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El Frente Amplio Contra Las Políticas Migratorias de Trump, urgió al gobierno de Puerto Rico a que adopte una política pública migratoria para la protección de la población migrante y sus familias.

La licenciada Annette Rodríguez Orabona directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles, (ACLU, siglas en ingles), capítulo de Puerto Rico, dio lectura a una declaración del Frente en la cual se plantean los aspectos que debe contener dicha política. En primera instancia el gobierno debe reconocer “los derechos humanos fundamentales de la persona migrante y de su derecho a una vida digna y segura en Puerto Rico, sin importar su estatus migratorio”.

Entre los aspectos que debe contener la política pública, plantea el Frente es que se garanticen servicios públicos como hospitalarios, educación y otros servicios esenciales sin importar el estatus migratorio de la persona, proveer lugares santuarios, y la no separación de las familias.

Un aspecto esencial que se indicó es que se adopte “una política clara de no participar, ayudar o facilitar el trabajo de las autoridades federales en la identificación, detención y arresto de personas migrantes sin documentación regular”. Además de que el gobierno de Puerto Rico publique cualquier acuerdo de colaboración que exista entre las agencias estatales y el gobierno federal con relación a la identificación, detención, arresto y procesamiento de personas migrantes.

El Frente subrayó que no existe mandato alguno que obligue a los gobiernos locales a colaborar con las agencias federales. Al respecto la licenciada Mariela García, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (MILA, siglas en inglés), capítulo de Puerto Rico, en alusión a la orden en el Departamento de Justicia de Puerto Rico de hacer una lista de migrantes víctimas de delito, expresó que “lo que está haciendo la gobernadora de Puerto Rico es algo sin precedente que ningún otro estado ha estado llevando a cabo perseguir a víctimas por delitos de crímenes”.

Añadió que la organización tiene un banco de abogados pro bono a nivel de Estados Unidos al cual las personas pueden acudir. Además de que, junto a la Liga de Ciudades, aquí en Puerto Rico ofrecerán talleres para abogados que no se dediquen a inmigración, que sean mayormente criminalistas para que puedan defender a extranjeros que se encuentren en una situación criminal.

García fue enfática en indicar que cada estado tiene en estos momentos la discreción de cuán mucho utiliza sus fuerzas estatales para ayudar en al ejecución de las órdenes ejecutivas a nivel federal. “El gobierno federal en estos momentos no puede obligar a agencias estatales a que lleve a cabo la gestión que solo le corresponde al gobierno federal, para que un gobierno, estatal o local participe tiene que hacerlo libre y voluntariamente”.

Sobre este aspecto el director Legal de ACLU Fermín Arraiza Navas explicó que  durante su primer cuatrienio Trump trató de imponer esa responsabilidad a los estados y el estado de California llevó un caso -California vs. Trump 2019- que llegó al primer circuito y se le dio la razón a California, al decir que una imposición a través de una ley federal para que la policía estatal hiciera el trabajo de colaborar con las autoridades federales es inconstitucional. La ley -dijo el tribunal- viola la constitución debido a que los estados tienen unos poderes donde no puede intervenir el gobierno federal. Aunque el caso llegó al Tribunal Supremo de EE UU, el tribunal no atendió el caso.

“Ese es el estado de derecho actual los estados están protegidos por la constitución de Estados Unidos para negarse a colaborar con las autoridades federales”. En el caso de Puerto Rico confirmó que el ELA no tiene ninguna política migratoria.

A esos efectos la Directora ejecutiva de ACLU reiteró que las organizaciones están pidiendo que se adopte una política clara en protección de la comunidad migrante y que se prohíba que se ayude o facilite a las autoridades de inmigración. A esos fines ya tienen redactado un borrador de un proyecto de ley para presentar ante la Legislatura.

Sobre la incertidumbre de cuánto durarán las detenciones Arraiza Navas, comentó que se puede llegar a un punto que paren por presiones políticas. “Todo depende los pleitos que hay pendientes principalmente en Estados Unidos”. Aun cuando dijo, que aquí en Puerto Rico se podrían presentar casos de interdicto y otras acciones legales para que no se implementen esas políticas, observó que eso ya se está haciendo en otras jurisdicciones, lo cual tendrían efectos aquí en Puerto Rico. “En el ínterin de que estos pleitos no surtan efectos la exhortación a las personas que no tienen estatus migratorio legalizado eviten contacto con las autoridades federales. Tenemos que estar conscientes de que son medidas que se están impulsando para eliminar lo que son el debido proceso de ley por lo menos en aquellas personas que no llevan más de dos años viviendo en EE UU”.

A la pregunta de en que instancias una persona pudiera pedir asilo político con estas políticas migratorias, la experta en migración, licenciada Julie Cruz, explicó que según la ley una persona tiene un año del momento en que llega a EE UU para poder pedir asilo. Resaltó que la incoherencia en las ordenes de Trump es que si la persona tiene un año y ya está en la corte de migración para pedir el asilo, lo cual se puede hacer ante a la agencia y ante la corte, dentro de este proceso hay unas fases que están avaladas por el derecho Internacional, sin embargo con la orden de Trump si se tiene un año y de momento le arrestan cae dentro de la deportación expedita. Debido a esto dijo es que se van a ver mas litigios para frenar esta política de la deportación expedita, que esta administración extendió a personas que llevan menos de dos años.

Cruz exhortó a que es importante que se tenga un enlace con la comunidad en EE UU porque desafortunadamente en Puerto Rico no se tiene un centro de detención para inmigrantes, básicamente lo que hay son centros temporeros lo que hace un problema porque disloca cualquier persona que sea arrestada por lo general se envía a Florida. Recordó que durante la primera administración de Trump las personas eran enviadas a donde hubiese espacio, eso disloca el apoyo familiar, el apoyo evidenciarlo del abogado que lo representa “por eso el llamado de las organizaciones a los abogados que se unan a estos grupos”, se refiere a las organizaciones del Frente.

Las expresiones se dieron en conferencia de prensa en la que se dio a conocer la formación del Frente Amplio Contra Las Políticas Migratorias.

La delegación en la Legislatura del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) expresó su oposición a una resolución concurrente de la Cámara de Representantes, RC-01, en que se rechazan  expresiones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de que iba a invadir a Puerto Rico utilizando tropas de Brasil para liberarnos de Estados Unidos.

Las expresiones de Maduro se dieron durante el Festival Mundial de la Internacional Antifascista, celebrado en Caracas, este pasado  9 al 11 de enero. Sus palabras fueron una cita de  uno de los generales de Simón Bolívar, el general Ignacio Abreu e Lima, quien murió hace 156 años.

La resolución del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Hernández,  presume de que el Gobierno de Puerto Rico es uno “soberano en donde manda el pueblo y Puerto Rico es parte de Estados Unidos desde el 1898, que desde el 1917 somos ciudadanos estadounidenses y de que el pueblo ha votado por la estadidad (sic)”.

“En el tema de Venezuela hay dos posturas prevalecientes a nivel internacional. La primera, a la que responden instituciones políticas como el PNP, es la de avivar conflictos y hostilidades. Ese es el camino hacia la guerra civil y el derramamiento de sangre. La segunda postura es la que promueve el Papa Francisco, la del diálogo y “el comienzo de negociaciones de buena fe y finalizadas al bien común del país”, expresó la delegación del PIP en comunicado de prensa.

La delegación reclamó que la postura del PIP es igual a la propuesta de figuras políticas con sólidos credenciales democráticos, como Luz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil,  y Gustavo Petro, de Colombia “y es la que también suscribe el PIP”.

El PIP calificó las resoluciones presentadas  ante la Cámara de Representantes de, además de ser inconsecuentes, apartarse del llamado a la prudencia y la diplomacia, apostando a la escalada de la violencia.

“Lejos de constituir una aportación democrática, tales expresiones, evidentemente, persiguen desviar la atención pública y mediática en momentos en que la administración PNP inicia el cuatrienio con acciones ampliamente repudiadas, como el archivo de las querellas contra los suegros de la gobernadora, la entrega de bienes de dominio público en La Parguera y la extensión de las operaciones de la carbonera AES en Guayama. La incapacidad de este Gobierno ha quedado además expuesta con su falta de acciones concretas en el tema energético, los desacuerdos entre Fortaleza y Senado y el hecho de que falta por nombrar más de la mitad del gabinete”, denunció el PIP.

Agregó que la medida aprobada y otras radicadas por la delegación PNP, en las que hasta mencionan a los candidatos del PIP, arrastran el lenguaje difamatorio y demagógico que predominó en su campaña.

“El PIP no va a sumarse a esa agenda del PNP. La campaña electoral terminó y es el momento de trabajar por Puerto Rico, buscando consensos donde sea lo mejor para nuestro pueblo y denunciando aquello que represente injusticia y corrupción”.

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 En un sistema de salud que mayormente depende de fondos recurrentes del Gobierno federal, el panorama del sistema médico en Puerto Rico pareciera ir en picada. Con gran parte de los hospitales operando desde el déficit, una falta de especialistas en aumento y cierres de centros de atención necesarios, “no hay forma de dar mejores servicios’, de acuerdo con el doctor Carlos Díaz Vélez.

Para el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), el Gobierno entrante enfrentará una plétora de retos por la desventaja que supone la condición política del país. Puerto Rico, que recibe menos pareo de fondos federales que otras jurisdicciones, está supeditado a las mismas regulaciones hospitalarias que los demás estados de Estados Unidos (EE UU). Con una segunda administración Trump enfocada en el ahorro y eficiencia gubernamental, agregó Díaz Vélez, el empeoramiento del sistema es casi seguro.

“Esto no ha mejorado nada. No ha habido un cambio (a nivel federal) que pueda ayudarnos. No le veo grandes esperanzas a mejorías en el sistema en la parte financiera. Y van a haber hospitales que van a seguir cerrando, van a haber hospitales que van seguir transformando su filosofía a otros tipos de servicios, como vimos con Pavía, que ahora va a ofrecer servicios de salud mental”, explicó el cardiólogo.

Díaz Vélez precisó que para contrarrestar el deterioro del sistema de salud,  el Gobierno local debe abordar diálogos que reformulen la manera en que se atiende la salud. En una clara alusión a las aseguradoras médicas, el líder gremial denunció que “hay unas estructuras que nadie quiere tocar”.

“Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora y el Gobierno que entra no cambia o rediseña la manera en que se distribuye el dinero en Salud, esto va a seguir igual. Va a seguir peor cada día. Amerita que nos sentemos todos los componentes de la salud: aseguradoras, gobierno, privados, hospitales, todos los proveedores, farmacias, laboratorios médicos. Tenemos que sentarnos y actuar ahora. No podemos esperar más”, aseveró el presidente del CMCPR, organización que agrupa aproximadamente 9,400 profesionales de la salud.

Además, el cardiólogo postuló que los médicos, como servicios profesionales, operan como una microempresa, que implica una red de empleos, equipos, rentas y apoyos. En ese sentido, Díaz Vélez exhortó a que el Estado afiance, más allá de las plazas disponibles, la entrega de licencias, la otorgación de contratos e incentivos contributivos para retener a la clase médica.

“Ellos (los médicos) se van a ir para Estados Unidos porque allá hay una escasez de médicos también y, sobre todo, de médicos latinos. La población latina necesita atención, y Puerto Rico tiene unos médicos bien entrenados con las mismas credenciales y preparaciones de Estados Unidos, pero hablan español. Se llevan a los muchachos con tremendos incentivos”, adujo Díaz Vélez.

Por esa razón, Díaz Vélez plantea que no basta con que se conceda una licencia provisional a las dos semanas de obtener el título médico, sino que las aseguradoras médicas deben contratar, en menos de un mes, a los médicos recién graduados. “Están obligadas, punto. Aquí hay una crisis”. Según el experto, el tiempo promedio que tarda una aseguradora en contratar a un médico es de seis meses.

“También (los médicos) necesitan un incentivo contributivo, por lo menos, por los primeros cinco años. Después de que un médico está establecido, no se va… no es un regalo que se está dando, es que ellos inyectan dinero a la economía. Así que podemos hablar de plazas y residencias nuevas, pero la ecuación no está completa sin estos pasos”, reparó el presidente del CMCPR que, desde hace más de un año, perdió la obligatoriedad de la colegiación.

En otros asuntos, Díaz Vélez subrayó que, indistintamente de quien dirija el Departamento de Salud, cualquier secretario de la agencia debe llegar “con una agenda clara” para escuchar y enlazar todos los componentes del Estado en pro del sistema de salud. Las discusiones partidistas, a juicio del doctor, son el mayor escollo para recorrer ese camino.

“La salud de la gente se va a ver seriamente afectada si no se actúa pronto”, concluyó el médico.

Un país sin salas de emergencia

Era una noche arroyana tan plácida como fresca, los muchachos jugaban fútbol bajo una luna que menguaba y daba paso al vendaval nocturno. René, seudónimo de quien contó esta historia a CLARIDAD, se estrenaba en un nuevo equipo con la esperanza de aunar experiencia a su trayectoria de atleta. La meta era clara: llevarse el balón; pero un mal salto desembocó en una fractura de largas consecuencias. Mientras descendía del brinco, René esquivó la patada de su homólogo contrario y, con el impacto, se desprendió el codo como la palanca de una maquinilla.

Varios minutos después, una ambulancia privada transportó a René al Hospital Menonita en Guayama, el centro de salud más cercano. Daban las diez y, luego de la evaluación inicial, el deportista aguardó hasta el filo de la medianoche. Cuando el dolor se disipó, el joven incorporó su cuerpo abatido, caminó hasta la recepcionista y comentó: “Mira, yo me voy. No soy del área y es peligroso que me quede hasta más tarde”.

Lo dejaron irse. Cuando finalmente consiguió ayuda y diagnóstico en el Hospital Metropolitano, el futbolista local fue enterado de que su brazo derecho, roto y desprendido, debía ser intervenido quirúrgicamente el próximo miércoles. “No había doctores, te lo juro. No había nadie en esa sala”.

Mientras, la United Auto Workers (UAW) en Puerto Rico denunció que el Hospital Pavía de Hato Rey planteara cerrar su sala de emergencia, departamentos de radiología, sala de operaciones, laboratorios médicos y terapias respiratorias. De acuerdo con Desireé López Ramírez, presidenta de la unión, esta determinación impactaría a las comunidades aledañas, como Floral Park, la Comunidad Mita, la Égida Sunrise y, por supuesto, a los trabajadores del hospital.

“Este cierre es un duro golpe para estas comunidades y acrecienta la crisis de salud que vive el país con la falta de médicos y servicios directos a los pacientes”, expresó la líder sindical.

A su vez, el director ejecutivo del hospital, Carlos Santiago, defendió la decisión del conglomerado de salud por “el alza en los casos de suicidio y otros diagnósticos de salud mental”. Habiendo consultado la movida con Salud, el hospital ubicado en la avenida Juan Ponce de León ahora ofrecerá servicios de psiquiatría, psicología, trabajo social, evaluación médica, nutrición y enfermería. Al cierre de esta edición, Santiago no respondió a la solicitud de entrevista enviada por CLARIDAD.