CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Familiares víctimas de feminicidio y organizaciones feministas urgieron a la Legislatura a que consideren los derechos de las víctimas y se revise la Ley 85 de octubre del 2022, que redujo el tiempo de  sentencia que tiene que cumplir un confinado para solicitar libertad bajo palabra.

En conferencia de prensa, familiares de Ivonne Negrón Cintrón, junto a la portavoz de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT) y presidenta de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas (CA), licenciada Josefina Pantoja Oquendo, denunciaron que la JLBP atenderá una solicitud de libertad bajo palabra de Juan Ramos Álamo, quien asesinó a Negrón Cintrón  en noviembre del 2013, con tan solo haber cumplido 10 años en prisión. El feminicida asesinó a la víctima de 26 puñaladas, luego dejó el cuerpo desangrarse, escondió el cadáver durante cuatro días, lo desmembró y dispuso de él en bolsas plásticas.

“Entendemos que hay mucho riesgo para nosotros como familia. Vivimos en el mismo pueblo sus padres, su hermano y los hijos de sus hermanos. Yo vivo en un pueblo cercano a Gurabo y tenemos mucha preocupación por la falta de información respecto a los riesgos y seguridad que podríamos enfrentar como familia, incluso los riesgos para la comunidad en términos generales”, expresó Leila Negrón Cintrón junto a su hermano Manuel y la madre de estos, Carmen Cintrón Cruz, todos presentes en la conferencia de prensa.

Con voz entrecortada por momentos, Leila contó que su madre recibió una carta de la JLBP en la que le notificaban que el 22 de julio atenderán una vista de solicitud de libertad bajo palabra de Ramos Álamo, al amparo de la Ley 85 del 2022. Luego de varios intentos de obtener información vía telefónica, Leila y su madre acudieron a la JLBP, donde se les entregó copia del expediente. Denunció que el expediente no está completo y solo dice que la persona tomó dos talleres como parte de su proceso de rehabilitación, uno llamado Aprendiendo a vivir sin violencia y el otro, Transformación de patrones adictivos. “Tenemos muchas dudas de la información del contenido de esos talleres y de la repercusión, si alguna, que han tenido”, expresó.

Denunció que de los documentos que pudieron examinar no surge una evaluación sobre el nivel de peligrosidad del convicto ni sobre el potencial de riesgo a la seguridad que puede enfrentar el círculo familiar, además de grandes contradicciones en documentos que fueron considerados por el DC. Dio como ejemplo los hallazgos de la evaluación psicológica y las conclusiones en los informes sobre el aprovechamiento del convicto por los talleres tomados. Tampoco tiene un informe comunitario sobre indagaciones en la comunidad en la cual residirá el convicto.

Respecto a la vista en la JLBP, dijo que aunque la familia asistirá, no podrán testificar ni hacer ninguna expresión, solo verán al convicto por cámara; este participará desde la prisión. No obstante, denunció que por el contrario, la JLBP recibirá la opinión de la familia a través de una funcionaria que se reuniría con ellos luego de la vista.

“Nuestra familia es firme defensora de derechos humanos, incluyendo los que corresponden a la población penal. Repudiamos la  pena de muerte y no abogamos por la prisión perpetua, pero si creemos que es muy difícil que en 10 años una persona que cometió un crimen tan atroz como el feminicidio de Ivonne esté rehabilitada o lista para salir a la  comunidad”, expresó su hermana Leila.

En tanto, la licenciada Pantoja Oquendo fue enfática en señalar que algunos de los talleres que tomó el feminicida, por los cuales recibió bonificaciones con los que redujo el tiempo para cualificar para la JLBP, fueron provistos por personal contratado por Physician Correctional, la misma empresa privada  que junto con la negligencia de el DCR permitió que un feminicida y agresor sexual burlara el sistema para salir de prisión y cometiera otro feminicidio, el de Ivette Joan Meléndez.

“Nuestra desconfianza en cuanto a las evaluaciones e informes relacionados con las áreas psicológicas y conductales de Ramón Álamo llevadas a cabo por Physician Corretional se justifica a las luz del precedente de Hermes Ávila Vázquez”, denunció la también presidenta de la Comisión de la Mujer del CA. Censuró el que la Ley 85 del 2022 y la Ley 87 del 2020 han abierto la puerta para el privilegio de libertad bajo palabra  sin que se tome en cuenta el que la JLBP, el organismo que tiene la discreción para concederla, no cuenta con los recursos ni el peritaje necesarios para verificar de  manera independiente y fiscalizar la información que provee el DCR. La portavoz de la OPMT trajo a la atención que así lo reconoció la propia presidenta de la JLBP, Aixa Pérez Mink, en  una entrevista con la periodista de Bonita Radio, Carmen Enid Acevedo.

En la conferencia de prensa se señaló que durante el fin de semana se divulgó por algunos periodistas que la vista señalada para el 22 de julio había sido cancelada. La hermana de la víctima dijo que su familia no ha recibido ninguna llamada, ni correo electrónico ni una carta que certifique que la vista haya sido cancelada y reparó en que ella misma le dio a la JLBP la dirección postal, el número telefónico y el correo electrónico de todos los familiares.

Por su parte, Pantoja Oquendo reaccionó que quisieran pensar que por la por la ola que ha levantado la familia la JLBP va a posponer la vista para buscar más información, “pero nos tememos que lo que están tratando es mantener el polvo debajo de la alfombra”. En esa línea, advirtió que, por el alegato de la JLBP de que la Ley 85 reduce los términos, se va a seguir aplicando a menos que no se hagan  cuestionamientos y que el activismo logre una nueva modificación.

La activista feminista reparó en que no están diciendo a la JLBP que no pueda aplicar la ley, sino que esta ejerza de manera correcta su discreción de verificar y fiscalizar y que, además, se cumpla con el término para referir a la Junta. Tiene que ver los criterios relacionados con peligrosidad, con que verdaderamente la persona se haya rehabilitado con las evaluaciones psicológicas, que se verifique en la comunidad cuál es la disposición de las personas sobre la peligrosidad los riesgos, que no sea una puerta que le conceda ese privilegio en perjuicio de las víctimas secundarias.

En su opinión, la ley es demasiado amplia en términos de aplicarla a todos los delitos por igual, por lo que debió haber sido un discernimiento mucho más cuidadoso. Reconoció que no se percataron de la ley cuando se estaba discutiendo, pero, una vez están viendo los resultados que está teniendo, no ve porqué la Legislatura no pueda corregir lo que se hizo mal. Como presidenta de la Comisión de la Mujer del CA, indicó que como parte del trabajo de la Comisión se proponen revisar la ley y presentar sus memoriales a la Legislatura.

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

A juicio del expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, la continua falta de servicio de la energía eléctrica es una crisis intencional por parte de las privatizadoras interesadas en aumentar el uso del gas, contrario a la política pública de movernos hacia fuentes renovables.

Figueroa Jaramillo apuntó que la falta de energía eléctrica el día de las primarias y la vaguada que pasó sobre el país hicieron que la noticia fuera una relevante; pero que desde que llegó LUMA Energy (LE), en una forma mayor o menor, diariamente hay miles de consumidores sin el servicio. De esa falta de servicio hay una parte que no se discute ni se habla, que es el daño que esto causa a los equipos y enseres eléctricos. “De ordinario, Puerto Rico está viviendo una crisis en su sistema eléctrico a raíz del fracaso de la privatización”.

En un intento por explicar qué puede estar pasando, este observó que la capacidad de generación sigue siendo la misma de antes de que entraran LE y Genera PR. No obstante, atribuyó a la llegada a la AEE del grupo dirigido por Jorge Ortiz y Daniel Hernández —a quienes describió como ineptos— una crisis de generación donde se perdieron mil y pico de megavatios por falta de mantenimiento. “Por las diferencias que podamos tener y tenemos, cuando llegó Josué Colón, la realidad objetiva es que en el año en que este estuvo, se recuperaron los mil megavatios”, reconoció.

Prosiguió con que cuando sale Colón y se privatiza la generación con la empresa Genera, “ahora están los mismos que llevaron a la crisis de generación cuando estaban en la AEE, y mira lo que estamos viviendo. Cabe destacar que la crisis que han creado, desde mi punto de vista, es intencional, lo que conlleva que el país tuviera que comprar unos generadores”. Se refiere a los generadores comprados por la AEE con dinero de FEMA para la Central de Palo Seco.

Expuso que, en términos técnicos, con los generadores se tiene más capacidad de la que había antes, por lo que cuestionó por qué entonces es más frecuente la falta de servicio. Denunció que estos generadores se están usando a diario.

Al examinar el proceder tanto de Genera como de LE, Figueroa Jaramillo expresó creer que como estos están cómodos, no hay fiscalización y tienen un monopolio privado. Para ellos es inconsecuente la falta de servicio debido a que el contrato no tiene garras para imponer penalidades. “Tenemos un Negociado y un gobernador aliados. Se sienten un poco presionados por la opinión pública, pero mientras tanto, creo que su objetivo principal es operar con gas”. Recordó y catalogó de escándalo las expresiones de ejecutivos de Genera de que estaban haciendo en Puerto Rico ‘lo que les da la gana’. “Por eso es que digo que su objetivo principal es ese, y en la medida en que aparezcan plantas nuevas, todas las plantas que se van a construir son de gas”.

El expresidente de la unión trajo a la atención que aunque el Negociado le negó a la planta de carbón AES el permiso para cambiar su operación a gas natural el año pasado, porque la política pública es hacia el uso de energía renovable, al escuchar al presidente de Genera decir que ellos están cumpliendo y van a cumplir con la política pública, “tengo que asumir que la política pública se va a cambiar a lo que ellos quieren. Por lo tanto, AES va a lograr eventualmente que se le apruebe la transición a gas natural y, lo más seguro, es que quien le va a proveer gas va a ser News Fortress Energy, la cual es la compañía matriz de Genera.

Ante la expectativa de que la situación pueda mejorar en el caso de la generación, Figueroa Jaramillo indicó creer que el primer reto es que estos no tienen el conocimiento y la experiencia; el segundo es la filosofía de negocios, ya que no lo están viendo como un modelo público, en el que no se escatima en recursos. Afirmó que dejar a la gente sin luz era algo que no pasaba antes como está ocurriendo ahora, por lo que todo estriba en el modelo privado. Reconoció que es posible que mejore algo, ya que después de que se gasten los $12 billones de dólares que se tienen para mejoras sería absurdo que no mejorase. No obstante, apuntó que la pregunta es si lo que se invirtió o se está invirtiendo va a la par con los objetivos de mejorar el sistema eléctrico y si de haberse hecho bajo el modelo público por esa misma cantidad se hubiese logrado más.

En tanto, indicó que por parte de LE, encargada de la transmisión y distribución, el problema no es el reclutamiento, sino el que en la industria eléctrica sus trabajadores se preparan dentro de la propia industria. “Se puede reclutar, pero no tienen el conocimiento ni la experiencia. Numéricamente no es cantidad, es calidad. No pongo en juicio la capacidad intelectual de los que se reclutan. Ese es el reto. Los celadores de línea de las escuelas que hacen no son celadores, son aprendices. Ellos lo saben porque así está estructurado”. Reveló que sabe que muchos celadores de línea de la AEE que se mantuvieron con LUMA han renunciado, otros están por renunciar debido a las condiciones y presiones de trabajo.

El expresidente de la UTIER observó, además, que en todos los procesos de privatización han permitido, al menos en teoría, que el dueño de la propiedad mantenga la supervisión del contrato. Eso ha ocurrido con la privatización del aeropuerto, la Autoridad de Puertos, la privatización de las autopistas, la Autoridad de Carreteras; pero en una acto inexplicable, la AEE no tiene facultad alguna para supervisar los contratos de LUMA y Genera. Eso quedó en manos del Negociado de Energía y en la Autoridad de Alianzas Público Privadas.

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Son muchas las dudas que levanta el anunciado proyecto turístico, Esencia, que se pretende construir en 2,000 cuerdas de terrenos sobre tres millas de la zona costanera en Cabo Rojo.

Según dieron a conocer los propios desarrolladores, la corporación de inversión inmobiliaria Reuben Brothers junto a la firma Three Rules Capital Esencia, el proyecto constará de un hotel de 500 habitaciones, 900 viviendas de lujo, dos campos de golf, un centro ecuestre, una escuela privada y su propio aeropuerto privado, entre otras instalaciones. La inversión superará los $2,000 millones. De acuerdo con la información del Single Business Portal de OGPe, el dueño del proyecto y de los solares es Cabo Rojo Land Acquisition LLC.

La divulgación de la información del proyecto levanta dudas sobre  el proceso de permisos, alarmas respecto a las consecuencias de la privatización que suelen representar este tipo de construcciones que impactan la zona marítimo terrestre (ZMT) y hace cuestionarse una vez más dónde queda el Plan de Uso de Terrenos (PUT) y cuánto interviene la Junta de Planificación (JP) en este tipo de proyecto.

Sobre esa premisa, en entrevista el exmiembro de la JP, el planificador Félix Aponte Ortiz, señaló que ahí es que está el primer problema: la conducta reiterada de la JP de desmontar las conceptualizaciones de planificación, los compromisos, porque el PUT es un compromiso de política pública, una ley que a su vez reconoce la responsabilidad de ley de los planes territoriales de los municipios, por lo que hay que ver si el proyecto incide tanto sobre el Plan Territorial  de Cabo Rojo, como en el PUT, aunque sea de manera mínima.

Además, hay que mirar también por el impacto económico que tendría una intervención de esa magnitud y si incide sobre los otros municipios. Otros planteamientos recurrentes en este tipo de proyecto es si hay agua suficiente, si hay capacidad para tratar las aguas usadas, si hay  acceso a la red vial y si en términos regionales la inversión pública puede sostener esa operación sin perjuicio a los que ya están en el área, tanto residentes como los empresarios que tienen actividades de turismo que están adaptadas a las condiciones a una escala distinta.

El exprofesor de planificación puso en duda que el proyecto sea uno que vaya a vistas públicas, lo que derrota los instrumentos de planificación que se han formalizado con consentimiento público, fueron a vista públicas, se validaron y se  adoptaron —se refiere al PUT y al PMT—, pero que luego con una intervención particular, individualizada, sin análisis se dejan sin efecto. “Ya eso, de por sí, se descalifica; se adoptan los planes para los intereses particulares de un proyecto”.  Aun cuando indicó que el proyecto debiera tener vistas públicas, por lo que ha visto, lo probable es que se pretenda darle seguimiento por Internet “como si fuera  proyectito”.

Aponte Ortiz trajo a la atención que hay un componente que cree que la JP no sabe, ni tiene idea. Recordó que en el 1978 se adoptó como política pública un Plan de Manejo de la Zona Costanera en compromiso con la NOAA (siglas en inglés de la Oficina Nacional de Administración Oceánica), el cual designó varias áreas de planificación especial en Puerto Rico, una de ellas es el suroeste, precisamente para proteger el litoral desde el bosque de Guánica hasta los manglares de Joyuda. “Que conozca, ese plan no ha sido derogado; que conozca, el Gobierno federal hace donativos anuales para que Recursos Naturales y la Junta de Planificación  administren ese programa de manejo y esas reservas naturales”.

Observó que cuando se hizo el plan no se tenía idea de algo como el calentamiento del planeta y el cambio del climático. Ante estos aspectos, explicó, la JP tiene la función de validar que cualquier  iniciativa o proyectos con fondos federales sean compatibles con ese programa y la ley federal de la zona costanera. En esa línea, apuntó a que hay un desfase debido a que, por ejemplo, todos los proyectos  de agua, sanitarios, de comunicaciones y de manejo de desperdicios sólidos se atienden con donativos federales que da FEMA. Cuestionó entonces que cómo sería ese proyecto a la luz del manejo de la zona costanera, que no es discrecional: “Nosotros, voluntariamente, como pueblo dijimos queremos participar física y financieramente de ese programa”.

Otro elemento que trajo a la consideración es que la zona es susceptible a terremotos y que ahora mismo hay tres fallas geológicas activas, frente a la costa de Cabo Rojo, que siguen activas continuamente. Eso significa que las estructuras requieren una construcción más rigurosa, lo que resulta también más costoso, incluida la estructura pública. Aponte Ortiz planteó que hay que cuestionarse si se quiere  favorecer un turismo de alto costo o un turismo de naturaleza, de acceso a las playas, a la contemplación del litoral y los recursos costeros, a la observación de mamíferos marinos, de todas los recursos naturales que ofrece el área.

También trajo la interrogante sobre el uso del agua. Debido a que Cabo Rojo está casi en el límite del distrito de riego del Valle de Lajas, eso quiere decir que ese Cañón de Boquerón es el punto del sistema del drenaje del riego del valle y ese canal de riego llega a Cabo Rojo y descarga en la playa. Ese espacio, en principio, da servicio y hace que funcione el sistema de riego del Valle de Lajas, que es una reserva agrícola de casi 50 mil cuerdas. Aponte afirmó que fue durante su participación en la JP que se designó dicha reserva agrícola.

Frente a este hecho, planteó el conflicto que representa el decidir si utilizar el agua para producir alimento o usar esa agua para proveer a unos turistas que no aportan a Puerto Rico. Apeló al criterio de seguridad alimentaria vis a vis a una actividad empresarial que deja dinero a unas pocas  personas. “Ese escenario tiene todos esos ingredientes. Un proyecto de esa magnitud requeriría ver cómo armoniza, si es compatible, y si es una incompatibilidad, el pueblo tendría que decidir ya no queremos sembrar en el Valle de Lajas, el agua y la tierra que se use para otra cosa. Esa decisión requiere acción legislativa”, puntualizó.

Sobre el uso del agua añadió y explicó que ese sistema de riego es uno que está bien subsidiado. El costo de la producción de un volumen de agua de 126 mil galones se mide como acres-pies. Ese sistema lo administra la Autoridad de Energía Eléctrica, la cual se la vende a la Autoridad de Acueductos en $135 .00 por acre-pie y al agricultor se le vende a $5.00 el acre-pie. La diferencia se concibe como un  subsidio social porque es importante tener alimentos. Observó que esa región es una de las más secas de Puerto Rico. “Me gustaría que alguien me explicara y me convenciera de que todos estas señalamientos, ya todo eso,  puede ser superado”, concluyó.

Senado aprueba resolución

 En tanto, el Senado de Puerto Rico aprobó el 5 de junio una  Petición de Información 2024-0060, presentada por la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón. En esta se le exige a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que entregue el  expediente del controvertido proyecto Esencia así como cualquier otra documentación que se haya sometido bajo los números de trámite que aparecen en el portal digital de la agencia.

“El país tiene derecho a tener toda la información sobre este proyecto y su efecto sobre el ambiente, el acceso al mar y la disponibilidad de agua potable. Debe además considerarse cómo la proliferación de espacios diseñados para extranjeros con alto poder adquisitivo, que además son beneficiarios de generosos incentivos, provoca cambios en el mercado de bienes raíces, que hacen cada vez más difícil que las familias puertorriqueñas puedan alquilar o comprar viviendas”, puntualizó Santiago Negrón, en comunicado de prensa.

La resolución dispone que la  OGPe tendrá un término de cinco días laborables para contestar la solicitud presentada. De no hacerlo, el Senado podrá acudir a los tribunales para obligar a que se cumpla con lo solicitado.