CLARIDAD

 Luego de que, el pasado 4 de julio, el presidente Donald Trump firmara el monumental proyecto de ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), las advertencias no se han hecho esperar. A primera vista, la nueva medida amenaza a 11.5 millones de asegurados bajo Medicaid y propone recortes de hasta $1.2 billones (trillions, en inglés) para el sistema de salud estadounidense.

Pero en términos inmediatos, el OBBBA no presenta cambios graves para la operación del sistema de salud local, de acuerdo con el Dr. Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR). No obstante, la pieza de ley implementaría recortes al fondo de Medicaid puertorriqueño a partir del año fiscal 2027.

“Estamos hablando de un efecto de billones de dólares de servicios que se van a cortar. Para Puerto Rico, en este momento, en lo que queda del 2025 y 2026, pues, no le aplica esta ley. Pero los cambios de Medicaid, como las nuevas regulaciones, como exigir dos evaluaciones para recertificarse, sí entorpecen la práctica médica”, aseguró el galeno vía telefónica.

Esta posible baja de asegurados, sostuvo Díaz Vélez, puede afectar la cadena de servicios que ofrece el sistema de salud. Cuando los pacientes acudan, sin planes médicos, a un centro hospitalario, los distintos proveedores que trabajan no cobrarán. De ejemplo, Díaz Vélez recordó cuando, en 2023, cerca de 100,000 pacientes quedaron sin la cubierta del Plan Vital por falta de esta reinscripción. Cabe destacar que el 76 % de los fondos del Plan Vital provienen de partidas de Medicaid.

“Yo no quiero verme, dos veces al año, haciendo este proceso en Puerto Rico. Hay que educar a la gente, la gente no entiende estas cosas, y hacerlo dos veces al año va a llevar a la gente a no hacerlo. Ahí se quedan sin plan médico y vienen las consecuencias”, apuntó el presidente de la colectividad.

Igualmente, el cardiólogo alertó de otra exigencia procesal para quienes recaben de Medicaid: el nuevo mínimo de horas trabajadas para asegurados entre 19 y 64 años. Implementar eso en Puerto Rico, agregó, requeriría de campañas de educación para que la ciudadanía “pueda aplicar esto”. El entretanto, de acuerdo con Díaz Vélez, es la incertidumbre y preocupación.

“Ahora, en el 2028, las cosas van a cambiar porque, hasta 2027, hay un acuerdo de dar 76 % de cubierta Medicaid para Puerto Rico. Antes de este acuerdo, el Medicaid solo cubría 55 %… Cuando llegue el 2027, que es el último año, hay que ver cómo quedará el siguiente acuerdo. Si bajamos a 55 % de nuevo, Puerto Rico tendrá una pérdida millonaria de dinero para financiar la Reforma de Salud. O sea, el Plan Vital”, alertó.

Bajo un panorama así, la crisis de salud pudiera agravarse con cierres de hospitales, laboratorios, farmacias y clínicas privadas. Para amortiguar estos posibles impactos, el Dr. Díaz Vélez sugirió un acercamiento participativo y multisectorial en que “todos los sectores aporten su conocimiento”. A juicio del doctor, esas conversaciones mitigarían la desinformación que este “caos” puede provocar.

“No podemos verlo como algo laxo. Hay que pensar en el peor escenario para Puerto Rico, para prepararnos. Porque con la cuchilla de Trump, para mí es ingenuo pensar que a los territorios no les van a reducir (fondos)… Yo entiendo que hay que prepararse para ese peor escenario”, expresó el presidente.

Este discrimen congresional, expuso el galeno, es más evidente aun cuando se considera que Medicare– programa subsidiado por los mismos fondos de Medicaid– apenas invierte una cuarta parte de lo que pagan por paciente de EE. UU. Aunados a los cambios de Medicaid en el OBBBA, este discrimen afectaría más la crisis que atraviesan los hospitales del país. “Si el Medicare baja de lo que hemos recibido… es volver a unos ingresos que cerrarían hospitales”.

Tras 31 años en la práctica médica, el Dr. Díaz Vélez admite “saber por dónde viene la cosa”, en alusión a las políticas económicas que se asoman con el nuevo OBBBA. Sin embargo, el líder gremial entiende que existe una cierta despreocupación entre las agencias encargadas de manejar la salud. El doctor hace un llamado a ser “precavidos”. Asimismo, resaltó que estas medidas entrarán en vigor a partir de 2028, dos años después de las elecciones congresionales.

“Hay que ocuparnos de la situación y traer a la mesa todos los sectores, para que minimicemos el daño… Aquí no puede haber promesas de campaña ni politiquerías, porque no están en el control nuestro. Esto está en control del Congreso y el presidente de los Estados Unidos. Hay que verlo como una situación que nos va a afectar a todos”, concluyó el presidente del CMCPR.

Por su parte, el Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico reconoció que “todo lo que impacte Medicare, sean hospitales públicos, se puede impactar porque esos centros de salud se verán limitados en sus ingresos”. Al cierre de esta edición, el gremio había adelantado que esta ley puede traer “restricciones de personal” que posiblemente afecten a ciertos trabajadores de la salud.

CLARIDAD

Es perfectamente lógico que los delincuentes se protejan entre sí. El problema viene cuando para ejecutar la protección prostituyen las instituciones públicas, particularmente aquellas llamadas a procesar criminales. Entonces el daño institucional puede volverse permanente o, al menos, muy duradero.

Eso es lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos desde que el magnate megalómano Donald Trump asumió la presidencia tras un triunfo electoral. Mientras estaba en campaña debió enfrentar varios procesos judiciales, todos basados en prueba muy contundente. En uno de ellos un jurado lo encontró culpable de múltiples casos relacionados con agresiones sexuales. En otros, aunque la prueba parecía sólida, no llegó a ser procesado porque a pesar de ese pedigrí una mayoría de estadounidenses lo colocó en el principal cargo ejecutivo del país. De inmediato el Departamento de Justicia, institución responsable del procesamiento criminal y ahora dirigido por su seleccionado, archivó las acusaciones pendientes y convirtió en letra muerta la sentencia dictada.

Todo esto era esperado tras el resultado de la elección de noviembre pasado. Lo que ha sorprendido a algunos es que el Departamento que ahora controlan sus acólitos haya dirigido el manto protector a otras figuras que estaban siendo procesados por cargos relacionados con actos de corrupción echando por la borda siglos de política pública. La mínima autonomía que históricamente se le reconocía al DJ, voló en pedazos y, tras renuncias voluntarias o forzadas, todo el Departamento se convirtió en un brazo ejecutor sometido a la oficina oval. Los antiguos abogados del presidente se convirtieron de la noche a la mañana en diseñadores y ejecutores de una nueva política pública dirigida a proteger a funcionarios corruptos que, en muchos casos, fueron también clientes de esos mismos abogados.

El primer caso, o tal vez el más sonado porque probablemente antes hubo otros, fue el de Eric Adams, alcalde de Nueva York, quien enfrentaba numerosas acusaciones por venta de influencias. Estas fueron retiradas y, llevando la desfachatez a niveles extremos, se dijo públicamente que el retiro se debió a que el alcalde estaba activamente colaborando con Trump en sus redadas contra inmigrantes. El mensaje es directo: si colaboras con Trump, estás protegido hagas lo que hagas.

Hasta hace poco mirábamos esa podredumbre con asombro, pero un poco desde lejos, como siempre miramos los que estamos en el “patio trasero” que el imperio le asigna al Caribe. En los últimos días, sin embargo, la nueva política trumpista llegó a nuestras costas junto con el sargazo que también nos ensucia. La exgobernadora Wanda Vázquez, quien enfrentaba cargos por lo que tal vez sea el peor acto de corrupción de un gobernante, se irá tranquilamente para su casa a cambio de lo que la propia juez del caso definió como una “palmadita en la mano”.

Los cargos más graves que antes enfrentaban nuestros gobernantes eran producto del consabido “kick back” relacionado con contratos públicos. Wanda Vázquez fue un poco más allá y a cambio de dinero literalmente vendió una agencia reguladora de su gobierno, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, colocando en ella a una persona allegada al banquero que estaba siendo vigilado. Nunca en la historia de Puerto Rico habíamos presenciado algo tan burdo.

Como sabemos, la pasada semana se anunció que Vázquez tan solo se declarará culpable de un cargo menos grave relacionado con el financiamiento de campañas electorales. Este resultado bochornoso no es porque la exgobernadora tenga vara alta con Trump ni nada que se parezca. Quien sin duda la tiene es el banquero venezolano que antes compró su gobierno. Fue este quien pagó millones de dólares para que un abogado intermediario del “nuevo” DJ los recibiera y los repartiera.

La pasada semana la juez que estaba entendiendo el caso de Vázquez, Sylvia Carreño, emitió una orden que resume muy bien el acto de burla a la justicia escenificado. Resulta que la exgobernadora solicitó que la vista donde levantará la mano por el cargo menos grave se celebre por videoconferencia para no tener que enfrentarse a la prensa en la pasarela de la calle Chardón. Los nuevos compinches de Washington se allanaron al pedido, pero la juez, ejerciendo su discreción, la denegó. De paso, hizo alusión al hecho de que fue un gran jurado el que emitió los cargos tras revisar la voluminosa prueba disponible y que esta era tanta que ha llevado años su intercambio y evaluación antes del juicio. Así puso sobre el tapete la estratagema urdida en Washington para proteger un banquero y, de paso, a nuestra corrupta exgobernadora.  Es, sin duda, una orden ejemplar de una magistrada que, desprovista de discreción ante los actos del nuevo DJ, solo puede hablar para el récord.