Organizaciones alzaron bandera sobre las irregularidades con permisos aún no concedidos a NF Energía

CLARIDAD

La organización de justicia climática El Puente Puerto Rico denunció, junto a grupos religiosos, comunitarios y ambientalistas, una reciente solicitud presentada por NF Energía   –subsidiaria de New Fortress Energy– para efectuar un dragado en la Bahía de San Juan. La petición, catalogada como “expedita”, espera la venia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la colectividad, la nueva excavación pretende “permitir la operación continua e ininterrumpida de una facilidad flotante de almacenamiento de gas metano en un terminal cercano a zonas densamente pobladas”. Además, El Puente cuestionó la legitimidad del proceso por operaciones ejecutadas sin consultas que se fechan desde poco antes de la pandemia.

“Esto empezó con un dragado en 2015 y ya estamos llegando a un segundo dragado. Ellos (NF Energía) empiezan convirtiendo a gas las plantas 5 y 6 de San Juan por un problema de almacenamiento que ellos tienen con el gas metano. Ellos describieron la operación como un micro handling facility. Eso es algo pequeño, que es casi como una cosa de transbordo”, explicó la coordinadora de campaña del Programa de Política Pública de El Puente, Mónica Flores Hernández.

Bajo esa premisa, la Agencia Federal Reguladora de Energía (FERC, en inglés) aprobó unas “operaciones temporeras” que entraron en vigencia luego de que NF Energía ya iniciara, en 2020, trabajos en la bahía. Desde el comienzo de la situación, reparó Flores Hernández, la mayoría de la fiscalización proviene de las propias comunidades afectadas.

“La comunidad es la que alertó que esa operación estaba en vigor, y en noviembre se demanda y comienza un proceso en que ganamos y luego entra la FERC”, agregó.

Después de esa demanda, NF Energía expandió trabajos por tierra y mar con los generadores temporeros de Palo Seco, almacenamiento temporero más grande y unas nuevas barcazas que entran, en 2025, con capacidades cinco veces mayor de mover gas y muy distintas a las micro handling facilities que propuso originalmente la filial de NFE. Todos estos cambios, aseguró la colaboradora, se dan sin una revisión de permisos.

“Eso no ha cambiado. Ellos simplemente obtuvieron un primer permiso para una operación más pequeña y, ahora, están manejando embarcaciones cinco veces más grandes, lo que implica la necesidad de este segundo dragado que solicitaron para llenarlas a capacidad y mantener una flota almacenando gas de manera ininterrumpida. Así que ha habido una expansión de la expansión de la expansión. Sin embargo, los permisos no se han movido en la misma dirección”, dijo Flores Hernández.

Estos dragados de NF Energía no cuentan con Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), elaboró Flores Hernández, de modo que no existe una métrica oficial que registre los efectos de estas operaciones en las comunidades más próximas. El Puente advirtió estas irregularidades cuando acudió a las agencias pertinentes, como la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) o el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), para exigir información.

“Ellos ni siquiera tenían una consulta de ubicación, que es lo primero que haces cuando solicitas cualquier operación en cualquier lugar. Eso es si, en el lugar que estás proponiendo, se puede hacer. Esa primera evaluación no la hubo, y ya la planta estaba operando cuando entraron las otras agencias reguladoras que se supone que entraran desde antes que se construya”, afirmó la portavoz.

A falta de estos permisos, NF Energía se ampara en el argumento de la crisis energética que atraviesa el país, particularmente desde el embate de María, en 2017. Dentro de ese marco, las agencias reguladoras determinaron que la empresa debe, a seis años de comenzar sus operaciones, iniciar el proceso de permisología. Entre los permisos a someter, la compañía debía una DIA a mayo de 2025.

“Ya va un año y no se ha sometido esa DIA, principalmente, porque desde esa DIA volvieron a aumentar y cambiar operaciones. Esa DIA que se estaba trabajando es obsoleta porque ahora la operación es mayor. Esto ha pasado en varias ocasiones donde se empieza un proceso y, cuando los documentos llegan a nosotros o se hacen públicos, la operación ya no es la que evidencia el documento”, aseveró Flores Hernández.

A pesar de carecer de estos permisos, El Puente reconoció y avisó de que el dragado y el almacenamiento suceden en una zona con una actividad industrial intensiva, donde se manejan sustancias como petróleo, diésel y otros combustibles. El efecto en cadena del dragado y las actividades petroquímicas, adujo Flores Hernández, podría ser mayor. Pero, por falta de estas autorizaciones, realmente no se sabe.

“Estamos a ciegas con esta operación. Encima, y lo que más preocupa a las comunidades en las zonas de Cataño y Guaynabo, es que no hay un plan ni un protocolo de desalojo en caso de emergencias o accidentes. Incluso, esa información no la tienen ni los municipios afectados. Los documentos que tenemos, que New Fortress sometió a la FERC, están marcados como confidencial. De lo poco que sale, dice que tenemos que llamar a la Policía Estatal de Luisiana de ocurrir una emergencia”, reveló la coordinadora.

Para El Puente, el gas metano expone a la ciudadanía a asfixias porque esta sustancia desplaza el oxígeno y puede provocar explosiones similares a la que ocurrió, en 2009, en la Caribbean Petroleum Corporation (CAPECO). Algunas comunidades cercanas a la Bahía de San Juan incluyen: Sabana, Amelia, Puerto Nuevo, el litoral de Cataño, el Viejo San Juan, hasta Toa Baja. Además de ser zonas densamente pobladas, estas áreas conforman rutas de cientos de miles de trabajadores.

“Son rutas. La 165 es una ruta bien transitada para quienes van y vienen del área metropolitana. Es el efecto de la gente que vive allí, pero también de la gente que trabaja y se mueve por ahí. Estamos hablando de un cuarto de millón de personas que estarían, dependiendo del día y la hora, cercanas a un potencial accidente. Es un error, es un riesgo que no tenemos por qué asumir como país”, comentó Flores Hernández.

Para la integrante de El Puente, la flexibilidad con los permisos corresponde a una política pública que abiertamente apuesta al gas metano como fuente de energía. Recordó las expresiones del Zar de Energía, Josué Colón Ortiz, con relación a un «anillo de gasoductos» que conectaría diversos centros de almacenaje de gas en el país, desde Ponce, Yabucoa y otros puntos del archipiélago.

“Estaríamos rodeados de gas. Es casi un híbrido entre el gasoducto del norte y el del sur, pero sin cruzar la Cordillera Central. Estaríamos cercados por gas metano. Esas fueron las expresiones del Zar de Energía. Para nosotros está claro que la política pública del Estado es apostarle a esto, independientemente de lo que representa para Puerto Rico”, concluyó.

Las expansiones de la actividad petroquímica de NF Energía consuenan con la trayectoria política de la gobernadora, cuya incumbencia como comisionada residente se destacó por aliarse con sectores impulsores del gas natural licuado. En 2019, cinco años antes de ocupar La Fortaleza, González Colón organizó una cumbre de gas natural y propuso, en el Congreso, transformar a Puerto Rico en un centro de distribución de esta fuente de energía no renovable.