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¿Qué tienen en común Albania, un país en el sureste de Europa  y Puerto Rico, un archipiélago en el Caribe? Sobrepasando distancias, historia, lenguaje, ambos se enfrentan a una misma codicia, extranjeros que quieren apoderarse de su tierra, de sus recursos naturales, de su paisaje.

“Albania tiene el mismo problema que Puerto Rico. El gobierno ha vendido terrenos para la construcción de  hoteles de lujo”, expresó la nadadora y abogada de Derechos Humanos de visita en nuestro país, Eva Buzo.

En Albania se trata de las pretensiones de construir un  complejo turístico residencial de lujo en  la isla  Sazán,  una reserva natural protegida que acoge un ecosistema marino. Los inversionistas del  proyecto a un costo de $4,600 millones son nada mas y nada menos que la hija del presidente Trump, Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner. Los albaneses llevan meses en una oleada de manifestaciones en contra del proyecto en reclamo a la conservación de dicho espacio natural y que se investigue la transacción de compra-venta.

Aquí en Puerto Rico tenemos al propuesto proyecto Esencia a un costo de  $2 billones, un masivo enclave privado de 2,000 acres, compuesto por tres complejos turísticos de lujo, más de mil residencias privadas de lujo y otra serie de amenidades e infraestructura de lujo. Detrás de Esencia se encuentran los intereses foráneos multimillonarios Three Rules Capital y Reuben Brothers, junto a marcas hoteleras de lujo a nivel internacional que incluyen a Rosewoods Hotels & Resorts, Aman Resorts y Mandarin Oriental.

Las expresiones de la nadadora olímpica Eva Buzo, fueron hechas en  conferencia de prensa de la Coalición Defiende Cabo Rojo, en la cual se presentó el lanzamiento de la campaña internacional,  Contra viento y marea. La portavoz de la Coalición, Beatriz Llenín Figueroa, expresó que la  lucha en Albania sirvió como catalítico para unir movimientos isleños a nivel internacional. De hecho fue Buzo quien se contacto con la CDCR.

Se anunció que Buzo  realizará una serie de nados de alto rendimiento en mar abierto en apoyo a una Coalición Internacional de Islas que luchan contra el establecimiento de enclaves predatorios residenciales y turísticos de lujo, el deterioro ambiental y la pérdida del acceso público a las costas.

El lanzamiento formal de la campaña a nivel global iniciará este domingo 4 de octubre, con un cruce a nado realizado por Buzo, en mar abierto desde la playa de Las Palmas en Rincón hasta Cabo Rojo, un tramo de 40 kilómetros. De acuerdo a Buzo el nado puede durar  más o menos 12 horas,  dependiendo de la corriente y del viento.

Como defensora de los derechos humanos y en solidaridad con Puerto Rico, Buzo expresó que; “cuando  comunidades a nivel local se enfrentan a desarrolladores de proyectos de lujo multimillonarios, a menudo luchan en la oscuridad y contra inmensos recursos económicos y legales, mis nados están diseñados para servir como un megáfono global incuestionable para los movimientos de primera línea que han encabezado estas batallas por años.

Cada brazada que dé en Cabo Rojo busca asegurar que las voces de residentes, científicos y defensores ambientales locales no puedan ser ignoradas por juntas corporativas o los medios internacionales.”

Mientras Llenín Figueroa, defendió que la lucha por Cabo Rojo “es una lucha por nuestra sobrevivencia, nuestra seguridad hídrica y nuestro derecho a existir y permanecer en nuestras comunidades y costas”.

Resaltó que contar con Eva Buzo “nadando en nuestras aguas del oeste de Puerto Rico en solidaridad con nuestro movimiento trae una visibilidad crucial a la lucha contra enclaves de lujo que amenazan nuestros entornos naturales y buscan privatizar nuestros espacios públicos y desplazar a comunidades locales para construir ciudades privadas y excluyentes.”

El recorrido a nado no estará abierta al público por motivos de seguridad. Los miembros de la organización, Amigos de la Reserva Tres Palmas de Rincón tendrán a su cargo la seguridad  de la nadadora. “Nos llena de mucha emoción, honor, de mucho orgullo el haber contactado para ser parte y colaborar en esta hazaña”, expresó, Ramón Díaz, miembro  de  Amigos de la Reserva, organización que co maneja la  primera reserva marina por ley en Puerto Rico.

“Nos ponemos a disposición porque Eva está uniendo dos luchas, la defensa por los recursos costeros en Rincón, la reserva marina de Tres Palmas, y está uniendo esta bella lucha  la protección contra el desplazamiento que es lo que significa el proyecto Esencia, para Puerto Rico” añadió

Como parte de la acción a nado el mismo domingo  la Coalición convocó al público a la actividad, Abrazo a los Pozos, de 3 a 6 de la tarde en el Balneario de Boquerón.  Allí la Coalición y el pueblo presente recibirán a Eva Buzo en su llegada a Cabo Rojo en horas de la tarde.

También se exhortó a la ciudadanía a saludar a la nadadora con pancartas en la costa más cercana en los municipios de Rincón, Añasco y Mayagüez durante la mañana y la tarde  así como a enviar en redes sus mensajes y fotografías de apoyo.

Llenín Figueroa informó que  durante la jornada de visita de Eva Buzo a Puerto Rico en los próximos días se estarán anunciado otras actividades abiertas al público.

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El  proyecto PC 1079 es  un cambio de política pública para permitir la destrucción de la zona del karso, afirmó a CLARIDAD el licenciado Pedro Sadeé Lloréns. El PC 1079, presentado por el presidente de la Cámara Johnny Méndez, propone la derogación de la Ley 292 de protección de la zona del karso.

En las vistas ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que preside la representante Elinette González Aguayo, estuvieron siempre presentes la presidenta  y la representación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); los otros representantes entraban y salían.

Sadeé Lloréns,  quien participó en el primer día de la vista pública sobre la medida  junto a la organización Ciudadanos del Karso (CK), expresó que, en general, el consenso no niega la importancia del karso para el agua, la protección de hábitat, la seguridad, para el turismo por los ríos subterráneos y las cuevas: son muchas las razones por las cuales se debe proteger y conservar el karso.

No obstante, ,dijo, el  propósito del proyecto quedó claro, sobre todo con las preguntas que le hicieron al presidente de la Junta de Planificación (JP), Héctor Morales Martínez, la delegación del PIP Adriana Gutiérrez y Dennis Márquez Lebrón. “Admitió que ese era el objetivo, un cambio de política pública para permitir más desarrollo y, básicamente, más destrucción en el área karso; no lo dijo así, pero el cambio de política pública se constata por varias razones”.

El abogado en Derecho Ambiental señaló que, en primer lugar, el PC 1079 cambia los conceptos de  conservación y  protección  a uso o explotación y aprovechamiento. El otro aspecto que evidencia el cambio de política pública es que, como está ahora la ley, el karso se define como un área de valor para recarga de las aguas, como hábitat, como lugar de valor arqueológico y otros. La medida elimina todo eso y el único valor que se le reconoce es el agua; pero se enfatiza como materia prima para la construcción, lo que representa es un cambio fundamental de protección como materia prima.

Continuó con que la otra razón por la que el proyecto es un cambio de política pública es que, sin decirlo, lo que hace es despachar y revocar el Plan y Reglamento del Área de Planificación Especial del Carso (PRAPEC). Explicó que el PRAPEC es  producto de una discusión y un estudio que tomó años para identificar las áreas de valor en el karso.  El reglamento establece un área protegida que no admite explotación de canteras y comerciales, salvo autorizaciones específicas: es una política pública para proteger el área.

Explicó que el PC 1079, sin decirlo,  lo que hace es despachar y revocar ese reglamento especial para, supuestamente, hacer uno nuevo con las nuevas definiciones y nuevas políticas públicas. Otro aspecto que es un cambio de política pública es que da  prioridad  a la propiedad privada por encima de la protección o planificación de las  áreas.

El último elemento en apoyo a esa conclusión de como el proyecto es un cambio de política pública grande y dañina, subrayó Sadeé Lloréns,  es que  se le quita la facultad al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), para administrar el área especial y  se le da a la JP.

El ambientalista narró que ese fue uno de los puntos interesante ante las preguntas de la delegación del PIP sobre cuántos ecólogos y  espeleólogos tenía la JP. Morales Martínez admitió que no tiene esos recursos y dijo que sí tenía planificadores que podían hacer algunas  de esas funciones. “Pero, en realidad, la agencia que tiene el conocimiento y conoce el área del karso son los técnicos del DRNA”, aclaró Sadeé Lloréns.

“En conjunto, esto es un proyecto de ley que va a tener unos efectos nefastos en las áreas del karso porque ese es precisamente su objetivo: traspasarlo a una agencia que no tiene la especialidad y convertirla de protección a materia prima”, reiteró.

En cuanto al DRNA, comentó que aunque no ha testificado todavía, en su ponencia —la cual ya fue presentada por escrito— desafortunadamente, no objetan el proyecto en términos del cambio de política pública, pero sí objetan que se le traspasen sus facultades relacionadas al karso a la JP. Por su parte, la JP sí favorece tanto el proyecto como el traspaso de las facultades del DRNA.

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“Lo que está detrás es facilitar a los inversionistas de afuera que hagan lo que les dé la gana porque, no nos hagamos de ninguna ilusión, esto no es para los puertorriqueños”, denunció a este medio el presidente de (CK) en referencia al proyecto de la Cámara PC 1079, que propone derogar la Ley 292 de protección de la zona del karso.

El presidente de Ciudadanos del Karso, el planificador Abel Vale, quien depuso en la primera vista pública sobre el PC 1079 que llevó a cabo la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, presidida por la representante, Elinette González Aguayo,  advirtió que su aprobación  tendría consecuencias perjudiciales para la protección del karso. Al respecto, describió que la  combinación de una nueva política pública, la redefinición territorial, la redistribución de facultades institucionales y la incertidumbre sobre la continuidad de las protecciones del Plan y Reglamento del Área de Planificación del Carso (PRAPEC) podría facilitar intervenciones en áreas ambientalmente sensibles, zonas de recarga de acuíferos, terrenos con riesgos geológicos y espacios de alto valor ecológico y paisajístico. Dicho reglamento fue elaborado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), por disposición de la Ley 292.

En su ponencia, el presidente de CK indicó que había unas evidencias que la Comisión debería exigir antes de  modificar la Ley 282. Entre estas, identificar las  fallas específicas de la Ley 292 y del PRAPEC, que se pretende corregir, con datos de permisos, cumplimiento y fiscalización. Además, presentar estudios hidrogeológicos, geológicos y ecológicos que justifiquen la nueva definición territorial y demuestren que no se perderán áreas de alto valor. Explicar por qué se trasladan facultades del DRNA, cómo se preservará su peritaje y qué recursos tendrán las agencias para fiscalizar.

Otra información que debería ser requerida es presentar una evaluación científica que determine si las enmiendas conservarían las funciones hidrológicas y ecológicas del karso, tomando en consideración los objetivos internacionales de conservación de la biodiversidad, incluida la meta mundial de conservar al menos el 30 % de las áreas terrestres y marinas para 2030. Por último, presentar un análisis económico que compare los beneficios alegados de las enmiendas con los costos potenciales de contaminación de acuíferos, pérdida de servicios eco sistémicos, daños a infraestructura y remediación ambiental

Vale comentó que una de las cosas que salió a relucir durante la vista y que también está en el proyecto de la reforma de  permisos es que se eleva a  la “categoría sacrosanta” la propiedad privada. “En Puerto Rico la propiedad privada no es algo absoluto. El Estado se reserva el derecho de limitar la propiedad privada en aras de los intereses del bien común”. Acotó que tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos hay jurisprudencia al respecto.

Otro aspecto de la medida que denunció es que en el texto  se quita la palabra conservar y  se cambia por  aprovechar.  “En el fondo, uno puede argumentar las contradicciones que hay en este proyecto de ley, pero a ellos no les importa, inclusive lo pasan y lo llevan a a los tribunales y en lo que los tribuales resuelven ‘ya el daño está hecho’”, denunció.

En la mañana también depusieron la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico (SEPRI) y la Sociedad Espeleológica Unida del Sur (SEUS), las cuales  pidieron que no se aprobara el proyecto, debido a que esto  desmantela la protección de un recurso natural no renovable del que dependen el agua, la biodiversidad y la economía del país.

En comunicado de prensa conjunto, Julio Rodríguez Planell, presidente de SEPRI, indicó que a su  juicio, el proyecto parte de un error donde se confunde la roca con el sistema geológico, hidrológico y ecológico que la rodea. Señaló no es la ley del Karso la que deben enmendar, sino  la ley de corteza terrestre y la ley de minas.

Las organizaciones científicas expusieron que el Karso ocupa cerca del 28 % del territorio de Puerto Rico y está presente en 50 municipios donde se encuentran los acuíferos que abastecen buena parte de la población del norte y a la zona metropolitana.

De acuerdo con SEPRI, la calidad y la presión de esos acuíferos atrajeron a la industria química y farmacéutica a la isla, por lo que su protección está directamente vinculada al empleo y a la estabilidad económica.

Al igual que CK, el SEPRI y SEUS denunciaron que el proyecto cambia la política pública de la ley de proteger y conservar, a proteger, aprovechar y manejar. Elimina las referencias al karso como recurso no renovable y lo describe como fuente de materia prima para el desarrollo. También suprime la prohibición de instalar torres y antenas sin autorización en los mogotes, cuyas cimas albergan los últimos remanentes de bosque primario y especies endémicas en peligro.

Otro punto de preocupación que advirtieron las organizaciones es que el proyecto le quita el poder al DRNA de delimitar las zonas kársicas y fiscalizar la ley y lo entrega a la JP y a la OGPe.

Rodríguez Planell también llamó la atención a que el proyecto  “coloca el interés particular sobre el bien común, la seguridad pública, la salud pública y los derechos de las actuales y futuras generaciones”.

Mientras, Díaz Pérez, de SEUS, insistió en que el  proyecto “lejos de velar por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, a todas luces está concebido para destruir la protección de nuestra zona del karso para beneficiar al sector industrial y de poder económico”.

Otra organización ambiental que participó en las vistas fue el Sierra Club. La directora de Sierra Club de Puerto Rico, Hernaliz Vázquez, advirtió que el proyecto no es la única amenaza que enfrenta el karso ya que también teme que la reforma de permisos debilite las salvaguardas que protegen estas áreas.

“El karso no es un obstáculo para el progreso ni un terreno vacío en espera de ser explotado, sino una infraestructura natural indispensable que sostiene acuíferos, bosques, cuevas, biodiversidad y comunidades. Presentar su protección como enemiga del desarrollo ignora que la economía y la calidad de vida del país dependen del agua, de ecosistemas funcionales y de territorios capaces de sostener la vida”, puntualizó.