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 La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), capítulo de Puerto Rico, hizo una petición extrajudicial a la gobernadora Jenniffer González Colón, para que desista de facilitar información al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de personas inmigrantes en Puerto Rico.

 Una petición extrajudicial quiere decir que la petición no se ha hecho a través del tribunal, sino que se han levantado unos argumentos de que se están dando unas violaciones que requieren reparación con la adopción de medidas específicas para detenerlas y evitar que sigan ocurriendo. La directora ejecutiva de ACLU, licenciada Annette Martínez Orabona, dijo a CLARIDAD que los señalamientos de las violaciones pretenden dar la oportunidad al gobierno de evitar que ACLU acuda al tribunal ya que su interés no es buscar llevar acciones judiciales porque sí, sino porque se quiere dar la oportunidad al gobierno de que se conozcan las violaciones y que se corrijan antes de tener que ir a gastar recursos del estado en un tribunal.

La petición de ACLU tiene su origen en la revelación de que el gobierno de González Colón, en particular el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), le entregó a ICE información de 6 mil personas con estatus migratorio irregular que tienen licencia de conducir. Según el gobierno se le había requerido la entrega de la información. El problema es -dijo Martínez Orabona- que el gobierno primero negó que estuviese cooperando con el gobierno federal en específico con ICE, luego tuvo que aceptar que sí habían entregado esos registros. Apuntó a que el problema es que el gobierno no dijo cómo fue la petición, si fue una carta, o a través de un “subpoena”, que es un tipo de orden administrativa, acción que no es una orden de un juez. Aclaró que hay algunas agencias que tienen esa facultad delegada por ley para pedir una entrega de documentos. Pero el gobierno no ha hecho público el documento mediante el cual ICE solicitó la entrega de la información, por lo que ACLU también le solicita que haga público el documento.

 En la petición dirigida a la gobernadora y a la secretaria del Departamento de Justicia, licenciada Lourdes Linette Gómez Torres, ACLU, sostiene que su gobierno está incurriendo en violaciones constitucionales al cooperar con requerimientos de información administrativos emitidos por ICE, los cuales son en excesos amplios. Además de que el ICE lo está utilizando “de forma arbitraria y abusiva como expedición de pesca para solicitar información confidencial, datos personales y colaboración por parte de entidades estatales y municipales, sin autorización judicial ni base legal que obligue al gobierno de Puerto Rico a cumplir con dichas exigencias”.

De acuerdo con los expertos en Derecho, los requerimientos administrativos de ICE no equivalen a una orden judicial, ni tienen fuerza de un cumplimiento automático y denunciaron que varias agencias públicas y municipios han respondido a estos requerimientos de ICE sin asesoría legal y sin proteger los derechos de las personas afectadas. En particular se señaló que la secretaria del Departamento de la Familia, hizo público que se estaría reuniendo con funcionarios federales para atender solicitudes similares.

Otro aspecto que se lleva a la atención de la gobernadora es que su gobierno no ha emitido ningún protocolo para instruir a los organismos gubernamentales sobre cómo manejar dichas solicitudes, lo que constituye un incumplimiento de su deber de salvaguardar derechos constitucionales y evitar una colaboración indebida con políticas federales discriminatorias y de persecución.

En esa dirección se le solicita a la gobernadora que con carácter inmediato emita una orden ejecutiva para prohibir a todas las agencias del ELA a colaborar con citaciones administrativas de ICE sin que medie una orden judicial; a que implemente un protocolo uniforme de no colaboración sin orden judicial en hospitales, escuelas, municipios, centros comerciales y oficinas gubernamentales.

 La directora ejecutiva de ACLU PR confirmó a CLARIDAD que ni la Fortaleza, ni el DJ han respondido al plazo de diez días para que respondan a la solicitud de una reunión para discutir el contenido de la notificación y a emitir las enmiendas institucionales que sean necesarias para cesar de inmediato la colaboración ilegal e inconstitucional -de acuerdo con ACLU- con ICE.

La gestión de ACLU en Puerto Rico es similar a ACLU en Estados Unidos, en donde se han presentado 120 acciones contra las órdenes ejecutivas del presidente Trump a nivel central y otras cientos de acciones en contra de gobiernos locales y a nivel administrativo. Martínez Orabona hizo la distinción de que en el caso de Puerto Rico se tiene la situación particular de que existe una información clasificada como confidencial que afecta a un sector en específico de inmigrantes y el estado ha decidido ignorar esa protección.

“Nosotros desde la ACLU en esa carta explicamos en detalle porqué entendemos que esa acción representa violaciones constitucionales”.

 El arresto de Aracelys

La petición de ACLU -con fecha de este lunes nueve de junio- se produjo junto a la desaparición de una trabajadora dominicana, quien fue arrestada por agentes de ICE el cinco de junio luego de salir del municipio de Cabo Rojo, a donde acudió para registrar un pequeño negocio que tiene en la playa en Cabo Rojo y con el cual sostiene a su familia. ACLU indicó que la persona tiene visa de trabajo aprobada (28 dic 2023) y Advance Parole vigente (23 sep 2024 – 22 sep 2029), es sobreviviente certificada de violencia de género (VAWA) y estaba en proceso de residencia permanente (Form I-693, radicada el 16 abril 2025).

 La mujer de nombre Aracelys fue arrestada -denunció ACLU- luego de que un policía municipal alertó -sin orden judicial, ni autoridad legal- a oficiales federales de inmigración. Aun cuando presentó su pasaporte, visa y permisos en regla ésta fue arrestada y trasladada fuera de Puerto Rico, hasta Texas, donde permanece incomunicada para su familia y su representación legal.

 “Este operativo es un atropello infame,” denunció Martínez Orabona, “Detener a una víctima de violencia doméstica amparada por la ley y arrastrarla a otra jurisdicción viola la Constitución, la ley VAWA y los principios más elementales de humanidad. Exigimos su liberación inmediata y garantías de seguridad.”

 Mientras el director legal de ACLU, licenciado Fermín Arraiza Navas, subrayó que la “Policía Municipal carece de autoridad para ejecutar leyes migratorias sin un acuerdo ni orden judicial. Este acto extralimitado, aberrante, quebranta la Quinta Enmienda y el debido proceso. El agente involucrado se expone a responsabilidad civil y penal por violaciones de derechos.”.

Ante el panorama que impera la directora ejecutiva de ACLU expresó que, aunque triste, su recomendación para las personas que se encuentran en una situación migratoria irregular a que eviten lo más posible cualquier tipo de intervención u encuentro con no solo el gobierno federal, sino el aparato de seguridad de nuestro gobierno estatal. “Lamentable en este momento no se puede confiar, es un momento de alto riesgo para la comunidad migrante incluso si tienen sus documentos al día porque hemos visto casos donde personas con documentos y autoridad legal para estar en Puerto Rico también han sido detenidos y llevados fuera de nuestra jurisdicción”.

Según el ICE, en la isla se han detenido sobre 500 personas y de estas solo el 16% tiene algún tipo de falta o expediente con algún tipo de delito, relacionado por haber entrado en una segunda ocasión de manera irregular, lo que ni siquiera se trata de delitos clasificados.

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En exclusiva con CLARIDAD, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos conversó sobre el sistema de salud del país

La crisis de salud en Puerto Rico se agudiza: hospitales continúan con finanzas inestables, salas de emergencia llenas, cambios administrativos y cierres totales. Además, el sistema enfrenta la posibilidad de recortes en fondos federales, que amenaza a alrededor de 1.5 millones de asegurados del Plan Vital; y la fuga de médicos parece no hallar alivio, de acuerdo con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), el Dr. Carlos Díaz Vélez.

En entrevista telefónica con CLARIDAD, el galeno repasó algunos de los factores que inciden en el estado del sistema de salud, como la falta de adaptabilidad local para cambios de política pública, disparidad en subsidios federales o la inexistencia de incentivos en la práctica médica.

“La política del Gobierno es no mirar la salud como un servicio, sino como un negocio y una herramienta para obtener votos, dinero de las aseguradoras y los intereses económicos. Cuando financian sus campañas y llegan al poder, les deben favores a estas aseguradoras y las cosas no ocurren. Nadie le pone el cascabel al gato”, expresó el cardiólogo vía telefónica.

Igualmente, Díaz Vélez identificó esta problemática de las empresas aseguradoras como el denominador común en muchas de las crisis de salud. Los hospitales, por ejemplo, no han podido acoplarse a los cambios tecnológicos o los aumentos salariales establecidos porque ingresan menos fondos por paciente que un centro médico de los Estados Unidos (EE UU), una inequidad del Medicaid reflejada en las arcas del Plan Vital y otros seguros de salud locales.

“Los hospitales no han podido ajustarse a esos cambios nuevos, que son caros, porque tienen un presupuesto del Gobierno federal menor al que reciben otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Eso ha complicado el panorama de los hospitales en Puerto Rico. Desestabiliza la práctica de los médicos, el cuidado del paciente, llena las salas de emergencia y complica el sistema”, adujo.

Por igual, el doctor advirtió que tres cuartas partes (76%) del Plan Vital del Gobierno dependen del Medicaid, una partida que se ve amenazada por el “Big, Beautiful Bill” de Donald Trump. La amenaza, contó el presidente del CMCPR, está en que más de mil millones de dólares recurrentes pudieran dejar de circular, antes del 2027, en el sistema de salud de Puerto Rico, agravando la crisis hospitalaria. Esta realidad se suma a la cuarta parte de asignaciones congresionales que Puerto Rico ya recibe por paciente, a diferencia de los estados.

“También, se nos siguen yendo los médicos. Por las condiciones tan difíciles para trabajar, por el ingreso menor que reciben en comparación con los Estados Unidos, más las condiciones de trabajo difíciles comparado con otras jurisdicciones. Y no se activa una política de exención contributiva, o algún incentivo, para la clase médica que se entrena en Puerto Rico. El éxodo de médicos ha aumentado y se espera que, para el 2030, el 50% de los especialistas en Puerto Rico se retiren”, agregó Díaz Vélez.

Respecto a este último punto, el experto en temas de salud reconoció que el Proyecto del Senado (PS) 15 es un intento de retener médicos en el país, pero reparó en que se limita a ciertos sectores de la medicina que trabajan en hospitales. En ese sentido, el galeno comentó estar negociando para que se amplíe el incentivo. De igual forma, Díaz Vélez encontró “práctico” el PS 508 que propone eliminar el requisito de premédica para solicitar la reválida.

“Realmente, lo que está permitiendo es que médicos graduados, con su certificado de la escuela de medicina, que ya son especialistas, vengan a Puerto Rico sin tener que buscar ese requerimiento de la ley local de que tiene que tener premédica. Mira, si ya son médicos, ya están graduados y trabajando, ¿por qué tienen que buscar más papeles? Vamos a hacerles la vida más fácil”, argumentó el doctor.

Por eso, Díaz Vélez reiteró la inacción por parte de las aseguradoras y cómo maniatan a la clase política, causando atrasos en el quehacer médico, abaratamiento de servicios, crisis financieras en los centros hospitalarios. “Nadie le pone el cascabel”, repitió.

“Todo se habla, se habla, se habla, pero se queda en comités, en grupos de trabajo. Entonces eso da la impresión de que se está haciendo algo, pero no se está haciendo nada. Y yo no estoy en contra de las aseguradoras, porque yo facturo, pero tengo que decir que estamos en una crisis y veo que nadie (del gobierno) actúa. Todos los médicos están molestos, las enfermeras están molestas, las farmacias están molestas, todos los proveedores están molestos y todos dicen que son las aseguradoras”, aseveró el líder gremial.

Iniciativas para contrarrestar las crisis

 A preguntas de este medio, el Dr. Díaz Vélez afirmó ser “provacuna” por la efectividad que históricamente han probado en la mitigación de plagas, la eliminación de enfermedades y en el rescate de miles de vida. La vacuna del COVID-19, durante la pandemia que provocó, no es una excepción de ese testimonio. No obstante, el presidente del CMCPR salvó que existen cuestionamientos sobre los efectos a largo plazo de la inoculación, por lo que entendió algunas preocupaciones que respaldan la determinación de Robert F. Kennedy, secretario de Salud de EE UU.

“Sobre el COVID, hay unos cuestionamientos por la prisa en que se creó. Las vacunas normalmente toman años, hasta cinco o seis años, para luego salir al mercado. El COVID, debido a la emergencia, no pasó por todos esos filtros. Y fue efectiva, salvó muchas vidas, pero aún hay terreno para investigar. Creo que es razonable que algunas poblaciones vulnerables, como los niños y las mujeres embarazadas, paren de vacunarse hasta que se investigue más profundamente”, opinó el cardiólogo.

Asimismo, el médico distinguió los métodos de producción de vacuna clásica con los de mRNA, un método lanzado por primera vez durante la crisis mundial. Para Díaz Vélez, la disminución de casos y muertes abre espacio para que se confirme si, en efecto, este método resulta seguro para la ciudadanía. “Si este es el modelo del futuro, pues excelente, pero que esté basado en datos que den tranquilidad y certeza”, sostuvo.

Por otro lado, el galeno aseguró que la política pública de la administración Trump sí ha generado incertidumbre y miedo en la comunidad migrante que reside en Puerto Rico. Por ejemplo, pacientes que no acuden a la farmacia para buscar sus recetas de medicina, a citas de seguimiento e incluso a procedimientos médicos. En aras de apoyar a este sector demográfico, el CMCPR y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) establecieron una alianza en febrero pasado.

“ACLU nos orientó y nosotros hemos comunicado a la comunidad médica cómo proceder si un agente federal pasa por sus facilidades, cómo se atienden según el protocolo, cómo intervenir con estos oficiales sin crear histeria en laboratorios, consultorios u oficinas, y qué cosas tienen que exigir. Eso nos da un poco de tranquilidad porque educamos a los médicos”, compartió Díaz Vélez.

Del mismo modo, el CMCPR se reunió con la directora del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Puerto Rico, Rebecca González Ramos. Con ella, elaboró Díaz Vélez, intentaron acordar que no pudieran realizar redadas en lugares relacionados con el servicio médico, entiéndase: farmacias, consultorios, centros de diagnóstico y tratamiento (CDT), laboratorios y otra serie más. De acuerdo con el doctor, la agencia federal ha respetado, hasta ahora, esa exigencia.

“También, hemos recibido 25 llamadas (de pacientes), de las cuales siete se han atendido en sus casas. Médicos han ido a sus casas a darles muestras, tomarles la presión, la azúcar, para ayudarlos. Porque hay un temor razonable en la comunidad, pero nosotros les pedimos que no tengan miedo. Los inmigrantes son seres humanos y hay que atenderlos”, acotó el líder de la colectividad gremial.

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“Los indocumentados no votan”, dijo con desparpajo la gobernadora Jennifer González cuando le preguntaron si su colaboración con los federales en las redadas contra inmigrantes le podía restar votos en una futura elección. El comentario indignó a muchos por el oportunismo asqueante que refleja y porque la frase estuvo enmarcada, como es habitual en su caso, en un conjunto de mentiras. También dijo que no sabía que un miembro de su gabinete pasó a los federales toda la información disponible en los archivos públicos sobre los inmigrantes que solicitaron licencia de conducir. Nadie le creyó, pero ella, como siempre cuando dice embustes, siguió de lo más tranquila con su cara de póker.

Algunos tal vez pensaron que, si los inmigrantes afectados o sus amigos y familiares votaran, llevada por su oportunismo tal vez la gobernadora hubiese evitado de alguna manera colaborar con los federales, pero no creo tal cosa. Aunque los potencialmente afectados por la entrega de listas tengan derecho a votar de todos modos se hubiese producido. Es más, aun después de todo lo que se ha dicho y a pesar del mea culpa, la colaboración con las campañas antiinmigrantes continuará. Seguirán tratando de esconder sus actos o de minimizar el impacto real de estos, pero nunca dejarán de colaborar en todo lo que les pidan.

Una razón para esa colaboración es, lógicamente, ideológica. El sector del PNP que encabeza González coincide plenamente con la agenda del ultraderechismo estadounidense que representa Donald Trump. Aunque saben que el magnate y sus seguidores nos desprecian y que ese desprecio los incluye a ellos aún más que al resto de los puertorriqueños, el apoyo a las políticas, que incluye de forma destacada el ataque a los inmigrantes, se mantiene porque creen que alguna vez podrían formar parte de la “great

La otra gran razón para la colaboración activa con el trumpismo, a mi juicio la más importante, está en la otra explicación que dio González para justificarla: los fondos federales. Aunque tal vez el ejemplo específico que dio sea mentira -que si no entregaban las listas su administración perdería de inmediato el dinero asignado para la reparación de carreteras- no hay duda de que en esas dos palabras –fondos federales- está la vida del PNP. Su existencia como fuerza política hegemónica en Puerto Rico depende, valga la redundancia, de la dependencia. Sin la dependencia económica que se produce mayormente gracias a las ayudas que van directamente a las personas el PNP sería una fuerza política minoritaria, como lo fue en los años ´50 y ´60 su antecesor Partido Estadista Republicano. Más que ninguna otro partido político en Puerto Rico, desde que fue fundado en la segunda mitad de la década del´60, se beneficia y disfruta del comportamiento político-electoral que la dependencia económica provoca en un sector significativo de electores.

Los números electorales confirman lo que afirmamos. El PNP ganó las últimas dos elecciones, 2020 y 2024, con una media de votos que se sitúa en el 35% del total de electores. Una parte significativa de esa base de apoyo está constituida por el sector de la población que recibe y en buena medida depende de alguna ayuda económica que llega a su hogar gracias a algún programa federal. Esa dependencia, quieran o no, influye en su voto. Por eso cuando González y el PNP sintieron el calor de Juan Dalmau en las elecciones de 2024, su respuesta fue concentrar su propaganda en un solo tema: la posible pérdida de fondos federales, campaña que sin duda alguna les funcionó. La continuación de esa realidad política, y la posibilidad de que puedan seguir siendo partido gobernante, está directamente atada a que esos fondos continúen llegando.

La dependencia de ayudas públicas incluye al sector de la comunidad inmigrante, mayormente dominicana, que se ha asentado en Puerto Rico y que habiendo adquirido ciudadanía vota en las elecciones. Recuerdo el caso de Nany, una señora que trabaja muy duro limpiando casas y a quien le escuché decir con orgullo que había votado por Dalmau, pero de inmediato aclaró que ella era un ave rara porque “todas las que conozco votaron PNP por miedo a perder las ayudas.”

González y el liderato del PNP saben que por más traiciones que cometan y por más mentiras que digan, mientras la dependencia siga enraizada en Puerto Rico, seguirán obteniendo la mayoría relativa que les permitirá controlar el gobierno de la colonia. Desde que comenzaron a incrementar esas transferencias económicas durante el primer gobierno del PNP a finales de los ´60, se convirtieron en el “partido de los fondos federales” y de ese sello viven. Ahora, cuando su apoyo en otros sectores de la población se ha reducido, ese “mercado” es su tabla de salvación.

Nadie espere, por tanto, que el PNP, ni siquiera insinúe que no va a colaborar con cualquier iniciativa federal que pueda reducir o limitar el suero que les da vida, mucho más ahora cuando las políticas del magnate convertido en presidente seguramente implicarán recortes. Estarán dispuestos a todo con tal de reducir el efecto de esa tijera.