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Desde la comisionada residente hasta el gobernador, múltiples figuras reaccionaron a la avería de la semana pasada.

 El pasado 13 de junio, más de 340,000 abonados de LUMA quedaron sin servicio eléctrico en partes del área metropolitana y la zona sur porque, según el director de la empresa encargada de la transmisión y distribución energética del país, la vegetación aledaña al cableado averió una de las líneas. La situación, además de implicar una retahíla de estragos, provocó la respuesta del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

Como reacción inicial, el primer ejecutivo enumeró, por escrito, algunas medidas y órdenes que se han tramitado para agilizar la recuperación del sistema eléctrico. No obstante, el propio comunicado de La Fortaleza admitió que “a pesar de las gestiones llevadas a cabo, incluyendo la declaración de emergencia, nuestro sistema eléctrico aún sufre de inestabilidad, que ha causado que miles de hogares y comercios en Puerto Rico carezcan de los servicios esenciales de electricidad y agua potable”.

Por lo tanto, el gobernador activó a la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) para que, en algún “incidente mayor”, asista en las tareas de coordinación, logística, transportación, movimiento de piezas y equipos, “así como cualquier otro servicio que determine la secretaría de la Gobernación” para LUMA, Genera, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Del mismo modo, esta orden ejecutiva permitirá que el ayudante general de la GNPR, Miguel Méndez, incurra en “gastos razonables” relacionados con la activación de tropas y equipo. Esta instrucción cuenta con el aval del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

“Desde el principio de este cuatrienio, esta administración realizó una declaración de emergencia en toda la infraestructura crítica, incluyendo la relacionada directa o indirectamente con el sistema eléctrico”, sostuvo el comunicado de La Fortaleza. Como parte de las órdenes pasadas, el mandatario también agilizó el proceso de permisos que LUMA debe pasar para trabajar en la calle.

De acuerdo con el doctor Agustín Irizarry Rivera, catedrático en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y experto en sistemas eléctricos, esta decisión ejecutiva es “para las gradas” por la impericia que tiene la GNPR al momento de trabajar con el sistema eléctrico.

“La Guardia Nacional no está entrenada para trabajar con el sistema eléctrico. Puede transportar equipo, rescatar gente en medio de inundaciones. Ese tipo de respuesta. ¿Darle mantenimiento a las líneas y las subestaciones del sistema eléctrico, que es lo que tiene que hacer LUMA? La Guardia Nacional no tiene que ver con eso. LUMA tiene que hacer el trabajo por el que se le paga”, aseveró el ingeniero eléctrico.

Por otro lado, el catedrático aseguró que ni la otrora Autoridad de Fuentes Fluviales ni la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) enfrentaron complicaciones con los procesos de permisos. Irizarry mencionó que en cada subestación de la red energética hay un promedio de dos a cuatro transformadores, cuyos procesos de instalación nunca fueron impedimento para las pasadas agencias encargadas.

“Energía Eléctrica movía transformadores más grandes que estos de forma rutinaria, y eso se hacía sin que el país se enterara. Los movimientos siempre se hacían por carretera. Los permisos nunca han sido un problema para mover un transformador en Puerto Rico. Quien único no sabe mover un transformador en Puerto Rico es LUMA, que ahora averiguó que tiene que sacar permisos”, expresó en entrevista telefónica con CLARIDAD.

En esa línea, el catedrático del RUM reseñó que esta administración ha creado una “narrativa” en contra de los empleados públicos de la AEE de que “había que privatizar la agencia para resolver el problema”. Energía Eléctrica, afirmó Irizarry Rivera, operaba dentro de un marco partidista, pero en el que “cada empleado sabía lo que tenía que hacer”, algo que LUMA no ha logrado a tres años de que entrara en vigor su contrato.

“El contrato de LUMA es malísimo. No ha sido capaz de mostrar un desempeño ni siquiera razonable para una empresa que, cuando se trajo, dijo que iba a traer un servicio de ‘calibre mundial’. Eso no lo hemos visto aquí en Puerto Rico”, recalcó el también exrepresentante ciudadano en la Junta de Gobierno de la AEE. De igual forma recordó cuando, ni a veinticuatro horas de que LUMA comenzara operaciones en el país, se registró una avería que afectó a 800,000 abonados.

Por su parte, la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, publicó un breve vídeo en sus redes sociales durante la avería. Entre sus reclamos, la también comisionada residente mencionó que, de declararse un estado de emergencia local, sería más fácil solicitar ayudas de emergencia a nivel federal.

González Colón recomendó que “eliminen toda la burocracia para la obtención de permisos” en los procesos de reparación y mejoras al sistema eléctrico. También, la comisionada residente en Washington D.C. responsabilizó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) por el desembolso tardío de fondos designados para, precisamente, la recuperación energética del país.

“Estoy cursando comunicación a FEMA, al Departamento de Energía Federal y a las agencias federales para que se haga de manera expedita, ante la situación de emergencia y de seguridad nacional que representa que Puerto Rico no tenga luz en sus aeropuertos, ni en sus puertos, hospitales y represas inoperantes”, denunció González Colón. Además, hizo mención de las más de 17 visitas de la secretaria de Energía, Jenniffer Granholm, para atender el sistema energético del archipiélago.

Para el doctor Irizarry Rivera, la única forma de mejorar la situación del consorcio privado es fiscalizando a través del Negociado de Energía, según establece el contrato de 2021.

“Cuando el Negociado de Energía decida, realmente, fiscalizar a LUMA, en cuanto AAFAF decida ejecutar su parte del contrato, que recibió la bendición de la Junta de Control Fiscal, entonces de podrá reclamar a LUMA. Fuera de eso, LUMA no le hace caso a nadie”, detalló el ingeniero eléctrico.

Mientras, el grupo multisectorial Queremos Sol coincidió con Irizarry Pabón en que el avance en los procesos de permisología no representa un mejoramiento en los trabajos que se realizan. De hecho, el comunicado oficial de la organización arguyó que esta determinación “solo beneficia al cartel del gas que obstaculiza que Puerto Rico cuente con un sistema basado en energía renovable distribuida”.

“El miércoles, nuestra población pasó horas a oscuras sin eventos de lluvia o vientos, en medio de una ola de calor extremo. Decir que ambas empresas están preparadas para enfrentar la temporada de huracanes es condenar a la gente a meses de miedo y a un potencial desastre mayor”, concluyó el reclamo de Queremos Sol.

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ccotto@claridadpuertorico.com

Para iniciar una verdadera transición hacia la energía renovable, el Gobierno de Puerto Rico debe de empezar por cancelar el contrato con Genera PR. Esa es la primera recomendación contenida en el más reciente análisis del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, siglas en inglés), respecto a la situación del servicio de energía eléctrica en Puerto Rico.

En el estudio  La Junta de Supervisión Fiscal y el operador de las plantas de energía amenazan la transformación de las energías renovables, de la firma del director de IEEFA, Tom Sanzillo, expone  que pese a que la política pública es hacia la transición, el objetivo manifiesto y la operación de Genera PR es hacia la gasificación del país mientras la Junta de Control Fiscal (JCF) toma medidas que impiden la expansión de las energías renovables.

El atraso en la transición al uso de energías renovables, plantea IEEFA, ocurre aun cuando existe consenso entre las partes interesadas con respecto a la necesidad de llevar a cabo la transición hacia el uso de energías renovables, para lo cual se aprobó la Ley 17-2019 de política pública para adoptar el uso de energías renovables. Se tiene el estudio PR10, emitido por el Departamento de Energía de  Estados Unidos (DOE, siglas en inglés), que evidencia que técnicamente es factible que Puerto Rico pueda moverse hacia un 100 % de energías renovables para el año 2050 y que en el 2020 el NEPR le aprobó a la AEE un plan a largo plazo para nuevas instalaciones de energía a gran escala.

El avance hacia la energía solar se ha visto socavado, indica el informe de IEEFA, por un modelo de negocio que compromete el interés público, en referencia a Genera PR. Expone que la privatizadora   ha promovido continuamente la generación a través de gas natural, con algunos proyectos que antes fueron derrotados, como las propuestas para los gasoductos y el puerto de gas en alta mar en Aguirre, mientras que otros han progresado. Trae a la atención que recientemente se ha divulgado que la AEE utilizó fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para la adquisición de generadores temporales de gas con capacidad de 350 megawatts (MW) a la compañía de gas natural New Fortress Energy (NFE). Aunque se supone que estos generadores estén en uso hasta el cierre del año 2025, IEEFA advierte que no conoce motivo legal alguno por el que dicho periodo no pudiera extenderse.

Expone que Genera, la cual es una subsidiaria de NFE y tiene un contrato con vigencia de 10 años para operar las plantas de generación eléctrica, ha hecho presión para que más plantas se conviertan a gas natural en beneficio de su empresa matriz. Al respecto, mencionó las expresiones  de Brannen McElmurray, el CEO de Genera, que en el pasado mes de mayo le dijo a sus inversionistas “esperamos… sencillamente que la isla esté energizada usando gas natural, complementado por energía solar y baterías, y ese va a ser el futuro para Puerto Rico”. Tampoco dejó pasar por alto que el gobernador Pierluisi apoyó estas  expresiones.

“Este conflicto de interés entre el operador de las plantas de generación eléctrica de PREPA y la política pública energética de la isla representa una de las más claras amenazas al crecimiento del uso de la energía solar en Puerto Rico”, expresa el director de IEEFA.

En lo que respecta a la JCF, Sanzillo describe como contradictoria su política de, por un lado, hablar de la importancia de las energías renovables, y por el otro, querer adoptar medidas para reducir la compensación por “medición neta”, la cual es una herramienta de importancia fundamental que ha promovido la adopción generalizada de las placas solares en los techos. Repara en que la JCF mantiene su amenaza de acudir al tribunal si la Legislatura y el Gobernador no derogan la ley.

El avance de sistemas solares a costa del bolsillo de los consumidores

 Mientras, durante los últimos siete años se han instalado más de 107, 000 sistemas de energía solar en  hogares y negocios, con  baterías de respaldo, en gran medida, sin recibir algún beneficio a través de subsidios directos. El  costo inicial promedio de un sistema solar instalado en el techo en Puerto Rico, es de aproximadamente $28,500 si se paga en efectivo.

IEEFA compara que el ingreso medio del hogar en Puerto Rico en 2022 fue de $24,000, con un tamaño promedio del hogar de 2.65 personas. De acuerdo con un análisis llevado a cabo por la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, siglas en inglés) compartido con el IEEFA, más del 71 % de los sistemas de energía solar se habían instalado en hogares con un ingreso mayor del 80 % a la media  a diciembre de 2022. Esto implica que solo un 0.1 % de los sistemas  instalados son en hogares con ingresos menores al 30 % de la media según lo define el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD).

Ello deja el estimado de que el 95 % de los aproximados 117,000 sistemas de energía solar en los techos instalados hasta la fecha en Puerto Rico se completaron sin recibir ayuda federal.

Eso quiere decir, a su vez, que hasta el presente los fondos federales han facilitado la instalación de casi 5,000 sistemas solares residenciales. Sanzillo plantea que si todos los programas con fondos federales alcanzaran sus objetivos, podrían facilitar la instalación de casi 120,000 sistemas. Reconoce que esta  cifra es una estimada, poco específica y  probablemente muy optimista, dado la considerable  lenta puesta en marcha de los programas Nueva Energía e Incentivo Solar del Departamento de Vivienda de Puerto Rico y la falta de seguimiento a la fecha para los programas del DOE y de la Agencia Federal de Protección Ambiental  (EPA). Entre todos los fondos federales destinados para la instalación de sistemas en techo suman alrededor de $2 billones y $1 billón de dólares de una asignación del Congreso específicamente para energía solar en comunidades vulnerables en Puerto Rico.

El estudio de IEEFA también objeta el que se utilicen terrenos agrícolas para la instalación de fincas solares.

Recomendaciones

A la luz de su análisis, IEEFA presenta una serie de recomendaciones comenzando por que se cancele el contrato con Genera para la operación de sus plantas de generación de energía eléctrica. Segundo, que la JCF permita la vigencia de la ley de la medición neta hasta el año 2030.

Tercero, que la JCF tenga en cuenta varios pronósticos a futuro para el crecimiento de la instalación de placas solares en los techos en su próximo plan fiscal, a fin de analizar y planificar las implicaciones presupuestarias de las distintas trayectorias de ese incremento.

En cuanto al papel de LUMA, que opera la red de transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico, el NEPR indica que deberían publicar información actualizada sobre la capacidad de alojamiento del sistema de distribución y priorizar el incremento de dicha capacidad donde sea necesario, idealmente utilizando los fondos federales que estén disponibles y no traspasar sus costos a los consumidores.

Por parte del DOE, este debe enfocar sus programas futuros en la instalación de placas solares en los techos para los hogares más vulnerables y apoyar sistemas más pequeños y estandarizados para promover un mayor rendimiento de los fondos federales.