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Si la Policía de Puerto Rico (PPR) no es capaz de investigar las querellas de violencia de género contra sus  miembros, poco se puede esperar de su respuesta a los casos fuera de la uniformada.

La denuncia de que la Policía no investiga los casos en que sus miembros atentan contra sus parejas y de que son muy pocos los casos radicados que terminan en convicción está sustentada en dos informes. Uno es el octavo informe del monitor federal de la Reforma de la Policía, que cubre de octubre de 2022  a marzo de 2023, y el otro, un informe de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes, presentado el 23 de mayo del 2023.

El informe del monitor federal, sometido el pasado mes de  junio, indica que durante el periodo examinado, de 31 investigaciones en los que estaban envueltos miembros de la Policía, 31 eran casos de violencia doméstica, por infracción a la Ley 54. El informe señala que la Policía no le sometió a la Oficina del Monitor información sobre los casos de agresión sexual en los que estuvieron implicados miembros del cuerpo policiaco, por lo que no se pudo evaluar si la Policía de Puerto Rico documenta el uso de un método de respuesta informado sobre trauma, si proporciona de manera sistemática a las víctimas los recursos disponibles de apoyo o seguridad o si realiza un seguimiento oportuno de la víctima, como exige la ley.

El informe recoge que durante el mismo periodo en que se produjo hubo varios sucesos e incidentes de gran repercusión que renovaron la atención a los casos de violencia doméstica y agresión sexual, en particular, los que afectan a los miembros de la Policía. Según el monitor, se revisaron 63 expedientes de investigación de violencia doméstica y se descubrió que la PPR no sigue de manera sistemática su política relativa a la incautación de las armas de los agentes y la remisión del empleado al Programa de Ayuda al Empleado. “El Programa de Ayuda al Empleado esta diseñado para ayudar a los empleados del Negociado de la Policía de Puerto Rico y su familia inmediata. Ofreciendo servicios de terapia psicológica, los cuales ayudan a prevenir, identificar en etapas tempranas y resolver problemas asociados a asuntos laborales o personales. Estos problemas pueden estar relacionados con aspectos psicológicos, emocionales, sociales o de conducta entre otros” descripción que aparece en la pagina oficia de la Policía

El 6 de marzo, dice el informe,  las partes se reunieron para debatir la elaboración de un plan de ejecución centrado en el cumplimiento por parte de la Policía de las disposiciones de las investigaciones administrativas sobre agresión sexual y violencia doméstica en las que esté implicado personal de la PPR.

Los señalamientos reseñados se encuentran en el capítulo 3 del informe del monitor, “Igualdad de protección y no discriminación”. Hay que traer a la atención que recientemente, el juez del tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, Francisco Besosa, quien supervisa el acuerdo del Gobierno de Puerto Rico y el de Estados Unidos para la reforma de la PPR, le pidió recomendaciones al Gobierno para cambios constructivos tangibles y advirtió que de no recibirlos realizaría cambios profundos debido a la lentitud e incapacidad demostrada por la Policía para cumplir con el acuerdo. Por su parte, el Departamento de Seguridad Pública, por medio de su secretario, Alexis Torres Ríos,  reaccionó a la advertencia del Juez  diciendo que no realizarían ningún cambio a la reforma.

El informe de la Comisión de la Mujer es producto de la RC 659, que ordenó una investigación sobre los protocolos existentes para atender los casos de violencia de género, las querellas presentadas contra los miembros, los recursos designados y por qué no se esclarecen las querellas. En fin, en la práctica, los mismos ángulos que el monitor federal.

En el caso del informe de la Comisión de la Mujer, la información solicitada al Departamento de Justicia (DJ) reveló que de enero de 2017 hasta el 2 de noviembre de 2022, de un total de 371 casos de las 13 áreas policiacas, 242 casos fueron consultados y no radicados, es decir el 65 % de los casos no fueron radicados. El área policiaca con el mayor número de casos es el municipio de Arecibo, con 33, y el de menos, Aibonito. En la lista suministrada por el DJ incluso hay querellas en las que se repiten nombres de agentes.

La Comisión además señala que hay diferencia entre los números de querellas que ofrece la Policía y el DJ  y las que presenta el monitor federal. En el caso del monitor federal, en el 2017 recoge que las querellas contra miembros de la Policía por violencia doméstica fueron 99 y en el 2018, 87. Los números de la Policía y Justicia son de 77 querellas para el 2017 y 85 para el 2018.

Consultada sobre ambos informes y sobre la conducta de la Policía, la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, doctora Irma Lugo Nazario, expuso que en enero del 2022, la Policía, bajo el comité PARES, estuvo participando de manera activa en el desarrollo de un protocolo de investigación para las víctima de violencia basado en el protocolo latinoamericano de investigación sobre violencia

de feminicidios.  Esta censuró el que la Policía se investigue a sí misma cuando tiene una denuncia de violencia doméstica de una  pareja que también es policía o de una pareja no es policía. Además,  cuestionó la atención a las querellas de fuera del cuerpo. Sobre esto último narró sobre un hecho reciente de una mujer que acudió a un cuartel en Santurce  a presentar una querella por violencia doméstica, y la retén, una mujer policía, le dijo que no le podía tomar la querella porque no tenía patrullas en ese momento.“El trabajo tiene que ir en dos vías: hacia fuera por el servicio que tienes que dar a la sociedad, pero hacia dentro con tu personal”.

La coordinadora del Observatorio de Género,  reclamó que el Comité PARES,  hizo cosas que no se ven, pero que están disponibles. El comité fue eliminado en agosto del 2022  y en su lugar se nombró a un Oficial de Cumplimiento para dar seguimiento al trabajo de PARES. Lugo Nazario reconoció que una sola persona no tiene esa capacidad si primero no tiene los recursos de evaluar lo que se está implementando y si está siendo efectivo.

Por otra parte, la directora ejecutiva de la Coordinadora Paz para la Mujer (CPM), Vilma González Castro, reaccionó a los recientes casos de muerte por violencia de género: “¿Cuántas mujeres tienen que morir para que nosotras ganemos la atención y entendamos que tenemos un problema que es serio y que requiere medidas drásticas y urgentes para poder atenderlo?”  Esta hizo referencia a que aun con las declaraciones de estado de emergencia que se han hecho en los últimos  años y otras acciones, hasta el momento todavía no logramos detener la violencia de género del país.

La primera orden ejecutiva de este cuatrienio fue emitida en enero de 2021, la cual se supone estuviera vigente hasta junio del 2022.  Luego, el gobernador,  Pedro R. Pierluisi, extendió  el estado de emergencia hasta junio de este año y la volvió a extender hasta el 31 de diciembre de 2023.

González Castro  subrayó que es importante  fortalecer todas las instrumentalidades que dan protección a las víctimas; es decir, que el Gobierno —Policía y tribunales— hagan lo que les corresponde. Indicó que las organizaciones que están luchando día a día para sobrevivir, no son suficientes para atender la demanda. Expuso como ejemplo que durante el fin de semana en que han ocurrido feminicidios  las organizaciones  han recibido cientos de llamadas de mujeres buscando ayuda. Pero las organizaciones no tienen  suficientes recursos.

Ante una nueva orden ejecutiva (OE 2023-023) emitida por el gobernador el 5 de septiembre, que dispone la creación de un llamado  Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia,  la directora ejecutiva de la Coordinadora de  Paz para la Mujer señaló que crear otra comisión de violencia e incluir la violencia de género en ella le parece una medida terrible. Subrayó que es necesario  atender la violencia de género por separado, con una perspectiva de género.

González Castro reconoció como uno de los grandes fracasos del comité PARES el que por parte del Gobierno no se haya cumplido con el compromiso de  trabajar con la perspectiva de género después de todo el trabajo que se hizo en esa dirección. “Si nosotros no trabajamos con la perspectiva de género, con  la prevención, con el problema desde la raíz, vamos a estar siempre respondiendo con alarmas. Los feminicidios íntimos están casi al mismo nivel de lo que terminamos el año pasado. Tenemos que ser responsables. El Gobierno tiene que ser responsable con este tema; no es creando comisiones para las gradas o para desviar la atención. Tenemos que atender este problema seriamente”.

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Por igual, varios sectores de la comunidad universitaria han expresado su descontento con el desempeño del presidente de la UPR.

 A menos de un mes de la restitución de Ilka Ríos Reyes como rectora en propiedad del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), tanto la administración como el estudiantado del sistema universitario repudiaron la permanencia de la doctora, quien había renunciado a la rectoría el año pasado.

La Junta de Gobierno (JG) de la UPR aprobó la nominación de la doctora Ríos Reyes como rectora el pasado 22 de agosto, en un proceso que, para otros miembros de la comunidad universitaria, fue contrario a los reglamentos institucionales.

La recomendación de la doctora, hecha por el presidente del sistema universitario, Luis A. Ferrao Delgado, generó una polémica porque la métrica establecida, que incluía un sistema de puntuación por candidato, no se hizo valer. De los tres candidatos y candidatas postuladas, Carlos Ortiz Reyes les ganó a Ilka Ríos Reyes y a Natalio Izquierdo Encarnación, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar en la nominación del Senado Académico, respectivamente. Ortiz Reyes representaba el candidato predilecto del estudiantado del RCM.

El 25 de agosto, tres días después de la decisión de la JG, la Facultad de la Escuela de Medicina del RCM impugnó la designación de Ríos Reyes por otra de las razones subyacentes en la controversia: durante su desempeño como rectora en 2022, alteró la calificación de una estudiante indebidamente. Como defensa, la rectora insistió en que la irregularidad fue producto de un acuerdo con su antecesor, Segundo Rodríguez Quilinchini.

Durante el escándalo, el presidente de la UPR instó a Ríos Reyes a  renunciar por violar los reglamentos universitarios. En una misiva de respuesta, la rectora afirmó que Ferrao Delgado le obligó a renunciar “sin haber tenido la oportunidad de ofrecer” su explicación.

El nuevo nombramiento de Ríos Reyes entró en vigor el 1 de septiembre. Cinco días después, el 6 de septiembre, la Junta Universitaria (JU) de la UPR exigió la renuncia de la nueva —o vieja— rectora del RCM y le retiró la confianza a Ferrao Delgado por su manejo de la situación.  Ferrao Delgado es parte de la JU por ser el presidente de la UPR.

Aunque ambos cuerpos rigen la política interna del sistema universitario, las tareas de la Junta de Gobierno y la Junta Universitaria sirven para diferentes funciones. La JG, por un lado, pauta las directrices y normas y supervisa el funcionamiento de la universidad. Está compuesta por 13 miembros. Previo a la creación de la JG en 2013, estas tareas las desempeñaban el Consejo de Educación Superior (CES) y la Junta de Síndicos (JS).

Contrario a la JG, la JU tiene sobre 30 miembros que, más allá de ser nombrados, ocupan cargos representativos de todo el sistema universitario, como en la rectoría, el profesorado y el estudiantado.

Férreo repudio de parte del sector estudiantil

 El miércoles, 6 de septiembre, un grupo de estudiantes y doctores, convocados por la Escuela de Medicina, se presentó frente al RCM para exigir la renuncia de Ilka Ríos Reyes. Al día siguiente, el Consejo General de Estudiantes (CGE) del RCM celebró una asamblea extraordinaria en la que emitió una certificación que, según se le reveló a CLARIDAD, cita:

1. Exigir la destitución inmediata del Dr. Luis Ferrao como presidente de la UPR por un craso e inexcusable incumplimiento del deber.
2. Exigir la destitución inmediata de la Dra. Ilka Ríos Reyes como rectora del RCM por haber incurrido en violaciones a la Ley, a los reglamentos universitarios, poniendo en riesgo la acreditación del RCM, el bienestar de la comunidad académica y la salud de Puerto Rico.
3. Reclamar al Senado y la Cámara de Representantes que aprueben el proyecto de Reforma Universitaria impulsado por la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria (CMRU), que tiene como fin eliminar las intromisiones político-partidistas dentro de la UPR.
4. Solicitarle al CGE que envíe copia de esta resolución al gobernador de Puerto Rico, a los Consejos Generales de Estudiantes de los 11 recintos, a los Senados Académicos de los 11 recintos, a la Junta Universitaria, a la Junta de Gobierno, y a la prensa del país.

Glizette Arroyo Morales, presidenta del CGE del RCM, expresó que la comunidad estudiantil lleva años enfrentando intervenciones político-partidistas y afirmó que, una vez más, la voluntad del estudiantado quedó obviada por los intereses subrepticios.

“Los estudiantes coincidimos en que la Reforma Universitaria es la solución a lo que, por años, no ha funcionado”, mencionó Arroyo Morales a CLARIDAD, en alusión al proceso de nombramientos en la UPR. “Nuestra recomendación como Consejo de Estudiantes y Comité de Consulta fue otra; el presidente no la consideró. El CGE entendió que Carlos Ortiz Reyes era el mejor candidato por su desempeño administrativo”, agregó la estudiante del RCM.

Igualmente, una de las preocupaciones más recurrentes de la comunidad del RCM es la acreditación de la institución, que está a 14 meses de ser revaluada. En 2021, el recinto perdió su acreditación para el programa de Neurocirugía. En este campo, existe solo una veintena de profesionales. De acuerdo con la página oficial de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, existe un neurocirujano por cada 100,000 pacientes.

 Consejo de Estudiantes de Ciencias Médicas convoca a más manifestaciones y asambleas

 También, el CGE se unió al estudiantado en la protesta realizada el viernes, 8 de septiembre.

Como parte de las resoluciones que certificó el CGE en su asamblea extraordinaria, el cuerpo representativo invitó a la ciudadanía a una protesta multisectorial en contra de la permanencia de Ilka Ríos Reyes como rectora, el próximo miércoles, 13 de septiembre, desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 a.m., frente a la Escuela de Enfermería.

El cuerpo estudiantil tiene cita virtual, el viernes, 15 de septiembre a las 4:30 p.m. en una asamblea extraordinaria. La convocatoria está condicionada a la renuncia de Ríos Reyes. Hasta la fecha, ni Ríos Reyes ni Ferrao Delgado han cambiado de postura.

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Con el apoyo de todos los sectores universitarios ya unionados, el personal docente de todo el sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se dispone, del 23 al 26 de octubre, a votar por la sindicación, liderada por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) como representante exclusivo.

En una demostración de ese apoyo, la APPU llevó a cabo una conferencia de prensa en su sede a pasos del recinto de Río Piedras de la UPR, que contó con representación de profesores de diversos recintos y representantes de las otras organizaciones sindicales que tiene la UPR.

“Se siente el entusiasmo, llevamos mucho tiempo esperando esto porque merecemos una mejor UPR, una UPR con futuro. Por eso exhortamos a toda la docencia a unirse en una sola fuerza docente”, declaró María del Mar Rosa Rodríguez, presidenta de la APPU.

El presidente de la Asociación de Profesores y Profesoras del recinto de Mayagüez (APRUM), Rafael Boglio, exhortó a toda la docencia de su recinto a votar  por la APPU. “La APRUM se unió a la APPU en este esfuerzo y somos parte de este proceso. La docencia lleva años exigiendo la negociación colectiva. Esta elección nos dará ese derecho. Ahora nos corresponde organizarnos porque estamos convencidos de que vamos a ganar la elección sindical, y podremos negociar un convenio colectivo que nos garantice derechos laborales, que nos proteja de los recortes presupuestarios, que nos permita sentarnos a la mesa y alcanzar acuerdos vinculantes con la administración de la UPR”, precisó.

En tanto, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) también se solidarizó con  el derecho a la organización y a la negociación colectiva de los docentes. “El organizarse sindicalmente dentro de la Universidad es el instrumento más eficaz que los trabajadores no docentes tenemos. Nuestra sindicalización nos protege de los abusos del patrono y mejora nuestras condiciones de trabajo. La Hermandad apoya al sector docente en su derecho a negociar colectivamente. Los docentes necesitan entrar por la puerta amplia al concierto de la negociación colectiva con el fin de obtener unos acuerdos y garantías, pero también para fortalecer la institución”, señaló José Torres, vicepresidente de la HEEND.

En sentido similar se expresó el Sindicato de Trabajadores de la UPR, el cual a inicios de este  semestre mantuvo una huelga que duró varios días. “A los demás gremios universitarios se les ha reconocido el derecho a la negociación colectiva. Los profesores merecen ese derecho y esta elección será histórica porque finalmente podrán hacerlo”, expresó Idalia Maldonado, delegada del sindicato.

La Unión Bonafide de Oficiales de Seguridad (UBOS) también dio su respaldo a la sindicación. “Los docentes tienen el derecho a la libre selección y no podemos descansar en decisiones patronales que coarten derechos. Es hora de que nuestros hermanos catedráticos se unan a los gremios organizados de la UPR”, puntualizó, Melson Battle, presidente.

Por parte del estudiantado estuvo presente el vicepresidente del Consejo General de Estudiantes del recinto de Río Piedras, Adrián Maldonado. “En esta coyuntura de nuestra historia puertorriqueña, en que la Universidad de Puerto Rico está tan vulnerable ante ataques exteriores, la docencia necesita el escudo que ofrece la sindicalización. Como estudiantes apoyamos a la APPU en este esfuerzo porque su sindicalización tendrá efectos positivos en lo académico y en alcanzar justicia laboral”, expresó.

A preguntas de CLARIDAD, la presidenta de la APPU aclaró que en la elección podrá votar toda  la docencia en toda su diversidad, los con o sin plazas, la docencia en biblioteca, docencia en consejería; todo tipo de docente, no importa si son permanentes, probatorios o con contrato. El número requerido para que se confirme la sindicación es más del 50 %, y se espera que voten cerca de cuatro mil docentes.

Con el sindicato de docentes todos los grupos trabajadores del sistema de la UPR estarían unionados, aunque no todos bajo la ley 130, que es la que es la que permite la unión de los docentes. La APPU se reuniría el 11 de septiembre con la Junta de Relaciones del Trabajo para acordar cómo será el proceso de votación.

Respecto a las expectativas a negociar una vez organizado el sindicato, la presidenta de la APPU comentó  que se sentarían  a negociar ese convenio colectivo, el cual será uno grande porque la docencia es bastante diversa en sus funciones, “lo que esperamos tan pronto ganemos esa elección porque no tenemos dudas de que vamos a ganar esa elección sindical. Llevamos muchos años esperando esto, son muchas las presidencias que han trabajado en este esfuerzo y por eso va a ser una elección histórica donde la docencia universitaria de Puerto Rico por primera vez se va a insertar en ese mundo internacional de docentes, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, que tienen el derecho a negociar colectivamente. Así que tan pronto ganemos la elección, esperamos sentarnos a negociar ese convenio colectivo”.

Entre los temas de mayor trascendencia para todos los universitarios está la permanencia de su sistema de retiro, el cual la junta de Gobierno de la UPR y  la Junta de Control Fiscal (JCF) pretenden eliminar.  Al respecto, el profesor Carlos Hernández, representante por el RUM y miembro de la Junta del Sistema de Retiro, se expresó en el sentido de que la sindicación es una vía para atender el asunto. “La JCF  ha venido con una andanada de ataques en la prensa diciendo que el sistema de retiro nuestro es insolvente, que solo tiene  54 % de los fondos. Eso es completamente falso. Nosotros no podemos confiar en una junta como esa”.

Aunque no todos los recintos tienen el mismo número de profesores, Rosa Rodríguez se expresó confiada. “En todos los recintos estamos convencidos de nuestra fuerza docente. Estamos esperanzados, vamos a ganar en esta elección sindical”, pronosticó.