La coalición Queremos Sol hizo la advertencia de que LUMA Energy pretende usar al pueblo de Puerto Rico como rehén para extraer más fondos públicos en plena temporada de huracanes y exigió que se cancele el contrato.

La denuncia de Queremos Sol surge ante la revelación por la misma LUMA Energy de que cancelaba los contratos de manejo de vegetación, lo que se conoce como la poda de árboles, por no disponer de fondos para lo que resta del año 2022-2023.

Queremos Sol fue enfática en censurar las alegaciones de LUMA de que los $121.7 millones de fondos públicos que recibirá hasta el 30 de junio no le alcanzan para cumplir la gestión con la que se comprometió. El conjunto de organizaciones emplazó al Gobierno a dar por terminado el contrato que puso en manos de la compañía la administración de infraestructura vital para el país.

“La historia se repite, y lo advertimos. Este contrato amañado desde el comienzo solo ha redundado en un peor servicio con más interrupciones, fluctuaciones de voltaje constantes, aumentos en contrataciones, falta de transparencia, politización y alzas en costos. LUMA  claramente no tiene la capacidad ni para administrar ni para operar el sistema y el Gobierno tiene el deber de ponerle fin a este contrato”, dijo la ingeniera Ingrid M. Vila Biaggi, presidenta y cofundadora de CAMBIO, una de las organizaciones proponentes de Queremos Sol. “Desde el primer día, el pueblo de Puerto Rico ha estado perdiendo con la privatización”, añadió.

Por su parte, el doctor Agustín Irizarry, miembro de la coalición, recordó que “Puerto Rico ya vivió esta experiencia del privatizador que a poco tiempo pide más dinero, cuando se le cedió a Ondeo la administración de la Autoridad Acueductos y Alcantarillados en el 2002. A poco más de un año de iniciar, la empresa también exigió más dinero para realizar la labor a que se habían comprometido. El Gobierno rechazó el reclamo y canceló el contrato en el 2003, regresando la operación al sector público. La fórmula no cambia, porque la expectativa es generarle ganancias al privatizador a costa de reducirle servicios indispensables a la ciudadanía”.

Apenas cuatro meses después de que se le extendiera a LUMA el contrato suplementario vigente hasta noviembre de 2022, en una carta a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (P3), la privatizadora adujo, el pasado 27 de marzo de 2023, que su capacidad para operar el sistema estaría comprometida porque el presupuesto proyectado para el próximo año fiscal no le es suficiente. En la misiva, pide extender la fecha límite para la entrega del presupuesto anual del año fiscal 2024. Previamente, trascendió que la empresa ordenó a compañías subcontratadas a detener los servicios de limpieza de vegetación en las líneas de transmisión de 115 y 230 kilovatios porque ya agotó los $50 millones que presupuestó para ello.

“Estamos a poco menos de dos meses de que comience la temporada de huracanes. Paralizar las labores de manejo de vegetación en las líneas de transmisión por deficiencias administrativas, sea intencional o por incapacidad, atenta contra la seguridad y el bienestar de los puertorriqueños. Era previsible que el dinero no le iba a dar si, habiendo destinado $50 millones a esas labores, contrató los servicios por $70 millones. Es claro que lo que la empresa pretende representar dista de sus acciones. La intención es evidente: agotar los recursos asignados para que le asignen más fondos. Son insaciables”, expresó la abogada Ruth Santiago, miembro de la coalición.

La suspensión del manejo de vegetación hasta que entre en vigor el próximo año fiscal repercute, además, en la estabilidad laboral de entre los 500 a 600 obreros de las empresas subcontratadas para hacer el trabajo que antes realizaban los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.

En tanto, Josué Mitjá, actual presidente de la  Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER),  afirmó: “Aquí también se repite la historia, como advertimos desde el principio. Están dispuestos a sacrificar el pan que llega a la mesa de cientos de familias de esos trabajadores con tal de no hacer ajustes que reduzcan las ganancias de los dueños y ejecutivos de LUMA. Necesitamos recuperar el sistema eléctrico de Puerto Rico para que esté en manos públicas bajo un modelo de gobernanza que saque del medio las influencias económicas y partidistas”.

Queremos Sol es una coalición de organizaciones comunitarias, ambientales y sindicales agrupadas para la transformación hacia la energía renovable del modelo energético de Puerto Rico. La propuesta Queremos Sol plantea que los fondos federales disponibles se deben utilizar para invertir en sistemas de energía solar en techos residenciales y comerciales y almacenamiento de batería. Esta solución innovadora, reclama la coalición, es la alternativa a un sistema de gran escala que perpetúa la dependencia en los combustibles fósiles, contaminantes a la salud y el ambiente, los cuales, además, someten a la isla a la volatilidad de los precios de gas y petróleo.

CLARIDAD

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Desde el 2017 hasta la fecha, la Junta de Control Fiscal (JCF) ha gastado la suma de $1,200,096,572.55 millones (más de $1billón,en inglés) en servicios profesionales. Esto representa más del 126.8 % del dinero público, mientras los gastos en nómina del Gobierno para el mismo periodo llegan a menos del 51.7 %.

El 46 % de esta cifra está concentrado en tres compañías: Proskauer Rose LLP, $228,219,775.63; McKinsey & Company, $200,987,030 y Ernst & Young LLC, $200,987,030. A esta última se unió  la exdirectora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, se dio a conocer el pasado mes de marzo. Los gastos se refieren a consultores de la JCF, consultores del Proceso de Título III (proceso de quiebra) y el oficial Examinador.

Los datos  fueron presentados por el economista de la organización Espacios Abiertos (EA), Daniel Santamaría Ots, y el economista y exministro de finanzas de Argentina, Martín Guzmán, en un conversatorio con miembros de la prensa sobre el  análisis del Plan Fiscal 2023 (PF), teniendo en contexto los anteriores ocho planes  preparados por la Junta de Control Fiscal. Santamaría Ots explicó que el actual PF, por primera vez, es un poco distinto a los anteriores, ya que tiene tres volúmenes. El primer volumen hace un resumen de lo que según la JCF son los logros de la Ley PROMESA. El segundo se centra más en proyecciones financieras y económicas de la JCF para los próximos años. El tercero son las  reformas que la JCF está proponiendo en sus planes y en qué nivel de implementación se encuentran. También detalla con bastante profundidad cómo se están ejecutando estas políticas por parte del Gobierno de Puerto Rico.

Santamaría Ots concentró su análisis en el pilar dos y tres: las reformas del servicio público en Puerto Rico  y lo que la JCF denomina como la inversión en crecimiento, que  no es otra cosa que las medidas fiscales. Vale mencionar que inversión en crecimiento es el eufemismo que utiliza la Junta para las medidas de austeridad.

Al respecto de las reformas en el servicio público, frente al gasto de manera exponencial en servicios profesionales de la JCF, el economista de EA señaló que “estamos viendo una preocupación genuina de la erosión del aparato público y la capacidad  que de ahora en adelante pueda tener Puerto Rico  para proveer  servicios de calidad a los ciudadanos”. Este hizo la observación de que “llevamos $1,200 millones gastados en los procesos de   restructuración. Los datos no son fáciles de conseguir. Hay unos que la Junta publica en sus informes mensuales y anuales, pero hay otros que están en la corte”.

Añadió que esta es la primera vez que la JCF revela cómo se distribuyen los gastos de consultoría y cuáles son las compañías principales. El economista alertó de la preocupación que supone la  transferencia de conocimiento de instituciones públicas de Puerto Rico hacia el sector privado y la forma tímida en que la JCF propone dar marcha atrás esta tendencia.

Falsos los ahorros proyectados por la JCF

 En cuanto a las medidas de crecimiento económico, el análisis de EA deja al descubierto lo falso y equivocadas de estas. Según la JCF, sus dos pilares para el crecimiento económico son las medidas de austeridad (las medidas fiscales) y las reformas estructurales (reformas del servicio público).  Santamaría Ots expuso que desde el 2017, la JCF siempre proyectaba en sus planes fiscales una contracción del producto nacional bruto (PNB) real durante los tres y cinco años siguientes de la implementación de esas medidas.  A la vez de ese efecto negativo a muy corto plazo, decía que esas medidas que se estaban implementando en el medio y largo plazo iban a tener unos ahorros, que iban a  impactar la económica. Por el contrario, lo que se observa es que desde el segundo PF certificado en el 2018 hasta el último en el año 2023, las proyecciones del impacto de las reformas van hacia una baja consecutiva de los ahorros proyectados.

Espacios Abiertos sostiene que la Junta misma reconoce que quizás estaban siendo demasiado optimistas en sus proyecciones y que van corrigiendo a la baja. En otras palabras, sus reformas no provocaron el crecimiento económico en el PNB que alegaba o esperaba. Sus evaluaciones iban conduciendo a la baja. Los ahorros proyectados por la JCF bajaron, en billones, de $193.90 en el 2018 a $119.40 en el 2019; luego, a $85.40 en el 2020; a $84.10 en el 2021 y a $49.70 en el 2022.

En cuanto al PF actual, la JCF no proyecta de manera explícita, lo que hace es cuantificar los potenciales ahorros de las medidas fiscales para los próximos 30 años. “En el plan no aparecen. Entendemos que no están cuantificadas. Si entienden que ya no van a generar esos ahorros, mercería una explicación pública más profunda, porque esto mueve la aguja en lo que es el déficit para futuro”.

Santamaría Ots resaltó que el año pasado, cuando se cerró el PF 2022 aun bajo la dirección de Natalie Jaresko, justo antes de la reestructuración de la deuda se proyectaba un déficit para el año 2044. El tener unas proyecciones de ahorros optimistas genera una potencial mayor de la capacidad de pago de la reestructuración de la deuda y puede estar llevando a una reestructuración con una supuesta capacidad de pago que realmente no se tiene, acotó.

“Una vez uno ha leído el plan salen más preguntas que las respuestas que el documento ofrece. Lo primero que nos llama la atención es que el déficit ahora mismo, según el plan, se adelanta del año 2044 al año 2027”, denunció.

Una importante consideración ante ese dato es que la Junta incorporó una interpretación de los fondos de Medicaid (que no tenía rango de ley) que dice que con toda probabilidad Puerto Rico va a tener garantizado durante las próximas décadas el financiamiento de Medicaid de $3 millones al año. El analista de Política Pública de EA considera preocupante el escenario que presenta la JCF del déficit al 2028, aun si el Congreso de EE. UU. aprueba un financiamiento anual del Medicaid que sea equivalente al promedio otorgado a Puerto Rico entre el 2022 y 2022.

Aun suponiendo que lo concediera y estuviese basado en el promedio de los años 2011-2022,  habrá un déficit en el 2028. “Así que este es el principal hallazgo fundamental de la lectura del PF. Es importante, queda mucho trabajo por hacer. Todo lo que nosotros vemos del trabajo de sus consultores son presentaciones de  PowerPoint o el PF.  Detrás de eso hay unos modelos que no se hacen públicos”, denunció sobre la secretividad del trabajo de los consultores de la JCF y de la misma Junta. Comentó que  los economistas y los académicos suelen compartir y hacer públicos sus trabajos para que la sociedad civil, otros académicos y políticos puedan debatirlo. “Eso en la actualidad, lamentablemente, no está disponible con el grado de profundidad que se necesita. Necesitamos que esos modelos se hagan públicos”.

Más aun, censuró el que haya falta de rendición de cuentas por parte de la JCF en cuanto a que las reformas estructurales no están teniendo los efectos que deberían a causa de que el Gobierno no las está implementando. Reconoció que si bien es cierto que este no está implementado esas reformas, también considera justo señalar que por parte de la Junta tampoco hay una evolución de lo que se proyectaba iban a ser los ahorros.

“Por último, pienso que no ha habido ninguna rueda de prensa del PF que se sacó en Semana Santa. De un punto tan importante, que es el contexto internacional muy distinto a enero 2022, es razonable esperar que en cada plan la Junta incorpore información de elementos externos que puedan variar el plan fiscal”.