CLARIDAD

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La  indignación, el coraje y la frustración por la continua falta de servicio fueron los sentimientos  manifiestos, sin adornos, durante la protesta realizada este pasado viernes 15 de junio frente a las oficinas de LUMA Energy, la empresa privada a cargo de la distribución y transmisión de  la energía eléctrica. El apagón más reciente ocurrió el miércoles (12 de junio) cuando más de 100 mil personas se quedaron sin servicio. En el sur  hay pueblos que llevan más de una semana sin electricidad.

Ante expresiones de parte de gerenciales de LUMA, tales como que el apagón del miércoles fue provocado por unos árboles; que se tardarían dos meses en trasladar un transformador para poder restablecer el servicio a los pueblos del sur; que LUMA estaba listo para un huracán, pero el sistema y los árboles no y otras semejantes expresadas en ocasiones anteriores, como el que un pájaro provocó un apagón, la gente manifestó su malestar contra la privatizadora. La presión pública llevó al gobernador Pedro Pierluisi, quien ha defendido consistentemente la gestión de LUMA, como de la empresa a cargo de la generación, Genera PR, a hacer declaraciones en el sentido de que les exigiría explicaciones y que iba a ordenar una investigación. Incluso firmó una orden ejecutiva (OE 2024-014) para activar a la Guardia Nacional para asistir a LUMA Energy, a Genera PR LLC, a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) cuando ocurran incidentes mayores en el sistema eléctrico y en el sistema de acueductos y alcantarillados.

A la  protesta, que fue convocada por el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), se unieron otras organizaciones tanto políticas, comunitarias, magisteriales,  ambientales y la comunidad LGBT, entre otras.

“Ese modelo de privatización fracaso, ese contrato de privatización fracasó, ese contrato de LUMA y Genera hay que anularlo, eso es lo primero”, expresó enfático el actual presidente de la UTIER (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego) Walberto Rolón.

Este denunció que LUMA sigue engañado al pueblo con la situación del sur y dijo que era importante que se conozca que en el sur hay dos líneas en el piso desde el huracán María (septiembre de 2017) y que esas líneas LUMA las tiene que levantar, eso es lo que llama back up, que provee servicio en menos de 24 a 28 horas. Alertó de que LUMA no quiere hacerlo porque tiene que pagarlo de su  presupuesto y prefiere dejar las líneas en el suelo para hacerlo como una mejora capital y que sea el pueblo quien lo pague.

Entre los portavoces de las diferentes colectividades que dijeron presente en la manifestación y se dirigieron a los asistentes estuvo el senador Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).  En tono severo, Bernabe refutó los argumentos de que el problema con el servicio de LE es el   contrato y no la privatización, o que el problema es ese modelo de privatización y no la privatización.

“El problema no es solo el contrato de LUMA, no es solo ese modelo de privatización. El problema es la privatización. La privatización fracasó en la energía, falló y fracasó en la salud. Estamos viviendo la crisis de nuestro sistema de salud producto de la privatización, que fracasó en  las lanchas de Vieques y Culebra, la privatización que fracasó en Acueductos cuando se trató. La privatización no es la solución y ya nuestro pueblo lo está entendiendo”.

El senador por el MVC exhortó a  seguir en la calle porque “esos parásitos  quieren seguir enriqueciéndose a costa nuestra y solo a través de la movilización vamos a lograr que salgan, y estoy seguro de que lo vamos a lograr. La acción ahora es cancelar, anular ese contrato. Usen la palabra que prefieran, pero su contenido tiene que ser que LUMA se tiene que ir, no podemos seguir arriesgando nuestras vidas, nuestro futuro económico, producto de la deficiencia de esa empresa”.

En sentido similar se expresó la portavoz del grupo ciudadano  Asamblea de Pueblo de Bayamón, Jacqueline Hernández.  “Estamos aquí porque la privatización ha fracasado. No se trata solo de decir fuera LUMA, fuera Genera. Se trata de un llamado en contra de la privatización porque nos quieren privatizar las escuelas, la UPR, y no hemos tenido ni un solo ejemplo digno de privatización en este país. Se tiene que devolver lo nuestro”, afirmó, y mencionó las empresas públicas que han sido privatizadas.

Por su parte, el expresidente de la UTIER, Ricardo Santos, en tono vehemente resaltó que como corporación pública los trabajadores puertorriqueños de la AEE en 40 años energizaron al país, algo que no han logrado el 40 % de los países del mundo. “Nosotros lo hicimos y lo hicimos con el esfuerzo, el sudor y dedicación de hombres y mujeres que dejaron sus vidas en esas líneas, en esos postes”. Destacó que la energía eléctrica es un derecho humano y advirtió que tal como ocurrió con esta, que los capitalistas se apoderaron de ella, lo mismo está ocurriendo con la transición hacia la energía solar, detrás de la cual, dijo, hay muchos intereses.

“Invito a una discusión seria a los que están trabajando por la independencia energética para que entiendan que eso es una falacia, un engaño: se benefician las compañías privadas. Aquí no hay  vacas sagradas”.

Para concluir la manifestación que se extendió por casi dos horas bajo un fuerte calor de casi 100 grados, el portavoz del MST, Ricardo Santos Ortiz, se expresó en solidaridad con los trabajadores de la empresa privada Suiza Dairy, los cuales se encuentran en huelga. Denunció que el patrono Suiza Dairy, la cual tiene el monopolio de la producción de leche en el país, prefirió tener pérdidas millonarias antes de conceder a sus trabajadores un aumento de $100 dólares en su aportación al plan médico.

El portavoz del MST exhortó a ser solidarios con las y los trabajadores. Comparó que al igual  que a los burgueses de la Suiza Dairy , “a LUMA y Genera no les importa el bienestar de la gente. Esa es la misma mentalidad que tienen LUMA y Genera, que vienen a sacarnos el vivir. Y las políticas nefastas de la privatización todas están conectadas. El verano se está calentando en todos los sentidos, LUMA no está respondiendo, el país se está cansando y esto tiene posibilidades de desarrollo en la lucha de pueblo para lograr sacar la compañía LUMA y Genera y volver a construir un sistema público que responda verdaderamente a los intereses del país”.

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Aunque por el momento no se sabe cuánto habrá que pagar a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el potencial de la decisión del Tribunal  del Primer Circuito de Apelaciones (TA) que determinó que los bonistas tienen derecho sobre el gravamen de los bonos es terrible para Puerto Rico. La determinación de cuánto se va a pagar  está en manos de la  jueza Taylor Swain. Por el momento todo es especulación, señaló en entrevista  el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez.

Emmanuelli, quien representa al Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE en el caso del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la autoridad explicó que el punto más importante de la decisión del tribunal es que dice que el gravamen que tienen derecho a cobrar los bonistas es sobre el flujo del efectivo neto de la AEE. Eso lo que implica es que primero la AEE tiene que usar el dinero para el pago de todas sus operaciones necesarias, como nómina, compra de combustible, mantenimiento, etc, incluyendo el retiro. Una  vez se cubren todos los aspectos operacionales,  el dinero que sobra es lo que se asegura para pagar a los bonistas.

“El primer  problema que tienen los bonistas es que no sobra nada, porque la AEE está hasta el cuello”. El tribunal les dio la autoridad a los bonistas de husmear en la contabilidad de la AEE para determinar si se está llevando de una manera adecuada, para entonces determinar cuál es el sobrante neto. Un ejemplo de lo que puede ser una controversia por gastos, comentó, son los $27  millones que LUMA Energy ha gastado en hotel. Ahí los bonistas pueden decir que no se tiene que gastar ese dinero cuando se supone que sus empleados vivan en Puerto Rico. Eso puede a su vez generar controversia entre la contabilidad de la AEE y LUMA, lo que podría dar base a los reclamos de los bonistas.

Hizo la observación de que si sobre el gravamen están también los ingresos futuros de la AEE, surge la pregunta, en la cual el TA no se mete, de cuál es el efecto del PAD, ya que el tribunal optó  porque sea   la jueza quien primero analice y se exprese antes de ellos intervenir.

Emmanuelli Jiménez auguró que habrá una apelación  sobre este tema y la primera cuestión a discutir sería si el gravamen se extiende hasta siempre cuando no se haya saldado la cuenta de $8, 500 millones. Es decir, puede  ser que este año no haya sobrante,  pero el año próximo sí. Es un aspecto en que la jueza Swain va a tener que hilar fino: si en la confirmación del PAD va a estimar a tiempo presente el valor de ese gravamen o se va a quedar eso abierto, para que cada año se compute cuánto hay que pagarle a los bonistas de los ingresos netos de la AEE. El Circuito no  resolvió ese asunto que tiene un efecto en el PAD.

En el caso de que la jueza Swain  resolviese que la confirmación del PAD se puede hacer con un estimado del valor de la garantía de los bonos, cualquiera de las partes en el caso  puede apelar. Para Emmanuelli Jiménez, de seguro, los bonistas apelarían esa determinación.

Continuó explicando que en el caso de que la jueza resolviese que no, que cada año hay que mirar el sobrante y que eso sería lo que los bonistas recibirían, el experto señaló creer que la Junta de Control Fiscal (JCF) apelaría.

“Yo creo que la JCF apelaría eso, porque eso sería malo. Primero, porque estaríamos 60, 80 años pagando porque cada vez sobra poco. Segundo, porque se compromete la capacidad crediticia de la AEE porque tendría un gravamen sobre unos ingresos futuros que no servirían para sustentar emisiones de deuda adicional para mejoras de infraestructura, la transición energética, etc., para lo que ahora mismo no hay dinero. Esas son las implicaciones de la sentencia y las dudas que se crean en este momento”.

Todos estos asuntos  se supone que se aclaren en el pleito que se sigue ante la sala de la jueza Swain, que atiende la quiebra de Puerto Rico por el Título III de la Ley PROMESA.

El otro tema que conlleva la decisión del TA es si la JCF tiene que someter un nuevo PAD que afecte sustancialmente los derechos de los otros acreedores. Por ejemplo, que le tenga que quitar a los acreedores no asegurados dinero para poder pagar a los bonistas habría que empezar en cero otra vez, volver  a radicar un plan, un escrito de divulgación aprobado, hay que solicitar los votos, hay que entrar en descubrimiento de prueba, y al juicio otra vez.

Se supone que los bonos de la AEE en disputa están vencidos, pero en el momento en que la jueza resolvió que los bonos están asegurados únicamente con el dinero depositado en las cuentas  que sumaban $20 millones y que lo demás era no asegurado, al TA resolver que todo es asegurado, en realidad lo que un deudor tiene que pagar es el monto del valor de la garantía; es decir, hay que pagar lo que vale la garantía, y eso es lo que no se sabe.

Ese valor, expone el experto en casos de quiebra, se tiene que volver a estimar y eso lo hará la jueza después de escuchar todas las partes, para lo que se tendría que hacer o un procedimiento adversativo o un procedimiento interno dentro del caso de la aprobación del PAD. Habría hay que ver, cuando la JCF  termine su evaluación y los bonistas terminen su análisis, cuál es el próximo paso que ellos van a tomar y esperar a que las partes empiecen a someter sus mociones y tomen posturas.

Añadió que presume  que los bonistas que están celebrando la decisión radicarán una moción al tribunal y van a decir que ese plan no se puede confirmar porque ellos tienen un bono asegurado que hay que pagarlo por completo. Esa es la postura de los bonistas que llevaron el pleito, que son los no asegurados. Por su parte, la JCF dice que lo que hay que pagar es hasta el monto de la garantía. “Eso es bien importante, es como un mantra: el deudor paga hasta la cantidad del valor de la  garantía. Si no sabemos cuál es el valor de la garantía no se puede pagar hasta que no se determine. Eso lo tiene que determinar la jueza”, reiteró.

Al planteamiento de si la decisión del Apelativo era una anticipable  o es una enmarcada en el pensamiento político de lo que son los intereses capitalistas en esa corte, Emmanuelli Jiménez, confirmó nuestra apreciación.

“Has dado en el clavo. La decisión no me sorprende porque lo que hizo fue preservar la garantía de los bonistas para preservar la estabilidad del mercado de bonos de los Estados Unidos”.  Al respecto, recordó que 13 estados radicaron un amicus curiae argumentando que si la decisión de la jueza se confirmaba se iba a encarecer el crédito en todos los estados, municipalidades y corporaciones públicas americanas, y el Apelativo resolvió conforme a eso.

“Al decir que son bonos asegurados, validó la postura de que eso no se puede tocar, no importa lo que implique para Puerto Rico. Le dijo a la jueza resuelve tú, nosotros no vamos a decir; pero el resultado neto es una protección absoluta del mercado de bonos municipales porque ese amicus curiae estableció que el Trust Agreement de la AEE no era un documento exclusivo para Puerto Rico, que es muy común y nuevo. Se van a ver en Nueva York que los bonistas arriman la sardina a su braza.  En resumen, el potencial de que esto sea terrible para Puerto Rio está ahí en términos de cuánto la jueza diga que hay que pagar, pero en este momento todo es especulación”.