo contador nos dará mayor conocimiento y control sobre nuestro consumo. Bienvenida sea esa posibilidad. Pero la reciprocidad democrática exige la misma transparencia en sentido inverso.

Si el contador va a conocernos mejor, tenemos derecho a conocerlo mejor. Sobre todo, queremos saber qué sabe el contador sobre nosotros.