Expertas aducen que el Estado no mitiga la situación adecuadamente

CLARIDAD

Luego de que venció el decreto de Estado de Emergencia, en diciembre del año pasado, a causa de la violencia de género de Puerto Rico, los recursos necesarios para mitigar la problemática han mermado. Con menos fondos, comités de trabajo, continuidad de proyectos y una creciente desconfianza en la ciudadanía, la crisis atraviesa una etapa alarmante, de acuerdo con dos fuentes consultadas por CLARIDAD.

A juicio de Coraly León Morales, presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género en Puerto Rico, estos desfases en los esfuerzos se deben, en parte, al cambio de gobierno entre la administración de Pedro Pierluisi Urrutia y la de la gobernadora Jenniffer González Colón. En esa transición, sostuvo, las estructuras de apoyo existentes fueron cambiadas por otras.

“Nosotras llevamos alzando la voz de alerta desde principios de año porque sabemos que  cuando se dejan de implementar estrategias importantes para la atención de la emergencia de violencia de género en el país, ocurre lo que está pasando. La violencia contra las mujeres aumenta y, en este caso, los feminicidios aumentan”, expresó León Morales vía telefónica.

A menos de medio año para que acabe el 2025, las estadísticas de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) reportan unos 14 feminicidios íntimos, mientras que el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico registró, de enero a junio, 29 casos de violencia de género que acabaron con la vida de un cuerpo feminizado.

“Hay varios elementos que impactan ese aumento en los feminicidios. En Puerto Rico, hubo una flexibilización de la Ley de Armas. Desde que se dio esa flexibilización de la ley, el Observatorio de Equidad de Género ha estado documentando un aumento en los femicidios con armas, en la mayoría de los casos, con armas legales. Sobre el 80 % de los feminicidios íntimos que han ocurrido se han dado con armas”, elaboró la presidente de la Red.

Esta flexibilización, que está atada al aumento de feminicidios en Puerto Rico, se suma a la ausencia de campañas de prevención. León Morales distinguió las campañas de prevención de las publicitarias. Las primeras, explicó, pueden valerse de técnicas publicitarias para masificar el mensaje, pero “no son nada si no llegan a la gente de carne y hueso” con un proceso de educación. Como ejemplo, la presidenta de la Red mencionó las iniciativas emprendidas por la Coordinadora Paz para las Mujeres, Taller Salud, Hogar Ruth y los propios albergues que trabajan directamente con las comunidades afectadas.

“Ese es el tipo de trabajo que, desde el Estado, se debe estar priorizando. A eso (la falta de campaña) se le suma que, desde principios de este año, diversas organizaciones han estado levantando voz de alerta por los recortes de fondos federales. Por ejemplo, los fondos VOCA que otorga el Departamento de Justicia federal. En Puerto Rico, se vio una reducción considerable de esos fondos”, advirtió León Morales.

En Puerto Rico, el Departamento de Justicia local administra los fondos VOCA. Ese dinero, de acuerdo con la página oficial de la agencia, se concede  “para proveer asistencia directa a las víctimas de delitos, violencia doméstica, maltrato a menores, abuso sexual, maltrato a envejecientes, víctimas de robo o asalto agravado, tentativa de asesinato, adultos que fueron maltratados siendo niños y a víctimas de conductores intoxicados”, y se otorgan a entidades que los solicitan. Cuando los recortes federales entraron en vigor, la agencia propuso un límite de $150,000 para estos fondos.

“Muchos de nuestros albergues integrantes nos dejaron saber que, de facto, si le aprueban ese máximo, estarían reduciendo entre un 50 % y un 60 % la otorgación que han dado en otros años. Así que van a estar corriendo con un déficit. Lo mismo ocurrió con los fondos STOP VAWA, que son fondos federales que llegan desde Justicia federal a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”, añadió la exdirectora de la Casa Protegida Julia de Burgos.

Sobre estas últimas partidas, León Morales compartió ejemplos de reducciones que ascienden a $40,000. Ante esa realidad, muchas colectividades han exigido respuestas por parte del Estado. Respuestas que, hasta el momento, no toman en cuenta el peritaje de las organizaciones conocedoras.

“Ha habido como un bajón muy grande de las posturas del Estado con relación a la violencia de género, particularmente la violencia doméstica, de un tiempo para acá. El decreto del estado de emergencia se logró por muchas luchas que tuvo impulsar, con mucha fuerza, la Colectiva Feminista en Construcción y todas las organizaciones que trabajamos con la violencia machista… Pero el gobierno que ha entrado ahora no está haciendo nada práctico para prevenir y para atender el problema”, manifestó, por su parte, la licenciada Josefina Pantoja Oquendo.

La abogada coincidió con León Morales en que la disolución del decreto y, por lo tanto, del Comité PARE que lideró los proyectos, afecta la priorización de fondos, legislación y campañas que atiendan directamente la violencia de género. Pantoja Oquendo también aludió a la falta de colaboración como unos de los agravantes del problema.

“Eso ya no existe porque no existe el Comité PARE ni la manera de que las organizaciones tengan una influencia en las políticas públicas del Estado”, aseveró la abogada.

Para la licenciada Pantoja Oquendo, la ventaja del pasado estado de emergencia reconocía la falta de educación como parte del problema, una postura que no está contemplada en la administración actual. Y aunque entiende que no hace falta regresar “a lo mismo”, la activista urge a mantener el asunto entre las prioridades que requieren de mayor esfuerzo, tiempo, colaboración con organizaciones no gubernamentales (ONG) y fondos. En ese sentido, ambas fuentes destacaron la falta de inclusión de colectividades que conozcan bien la problemática.

“Esa mirada integrada para poder detener esta ola necesita de una prioridad y una coordinación que la mantengan como número uno. En la legislatura se siguen aprobando retazos de ley y enmiendas que no responden a las necesidades y que, a veces, le restan eficacia a la Ley 54 (Ley de Prevención de Violencia Doméstica), que es el único instrumento que tenemos para atacar directamente el problema de la violencia”, afirmó Pantoja Oquendo.

¿Qué sucede cuando la ciudadanía decide actuar por su cuenta?

Hace poco más de un mes, don Miguel González Varela asesinó a la expareja de su hija, un joven de 21 años, luego de que presuntamente la agrediera. De acuerdo con ambas entrevistadas, la reacción de González Varela contiene matices complicados. Aunque ambas reconocen que el caso demuestra una conciencia de la problemática, las dos fuentes consultadas aseguraron que el caso de don Miguel refuerza las expectativas de género y simpatiza con la figura del patriarca.

“En Puerto Rico, hay mujeres encarceladas porque han tenido que defenderse de sus agresores. Y como parte de ese proceso de defensa, en algunas instancias les han quitado la vida a sus agresores. Ahora mismo están olvidadas, invisibilizadas al país en el sistema de corrección. La respuesta que les damos como sociedad a las mujeres cuando asumen su defensa de esa manera es muy distinta a la que se dio en este caso”, profundizó León Morales.

La Lcda. Pantoja Oquendo arguyó, por otro lado, que la reacción de González Varela representa una falta de confianza que resulta de la inacción del Estado. No obstante, reparó en que ‘glorifica’ la figura del macho como ente responsable de responder por las mujeres, que entonces son vistas como objetos y propiedad. “Ese resabio machista de que actuar contra mi hija es actuar contra mí, contra mi paternidad, contra mi familia, y yo tengo que salir a resolver esto”.

A pesar de la empatía que puede provocar la situación de González Varela, la presidenta de la Red expresó que “no puede ser que, en nuestro país, la única alternativa para hacerle frente a los feminicidios sea convertirnos en «un Miguel González Varela». Por eso la activista enfatizó en los servicios que se ofrecen para víctimas de violencia de género, violencia doméstica y sus allegados. La línea del Proyecto Matria, que conecta con varios de los albergues en Puerto Rico, está disponible en el (787) 489-0022.

“Es necesario que las personas sobrevivientes sepan que no necesitan una orden de protección para solicitar servicios de apoyo, servicios de ayuda y servicios de albergues. Estamos aquí para apoyarlas y estamos aquí para acompañarlas”, concluyó León Morales.

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Luego de una sentencia obligatoria emitida en este mes de enero por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan y a casi tres años de una decisión del Tribunal Supremo (TS), que declaró nulo el  Reglamento Conjunto del 2020 (Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Usos de Terrenos y Operación de Negocios), la Junta de Planificación (JP), por fin se dispuso a someter a vistas públicas el Reglamento adoptado de emergencia en el 2023.

En entrevista con CLARIDAD, el planificador y exmiembro de la JP, Pedro Cardona Roig, expuso que, en junio del 2023, el Tribunal le dijo a la Junta que no podía continuar utilizando el Reglamento del año 2020, el cual ya se había declarado  nulo por el Tribunal Apelativo.  El  mismo día de la decisión del Tribunal, la Junta adoptó un  Reglamento de Emergencia; pero el hecho es que la Junta solo cambió la portada al documento y mantuvo todo el contenido del reglamento declarado nulo.

Se supone que ese “reglamento de emergencia” está sujeto a la Ley de Planificación de 1975, que establece que aunque la JP puede adoptar un reglamento de emergencia, tiene un plazo no mayor de 90 días para anunciar el proceso de vistas públicas para dicho  reglamento. La Junta tampoco cumplió con esta ley.

En enero de este año 2025 se presentó un recurso extraordinario para demandar que la Junta cumpliera con la determinación del Tribunal del  2023 de que no  podía continuar utilizando el reglamento de emergencia porque su propia ley dice que tenía que celebrar vistas públicas en 90 días y lo obligó mediante sentencia a anunciar vistas publicas en los próximos 30 días.

En abril la JP anunció que iba a celebrar vistas  públicas durante el verano de 2025 para cumplir con la sentencia. Con poca difusión y solo mediante  la vía virtual, la Junta ya llevó a cabo una vista en el  mes de mayo y otra en  julio.

El planificador, conocido en las redes sociales como El Urbanista,  señaló que, la JP  ha  pretendido hacer ver a la ciudadanía que las vistas son solo procesales, para cumplir con el requisito de ley y aclaró que la ley establece que el contenido del Reglamento Conjunto debe discutirse durante las vistas. Entorpeciendo ese propósito, la JP decidió celebrar solo vistas virtuales y  ninguna presencial. Además, el documento solo está accesible vía internet, lo que hace difícil a los ciudadanos revisar el documento de 1,700 páginas, contrario a años anteriores en que las personas podían acudir a la JP y tener acceso a los documentos.

Cardona Roig denunció que la persona de la JP que condujo la vista del mes de julio, Pablo Collazo, ni siquiera hizo una  presentación del contenido del reglamento y que las pocas personas que se conectaron —menos de 20— no tuvieron el beneficio de una presentación ni una explicación de lo que se estaba diciendo. “Eso hace que la persona que se conecta no esté en posición de poder participar de los procesos. Eso también lo requiere la ley: que la Junta ponga al ciudadano en posición de poder participar de una manera activa del proceso”, señaló.

El urbanista recalcó que la JP  tiene el mismo documento que viene arrastrando desde el 2019 y que el Tribunal Supremo, ya en dos ocasiones, le declaró nulo, por lo procesal. Denunció que lo sustantivo que se discutió en las vistas públicas no se tomó en consideración por el tribunal ni lo que ha dicho la ciudadanía de los disparates que tiene el RC y que nunca se han corregido.

En esa línea, mencionó tres asuntos fundamentales en el RC a denunciar. Lo primero es que, mediante el Reglamento Conjunto, la JP pretende atender la diversidad que existe en Puerto Rico entero. Por ejemplo, trata de forma igual el Condado y el poblado de Boquerón; trata igual Las Cabezas de San Juan y el Bosque Seco de Guánica, aun cuando son sistemas totalmente distintos; trata el Valle de Lajas exactamente igual que la Reserva Agrícola de la Costa Norte. “Es obvio que eso no puede ser”.

Cardona Roig destacó que el RC  permite usos que son incompatibles con los lugares en los que se propone. Por ejemplo, entre otras cosas, permite los alojamientos a corto plazo (Airbnb) en distritos  de conservación, en áreas que se han determinado como áreas de protección  natural, lo que  puede ser incompatible con las reservas naturales.

El Reglamento Conjunto también permite que en diversos distritos se permitan usos sin analizar su impacto ni otras consideraciones. Dio el ejemplo de que un área designada como dotacional, es decir, de uso público, como un parque en una comunidad donde hay instalaciones de recreación, el reglamento permite que esos espacios se puedan convertir en centros comerciales, hoteles u hospitales sin que medie una notificación a la ciudadanía. No hay la posibilidad de participar en esa decisión, que en cualquier lugar del mundo constituiría un cambio de uso.

Mientras, las comunidades tendrían que acudir al tribunal para refutar un acto que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) autorizó de forma administrativa. “Esto atenta contra el derecho ciudadano de acceso a la información y a participar de los procesos. Es discriminatorio sin lugar a dudas”.

Luego de la vista celebrada en mayo y julio, se supone que las próximas vistas sean una en agosto 20 y otras dos en septiembre. Una vez celebradas las vistas, la JP decide qué comentarios adoptar, pero no tiene la obligación de hacer un informe público y explicar qué comentarios adopte. La JP ya actuó de esta manera  en el 2019, 2020  y en el 2023.

En peligro la zona del Karso

En consulta aparte sobre las vistas públicas, el planificador y gestor de la organización Ciudadanos del Karso, Abel Vale, manifestó que la JP lo que ha hecho en esta ocasión es cuidarse en el aspecto procesal para que el Reglamento no sea rechazado por el Tribunal, pero que sigue siendo el mismo.

Destacó que el RC da al traste con todo el Plan de Uso de Terrenos del pueblo de Puerto Rico y con el Reglamento del Área Especial del Carso, sin haber mediado  ningún estudio que justifique los cambios que pretenden hacer. Defendió que para adoptar el reglamento que protege la zona del Carso el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tuvo que hacer, entre otros, estudios de ecología, hidrológica por casi 10 años, por lo que el reglamento no es un capricho, sino que está basado en el estudio de las necesidades de Puerto Rico.

Vale insistió en que el  borrador del RC 2023, (el Reglamento de Emergencia)  no tiene nada que justifique los cambios que pretende hacer la Junta de Planificación.

“Lo espantoso de este reglamento es que abre la puerta a que se haga cualquier cosa en cualquier lugar en Puerto Rico, como hemos visto con unas tendencias de capital extranjero comprando en muchas áreas en Puerto Rico; por ejemplo, Esencia.  No dudamos que todo esto sea para facilitar todos estos proyectos, porque una vez los proyectos se aprueben, la ciudadanía no tiene ningún recurso para objetar. El único recurso que va a tener la ciudadanía es tirarse a la calle y protestar, porque lo que se está pretendiendo hacer es una barbaridad: dejar al pueblo de Puerto Rico sin un futuro, solo para conveniencia de unos pocos ganar mucho dinero en corto tiempo”.