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Organizaciones y comunidades protestan contra la USACE

Tomada de Marea Ecologista. Foto por Carlos Berríos Polanco

 

 CLARIDAD

Parte de los reclamos incluye la antigüedad de ciertos proyectos infraestructurales.

 El pasado jueves, 18 de marzo, más de 15 colectividades ambientales y comunitarias de diversos puntos del país manifestaron, frente a las oficinas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, en inglés), su rechazo a una plétora de medidas que el ente federal pretende implementar en el archipiélago.

“No se nos quiere escuchar. Se nos niega el derecho a decidir sobre aquellas acciones que impactarán directamente nuestras vidas. Se pretende imponer modelos anticuados que no responden a nuestro contexto isleño y a prácticas en armonía con la naturaleza”, expresó Olga Vega Pérez, de la organización Amigos de la Reserva Natural Caño Madre Vieja.

Además, Vega Pérez, residente en la Comunidad Espinar I de Aguada, explicó cómo la USACE recicló estos proyectos de un listado que fecha a la década de 1990. Sin actualizar los planes, el organismo busca colocar dos nuevos diques alrededor de la comunidad que, según la lideresa, implicarán expropiaciones y cambios graves al ecosistema local.

“Ellos llegaron un día, abrieron un espacio allí (en el litoral), metieron máquinas y, después de que nosotros nos paramos allí a esperar que nos dijeran qué estaban haciendo, nos dijeron que eran estudios nuevos. Fue en ese momento cuando nosotros nos pusimos ‘fuertes’ y alegamos (de nuevo) qué estaban haciendo; ellos pretendían, después de 32 años, romper a construir diques sin nada (de planificación actualizada)”, denunció Vega Pérez, en alusión a la ausencia de declaraciones de impacto ambiental (DIA) y estudios que consuenen con la política de Joe Biden respecto al medio ambiente.

Por otro lado, el director de El Puente: Enlace Latino de Acción Climática (ELAC), Francisco Cintrón Moscoso, explicó que este tipo de proyecto “desarrollista”, que incluye prácticas como la fragmentación de las partes de un plan, no se limita al Cuerpo de Ingenieros. De hecho, Cintrón Moscoso reseñó una carta, firmada por 18 integrantes del Congreso de los Estados Unidos, que exige la revisión de todas las planificaciones que planteen alguna alteración al medio ambiente, incluidas aquellas iniciadas por autoridades locales.

“Tiene que haber un detente, tiene que haber una planificación concertada, discutida, con participación amplia y que realmente responda a las necesidades que tenemos. El cambio climático, todos los años estamos viendo el impacto que tiene, y no hay un plan de mitigación y adaptación para ello”, comentó Cintrón Moscoso, quien convocó la protesta situada en la avenida Chardón, Hato Rey.

Por igual, Yvette Núñez Sepúlveda, de la Coalición Restauración Ecosistemas Santurcinos, reiteró la necesidad de cumplir con todas certificaciones y procesos ambientales, y explicó cómo la falta de estos procesos relega la comunidad a ideas que “no responden a las necesidades de la comunidad”.

Para Cynthia Manfred, de la organización Guarda Río, este tipo de segmentación en la planificación es usual para fines contractuales. Sin embargo, Manfred —vecina de Jardines Metropolitanos, contiguo al río Piedras— afirma que este estilo de división no es “entendible” en un sistema hidrológico como el río porque “lo que pasa en la puntita de arriba afecta la puntita de abajo”.

“Tiene que hacer un análisis integral; eso es una de las cosas que le hemos pedido a USACE y que está en las cartas (al Congreso)”, agregó Manfred.

La carta, enviada en julio del año pasado, denuncia las prácticas “anticuadas” que emplearía USACE en lugares como el río Piedras, el río Niguas (Salinas), el Río Grande de Loíza y el río Guanajibo (Mayagüez). Por igual, la carta urge la necesidad de integrar al liderato comunitario local en las discusiones que respecten a sus comunidades. Entre las firmas, el documento cuenta con el endoso de Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez, Roberto Menéndez y otras figuras de la capital estadounidense.

Asimismo, la protesta contó con el respaldo y la participación de varias figuras del Movimiento Victoria Ciudadana, como Pedro Cardona Roig, Manuel Natal, Myrna Conty y Mariana Nogales Molinelli

Lagunas en los procesos de planificación

Además del riesgo inmediato y físico que representan estas construcciones, las 19 organizaciones presentes revelaron la falta de acceso a información similar a mapas, estudios y decisiones que justifiquen las propuestas ingenieriles. También, las colectividades protestaron en contra del salto entre procesos requeridos, como la sustitución de los DIA por estudios “menos rigurosos”.

Estas trabas se suman, de acuerdo con los manifestantes, a la fragmentación de los proyectos, la obsolescencia de sus estudios y la falta de fondos suficientes “para completar los proyectos que pretende iniciar prontamente”. Entre las organizaciones presentes, estuvieron: El Puente, Guarda Río, Red Comunitaria del Agua, Comunidad Barrio Espinar en Aguada, Amigxs del MAR, Asociación de Residentes del Viejo San Juan, Escambrón Unidos, CRES PR, Surfrider Foundation, Amigos Reserva Natural, Caño Madre Vieja, Rescate Camino El Faro en Rincón, Arrecifes Pro-Ciudad, Toabajeños en Defensa del Ambiente, Amigos del Río Guaynabo, Coalición Anti-Incineración, Por las Aguas, Campamento Pelícano y Defendiendo la Cueva del Indio 681.

“La mayoría de estos proyectos benefician a un sector y afectan a otro. Se supone que el Cuerpo de Ingenieros no puede desarrollar ningún proyecto que beneficie a unas comunidades e inunde a otras, como es el caso de nosotros, que inundaría completamente el barrio”, ejemplificó, por su parte, Vega Pérez.

Editorial-Engaño y politiquería tras el caos energético en Puerto Rico

Fotos Alina Luciano CLARIDAD.

 

La «política pública» energética oficial del gobierno de Puerto Rico postula que para el año 2050, el 100 porciento de la energía que se genere y distribuya en nuestro pais procederá de fuentes renovables, como el sol y el viento, entre otras.  Una política pública sabia y también el único camino hacia la estabilidad, sostenibilidad y eventual independencia energética y desarrollo económico para Puerto Rico. Sin embargo, el país está muy lejos de alcanzar la meta. Al 2023 solo se habia logrado el 4 por ciento de cumplimiento, y tanto el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, como la secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), Jennifer Granholm admiten los retos enormes que se presentan en el camino hacia el logro de 100 por ciento renovables drntro de 26 años.

Pierluisi dice que para avanzar, las decisiones en adelante deberán ser «prudentes y estratégicas». La secretaria del DOE afirma que es inminente tomar » decisiones difíciles». Ninguno de los dos explica en qué consistirían esas decisiones «prudentes» o «difíciles», según sea el caso. Tampoco aclaran a quién o quiénes les corresponde tomarlas. Pero en una colonia como Puerto Rico, y viniendo el dinero desde la sede del poder en Washington, es obvio quien terminará » agarrando el sartén por el mango».

En este momento, en Puerto Rico impera el caos en el sector de la energía. Las piezas del rompe cabezas no cuadran, y tal parece que mientras la » política pública» dice una cosa, las decisiones que se toman van en dirección contraria. Salvo declaraciones » para las gradas», nadie en el gobierno de Puerto Rico ni de Estados Unidos, parece tener entre sus prioridades el futuro energético y económico de Puerto Rico.

Aquí manda la Junta de Control Fiscal que está concentrada en lograr que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) empiece a pagar su deuda y beneficiar- o por lo menos aplacar- a los acreedores de Estados Unidos, aquellos  grandes conglomerados financieros que aportan cuantiosas sumas a los PAC de los políticos de allá.

Este año hay campañas y elecciones en Puerto Rico y Estados Unidos. Aquí, Pierluisi está concentrado en su campaña primarista frente a la Comisionada Residente, que parece tenerlo nervioso, y en continuar ampliando sus contactos políticos y empresariales en Estados Unidos, por si acaso las cosas no le salen como él espera.La secretaria Granholm está concentrada en seguir presionando para que se cumplan los objetivos y compromisos de la administración Biden con sus aliados y donantes del sector energético, y con adelantar la campaña para la reelección del actual Presidente de Estados Unidos.

En medio de esas corrientes cruzadas están el pueblo puertorriqueño y los abonados residenciales y comerciales de la AEE. Presos de una deuda impagable que le impondrá dos cargos adicionales a la tarifa eléctrica por los próximos 40 años. Asfixiados por las cenizas tóxicas de la carbonera AES y el vergonzoso rescate financiero que este gobierno recomendó y la Junta de Control Fiscal aprobó para dicha empresa privada, el cual representará $185 millones que pagarán los consumidores de energía hasta el año 2027. Víctimas del servicio ineficiente de LUMA Energy, Genera PR y New Fortress Energy, que saben generar y distribuir ganancias para sus accionistas, y salarios y bonos fabulosos para sus altos oficiales, mientras nuestro pueblo sigue a merced de la inestabilidad e incertidumbre de decenas de generadores temporeros que no le ofrecen tranquilidad ni energía sostenible a nadie. Entre ellos, se recriminan y se pasan la «papa caliente» de la responsabilidad por sus continuos errores y desastroso desempeño. Los contratos y operaciones de esas cuatro empresas privadas- que reciben abundante respaldo gubernamental- son ejemplo flagrante del fracaso e injusticia del modelo económico neoliberal.

Por diseño, a nuestro pueblo le toca ahora vivir y pagar durante décadas, por la ruina de la AEE y de nuestro sistema eléctrico, mientras los individuos e intereses políticos y empresariales- de Puerto Rico y Estados Unidos- culpables y cómplices de dicha ruina han salido ilesos y boyantes del caos que han provocado. Algunos de ellos y ellas se presentan como candidatos a puestos políticos por el PNP-PPD en las elecciones de noviembre próximo. Una excelente oportunidad para que los votantes les hagan pagar al menos un mínimo precio  por sus  engaños y politiquería.

 

Decisiones difíciles para el gobierno y el pueblo

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

“Lo que nos preocupa es que la presentación de la secretaria enfatizó que es posible llegar al 100 %  de energía renovable, pero que hay que tomar decisiones difíciles. ¿Quién las va a tomar, el Gobierno federal?”, cuestionó el director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, respecto al Estudio de Resiliencia de la Red Eléctrica de Puerto Rico (PR 100) presentado por la secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, siglas en inglés).

La observación es uno de los aspectos que eleva a la atención el CNE, luego de un análisis de los hallazgos de PR 100, el cual afirma que Puerto Rico puede alcanzar el 100 % de su energía renovable para el 2050 sin utilizar terrenos agrícolas. En entrevista, Marxuach  señaló que el estudio presenta tres escenarios y que es al Gobierno de Puerto Rico al que le toca escoger cuál de los tres escenarios prefiere, si no escoge ninguno o si desarrolla uno nuevo. “Eso es a lo que yo veo que no se le ha dado seguimiento, por eso es que hacemos este análisis”.

Marxuach planteó que si bien es factible alcanzar para 2050 el objetivo de generación en Puerto Rico con fuentes de energía 100 % renovable sin utilizar tierras agrícolas a gran escala, sin embargo, el costo económico de la transición es bastante significativo, independientemente del escenario.

Explicó que a menor uso de terrenos agrícolas, la energía para el consumidor resulta más cara debido a que habría que tener más instalaciones pequeñas, lo que requiere más interconexiones con el sistema y más infraestructura para conectarse a él. Es decir, más cables de distribución y transmisión versus fincas solares grandes.

Agregó que, de  hecho, ya para el año que viene, el país está  tarde para cumplir con el 90%.  “Hay que tomar unas decisiones de si se escoge proteger las tierras agrícolas. Perfecto, ahora tenemos que saber que eso va a tener un costo adicional en la factura. Por otro lado, si se utiliza terrenos agrícolas, se sacrifican. Ahora, ¿quién toma esa decisión,  basado en qué criterios? Eso es lo que nos preocupa y está todo como tapado, con poca transparencia”.

Respecto a si el PR 100 estimó cuánta producción se va a necesitar, considerando que habrá menos población, indicó que la demanda puede variar por dos factores. El primer factor es que el Plan Fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) requiere que se implementen medidas de eficiencia energética para reducir el consumo, debido a que hay mucho consumo que es ineficiente. Según el análisis  que hizo el DOE, se van a lograr unos supuestos ahorros generados por eficiencia energética, y el objetivo de PR 100 es aumentar la eficiencia energética por 30 %  al 2050. Marxuach observa que el DOE dice en un lenguaje muy diplomático que esa meta es ambiciosa y que no cree que se logre. La estimación del DOE es que la reducción podría ser de tan solo un 18 %, aun utilizando enseres más eficientes.

El otro factor es que hay que sumarle la electricidad adicional que utilizarían los vehículos eléctricos que ya están entrando al mercado y que de aquí al 2050 se espera que dominen. De acuerdo con Marxuach, entre esos dos factores pudiera haber un escenario donde la demanda en el 2050 sea más alta, aun con menos población. El DOE alerta de que se debe tomar en consideración ese análisis cuando se esté planificando para no quedarse corto en caso de que eso sucediera.

Dado al nivel de incertidumbre de cuál modelo escoger y cuánto será la demanda, la recomendación del CNE es el que el DOE, la Junta de Control Fiscal, Genera, LUMA, la AEE y el Negociado de Energía  se reúnan y busquen un acuerdo. Según el DOE, la tarifa promedio al consumidor aumentaría entre un 66 % y un 83 % entre 2020 y 2025, dependiendo del escenario que se aplique. Marxuach hizo la observación de que un aumento de tarifas de esta magnitud tendría efectos adversos graves en la economía de Puerto Rico a corto plazo y que ello no es viable desde el punto de vista económico. De imponerse ese aumento, sería necesario mitigar sus efectos negativos mediante subsidios, una extensión del plazo para lograr la transición o mediante otras políticas públicas, advirtió.

A la interrogante de si cree que ya es tarde para que todos esos entes se reúnan y busquen un acuerdo, el director de Política Pública del CNE considera que todavía se está a tiempo, debido a que tribunal todavía  no ha decidido qué se va a hacer con los bonistas. “Lo que me preocupa es que se utilice un escenario para determinar la estipulación de la restructuración financiera de la AEE y se utilice otro escenario para la planificación operacional de la AEE. Entonces hay un desfase entre lo que se dice que se puede pagar a los bonistas y lo que en verdad se puede usar de energía renovable. Se deben sentar en la mesa y ponerse de acuerdo”.

Marxuach recalcó que para que haya concordancia se debe insistir es que si se utiliza un escenario para pagar a los bonistas, se debería utilizar el mismo escenario para planificar el sistema. “Pero no hemos visto esa concordancia con lo que está pasando con la deuda y, por otro carril, lo que está haciendo el Negociado con LUMA y la AEE en términos de planificar la transición”.

El director de política pública del Centro para la Nueva Economía considera imperativo que en Puerto Rico todas las partes — agricultores, grupos ambientalistas, el Gobierno y los representantes de consumidores— lleguen a acuerdos. “El objetivo es que empiece este diálogo; no es crear controversia por crear controversia ni molestar a nadie. Al contrario, son decisiones difíciles que hay que tomar y que nadie les quiere meter mano. Hay que sentarse en una mesa y decidir cuál es el escenario y cómo se implementa”.

 

 

 

 

 

 

 

Antes de que termine marzo

Foto Archivo CLARIDAD

 

 

Especial para CLARIDAD

 El mes de marzo es hermoso para las feministas porque juntamos cabezas, corazones, voluntades, energías, voces y cuerpos para, el día 8, recordar, conmemorar y manifestar respeto a las antecesoras que abrieron brecha para importantes derechos que hoy nos cobijan. También para renovar el compromiso de seguir ampliando ese camino para las mujeres que estamos y las generaciones que vendrán. A la par que hermoso, es un mes de trabajo intenso para dar a conocer la multiplicidad de espacios en los que todavía no hay equidad de género. Nos golpea en la cara un día sí y el otro también el discrimen y la desigualdad, especialmente en su más burda manifestación que es la violencia machista. Afortunadamente, cada vez más personas la nombran con todas sus letras y se unen a su repudio. Con satisfacción puedo afirmar que parte de la intensidad de la labor que realizamos en el tercer mes del año se debe al interés de los medios de comunicación en torno a la situación de las mujeres y en cubrir las actividades de las organizaciones. Abundan las solicitudes para que éstas y sus lideresas participen en charlas, paneles de discusión, conferencias y otras actividades educativas.

Por supuesto, se concentran esfuerzos para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, decretado en el 1917 por la Internacional Socialista, pero que adquirió carácter internacional en el 1975 con la proclamación del 8 de marzo por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En nuestra Patria el Frente Femenino del Parrido Independentista Puertorriqueño y la organización feminista Mujer Intégrate Ahora (MIA), una de cuyas lideresas es la actual senadora, Ana Irma Rivera Lassén, lo conmemoraron por primera vez. Por esta razón la actividad que llevó a cabo la Coalición 8 de Marzo, les fue dedicada. La fecha se oficializó en Puerto Rico con la aprobación de la Ley 102 del 8 de junio de 1976. Ha sido gratificante que este año fueron varias las convocatorias para recordar la importante fecha: el lazo humano en los predios de El Morro para reiterar el rechazo a la violencia machista; la marcha organizada por la Coalición 8 de Marzo frente a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) para concentrarse en el área de la Comisión Estatal de Elecciones y el llamado de la Colectiva Feminista en Construcción para ocupar el Expreso Las Américas desde la sede del Estadio Hiram Bithorn, en la Ave. Roosevelt. Los tres fueron eventos concurridos y, además, las manifestaciones de las organizaciones feministas fueron militantes, coloridas, vibrantes y plenas de activismo. Complace saber que prevaleció la armonía, tanto en la participación presencial como a través de las redes sociales.  También hubo manifestaciones en Mayagüez y Ponce, así como en Vieques y en otros municipios.

Usualmente se pasa balance sobre los logros, lo no alcanzado y las metas por cumplir a finales del año natural, pero la conmemoración del 8 de marzo que, prácticamente se ha extendido a los 31 días del mes, también nos brinda un espacio para pasar revista. Puedo afirmar que este 8 de marzo, además de celebrar una vez más el cumpleaños de mi querida sobrina nieta, también sentí alegría por el activismo que hubo en las calles, acompañamiento por la indignación colectiva ante los feminicidios y otras manifestaciones de la violencia de género con las que inició el año, así como esperanza ante el incremento de gente joven que participó en las múltiples actividades celebradas alrededor de la fecha.

Sin embargo, antes de que termine marzo, debemos revisar también el violeta de nuestros reclamos de equidad, justicia y trato digno, para señalar los retos que aún enfrentamos para hacerlos realidad. Continúa siendo una emergencia la violencia de género, prioritariamente aquella que ocurre en una relación o ex relación íntima. No hay duda de que el número de feminicidios en el recién comenzado 2024 nos provoca gran sentido de impotencia. Compite fuertemente en la lista de prioridades la búsqueda de soluciones para la pobreza que afecta en mayor medida a las mujeres y se exacerba cuando se trata de jefas de familia, con crías menores de edad y sin la presencia del padre en el hogar.  La falta de vivienda apropiada, digna y accesible está directamente relacionada a la violencia de género porque la carencia de un techo se convierte en un disuasivo para terminar con la relación abusiva.

Han sido de especial atención este marzo la publicación de investigaciones sobre la desigualdad salarial en empleos y puestos de trabajo iguales o comparables, problema por el cual también luchaban nuestras antecesoras de principios del siglo pasado. Mejoras se han logrado, pero continúa la discriminación, a pesar de que hay legislación para atender el problema. Lamentablemente, como en muchos temas relacionados con las mujeres y con la comunidad LGBTTQ+, ha faltado voluntad para fiscalizar su implantación. Gran parte de la responsabilidad recae sobre el Departamento del Trabajo y la OPM.

Los derechos relacionados con nuestra salud sexual y reproductiva siguen bajo asedio debido a los fundamentalismos que han alcanzado voz y voto en la Legislatura a través del Proyecto Dignidad. Se les unen en un perfil más bajo, pero cómplice y oportunista, integrantes de los partidos de mayoría. Las feministas, organizaciones defensoras de los derechos humanos, profesionales de la ciencia médica y la salud pública les hemos contenido con la vigilancia y militancia constante, pero nos hace conscientes de cuán importantes son las próximas elecciones respecto a la imperiosa necesidad de escoger partidos y candidaturas que respondan a las necesidades reales del Pueblo, del cual somos parte mayoritaria. Aunque pretendan invisibilizar el quehacer de las mujeres, la realidad es que cargamos sobre nuestros hombros grandes responsabilidades que mueven a la sociedad.

Como independentista y haciendo referencia al mes de marzo, no puedo dejar de mencionar dos importantes acontecimientos que forman parte de la memoria colectiva y que nos recuerdan la necesidad de continuar luchando por la descolonización de nuestra Patria: el ataque al Congreso de Estados Unidos el 1 de marzo de 1954 por Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero y la Masacre de Ponce el 21 de marzo de 1937, la cual dejó un saldo de 21 personas asesinadas y más de 100 heridas, a manos de las autoridades gubernamentales.

Parecería que no hay conexión entre unos y otros temas que no sea la coincidencia del mes de marzo, pero todo forma parte de la reivindicación de los más fundamentales derechos humanos.

 

 

 

 

Educar en medio de una guerra

El joven Qudaih denunció que esta destrucción ha sido una  intencional, porque para las personas en Gaza, la educación ha sido la forma de movilidad social. Foto Alina Luciano/CLARIDAD

 

 

CLARIDAD

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Cómo es educar en el contexto, de una guerra

 En Palestina, específicamente, en la Franja de Gaza, en donde el ejército del Estado sionista de Israel ha destruido 300 escuelas y más de 10 universidades, hablar de educación resulta difícil, si no imposible,  y representa un reto transformador.

“Es una situación muy sensible que hemos estado discutiendo. Por ejemplo, Gaza es uno de los lugares más educados en el mundo entero, no solo en el Medio Oriente. El 85 % de la población ha completado la educación superior. Esta guerra ha sido la más brutal y ha tenido como objetivo las instituciones educativas”, denuncia el joven educador y escritor, Mahmoud Qudaih, en compañía de sus compatriotas, Asman Abumexeid y Walaa Alghussein.

CLARIDAD entrevistó a las jóvenes y al joven palestino, quienes se encuentran en la isla para participar de la Tercera Conferencia Mundial de Educación Transformadora  (WCTE, por sus siglas en inglés). El joven Qudaih denunció que esta destrucción ha sido una  intencional, porque para las personas en Gaza, la educación ha sido la forma de movilidad social. “El objetivo ha sido colapsar lo que ha sido una sociedad educada y que las personas desde los campos en que se encuentran no puedan progresar a partir de ahí”.

El trío expresó que los palestinos se han sentido abandonados por la comunidad, especialmente las académicas, que no han dicho nada sobre las agresiones que están sufriendo. Sostienen que la presión que se establece por parte de Israel sobre los líderes académicos hace que opten por el miedo en lugar de hablar claramente lo que piensan.

El ataque por parte de Israel no se limita a las estructuras, denunciaron. En el primer mes de guerra en Gaza, cientos de profesores universitarios fueron asesinados, entre ellos tres presidentes universitarios.   “Esta guerra quiere cancelar cualquier opción de futuro y, por eso, uno de los objetivos principales ha sido la educación”. Qudaih compartió que personalmente conoce alrededor de 15 educadores que eran pioneros en sus modelos educativos para el tipo de sociedad que querían crear, los cuales también han sido asesinados.

Por su parte, la joven Abumesied, quien es una educadora agrícola, aseguró que en medio del genocidio es imposible hablar de educar y que, una vez se detenga la agresión, lo primero que hay que hacer es un evalúo de dónde quedó la educación. No obstante, describió que como producto de la agresión se han creado alternativas, y la gente, ya sea en alguna institución, bajo carpas o las mismas madres en sus casas, está enseñado destrezas de escribir. Más allá de este momento, añadió, desde el inicio de la ocupación, los palestinos han desmandado en la ONU y en todos los organismos el derecho a la educación. Aunque están haciéndolo en tiendas, en casas de campaña y otro tipo de opciones, van a continuar demandando, más bien, exigiendo, su educación.

Palestina ha tenido una experiencia similar a la de Puerto Rico en que con la ocupación extranjera no se enseña del todo la historia de su país. Abumezied reparó en que bajo el mandato Británico (1923 a 1947)  la educación era en inglés y era fundamentalmente inglesa. Luego, con la educación pública bajo la organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNAHUR), se creó  un currículo palestino financiado por donantes extranjeros, los cuales  tuvieron poder decisional  de lo que se incluía y lo que se excluía. Pero en un momento, se amenazó con quitar los fondos porque entendían que el currículo estaba patrocinando el terrorismo.

Los jóvenes palestinos denunciaron, además, que una de las  cosas que las fuerzas de ocupación israelí están estableciendo es que la niñez de Gaza no estudie el currículo palestino. “Están forzando, con información falsa de que estas tierras siempre pertenecieron a Israel, por lo que los palestinos no tienen derecho, y con eso les lavan el cerebro a la niñez”, sostuvo Qudaih.

Sobre su visita a Puerto Rico, expresaron que no vienen de turistas. En el caso de Qudaih, este sostiene que viene a sanar, a conectar y a escribir, a escuchar y contar sus historias y saber que no están solos, que alguien les está cuidando la espalda.

Abumezied, como educadora agrícola, quiere hablar sobre esa situación, aprender de la historia de Puerto Rico  y conocer más sobre nuestra cultura, tanto la política como la de prácticas agrícolas. “La agricultura no está exenta del colonialismo”, señaló. Con la ocupación israelí, la agricultura en Gaza ha sufrido muchas transformaciones. El modelo introducido ha desplazado la agricultura comunitaria que practican las familias palestinas y, ahora, la mayoría de los palestinos en la agricultura son personas mayores. Los jóvenes se están saliendo de esta actividad. Más aun, la mayor parte de la agricultura sucede en la frontera de Gaza y no son pocas las ocasiones en que los agricultores enfrentan que les disparen y les limiten lo que pueden exportar.

Otro aspecto que trajeron a la atención como ejemplo de la ocupación es que los palestinos lo que tienen derecho es solo a 12 litros de agua al día. Eso es 100 veces menos de lo que tienen los israelitas.

La educadora Alghussein expresó que espera apreciar y abrazar lo que vaya encontrando. “Ya siento esa conexión”, afirmó.

Las jóvenes y el joven palestinos sostienen que la narrativa que Israel se ha ocupado de difundir es que la tierra de Palestina les pertenece, que no se puede hablar de Palestina fuera del contexto colonial.  “El colonialismo llega a Palestina cuando se está aboliendo en el mundo. Entonces se deja a Palestina fuera de la lucha del colonialismo”, subrayó Qudaih. “Los palestinos estamos cansados de tener que estar probando que somos seres humanos y que somos  dignos. Esa no es la tarea de nosotros, la tarea es de la gente, y es el mismo opresor, es el capitalismo, es el colonialismo, es el imperialismo”, añadió Abumezied.

“Si no se detiene a los bulldozer y los tanques en Gaza, van a invadir  el mundo. No nos pueden dejar solos porque nosotros estamos  previniendo que la agresión se expanda”, afirmaron.

La Tercera Conferencia Mundial de Educación Transformadora

La Conferencia Mundial de Educación Transformadora tendrá lugar del 4 al 6 de abril en la Facultad de Educación Eugenio María de Hostos del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Este año el tema es “Educación Transformadora en las Américas”. El evento, que inició en 2018 en Kenia, África, será coauspiciado por el Instituto Global de Educación Transformadora (GITE, siglas en inglés), por la organización puertorriqueña sin fines de lucro Nuestra Escuela y otras entidades nacionales e internacionales.

Entre los títulos de los temas que se discutirán en la conferencia se encuentran: Tres miradas sobre Hostos y la educación transformadora, por la Comisión Nacional Hostos 180; Vigencia de la propuesta de la Confederación Antillana, por representantes de Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Jamaica; Educación o escolarización:Confusión inadmisible, por Carlos Calvo Muñoz, de Chile, y Transformation Education in Africa: Teaching Equality in an unequal society, por Kennedy Omondi Oronjo, de Kenia.

De los 17 países que presentaron propuestas para esta conferencia a celebrarse en abril, destaca la participación de delegaciones provenientes de la República Dominicana, Haití, Jamaica, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, Ghana, Camerún, Kenia y Nigeria, así como una delegación de Gaza, Palestina.