La APPU apuesta al poder colectivo al negociar el primer convenio como representante de la docencia en la Universidad de Puerto Rico

CLARIDAD

La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) lleva cuatro meses negociando el primer convenio colectivo del profesorado en Puerto Rico, una gesta que brinda esperanza al gremio en medio de los recortes más espinosos que ha enfrentado el primer centro docente del país.

De tener éxito en sus reclamos, la organización conseguirá que la institución garantice que los docentes sin plaza tengan igual paga por igual trabajo; provea los recursos necesarios para la docencia, tales como oficina y computadora; y conceda el primer aumento salarial en diez años.

“Son 60 años esperando ese momento de ser sindicato. Es el primer grupo docente en Puerto Rico que logra sindicalizarse. Esto abre las puertas para otras universidades”, expresó la presidenta de la APPU, María del Mar Rosa Rodríguez, en entrevista con CLARIDAD.

Con el 97% de los votos, la APPU se convirtió en el representante exclusivo de los docentes en octubre de 2023. La elección se concretó como el tercer intento del gremio de recoger las tarjetas de interés sustancial de parte del 50% de los docentes (como exige la Junta de Relaciones Laborales). El proceso previo había quedado interrumpido por un pleito en el que la UPR alegaba que no era un patrono bajo la ley de corporaciones públicas. La decisión del Supremo bajó en febrero de 2021, con lo que se puso fin a un bloqueo de diez años.

“La sindicalización nos da un poder como ente colectivo, y un poder de negociación. En los tiempos de crisis, es cuando el fénix vuelve a restablecer las alas. Ha sido un proceso lleno de esperanza”, comentó Rosa Rodríguez, a preguntas de CLARIDAD.

“Estamos convencidos que todo lo que estamos pidiendo económicamente es justo y equitativo con lo que se le da a la docencia en el noreste de Estados Unidos”, agregó.  La comparación con las universidades públicas en Estados Unidos ha sido la medida que la junta de control fiscal ha utilizado en el pasado, para aumentar el costo de la matrícula del estudiantado.

Sobre la mesa de negociación, ya hay propuestas para 24 artículos del convenio colectivo, incluyendo que se reconozca la propiedad intelectual de los cursos, se conceda un receso académico para una asamblea anual de la APPU, y la institución académica provea los recursos necesarios —en equipo y facilidades— para que el profesorado pueda cumplir con los requerimientos para su evaluación. La gerencia solo ha contestado 13 de ellos, indicó Rosa Rodríguez.

Una de las prioridades del comité de negociación es lograr la justicia laboral para los docentes sin plaza, con igual paga por igual trabajo. “La Constitución habla de igual paga, por igual trabajo. En la universidad, eso no se está haciendo. Tenemos docentes sin plaza que llevan 17 años en la universidad”, comentó Rosa Rodríguez. Esa propuesta la presentaron en mayo, pero no han recibido respuesta ni ha sido discutida todavía por la gerencia, indicó la profesora.

Un profesor sin plaza con una carga completa, que sería 12 créditos por semestre, cobra un salario de aproximadamente $16,348 anuales, lo que está por debajo del nivel federal de pobreza y equivale a una cuarta parte del salario anual de un catedrático auxiliar, según un reportaje del periodista David Cordero Mercado para El Nuevo Día.

Casi la mitad de la docencia está sin plaza, una cifra que ha aumentado precipitadamente del 29% de los docentes en 2010, según el mismo reportaje.

También, solicitan que la contratación de los docentes sin plaza se haga por periodos de un año, lo cual les permite pedir becas y otros beneficios. “Hay contratos de 3 a 4 meses. Es bastante nocivo para el docente sin plaza porque no tiene seguridad”, comentó la presidenta del sindicato.

El vicepresidente de la APPU, Jorge Lefevre, había informado que se encontraban trabajando otros artículos que requieren estudios económicos. Tal es el caso del primer aumento salarial en diez años para el profesorado.

Un obstáculo en la negociación

Parte de los obstáculos que ha informado y denunciado la APPU en sus cápsulas informativas, es que el comité negociador de la UPR, cuyos miembros fueron nombrados por el presidente Luis A. Ferrau, les someten, como respuesta, sus propuestas iniciales completamente tachadas sin otra razón ni justificación que “porque no”.

El portavoz del comité negociador de la UPR es el abogado Juan Casellas Rodríguez, socio del bufete Nolla, Palou & Casellas. Este bufete ha contratado con la administración universitaria desde 2008, según el registro de contratos de la Oficina del Contralor. Su último contrato por la cantidad de $100,000 ha sido extendido en tres ocasiones, y sus cinco enmiendas reflejan una suma de $244,000 adicionales.

El socio fundador de Nolla, Palou & Casellas cobra un honorario de $125 la hora por sus servicios profesionales a la UPR.

“Es inusual que el portavoz del comité negociador sea alguien sin conocimiento de la docencia; que tiene un conflicto de interés porque, en la medida en que se alarguen los procesos, él cobra más”, denunció Rosa Rodríguez.

La profesora agregó que no solo les ha entregado las propuestas completamente tachadas sin ningún tipo de diálogo, sino que les ha dicho que acudan a los tribunales, si están en desacuerdo. “Se supone que, cuando uno está en negociación, nos ahorramos los tribunales. Está en el mejor interés de su cliente que no acudamos a los tribunales”, opinó.

Estas quejas fueron llevadas directamente al presidente en una reunión el 3 de junio, informó el sindicato en sus plataformas digitales. CLARIDAD solicitó la reacción de Ferrao a través de la Oficina de Prensa, pero su directora Rosa Meléndez Cartagena informó que se encontraba fuera del país. Por su parte, el licenciado Casellas delegó en la UPR responder a los señalamientos en su contra.

Rosa Rodríguez explicó que en el proceso para redactar las propuestas iniciales participaron 37 docentes, representativos de todos los recintos y todas las categorías: docentes bibliotecarios, investigadores, de extensión agrícola, docentes sin plaza y los docentes de las escuelas laboratorio.  Anterior a eso hubo un comité de investigación, que estudió otros convenios colectivos en las universidades estadounidenses y de otros grupos sindicales en las instituciones académicas en Puerto Rico.

“Sabemos que la universidad no se mueve sin sus docentes. Tenemos mucho poder en mejorar las condiciones de trabajo”, aseveró esperanzada al asegurar que tienen muchísimas estrategias y serán creativos para defender el convenio.

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En entrevistas separadas, dos exintegrantes de la Autoridad de Energía Eléctrica opinaron sobre las proyecciones del consorcio.

Luego de que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) indicó que LUMA Energy, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Genera PR tendrían que pagar $25,000 diarios por no entregar sus planes de estabilización de la red eléctrica, la última de estas tres compañías presentó un plan que, en esencia, busca aumentar el consumo de gas natural en el país.

La proyección de Genera PR integra, principalmente, la agregación de 565 megavatios (MW) a la flota de generadores, que ya proveen 350 MW al sistema eléctrico. De acuerdo con la empresa, subsidiaria del suplidor de gas New Fortress Energy, esta iniciativa atajaría los frecuentes relevos de carga al abastecer la demanda de megavatios. No obstante, la medida no responde a la política pública de aumentar el uso de energía renovable a 40 % para el año que viene, 2025.

Luego de conversar con CLARIDAD, el doctor Agustín Irizarry Rivera adivinó, al momento de la entrevista telefónica, las determinaciones que Genera PR envió al NEPR.

“Sin haberlo leído, me imagino que su plan es más máquinas que queman gas para que lo venda New Fortress”, opinó el también exintegrante de la Junta de Gobierno de la AEE.

En ese sentido, Irizarry recordó que este plan no debe sorprender porque cuando el Gobierno de Puerto Rico recibió el contrato de Genera PR para manejar la generación energética lo hizo a sabiendas de que integraba parte del andamiaje de New Fortress Energy. Por lo tanto, “todo lo que va a producir Genera está atado a New Fortress”.

“Si tú quieres una casa de madera, llamas a un carpintero; si la quieres de bloques, buscas a un albañil. Lo primero que tienes que decidir es qué casa quieres tener. Aquí lo hicimos al revés. Aquí trajimos a New Fortress, dueño de Genera, para que maneje la generación”, explicó el doctor Irizarry Rivera.

Por esa misma intención de ganancia, opinó el ingeniero licenciado, la empresa generatriz no propone alternativas que congruyen con la política pública del Gobierno. Según explicó, la cantidad de relevos de carga y apagones aumenta de noche porque la red eléctrica deja de recibir la energía que produce la ciudadanía desde su casa con las baterías fotovoltaicas. En lugar de, por ejemplo, almacenar el excedente de electricidad que produce este tipo de sistema, tanto New Fortress Energy como Genera PR acuden a la adquisición de más gas natural.

“¿Por qué esa no es una propuesta que trae New Fortress? Porque New Fortress-Genera nunca la va a traer. No les conviene. La pregunta es: ¿el Negociado de Energía va a examinar alternativas ecológicas y va a obligar a New Fortress a usar otras alternativas? ¿O se va a contentar con la alternativa de gas?”, cuestionó el experto en el sistema eléctrico del país.
Por otro lado, el doctor en ingeniería eléctrica elaboró que LUMA Energy, que ahora enfrenta una multa diaria por no entregar su propio plan, contempla deforestar 16,000 millas de líneas eléctricas en un “manejo” de la vegetación aledaña. A juicio de Irizarry Rivera, el consorcio busca que le otorguen una millonada de fondos para mitigar esta fracción —fácil de acceder— de las 34,000 millas que componen las líneas eléctricas de la isla grande.

“LUMA no desengancha; LUMA llega y poda árboles […] En Puerto Rico, hay 1,100 líneas de distribución que están al lado de la carretera por los centros urbanos. LUMA debería recibir una penalidad si no las poda, porque son fáciles. Por las que están en los campos, que son de difícil acceso, se le podría dar un bono a LUMA, pero LUMA no quiere eso. LUMA quiere que le den un bono podando pocas líneas, y no importa donde estén”, amplió el ingeniero.

Irizarry Rivera enfatizó en aquellas tareas técnicas para contrarrestar las averías en la red eléctrica que LUMA no destaca o cumple, como el mantenimiento de las subestaciones de carga. Un ejemplo claro, mencionó el doctor, fue la reciente falla del transformador transportado desde Caguas a Santa Isabel, cuyo precio rondó en los $4 millones.

“¿Cuáles fueron las pruebas que hicieron antes de moverlo y quién le hizo esas pruebas? Esa información debería estar publicada […] no debe ser información secreta. Tengo la fuerte impresión de que esta gente jamás probó, realmente, ese transformador o que no probó bien”, añadió el ingeniero eléctrico.

Del mismo modo, Irizarry Rivera dudó de que el transformador en cuestión haya estado conectado previamente al sistema porque “no es tan fácil dañar un transformador, mucho menos si está conectado”. Para el profesional, el transformador no funcionaba en donde estaba antes.

Sobre el pobre desempeño de LUMA coincidió Juan Rosario, exrepresentante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la AEE. El también experto en la red eléctrica arguyó que la gerencia del consorcio ha agravado, en los pasados años, los desperfectos del sistema energético.

“Me da la impresión de que [Genera] van por el mismo camino que LUMA, que no saben lo que están haciendo. Sobre todo la gerencia. No dudo de que los trabajadores de las plantas, que son los mismos que han estado siempre, sepan lo que hacen. La pregunta es si los que dicen saben lo que hay que hacer. La experiencia que hemos tenido con LUMA es que no”, expresó Rosario en entrevista telefónica con CLARIDAD.

Por esa razón, el exintegrante de la Junta de Gobierno de la AEE opinó que, a corto plazo, la idea de incluir generadores al sistema eléctrico no es “alocado,  por la necesidad de fuentes de energía. En el caso de una avería, cuenta Rosario, los generadores ofrecen una respuesta segura.

“No es una locura. Hay que ver dónde lo van a poner, qué combustible van a usar y cuánto va a aumentar el costo. La impresión que tengo es que de los que están hablando [los generadores] no van a ser para darle estabilidad momentánea e instantánea al sistema; yo creo que va a ser pa correr el sistema cuando tengan averías mayores. Si eso es así, el costo del kilovatio va a aumentar un montón”, argumentó Rosario.

El experto resaltó que para fines de un sistema que responda ágilmente a los apagones es necesario que existan piezas —energía almacenada— que, tras la salida de una planta mayor, soporten la demanda. Asimismo, recalcó que el costo por kilovatio, cuando se trata de generadores, siempre está sujeto a fluctuaciones que casi siempre redundan en aumentos; 565 MW añadidos al sistema, aseguró Rosario, tienen la misma capacidad energizante que la central EcoEléctrica, en Peñuelas.

“Insisto, el diablo vive en los detalles. ¿Cómo es que van a hacer eso, cuál es el combustible que van a usar, en dónde van a estar ubicados?”, inquirió el exrepresentante del consumidor.

Además de coincidir con Irizarry en la importancia de los detalles del plan de Genera PR, Rosario recalcó la deforestación planteada por LUMA Energy. Según el experto, esta movida de la empresa podría traducirse en mayores temperaturas, que calentarán el proceso de generación. Bajo la sombra de un frondoso árbol de caoba, Rosario recuerda la potencia enfriadora de estas plantas.

“Si fueran mil árboles como este, serían 100,000 acondicionadores de aires que apagarías de momento […]. El sistema eléctrico, con LUMA y Genera, se está convirtiendo en la entidad más cristiana de este país; la mano derecha nunca sabe lo que está haciendo la izquierda, como decía Cristo. Porque andan bregando con pedacitos de las cosas”, puntualizó el experto.

En pasados años, Pedro Pierluisi y Jenniffer González, figuras que, juntas, llevan en la comisaría residente desde 2008, han impulsado la idea de que Puerto Rico se convierta en una sede de gas natural para el Caribe. Incluso, el mismo congresista Rob Bishop, en el 2018, afirmó la posibilidad de convertir la isla grande en un centro de almacenaje de gas. A diferencia del intento por cambiar las fuentes de energía a otras más renovables, estas determinaciones parecen alinearse sin mayores resistencias, a juicio de los expertos consultados.