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Marcha por un mejor País

Por
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CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El repudio a la Junta de Control Fiscal (JCF), la defensa de la educación pública, de la Universidad de Puerto Rico (UPR), por un sistema de retiro digno, la lucha de Vieques, contra los desplazamientos, trabajadores del sector público y privado, no faltó causa ni sector presente en la conmemoración de este 1 de mayo Día Internacional de las y los Trabajadores. Como se había anticipado, sindicatos y otras organizaciones que participaron de la manifestación salieron de tres puntos diferentes para coincidir frente al edificio que alberga las oficinas de la JCF, en la llamada Milla de Oro, en Hato Rey.

Una de las marchas, la más nutrida, salió del frente de los portones del primer recinto la UPR, en Río Piedras. Allí se congregó, la comunidad universitaria, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEED) la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y estudiantes. Antes de salir los universitarios marcharon dentro del recinto exhortando a sus colegas y compañeros a unirse a la manifestación. Tres de las organizaciones del magisterio del sistema público, Educamos, UNETE y la Federación de Maestros (FMPR) también participaron de este junte, al igual que el Contingente Pedro Grant Chacón, que hace memoria a este líder sindical ya fallecido, miembros de la Central General de Trabajadores, que agrupa en el sector privado y miembros de los partidos políticos, Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH). Precedidos por una pancarta que leía, La clase trabajadora por un mejor país, los manifestantes iniciaron su marcha un poco después de las 10 de la mañana, para recorrer el trayecto de la Ponce de León, tomar la Muñoz Rivera para coincidir frente al Departamento del Trabajo con los manifestantes que componían la Coalición 1er de mayo.

En la coalición, hubo organizaciones diversas desde culturales, ambientales, la Colectiva Feminista en Construcción, la Jornada se acabaron las Promesas, la UTIER (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego), la Alianza Energética, el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) y organizaciones sindicales. Una vez coincidieron ambas marchas, la que salió de la UPR prosiguió por la Muñoz Rivera hasta llegar frente al edificio donde están las oficinas de la JCF, mientras la coalición prosiguió por la avenida Ponce de León hasta llegar a la esquina donde converge con la avenida Roosevelt, frente al edificio de Lyberti. Fue aquí donde fueron arrestados Jocelyn Velázquez, portavoz de Se Acabaron las Promesas, Josue Mitjá Gonzalez, presidente de la UTIER y la líder magisterial Eva Ayala. Según la Policía los manifestantes fueron arrestados por rebasar una valla. La intención de los manifestantes era continuar por la Ponce de Leon para bajar hacia la Muñoz Rivera y llegar al lugar de concentración. Este fue el único incidente de enfrentamiento con la Policía.

Huelga decir que la Policía exhibió en toda la cuadra que alberga la llamada Milla de Oro entre las dos avenidas un despliegue de cientos de efectivos de la Fuerza de Choque, esos eran los visibles a simple vista sin contar los no visibles y la policía privada en los diversos edificios. Tal parece que el Estado esperaba un enfrentamiento armado.

En tanto un tercer grupo de trabajadores del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) marchó desde el frente de la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanaos (OATRH), también en hato Rey.

Llegados todos(as) frente a la JCF en una pequeña tarima bajo la conducción como maestros de ceremonia, los artistas Anamín Santiago y Enrique Romero, se dio paso a los mensajes. Entre ellos como uno de las demandas principales, la presidenta de la APPU, María del Mar Rosa Rodríguez, quien denunció que la UPR tiene a los empleados públicos peor pagados del país, docentes que ganan $16 mil anuales, una gerencia universitaria demasiado débil vinculada a vaivenes políticos que no les representan y que no levantan su voz en referencia a las medidas impuestas por la JCF en la UPR. El mensaje sobre la situación universitaria fue compartido con el estudiante Melvin Carballo, en representación del estudiantado.

“Desde la llegada de la JCF el sector universitario ha alzado su voz de alerta y de desconfianza ante los que no responden en nada ni al país, ni a la UPR. Desde la huelga del 2017 los estudiantes fueron lo que alertaron lo que significa Promesa para la UPR y el país”.

En esa línea recordó que los estudiantes fueron los primeros en tener una audiencia con los miembros de la JCF. Caraballo repasó el recorte al presupuesto de la UPR impuesto por la JCF, el aumento en la matricula, así como la reducción en las exenciones de matricula, de 16 que había, se redujeron a tres, como consecuencias de estas medidas, entre otras hoy hay mas de 18 mil estudiantes menos en el sistema. El joven estudiante exhortó a “vamos a retomar la calle, vamos a retomar a la UPR , la UPR no se vende, la UPR se defiende”.

El tema de la educación prosiguió con la presidenta de la FMPR, Mercedes Martínez, y la presidenta de UNETE, Liza Fournier. Ambas dirigieron su mensaje también en que se respete la autonomía del primer centro docente del país,que se le devuelva l su presupuesto de 9.65% del Fondo General, y una verdadera reforma laboral. En cuanto al magisterio del Departamento de Educación exigieron la derogación de la ley 85, la que dijeron mal llamada reforma educativa, que se detenga el desmantelamiento de las comunidades escolares, que se reabran las escuelas cerradas y la reducción de estudiantes por grupo. “El frente magisterial decimos al gobierno colonial, a la JCF, los queremos fuera no descansaremos hasta lograrlo si no nos dejan soñar no los dejaremos dormir”, citó Fournier a Eduardo Galeano.

En tanto Ronald Vázquez, del Capítulo de Jubilados de la UTIER en sustitución del presidente de la UTIER (quien ya había sido arrestado) y en representación de la Alianza Energética responsabilizo al gobierno por cualquier cosa que les pasara a los arrestados. En su mensaje la UTIER repasó los acontecimientos que dieron origen a la conmemoración del 1ro. de mayo para culminar con una descripción de la situación de los y las trabajadoras presentes.

“Aquí en Puerto Rico cada vez es mas agresivo el embate patronal contra los derechos adquiridos. Durante las últimas décadas se ha intentado eliminar conquistas obtenidas, a nombre de la mal llamada austeridad se pretende continuar con su agenda de explotación y ahora en nombre de la quiebra, principal consecuencia de la corrupción rampante de los dos partidos nos han impuesto la JCF, un embeleco colonial que llegó a Puerto Rico a vaciar nuestros bolsillos a nombre de una llamada quiebra económica de la que el pueblo no es responsable”.

Por su parte llsia Guadalupe, maestra de Vieques, en representación de la Isla Nena y en ocasión de cumplirse este 1ro. de mayo 20 años de la expulsión de la Marina de Guerra de EE UU de la isla hizo referencia a que “la lucha de la clase trabajadora es responsable de mantener este país vivo, es responsable de tantos logros sindicales y de justicia social en este país y Vieques no fue la excepción”. No obstante subrayó que “20 años mas tarde nos quedan batallas por luchar hoy nos enfrentamos a otro gigante la gentrificación allá en nuestro pedacito de tierra nos empujan a diario a que lo viquenses tengamos que salir. Cómo lo hacen, lo hacen dejando a nuestra gente sin transporte marítimo digno, sin cuerpo policíaco competente, sin un servicio de salud donde podamos ir a buscar ayuda de emergencia”.

La joven denunció el desplazamiento de los viequenses por la compra de tierra de extranjeros. “Es el propio gobierno que hoy le abre las puertas a esos extranjeros para que se queden con nuestra tierra, decimos que tenemos que repetir esa lucha de Vieques, es una obligación con nuestros hijos y nuestros nietas tenemos la obligación como boricuas asegurar que Puerto Rico es para los puertorriqueños. Vieques es reflejo de lo que pasa en el resto del país”.

Para concluir el mensaje de la Coalición del 1ro. de mayo fue leído por Ricardo Santos Ortiz, a nombre del MST. El mensaje de la coalición abarcó el repudio a la JCF, las luchas sociales, ambientales y la situación colonial de Puerto Rico.

“Las medidas tomadas desde el gobierno y la Junta por ese sector de privilegiados, han convertido nuestro archipiélago en un lugar cada vez más inhóspito, causando el continuo desplazamiento de comunidades enteras y de sectores importantes de la población. Pareciera que se busca lograr la meta de un Puerto Rico sin puertorriqueños. De ahí que en la década más reciente, cerca de un millón de puertorriqueños/as haya salido del país”, denunció.

Entre otras expresiones la Coalición reparó: “Le recordamos a la Junta Dictatorial y a sus cómplices del gobierno que ya se cumplen 20 años de la salida de la Marina de Guerra de EU de la isla de Vieques. Salida que fue el resultado de la unidad del pueblo, que mostró su capacidad de movilización en el ejercicio del derecho a la autodefensa y que de esa misma manera, podemos organizar las fuerzas del pueblo para expulsar a la JCF, así como para construir la sociedad justa, digna y solidaria que necesitamos y a la que aspiramos”.

Finalizados los mensajes poco a poco los asistentes comenzaron a retirarse, la mayoría tomó el tren, otros continuaron caminando y otros se dirigieron en auto hasta el cuartel de la Policía de la calle Hoare, a donde fueron llevados los arrestados.

Se concentran en Minillas

Una segunda manifestación se dio en el Centro Gubernamental Minillas en Santurce. Aquí empleados de las corporaciones públicas, la Autoridad de Carreteras (AC), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Corporación del Fondo Seguro del Estado (CFS) la Corporación de Fomento Industrial (PRIDCO) y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y de la AEE, con sus respectivos sindicatos tomaron la plazoleta del centro y marcharon deteniendo el tránsito en el Túnel Minillas.

 

La corrupción como sustrato estructural de los partidos políticos coloniales

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Especial para CLARIDAD

En días recientes tomé conocimiento y pude ver el video del discurso que pronunció el 13 de junio de 2017 la entonces congresista española Irene Montero en el debate de la Moción de Censura al presidente Mariano Rajoy. El partido Unidos Podemos le imputaba Rajoy alta incompetencia y directa participación en múltiples actos de corrupción en la gestión pública. En el discurso de más de dos horas, Irene Montero, quien actualmente se desempeña como Ministra de La Igualdad en el gobierno español, le recriminaba a Rajoy y a su Partido Popular que “Ustedes han convertido la corrupción en una forma de gobierno”. Indicaba Montero que, contrario a la argumentación como defensa que se hace cuando se imputa a un funcionario electo o designado que la falta responde a un problema moral del individuo imputado, es decir, el concepto de “la manzana podrida”, la corrupción es más bien un problema estructural de los partidos y que se entroniza en lo que ella llamó “Una Trama Corrupta”. Planteaba a Rajoy y a su Partido Popular que “Ustedes han convertido la corrupción en una forma de gobierno” y “nos han hecho llegar a una situación de emergencia democrática, han parasitado las instituciones”. Ese valioso discurso, que recomiendo vean y analicen (buscar el discurso de Irene Montero en YouTube), contiene planteamientos sustantivos que aplican y describen la realidad de la gestión gubernamental y el comportamiento corrupto de los partidos coloniales de nuestro País.

Llevamos décadas escuchando denuncias y acusaciones continuas de esquemas corruptos de financiación ilegal de las campañas electorales de los partidos políticos coloniales (PNP y PPD) y de acusaciones y convicciones de funcionarios electos o designados de esos partidos por malversación o apropiación de fondos públicos, por recibir sobornos para favorecer con contratos a individuos y corporaciones privadas siempre vinculadas a los gobiernos de turno, tanto a nivel nacional como a nivel municipal, así como sobornos para favorecer la expedita autorización ilegal o improcedente de proyectos públicos y privados que resultan en  perjuicio del interés y la seguridad pública. Y tal como se denunciaba en España, la proyección pública que hacen los representantes de los partidos políticos a través de los medios de comunicación es que se trata de problemas de descomposición moral de los individuos imputados. Ciertamente todas estas actuaciones son producto de una trama estructuralmente corrupta por individuos y corporaciones parásitas que controlan a estos partidos coloniales que genera y sostiene la ineficiencia gubernamental, la crisis fiscal, social y ambiental que empobrece nuestro País y, casi por diseño, perpetuando el régimen y el sistema colonial que nos abruma.

Según comunicaba la hoy ministra Montero, la “trama corrupta” del Partido Popular español era una cuestión estructural pues, para poder llevar a cabo la diversidad de actos corruptos, se necesita que estén presentes y a la vez articulados varios factores operacionales. Primero, de una red de individuos y corporaciones que se relacionan con el gobierno, es decir, que le dan servicios a, o realizan proyectos de construcción o acciones sociales financiadas por el Estado (recuérdese el grupo que se denominaba “Empresarios con Rosselló”). Segundo, esa red de individuos que aportan financieramente a las campañas eleccionarias, al igual que los directivos y funcionarios dentro de los partidos, están vinculados por relaciones consanguíneas, por amistad, por relaciones de experiencias de formación académica y profesional o por vinculaciones ideológicas y militancias en los cuadros directivos de los partidos políticos. Tercero, los funcionarios y directivos de los partidos así como los individuos y corporaciones que invierten en el financiamiento de los procesos electorales mantienen relaciones interpersonales y corporativas con empresas que realizan funciones de relaciones públicas y de comunicaciones en apoyo a los candidatos, o para promover su imagen y gestión pública, o para mitigar los daños de percepción de reputación cuando se le imputa negligencia o ineficiencia en el cumplimiento del deber gubernamental (recuérdese las imputaciones al convicto Sixto George). Cuarto, el gobernador electo y los presidentes de las cámaras legislativas son responsables de designar y confirmar funcionarios ejecutivos a cargo de Departamentos, Agencias, Corporaciones Públicas que a su vez están alineados ideológicamente y con la fortaleza o debilidad de moral pública de quienes lo designan y lo confirman. Estos funcionarios ejecutivos designados, una vez confirmados, organizan sus respectivas instituciones colocando en puestos claves a personas que también estén alineados con la visión ideológica del gobernante electo resultando de especial prioridad y cuidado la selección de Secretarios Auxiliares, Directores de Oficina, como las de Compras, Finanzas, Recursos Humanos y Asesoría Legal, todos los cuales inciden en la toma de decisiones en la contratación de proyectos de construcción y de adquisición de bienes y servicios. Quinto, el gobernador electo y los presidentes de los cuerpos legislativos inciden en el nombramiento de funcionarios claves de dirección de entes reguladores de la gestión pública (Jueces, Fiscales, Contralor, Ética Gubernamental, Fiscal Especial Independiente, Procuradurías, entre otras). Ordinariamente estos funcionarios con responsabilidad reguladora tienen que estar alineados ideológicamente con la estructura del partido electo para gobernar los asuntos públicos y, ordinariamente exhiben la fortalezas o debilidades del carácter moral del gobernador electo.

En síntesis, este entramado de actores, esta red de interventores del servicio e interés público está directamente sensible a las intervenciones y caprichos vinculados a los intereses particulares de lucro de los individuos y corporaciones donantes de las campañas políticas de los partidos coloniales y, en particular, de los comités de recaudación y financiación de los procesos electorales. Este grupo de interventores del proceso electoral ordinariamente están estrechamente relacionados con individuos que se desempeñan como directores de campaña de elección de los gobernantes, individuos que luego, de resultar electo, incidirán en el poder decisional para el nombramiento de funcionarios ejecutivos designados, para acceder a contratos monetariamente cuantiosos o para conseguir permisos y autorizaciones para proyectos de construcción o mal llamados proyectos de ‘desarrollo’ de uso de terrenos. En algunas instancias estos influyentes externos inciden en los procesos electorales para, eventualmente, conseguir dispensas en la responsabilidad del pago de contribuciones sobre ingresos o ganancias de sus negocios o empresas, para dispensar o reducir deudas fiscales con el estado o para conseguir privilegios de exenciones contributivas o de requisitos procesales en los trámites de permisos. En toda esta tramoya de intervención y corrupción en los procesos de gestión pública resaltan nombres de individuos que en los últimos años han ocupado la atención del escrutinio público: Anaudi Hernández, Elías Sánchez, Oscar Santamaría y otros que en sus intervenciones fraudulentas o inmorales han propiciado la acusación y convicción de numerosos alcaldes, algunos funcionarios electos y otros tantos designados.

Reflexionando con el tema que nos ocupa en este artículo, repasé el libro que publicó Antonio Quiñones Calderón en el 2014 con el título “Corrupción e Impunidad en Puerto Rico”. En ese libro Calderón reseña una cantidad abrumadora de situaciones de corrupción que han estremecido la opinión pública de forma dramática. Veamos algunos:

  • “Entre 1986 y 1996, el 40 por ciento de los legisladores puertorriqueños cometió faltas e incurrió en irregularidades en sus planillas de contribución sobre ingreso, incluyendo su radicación hasta tres años de tardanza” (énfasis suplido)
  • “Durante los años de 1993 a 2000, la corrupción gubernamental– extorsiones, malversaciones y despilfarro en proyectos de gobierno- le costó al Pueblo de Puerto Rico la cantidad de $3,339 millones, es decir, más de $417 millones por año.”
  • Relativo a la administración pública, “el historial más abundante de corrupción… corresponde a las dos administraciones del gobernador Pedro Rosselló (1993-2000). Durante el período fueron convictos 25 funcionarios de su administración…”. “Las figuras de prominencia acusadas y convictas por corrupción durante los dos cuatrienios del gobernador Rosselló incluyeron: un secretario de gabinete, cinco jefes y un subjefe de agencia, dos ex secretarios de la gobernación, una ayudante ejecutiva de La Fortaleza, nueve legisladores y tres alcaldes novoprogresistas y 3 políticos directamente relacionados con las campañas del gobernador.”
  • “Ese mismo año (2005) el entonces fiscal federal en Puerto Rico, H. S. Bert García, advirtió que la isla se estaba ganando la “reputación” de ser la jurisdicción estadounidense número uno del lavado de dinero …”
  • “Las 130 convicciones por corrupción gubernamental registradas en Puerto Rico en 2011 marcaron el total más alto en ese renglón en un distrito de la fiscalía federal de todo Estados Unidos durante cualquier año de la década anterior.”
  • “Cerca de 2,750 servidores públicos en todos los escalafones del organigrama gubernamental han sido acusados y/o convictos por actos de corrupción desde la década de los 1990 a los 2000, …”
  • El 7 de octubre (de 2010), “fueron arrestados por las autoridades federales 61 policías estatales, 16 municipales …, 12 oficiales de Corrección, tres miembros de la Guardia Nacional, dos oficiales del Ejército de los Estados Unidos, siete ex policías y 32 civiles (133 en total). Se les acusaba de participar en 125 transacciones de drogas grabadas en audio y video en las que se veían a 89 oficiales de ley y orden ofreciendo seguridad con sus armas de reglamento en compras y ventas de 5 kilos de cocaína. También de asesinatos y enterramiento de los cadáveres en cal y venta de escopetas a sicarios del bajo mundo.”

En años más recientes han proliferado las intervenciones del departamento de justicia federal a funcionarios electos, tanto legislativos como ejecutivos municipales. Al momento que escribimos estas notas está pendiente la adjudicación en el tribunal federal las imputaciones de serios delitos que involucran soborno de la ex gobernadora Wanda Vázquez Garced, un ejecutivo de un banco internacional en Puerto Rico y un ex agente del FBI. La acusación alude a intervenciones relacionadas con la financiación de la campaña electoral plebiscitaria que en el año 2020 llevó a cabo el PNP para la candidatura a la gobernación. En otro caso separado se acusó y admitió culpabilidad un amigo muy cercano al gobernador Pierluisi por prácticas ilegales para la financiación de su campaña electoral del año 2020. Y muy recientemente, dos familiares del gobernador de apellido Pierluisi se declararon culpables de delitos de desfalco de fondos públicos asignados para la administración de complejos de vivienda pública. Estos casos se añaden a las convicciones recientes de los alcaldes de Cataño, Humacao, Trujillo Alto, Aguas Buenas, Guayama y Guaynabo. Se especula que están en proceso investigaciones que pueden culminar en otras convicciones de alcaldes y funcionarios electos de ambos partidos coloniales. Resalta la atención y la inconformidad del País el hecho de que prácticamente todas las intervenciones judiciales relacionadas a la corrupción gubernamental las lleva a cabo las instituciones de investigación, procesamiento y condena del gobierno federal de los EE.UU.. Poca o ninguna resultan de iniciativas de procesos de investigación y acusación del instrumental policial-jurídico de Puerto Rico, entiéndase policía, fiscalía y tribunales. ¿Será que la inacción criolla responde a que “el cabro está cuidando las lechugas” y no se va a comprometer con cumplir con su deber ministerial?

Es posible relacionar la alta incidencia de corrupción de funcionarios públicos a la abundancia relativa de fondos disponibles para inversión en infraestructura pública y en otros servicios del gobierno. En el pasado reciente, en especial durante la administración del gobernador Pedro Rosselló, esa abundancia relativa resultaba de la emisión de deuda pública mediante bonos que accedían las corporaciones públicas en el mercado financiero de los EE.UU.. La práctica de tomar dinero prestado mediante emisiones de deuda para invertir en infraestructura la continuaron los gobernadores Calderón, Acevedo Vilá hasta Fortuño. Esa monumental deuda pública es en parte responsable de la quiebra fiscal del gobierno que eventualmente justificó la aprobación de la ley PROMESA y la instalación, desde el 2016, de Junta de Control Fiscal. Se podría argumentar que la crisis fiscal del País y la espuria intervención colonial que supone PROMESA es en parte atribuible a la estructura de corrupción e ineficiencia de los partidos coloniales que han administrado durante décadas el patrimonio y la riqueza del Pueblo de Puerto Rico. A partir del 2017, con el impacto de los huracanes Irma y María y los terremotos del 2020, se han asignado decenas de miles de millones de dólares para la reconstrucción de todos los componentes de infraestructura averiados o destruidos, para proyectos de control de inundaciones que, en principio, no hacen falta y para el desarrollo del sistema eléctrico a base de energía renovable y de proyectos para incrementar la oferta de agua potable. Esa cuantiosa suma de dinero está siendo administrada y manejada por una estructura de gobierno influenciada directamente por la red de interventores en decisiones gubernamentales producto de la visión de corrupción que arriba hemos descrito. Así planteado, existen las condiciones objetivas para que seamos testigos de nuevas imputaciones de malversación de fondos o de apropiación ilegal de los mismos pues hay mucho dinero accesible a individuos y corporaciones que no tienen como prioridad el servicio e interés público, sino que están organizados por un espíritu de avaricia casi patológica para intervenir y apropiarse del buen uso de ese dinero, si se orienta a las necesidades prioritaria del País.

En los próximos días se celebra un proceso de primarias internas de uno de los partidos coloniales para seleccionar la persona que presidirá esa organización la cual predeciblemente aspirará a competir como candidato a la gobernación de Puerto Rico en el proceso electoral del 2024. Hasta donde he escuchado y leído, las personas compitiendo en ese proceso no se les ha cuestionado sobre su entendimiento y propuesta para prevenir o combatir la corrupción gubernamental. El issue tampoco es un asunto que se comunique desde el interior de los partidos coloniales. Así las cosas, en el año 2024 estaremos inmersos en proceso electoral donde dos partidos coloniales primarios compiten para que los electores validen su propuesta de gestión gubernamental sumida y controlada por la perversa red de corrupción que, como un cáncer, debilita y compromete la viabilidad existencial de Puerto Rico como una sociedad viable que entiende y es capaz de resolver las amenazas y los profundos problemas sociales, económicos y ambientales presentes y proyectados a futuro. Esto convencido que los partidos coloniales intervenidos por la corrupción son parte del problema y no pueden promoverse como instrumentos de solución a la gravedad existencial que abruma al País. La corrupción no es un problema de “manzanas podridas”, es un problema estructural del sistema político colonial que regenta a Puerto Rico. Tengo la esperanza de que la articulación de un nuevo movimiento político concertado para ofrecer una propuesta de administración y gestión gubernamental, sin el lastre y perjuicio de las mentes corruptas, sea parte de la oferta electoral a la que el Pueblo de Puerto Rico pueda optar en los próximos comicios programada para noviembre de 2024. Si esa oferta electoral se hace en estos términos, consideraría nuevamente participar como elector en ese proceso posible. Aspiremos a que superar la “Trama de Corrupción” que nos agobia, se plantee como objetivo estratégico de la gestión de servicio público en Puerto Rico.

 

 

 

Impagable la deuda de la AEE

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El plan propuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF) para resolver la crisis de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) no es factible, afirmaron en declaraciones por separado el presidente de la UTIER (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego), Josué Mitjá González, y el  director del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), Thomas Sanzillo.

El informe pericial de IEEFA fue radicado como parte del proceso de Título III de la Ley PROMESA, que atiende la deuda de la AEE y en que la UTIER es parte como acreedor. “En el informe de Sanzillo se denuncia que el Plan de Ajuste no puede confirmarse, por no ser viable, ya que no permite que la AEE pueda contar con fuentes de financiamiento adecuadas para completar la reconstrucción, dar un servicio confiable a base de energía renovable y poder pagar la deuda ajustada por dicho Plan”, declaró el presidente de la UTIER.

En un comunicado de prensa más detallado acerca del testimonio del  director de análisis financiero de  IEEFA en la vista del 28 de abril, se expuso que la quiebra de la AEE, cuya deuda en bonos y otras obligaciones impagas asciende a más de $9 mil millones, es una de las reestructuraciones de deuda municipal más grandes de los Estados Unidos. “La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSAF) ha propuesto un plan para pagar $5.68 mil millones de la deuda en bonos durante las próximas décadas mediante la imposición de nuevos aumentos de dos dígitos sobre las tarifas”, dijo Sanzillo

Sin embargo, este alertó, de que las tarifas de energía eléctrica de Puerto Rico ya superan los 26 centavos por kilovatio-hora (kWh), más del doble del promedio de los Estados Unidos, y el ingreso medio de la isla es menos de la mitad del ingreso medio del estado más pobre de los Estados Unidos. Entretanto, la red de la isla sigue siendo frágil y miles de millones de dólares de inversión son necesarios para restaurar su capacidad de brindar un servicio confiable.

El experto, quien ha participado de otros informes sobre temas financieros sobre el carbón, petróleo y el gas, declaró a nombre de la UTIER que considera que el plan de la JCF subestima las futuras necesidades de capital y operación del sistema eléctrico de Puerto Rico y sobreestima las tarifas que la economía es capaz de soportar. “Una vez que se tienen en cuenta estos factores”, dijo Sanzillo, “no hay margen para el pago de la deuda heredada a través de las tarifas”.

Este presentó que en  2018 la JCF estableció una meta de tarifas por debajo de 20 centavos/kWh a alcanzar en cinco años. Pero cinco años más tarde, las tarifas son incluso más altas que en 2018 y la propuesta de la Junta mantendrá las tarifas muy por encima de la meta anterior de 20 centavos/kWh. “Histórica y actualmente, bajo tales condiciones, la AEE no ha sido capaz de llevar a cabo las reformas operacionales y la transformación a energía renovable necesarias para garantizar un servicio eléctrico confiable y asequible”, declaró.

Según Sanzillo, es esencial  una transición a energía renovable para bajar y estabilizar las tarifas, dado que el 97 % de la electricidad de la AEE se genera a partir de combustibles fósiles importados, y los costos de los combustibles han aumentado recientemente a más del 60 % de los costos operacionales.

Mientras, la  implementación de la propuesta de la JCF continuaría posponiendo la transformación a un sistema eléctrico asequible y confiable. Como resultado, dijo Sanzillo, la isla “continuará sufriendo las consecuencias de tener un servicio de energía eléctrica inaceptablemente deficiente y potencialmente mortal. El propósito de un procedimiento de quiebra es proporcionar un nuevo comienzo. Este plan de ajuste no es un nuevo comienzo: es el mismo lodazal de siempre con diferente envoltorio”, concluyó Sanzillo.

 

 

Lula y los militares

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Por Eric Nepomuceno

Desde Río de Janeiro

El Congreso brasileño decidió instaurar una Comisión Parlamentar de Investigación compuesta por diputados y senadores para averiguar actuaciones y responsabilidades en el intento de golpe de Estado el pasado ocho de enero, que culminó con la invasión y devastación de las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Imágenes de miles de manifestantes invadiendo y destruyendo Presidencia, Superior Tribunal Federal y el mismo Congreso siguen en la memoria de millones de brasileños. Hay más de mil detenidos aguardando decisiones judiciales, pero sigue en misterio quiénes fueron los financiadores y los organizadores del intento de golpe incentivado claramente por el expresidente, el desequilibrado ultraderechista Jair Bolsonaro.

Otro misterio a espera de aclaración se refiere al rol desempeñado por las fuerzas de Seguridad y, en última instancia, por las mismas Fuerzas Armadas, principalmente el Ejército.

La aparente pasividad de unos y otros frente a la acción de manifestantes violentos no tuvo hasta ahora una explicación razonable.

El presidente Lula da Silva se opuso, en un primer momento, a la instalación de la Comisión en el Congreso.

El argumento bastante razonable de Lula era que tanto la Policía Federal como la Justicia estaban dedicadas al tema, y que con la Comisión el Congreso retardaría la votación de iniciativas importante del gobierno.

Había, sin embargo, algo más: la preocupación de no incitar aún más resistencias de parte de los uniformados, principalmente en el Ejército, contra él y, por rebote, contra su gobierno.

En sus dos primeros mandatos presidenciales (2003-2010) Lula resistió a las fuertes presiones para no instaurar una Comisión de la Verdad para denunciar el terrorismo de Estado practicado durante la dictadura militar que imperó en Brasil entre 1964 y 1985.

La sucesora, Dilma Rousseff, ella misma víctima de cárcel y violencia en la dictadura, finalmente estableció la Comisión.

Pese a que la Ley de Amnistía decretada en los tiempos finales de la dictadura impidió que los denunciados fuesen llevados a la Justicia – Brasil es el único país de Sudamérica en que nadie fue punido – la revelación de los nombres involucrados en actos de violencia causó fuerte impacto entre los uniformados.

El golpe legislativo que tumbó Dilma Rousseff en 2016, bien como la elección de Bolsonaro en 2018, contó con claro respaldo de los cuarteles, en especial del Ejército.

En su gobierno el ultraderechista esparció a miles de militares, algunos activos, por toda parte, de empresas públicas a ministerios. También distribuyó robustos manojos de dinero y aumentó los sueldos.

Con eso mantuvo la simpatía de los cuarteles, pese al desastre que fue su presidencia, que destrozó casi todas las conquistas alcanzadas por los gobiernos anteriores desde 1995.

A tiempo: la Comisión de Investigación tendrá plena mayoría de diputados y senadores aliados a Lula. Ya se sabe que entre los primeros convocados estarán militares retirados que fueron piezas fundamentales del gobierno Bolsonaro.

También deberán ser llamados para contestar preguntas militares activos, que se mantuvieron impasibles frente a los ataques de los golpistas el ocho de enero, bien como comandantes que permitieron campamentos de seguidores de Bolsonaro frente a instalaciones militares.

En los campamentos, financiados no se sabe por quién, había una incitación permanente a un golpe, primero para impedir que Lula asumiese la presidencia, y luego para quitarlo del puesto.

Habrá mucho que explicar. Y pese al profesionalismo de los actuales comandantes máximos de las tres Fuerzas Armadas, es sabido que principalmente entre oficiales de rango inferior el respaldo a Bolsonaro y la resistencia a Lula y su Partido de los Trabajadores son fuertes.

Todavía no se sabe cuándo los trabajos de la Comisión tendrán inicio. Se supone que en las próximas dos semanas. Pero la tensión ya es palpable, y no solo en el gobierno y la oposición: también entre los uniformados.

Lula tendrá de ejercer su reconocido poder de diálogo y conciliación para evitar tropiezos.    Reproducido de www.pagina12.com.ar

 

Con nuevos bríos a Naciones Unidas en junio

Por
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Especial para CLARIDAD

Las fuerzas en lucha contra el poder colonial de Estados Unidos en Puerto Rico hemos perseverado a favor de nuestra descolonización e independencia durante casi 125 años contra viento, marea, represión, altibajos, crisis, y recrudecimiento de nuestra condición de subordinación política.

Mayormente sin apoyo institucional, hemos demostrado nuestro ahínco y voluntad de logros grandes en diversas esferas: la marina fuera de Vieques; nuestros presos políticos, valerosos hombres y mujeres, están en la calle; nuestra cultura sigue vibrante y mantenemos nuestro vernáculo español por encima de evoluciones culturales; grandes hazañas coyunturales y en el campo de las luchas ambientales y de otra índole. No hemos desvanecido, y nos hemos reinventado cuando es necesario como al presente.

Mientras, proyectos de legislación de “estatus” van y vienen en el Congreso de Estados Unidos algunos “mejores” que otros, las caricaturas de políticos que son los colonialistas van y vienen desde Washington, también iniciativas desde las estructuras coloniales. Se le ponen nuevos y bonitos nombres a lo que puede ser el Puerto Rico del mañana.

Pero la realidad arrasa con cualquier expectativa de algo nuevo si no rehacemos el país desde la descolonización bajo el Derecho Internacional, desde la independencia y la soberanía, a diferencia del Estado Libre Asociado (ELA). Ese embeleco dejó intacta la condición colonial, lo que impidió que sus logros nos llevaran hacia el frente y que más bien no llevarán en reversa como ha pasado donde al presente en tantos aspectos, en particular el político, hemos retrocedido más de cien años.

Por eso, al igual tenemos que perseverar en otros ámbitos, tenemos que perseverar en la presentación del caso colonial de Puerto Rico ante la comunidad internacional y Naciones Unidas, específicamente ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Ya harto se ha demostrado que en nuestra subordinación política a Estados Unidos prevalece de manera descomunal el poder de Estados Unidos. El pueblo de Puerto Rico tiene que determinar su futuro fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos y dentro del marco de nuestra condición de nación amparada por el derecho inalienable a la libre determinación reconocido en el Derecho Internacional.

En ese contexto la presentación del caso colonial de Puerto Rico en las vistas del Comité de Descolonización sigue y seguirá siendo estratégico, tiene que ser pensado a largo plazo.

Este año más que nunca tienen que comparecer representantes de organizaciones de la amplia gama de la lucha social en Puerto Rico porque esas organizaciones también reclaman la descolonización al estar conscientes que sin la descolonización no es posible lograr a plenitud sus objetivos.

Nuestra lucha es vibrante y ascendente como reflejan las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, del Día Internacional de los Trabajadores(as) y otros eventos. Está en ascenso al igual que la coordinación y las convergencias. Las elecciones en Puerto Rico reflejan cada vez más la búsqueda de nuevas opciones para la conducción del país. A la vez la decadencia y corrupción de la colonia y nuestra subordinación política permean a saciedad nuestra realidad. Este año la realidad y lucha que vivimos debe ser reflejada en las vistas sobre Puerto Rico del Comité de Descolonización de Naciones Unidas ante cada diplomático(a) presente. Este año debemos ir con intervenciones coordinadas como fue el caso de algunas organizaciones el año pasado y así mantener al mínimo las repeticiones.

Con la comparecencia de organizaciones que no acudieron en el 2022 evitamos que se acorte la duración de las vistas, y proveemos más información ante el Comité.

Por otro lado, no permitamos que el límite de tiempo establecido para las intervenciones nos inhiba de ir a Nueva York. En otros escenarios en Naciones Unidas el tiempo de intervenciones también se limita y a veces se trata de personas que viajan para ello desde lares del mundo mucho más lejanos que la distancia entre Puerto Rico y la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Tampoco permitamos que los costos de pasaje impidan pues es un sacrificio que bien vale la pena para superar las vistas del año pasado.

Tampoco nos afectemos por la ausencia de las vistas de algunos países. ¿Deben estar presentes? Claro que deben estar presentes y debemos llevarles el tema, pero también tener consciencia que algunas delegaciones son de dos o tres diplomáticos(as) solamente.

Durante todos estos años en particular recientemente habido un desgaste en la proyección en Puerto Rico de la presentación del caso en Naciones Unidas. Se hace ver equivocadamente que le toca a Naciones Unidas descolonizar a Puerto Rico. Pero de lo que se trata es del papel que jugará Naciones Unidas y la aplicación del Derecho Internacional a nuestro caso para asegurar un proceso legítimo y justo de descolonización. Fuera de ese marco legítimo y justo seguiremos dependiendo de iniciativas desde Washington y desde la colonia. Por eso tenemos que seguir exigiendo el pronunciamiento desde el Derecho Internacional que representan las resoluciones anuales sobre Puerto Rico del Comité de Descolonización y educar al respecto en Puerto Rico.

Habiendo dicho todo esto, también es cierto que el trabajo internacional debe revitalizarse y reforzarse acorde con la nueva coyuntura en Puerto Rico y a nivel internacional, y en eso se está trabajando. Emprender nuevas iniciativas depende de nosotros(as). Tenemos que entusiasmar a luchadores(as) jóvenes para esta lucha de presentar nuestro caso colonial a nivel internacional y recabar solidaridad. A los analistas jóvenes tenemos que integrarlos(as) a estos trabajos. Quienes hemos estado involucrados al respecto, que hace rato peinamos canas, tenemos que transmitir nuestro conocimiento, experiencia, vocación, pasión, y sentido de sacrificio por este trabajo. Tenemos que transmitir como la presencia de los procesos de lucha de otros pueblos en los organismos y actividades internacionales infunde empoderamiento; visión triunfo y de nuestra lucha como parte de un mundo en ebullición y lucha.

Tenemos mucho que trabajar. En el interín, ¡a las vistas de 2023 con nuevos bríos, y con orgullo de nuestros logros incluyendo en ese magno foro mundial y otros!

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