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En exclusiva con CLARIDAD, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos conversó sobre el sistema de salud del país

La crisis de salud en Puerto Rico se agudiza: hospitales continúan con finanzas inestables, salas de emergencia llenas, cambios administrativos y cierres totales. Además, el sistema enfrenta la posibilidad de recortes en fondos federales, que amenaza a alrededor de 1.5 millones de asegurados del Plan Vital; y la fuga de médicos parece no hallar alivio, de acuerdo con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), el Dr. Carlos Díaz Vélez.

En entrevista telefónica con CLARIDAD, el galeno repasó algunos de los factores que inciden en el estado del sistema de salud, como la falta de adaptabilidad local para cambios de política pública, disparidad en subsidios federales o la inexistencia de incentivos en la práctica médica.

“La política del Gobierno es no mirar la salud como un servicio, sino como un negocio y una herramienta para obtener votos, dinero de las aseguradoras y los intereses económicos. Cuando financian sus campañas y llegan al poder, les deben favores a estas aseguradoras y las cosas no ocurren. Nadie le pone el cascabel al gato”, expresó el cardiólogo vía telefónica.

Igualmente, Díaz Vélez identificó esta problemática de las empresas aseguradoras como el denominador común en muchas de las crisis de salud. Los hospitales, por ejemplo, no han podido acoplarse a los cambios tecnológicos o los aumentos salariales establecidos porque ingresan menos fondos por paciente que un centro médico de los Estados Unidos (EE UU), una inequidad del Medicaid reflejada en las arcas del Plan Vital y otros seguros de salud locales.

“Los hospitales no han podido ajustarse a esos cambios nuevos, que son caros, porque tienen un presupuesto del Gobierno federal menor al que reciben otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Eso ha complicado el panorama de los hospitales en Puerto Rico. Desestabiliza la práctica de los médicos, el cuidado del paciente, llena las salas de emergencia y complica el sistema”, adujo.

Por igual, el doctor advirtió que tres cuartas partes (76%) del Plan Vital del Gobierno dependen del Medicaid, una partida que se ve amenazada por el “Big, Beautiful Bill” de Donald Trump. La amenaza, contó el presidente del CMCPR, está en que más de mil millones de dólares recurrentes pudieran dejar de circular, antes del 2027, en el sistema de salud de Puerto Rico, agravando la crisis hospitalaria. Esta realidad se suma a la cuarta parte de asignaciones congresionales que Puerto Rico ya recibe por paciente, a diferencia de los estados.

“También, se nos siguen yendo los médicos. Por las condiciones tan difíciles para trabajar, por el ingreso menor que reciben en comparación con los Estados Unidos, más las condiciones de trabajo difíciles comparado con otras jurisdicciones. Y no se activa una política de exención contributiva, o algún incentivo, para la clase médica que se entrena en Puerto Rico. El éxodo de médicos ha aumentado y se espera que, para el 2030, el 50% de los especialistas en Puerto Rico se retiren”, agregó Díaz Vélez.

Respecto a este último punto, el experto en temas de salud reconoció que el Proyecto del Senado (PS) 15 es un intento de retener médicos en el país, pero reparó en que se limita a ciertos sectores de la medicina que trabajan en hospitales. En ese sentido, el galeno comentó estar negociando para que se amplíe el incentivo. De igual forma, Díaz Vélez encontró “práctico” el PS 508 que propone eliminar el requisito de premédica para solicitar la reválida.

“Realmente, lo que está permitiendo es que médicos graduados, con su certificado de la escuela de medicina, que ya son especialistas, vengan a Puerto Rico sin tener que buscar ese requerimiento de la ley local de que tiene que tener premédica. Mira, si ya son médicos, ya están graduados y trabajando, ¿por qué tienen que buscar más papeles? Vamos a hacerles la vida más fácil”, argumentó el doctor.

Por eso, Díaz Vélez reiteró la inacción por parte de las aseguradoras y cómo maniatan a la clase política, causando atrasos en el quehacer médico, abaratamiento de servicios, crisis financieras en los centros hospitalarios. “Nadie le pone el cascabel”, repitió.

“Todo se habla, se habla, se habla, pero se queda en comités, en grupos de trabajo. Entonces eso da la impresión de que se está haciendo algo, pero no se está haciendo nada. Y yo no estoy en contra de las aseguradoras, porque yo facturo, pero tengo que decir que estamos en una crisis y veo que nadie (del gobierno) actúa. Todos los médicos están molestos, las enfermeras están molestas, las farmacias están molestas, todos los proveedores están molestos y todos dicen que son las aseguradoras”, aseveró el líder gremial.

Iniciativas para contrarrestar las crisis

 A preguntas de este medio, el Dr. Díaz Vélez afirmó ser “provacuna” por la efectividad que históricamente han probado en la mitigación de plagas, la eliminación de enfermedades y en el rescate de miles de vida. La vacuna del COVID-19, durante la pandemia que provocó, no es una excepción de ese testimonio. No obstante, el presidente del CMCPR salvó que existen cuestionamientos sobre los efectos a largo plazo de la inoculación, por lo que entendió algunas preocupaciones que respaldan la determinación de Robert F. Kennedy, secretario de Salud de EE UU.

“Sobre el COVID, hay unos cuestionamientos por la prisa en que se creó. Las vacunas normalmente toman años, hasta cinco o seis años, para luego salir al mercado. El COVID, debido a la emergencia, no pasó por todos esos filtros. Y fue efectiva, salvó muchas vidas, pero aún hay terreno para investigar. Creo que es razonable que algunas poblaciones vulnerables, como los niños y las mujeres embarazadas, paren de vacunarse hasta que se investigue más profundamente”, opinó el cardiólogo.

Asimismo, el médico distinguió los métodos de producción de vacuna clásica con los de mRNA, un método lanzado por primera vez durante la crisis mundial. Para Díaz Vélez, la disminución de casos y muertes abre espacio para que se confirme si, en efecto, este método resulta seguro para la ciudadanía. “Si este es el modelo del futuro, pues excelente, pero que esté basado en datos que den tranquilidad y certeza”, sostuvo.

Por otro lado, el galeno aseguró que la política pública de la administración Trump sí ha generado incertidumbre y miedo en la comunidad migrante que reside en Puerto Rico. Por ejemplo, pacientes que no acuden a la farmacia para buscar sus recetas de medicina, a citas de seguimiento e incluso a procedimientos médicos. En aras de apoyar a este sector demográfico, el CMCPR y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) establecieron una alianza en febrero pasado.

“ACLU nos orientó y nosotros hemos comunicado a la comunidad médica cómo proceder si un agente federal pasa por sus facilidades, cómo se atienden según el protocolo, cómo intervenir con estos oficiales sin crear histeria en laboratorios, consultorios u oficinas, y qué cosas tienen que exigir. Eso nos da un poco de tranquilidad porque educamos a los médicos”, compartió Díaz Vélez.

Del mismo modo, el CMCPR se reunió con la directora del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Puerto Rico, Rebecca González Ramos. Con ella, elaboró Díaz Vélez, intentaron acordar que no pudieran realizar redadas en lugares relacionados con el servicio médico, entiéndase: farmacias, consultorios, centros de diagnóstico y tratamiento (CDT), laboratorios y otra serie más. De acuerdo con el doctor, la agencia federal ha respetado, hasta ahora, esa exigencia.

“También, hemos recibido 25 llamadas (de pacientes), de las cuales siete se han atendido en sus casas. Médicos han ido a sus casas a darles muestras, tomarles la presión, la azúcar, para ayudarlos. Porque hay un temor razonable en la comunidad, pero nosotros les pedimos que no tengan miedo. Los inmigrantes son seres humanos y hay que atenderlos”, acotó el líder de la colectividad gremial.

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“Los indocumentados no votan”, dijo con desparpajo la gobernadora Jennifer González cuando le preguntaron si su colaboración con los federales en las redadas contra inmigrantes le podía restar votos en una futura elección. El comentario indignó a muchos por el oportunismo asqueante que refleja y porque la frase estuvo enmarcada, como es habitual en su caso, en un conjunto de mentiras. También dijo que no sabía que un miembro de su gabinete pasó a los federales toda la información disponible en los archivos públicos sobre los inmigrantes que solicitaron licencia de conducir. Nadie le creyó, pero ella, como siempre cuando dice embustes, siguió de lo más tranquila con su cara de póker.

Algunos tal vez pensaron que, si los inmigrantes afectados o sus amigos y familiares votaran, llevada por su oportunismo tal vez la gobernadora hubiese evitado de alguna manera colaborar con los federales, pero no creo tal cosa. Aunque los potencialmente afectados por la entrega de listas tengan derecho a votar de todos modos se hubiese producido. Es más, aun después de todo lo que se ha dicho y a pesar del mea culpa, la colaboración con las campañas antiinmigrantes continuará. Seguirán tratando de esconder sus actos o de minimizar el impacto real de estos, pero nunca dejarán de colaborar en todo lo que les pidan.

Una razón para esa colaboración es, lógicamente, ideológica. El sector del PNP que encabeza González coincide plenamente con la agenda del ultraderechismo estadounidense que representa Donald Trump. Aunque saben que el magnate y sus seguidores nos desprecian y que ese desprecio los incluye a ellos aún más que al resto de los puertorriqueños, el apoyo a las políticas, que incluye de forma destacada el ataque a los inmigrantes, se mantiene porque creen que alguna vez podrían formar parte de la “great

La otra gran razón para la colaboración activa con el trumpismo, a mi juicio la más importante, está en la otra explicación que dio González para justificarla: los fondos federales. Aunque tal vez el ejemplo específico que dio sea mentira -que si no entregaban las listas su administración perdería de inmediato el dinero asignado para la reparación de carreteras- no hay duda de que en esas dos palabras –fondos federales- está la vida del PNP. Su existencia como fuerza política hegemónica en Puerto Rico depende, valga la redundancia, de la dependencia. Sin la dependencia económica que se produce mayormente gracias a las ayudas que van directamente a las personas el PNP sería una fuerza política minoritaria, como lo fue en los años ´50 y ´60 su antecesor Partido Estadista Republicano. Más que ninguna otro partido político en Puerto Rico, desde que fue fundado en la segunda mitad de la década del´60, se beneficia y disfruta del comportamiento político-electoral que la dependencia económica provoca en un sector significativo de electores.

Los números electorales confirman lo que afirmamos. El PNP ganó las últimas dos elecciones, 2020 y 2024, con una media de votos que se sitúa en el 35% del total de electores. Una parte significativa de esa base de apoyo está constituida por el sector de la población que recibe y en buena medida depende de alguna ayuda económica que llega a su hogar gracias a algún programa federal. Esa dependencia, quieran o no, influye en su voto. Por eso cuando González y el PNP sintieron el calor de Juan Dalmau en las elecciones de 2024, su respuesta fue concentrar su propaganda en un solo tema: la posible pérdida de fondos federales, campaña que sin duda alguna les funcionó. La continuación de esa realidad política, y la posibilidad de que puedan seguir siendo partido gobernante, está directamente atada a que esos fondos continúen llegando.

La dependencia de ayudas públicas incluye al sector de la comunidad inmigrante, mayormente dominicana, que se ha asentado en Puerto Rico y que habiendo adquirido ciudadanía vota en las elecciones. Recuerdo el caso de Nany, una señora que trabaja muy duro limpiando casas y a quien le escuché decir con orgullo que había votado por Dalmau, pero de inmediato aclaró que ella era un ave rara porque “todas las que conozco votaron PNP por miedo a perder las ayudas.”

González y el liderato del PNP saben que por más traiciones que cometan y por más mentiras que digan, mientras la dependencia siga enraizada en Puerto Rico, seguirán obteniendo la mayoría relativa que les permitirá controlar el gobierno de la colonia. Desde que comenzaron a incrementar esas transferencias económicas durante el primer gobierno del PNP a finales de los ´60, se convirtieron en el “partido de los fondos federales” y de ese sello viven. Ahora, cuando su apoyo en otros sectores de la población se ha reducido, ese “mercado” es su tabla de salvación.

Nadie espere, por tanto, que el PNP, ni siquiera insinúe que no va a colaborar con cualquier iniciativa federal que pueda reducir o limitar el suero que les da vida, mucho más ahora cuando las políticas del magnate convertido en presidente seguramente implicarán recortes. Estarán dispuestos a todo con tal de reducir el efecto de esa tijera.

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ccotto@claridadpuertorico.com

¿Estamos preparados para la temporada de huracanes que acaba de comenzar? O mejor dicho ¿está Luma Energy (LE), encargada de la transmisión y distribución (T&D) de la energía eléctrica, para enfrentar un ciclo normal de la naturaleza, que comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre de cada año?

Para el ex presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ricardo Santos, a la pregunta de si se está preparado o no, la realidad objetiva es que cuando se vive en el trópico, ubicados en el mismo medio de la autopista de los huracanes, es una realidad que se tiene que aprender a vivir con ella.

Ahora en el caso de LE resaltó que si se quiere verificar cuán preparado puede estar Luma para atender emergencias “lo que tenemos que ver es cómo Luma responde a los distintos eventos que se dan en el país durante épocas no de huracán”. El veterano celador de línea de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) enumeró que estar preparados es tener el personal suficiente, adiestrado, dispuesto a salir a restablecer el sistema cuando ocurre una avería, es tener los equipos y materiales listos para desarrollar el trabajo y es tener una buena administración que pueda responder con inteligencia y de forma sistemática en cualquier eventualidad que ocurra en el sistema eléctrico.

“Lo que hemos visto es que Luma no está preparado para responder a situaciones normales, a los eventos normales que afectan al sistema eléctrico porque sencillamente la respuesta es tardía, ineficiente y, cuando vemos los elementos que establecimos como base, se podrá tener los materiales, en los almacenes ciertamente pero no se tiene la cantidad de personas cualificadas”.

En tono enfático Santos, atribuyó que LE no tiene el personal cualificado, ni la cantidad de personas necesarias en Puerto Rico, porque Luma vino a Puerto Rico respondiendo al negocio que representa para ellos responder a situaciones de alta emergencia como son los huracanes contando con sus empleados en los EE UU para traerlos a la isla, lo que es una gran bonanza para dicha empresa. Recordó que la Luma es parte de Quanta, la cual es una compañía de celadores que trabajan de crisis en crisis en distintos estados y ahora incluyeron a Puerto Rico, lo que para ellos es la situación.

De hecho, LE anunció este lunes 9 de junio que había sometido una reconsideración ante el Negociado de Energía (NEPR) para que aprobara una Inversión de Emergencia para este 2025, de $30 millones para una cuenta de emergencia que respalde los trabajos de respuesta para esta temporada de huracanes.

Santos comparó que cuando el sistema estaba en manos de la AEE las emergencias se atendían con su propio personal cualificado preparado, e hizo la anotación de que en situaciones de emergencias, en casos graves, como por ejemplo lo fueron los huracanes Hugo (1989) y Georges (1998), recibieron apoyo solidario de compañías de Estados Unidos con la gran diferencia que era apoyo solidario que no cobraban.

“Ahora lo que recibimos de Estados Unidos es sencillamente mercenarios que vienen aquí a hacer dinero durante un momento de crisis sin ninguna premura. En ese sentido la respuesta directa a si Luma está preparado, en comparación con como se hacía antes en la AEE, la contestación es no y la prueba es que para los eventos normales que se dan, Luma ha demostrado una incapacidad increíble. Creo que ya hay un consenso en el país de que Luma, tal y como lo denunció la UTIER desde el día uno, no está cualificada, ni capacitada para administrar y desarrollar los trabajos de nuestro sistema eléctrico”.

En esa línea de mantenimiento, sobre el sargazo que ha llegado a las costas en donde hay plantas generatrices, el ex presidente de la UTIER censuró que los administradores privados -en referencia a LE y Genera PR, a cargo de la generación- proyecten cada incidente como de una magnitud increíble para capitalizar y cobrar más, pero que históricamente la AEE tenía unas brigadas que iban y sacaban el sargazo, “Tan sencillo como eso. Donde están las plantas de enfriamiento hay unos filtros que se utilizan para que no entre el sargazo ni ningún otro material sólido, esos filtros se limpian son varias barreras; en el caso de Palo Seco hay una barrera de piedra para desviar el mar y lo que pueda traer hay una serie de cedazos con fuerzas se limpian con personal durante el tiempo del sargazo y tiempo natural, eso no es nada nuevo.” Comentó que es posible que ahora la gente lo note más porque hay más medios de comunicación, o es posible que sí haya una cantidad mayor, pero de que hay forma de atender la situación sin que se convierta en crisis, la respuesta es que sí.

Lo mismo sucede con la poda, que dijo es un trabajo de mantenimiento. “En cinco años no podaron, volvemos al mismo punto. En la medida en que se convierta en un negocio lucrativo con mil millones de presupuesto de FEMA (siglas en inglés de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) que tienen para la poda, no lo han podido hacer porque los están rindiendo para que sean unas mismas compañías las que realicen el trabajo. En una isla tropical como la nuestra, la poda tiene que ser sistemática y con brigadas permanentes que conozcan las áreas y la idiosincracia para dar mantenimiento, eso tiene que ser un grupo permanente que dé mantenimiento, no un grupo que venga de momento”.

El ex presidente de la UTIER apuntó que cada día se demuestra más que el gobierno de Puerto Rico no tiene otra alternativa que retornar a la AEE con todos sus empleados y derechos de convenios colectivos, con una nueva visión referente a la administración para poder recuperar nuestro sistema eléctrico. “Mientras más tiempo pase más difícil y más caro le va a costar al pueblo de Puerto Rico. Lo más importante es que la decisión que se tomó para privatizar el sistema eléctrico no fue una de derecho, fue una decisión política, por lo tanto retornar al sistema público es una decisión política que nada tiene que ver con lo que digan los contratos”.

Conjuntamente en la solicitud de Luma de Inversión de Emergencia, además de los $30 millones para la cuenta de emergencia, se solicitan $90 millones para “mejoras urgentes para fortalecer la red eléctrica y reducir el riesgo de interrupciones a gran escala”. De acuerdo a LE las acciones propuestas de inversión de emergencia a atender son: un aumento para los trabajos de manejo de vegetación para despejar sobre “2,500 millas de líneas eléctricas”; la contratación de sobre 150 trabajadores de campo adicionales; la modernización y reconstrucción de 150 equipos de subestaciones; la instalación de sobre 2,000 aparatos automatizados de distribución; la instalación de sobre 800 postes resistentes a tormentas; instalación y fortalecimiento de 9 transformadores esenciales en subestaciones; reemplazo de estructuras en 15 líneas de transmisión; el mantenimiento crítico de sobre 400 componentes principales de subestaciones y el reemplazo de estructuras deterioradas en 15 líneas de transmisión. Según Luma, la aprobación de la Inversión de Emergencia representa un aumento de $11.08 mensuales en la factura residencial.