Especial para CLARIDAD

“Un saco de cemento en la espalda de Jenniffer González”, dijo Juan Dalmau en Twitter para describir lo que representa Francisco Domenech para la tercera mujer en gobernar Puerto Rico. Y tenía razón, pero la imagen se queda corta. Porque ese peso no lo carga solo la gobernadora: lo arrastra también el país entero, obligado a soportar en su espinazo la carga de quienes, sin haber sido electos, influyen, deciden y moldean el poder desde las sombras. Ese lastre —hecho de ambiciones privadas, lealtades turbias y un historial político que elude la transparencia— no es una metáfora aislada, sino el retrato de una estructura que se repite y se enquista, una que convierte al pueblo en bestia de carga mientras otros disfrutan del viaje.

La defensa férrea, casi suicida, que la mandataria mantiene sobre su Secretario de la Gobernación ha dejado de ser un asunto de prerrogativa ejecutiva para convertirse en una condena pública. Al amparar a un solo hombre, la Gobernadora ha hipotecado la credibilidad de su administración y ha provocado un estancamiento gubernamental severo que paraliza decisiones fiscales y arrastra al país entero al inmovilismo. Mientras La Fortaleza consume su energía justificando contratos y transacciones privadas, los problemas estructurales de la Isla quedan relegados a un segundo plano, como si la gobernanza fuera un lujo y no una obligación.

Para la gobernadora, sin embargo, la narrativa es otra. González Colón insiste en que los señalamientos contra su funcionario son “peleas vanas” de la oposición y de rivales internos del PNP. “Él vendió su negocio como si cualquiera vendiera su carro o su casa”, ha repetido para defender la pureza de su gabinete. Pero al otro lado de la trinchera, la indignación es total. Tras la querella formal ante el OPFEI, la licenciada Eva Prados — Coordinadora General del MVC— fue tajante: “Francisco Domenech no solo representa un flagrante conflicto de interés, representa la captura del aparato gubernamental para beneficiar a los amigos de la casa a costa de los servicios esenciales del pueblo”.

Para entender cómo un solo individuo llegó a acumular tanto poder institucional, hay que mirar su origen. Domenech no proviene de la aristocracia política; su juventud estuvo marcada por inestabilidad residencial y retos económicos entre San Juan y Ocala, Florida. Ese trasfondo forjó un apetito implacable por el control. Su regreso a la UPR marcó el punto de inflexión: como presidente del Consejo General de Estudiantes, no fue un líder idealista, sino un operador pragmático que entendió que el verdadero poder no está en la protesta, sino en la maquinaria institucional.

Ese aprendizaje lo catapultó. Tras graduarse de Derecho, Kenneth McClintock lo nombró director de la Oficina de Servicios Legislativos con apenas 27 años. Allí descifró el ADN del poder legislativo y construyó una red de contactos invaluable. Luego, en el sector privado, monetizó ese conocimiento fundando Politank Corp, una aduana corporativa para inversionistas que buscaban acceso al gobierno. El clímax llegó en diciembre de 2024, cuando vendió la firma por $4 millones a su socio Manuel Torres, limpiando el rastro justo antes de juramentar simultáneamente en tres de los puestos más poderosos del país: Secretario de la Gobernación, Director de la AAFAF y Presidente del Banco de Desarrollo Económico.

En paralelo, Domenech fue tejiendo con Jenniffer González Colón una alianza puramente política, una maquinaria de conveniencia donde él aportaba cálculo, dinero y estrategia, y ella el vehículo institucional para escalar. Durante cinco campañas, Domenech fue la sombra que afinaba cada movimiento, el ingeniero que la impulsó primero a Washington en 2016 y luego a La Fortaleza en 2024.

La otra historia, la que verdaderamente altera el equilibrio del país, es su matrimonio con Verónica Ferraiuoli, actual Secretaria de Estado. Ese vínculo personal, incrustado en la línea sucesoria, crea una arquitectura de poder que ningún reglamento previó: cuando la gobernadora se ausenta, Ferraiuoli asume el mando interino del Ejecutivo, mientras Domenech, desde un lugar sin cargo pero con acceso, influye sobre el gabinete y sobre las decisiones fiscales que sostienen al gobierno.

Así, dos relaciones distintas —una política, otra íntima— convergen en un mismo punto de control. Y lo que emerge no es solo una alianza, sino una estructura dinástica que mezcla lo público y lo doméstico, lo institucional y lo privado, hasta volver difusos los límites de la autoridad democrática

Pero ese blindaje político está lleno de fisuras. El país recuerda su arresto en 2018 bajo la Ley 54, un caso que se archivó porque su esposa no compareció a testificar. En 2021, una secuela del caso reveló alegaciones de información falsa bajo juramento. Hoy, la crisis es institucional y criminal. La querella del exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, detalla un patrón de intervenciones indebidas: presiones para frenar destituciones de funcionarios investigados por corrupción y para agilizar decretos contributivos millonarios a favor de antiguos clientes de Politank.

Durante la histórica vista de interpelación en Comisión Total, Domenech intentó defenderse: “No ostento interés alguno en la empresa Politank… vendí y me desvinculé totalmente”. Pero sus argumentos chocaron con la fiscalización. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, lo encaró sin rodeos: “Se equivoca, licenciado Domenech, aquí no venga a mentir ni a confundir”.

La pesquisa no se limita a él; arrastra directamente a la gobernadora. Al activar un escudo absoluto sobre su secretario, González Colón se acerca peligrosamente a los delitos contra la función pública. Si se demuestra que conocía las presiones indebidas y utilizó su poder para encubrirlas, podrían configurarse delitos como encubrimiento, obstrucción a la justicia e incumplimiento del deber.

A estas alturas, el daño institucional es profundo. No sabemos si la salida de Domenech salvaría la gestión de la gobernadora; lo cierto es que, tras meses de parálisis, desmantelamiento de agencias y pérdida de fe pública, enderezar el rumbo parece una misión imposible. El saco de cemento ya fracturó la espina dorsal de este gobierno, y el costo de esa rotura lo sigue pagando el pueblo de Puerto Rico.