Especial para CLARIDAD

 El pasado 18 de septiembre de 2022, a pocos días de rememorar cinco (5) años del azote del huracán Maria a nuestro país, se comenzó a sentir la llegada del huracán Fiona, que se había catalogado inicialmente como tormenta tropical, pero que al llegar a nuestras costas ya se había convertido en un huracán categoría Uno.  Fiona fue un fenómeno atmosférico que trajo mucha lluvia a toda la Isla, pero sus efectos se sintieron, principalmente, en la mitad sur, oeste y noroeste de Puerto Rico. Como siempre que nos amenaza un evento de esta naturaleza, existe la inminente preocupación de perder el servicio de luz. Esta era la prueba de fuego de la compañía Luma Energy, la que hace poco más de un año y tras la firma del contrato que suscribiera la ex gobernadora, Wanda Vázquez, con el veloz aval de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), asumió formalmente la operación del sistema de transmisión y distribución del servicio de energía eléctrica. Previo a ello, a Luma se le hizo entrega de cerca de 168 millones para que se “familiarizara” con el sistema. La empresa, que ha sido objeto de múltiples críticas, no solo por su cuestionable experiencia en el manejo de un sistema eléctrico complejo como el nuestro y por su falta de personal para operarlo, sino por su pobre desempeño desde que fuera contratada, había asegurado a la ciudadanía que estaba preparada para enfrentar un huracán categoría Dos.  Al igual que Luma, el gobierno de Pedro Pierluisi le afirmó al País estar igualmente preparado para enfrentar el ciclón. Pronto advertimos el engaño. De hecho, antes de que se comenzaran a experimentar como tal, los efectos de Fiona, miles de ciudadanos comenzaron a perder el servicio eléctrico y en el primer día del huracán, el País sufrió un apagón total.

Tras el paso de Fiona por nuestra Isla, decenas de municipios quedaron a oscuras. Como consecuencia de ello, miles de abonados en todo el país, también experimentaron la falta de agua potable. Las copiosas lluvias provocaron grandes inundaciones, la destrucción de carreteras, puentes y residencias. Como era de esperarse, los sectores más empobrecidos fueron las víctimas de los efectos del huracán. Tal y como ocurrió luego del azote del huracán Maria, quedó al descubierto la enorme pobreza que arropa al país, que ha sido desatendida por los gobiernos que se han turnado en el poder. Innumerables sectores de nuestro pueblo experimentaban, nuevamente, la desdicha de perderlo todo. Ante este cuadro desolador para miles de hermanos puertorriqueños y puertorriqueñas, se puso a prueba la capacidad del gobierno de Pedro Pierluisi de manejar, por primera vez, la respuesta y recuperación del país ante un evento como este.  Muy pronto se comenzarían a sentir los efectos del huracán gobierno liderado por Pierluisi, junto a decenas de funcionarios designados para enfrentar esa tarea.

A raíz del embate del huracán, las quejas de los alcaldes y alcaldesas, que son la primera línea de respuesta con la que cuenta la ciudadanía en sus respectivos pueblos, no se hicieron esperar. Los alcaldes de Comerio y de Utuado reclamaron, desesperadamente, que se les proveyera agua potable a sus municipios. El alcalde de Coamo hizo similar reclamo, no sin antes denunciar, que los generadores que bombean las plantas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), no habían sido abastecidos de diésel, combustible indispensable para poder ponerlos a funcionar ante la carencia del servicio de energía eléctrica.  Ante la falta del preciado líquido, los camiones cisterna brillaban por su ausencia en muchos sectores del país. En lugares de la zona metropolitana, donde los efectos del huracán fueron mínimos y no se derribaron postes ni cables del tendido eléctrico, la ciudadanía estuvo, cuando menos, seis días sin el servicio de luz y unos cuatro sin agua potable. En otros lugares donde se recuperaba el servicio de energía eléctrica, el mismo fallaba pocas horas más tarde, devolviendo a las comunidades a las penumbras y al desasosiego. Alcaldes como los de Isabela y Aguadilla, denunciaron que organizarían sus propias brigadas, a lo cual Luma respondió con amenazas de someter cargos criminales. Decenas de comunidades quedaron aisladas por las inundaciones, la destrucción de carreteras y puentes, lo que puso en riesgo la vida de sus residentes ante la incapacidad de lograr acceso a la ayuda necesaria y una vez más demostró la falta de atención a la infraestructura vial en muchos pueblos. Muchos refugios no estaban adecuadamente preparados para recibir a los evacuados. El gobernador Pierluisi, declaró que no hacía falta que se proveyeran suministros, demostrando así cuan ajeno está de la realidad de precariedad que viven miles de puertorriqueños y puertorriqueñas. Su falta de empatía ante el dolor de nuestra gente quedó evidenciada. Ante la pobre respuesta del gobierno, la sociedad civil, los lideres comunitarios y las organizaciones sin fines de lucro asumieron, una vez más, la ingente tarea de rescatar y apoyar a nuestros compatriotas en todos los rincones del país, haciendo patente aquella máxima de que solo el pueblo salva al pueblo.

Para nuestros viejos y viejas, la situación hizo crisis, pues muchos(as) quedaron solos(as), desamparados(as), aislados(as). Ellos y ellas enfrentaron la posibilidad de morir ante la imposibilidad de recibir ayuda médica y abastecerse de agua, alimentos y medicamentos. Particularmente, en égidas y condominios del área metropolitana, muchos viejos y viejas quedaron a su suerte. La respuesta de agencias como la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada fue, no solo tardía, sino insuficiente. Algunos de nuestros adultos mayores enfrentaron la posibilidad de morir o enfermar gravemente, por no tener como operar sus equipos médicos ante la falta de energía eléctrica y no poder trasladarse a lugares más seguros.

Ante la ostensible inexperiencia y escasez de personal de Luma Energy, las quejas de ciudadanos(as), alcaldes y alcaldesas, se hicieron cada vez mas frecuentes. La promesa de que esta empresa, que se le vendió al pueblo como la opción para la restauración de nuestro sistema eléctrico y que nos garantizaría un servicio robusto y de calidad, se vino abajo ante la incompetencia desplegada en la respuesta al huracán. Diez días más tarde del paso del huracán Fiona, decenas de municipios aun tenían más de la mitad de su gente sin servicio de energía eléctrica y algunos municipios, como Lajas y Guánica, seguían totalmente a oscuras. Luma fracasó, constantemente, en las métricas prometidas de restablecer el servicio. A pesar del malestar generalizado con el desempeño de Luma Energy y de los reclamos de muchos ejecutivos municipales y de la propia ciudadanía, de que el contrato con esta empresa debe cancelarse, el gobernador Pierluisi, ha sido su más férreo defensor, negándose contumazmente a aceptar, no solo que el contrato con Luma Energy es leonino y gravoso para el país, sino que Luma no da pie con bola y que, únicamente, busca amasar el botín que representa recibir la friolera de $1,500 millones de dólares por 15 años, más otros beneficios y bonos igualmente millonarios. Ha quedado demostrado que ni Luma ni Pierluisi dan el grado y que no han venido a servir, sino a servirse. La indolencia con la que han actuado y la ineptitud demostrada ante la emergencia acaecida como secuela del paso de Fiona, nos ha expuesto a los efectos del huracán gobierno, que ha puesto en riesgo la vida y la salud mental de miles de compatriotas. Es hora de exigir que acabe el abuso.

La autora es Presidenta del Movimiento Unión Soberanista.

Especial para CLARIDAD

Todavía una parte sustancial de nuestro Pueblo no logra superarse de los impactos del huracán Fiona. Al momento que escribimos, cientos de miles de personas continúan sin servicio de electricidad y de agua potable, con gran precariedad en la comunicación vial que los limita al acceso de bienes básicos de alimentación, cuidado médico y otras necesidades de la vida cotidiana. En tiempos históricos se aludía a ”designios de Dios”, a “cosas de la naturaleza” o “fuerza mayor” como los factores que recurrentemente atrofian la estructura social y física de las comunidades para lo cual se requería altos grados de resignación y esperanza en el tiempo futuro para lograr una vida segura y de calidad superior. Resumíamos estas circunstancias como Fiona como “desastres naturales”, es decir, desastres recurrentes en el tiempo que en la práctica resultan inevitables. Pero la ciencia y la experiencia indican que estos eventos, estos “desastres”, los construimos los humanos cotidianamente mediante acciones y decisiones individuales y colectivas, es decir, son desastres sociales que históricamente construimos y repetimos mediane la construcción de vulnerabilidades a eventos y peligros que manifiestan distintos fenómenos naturales. La incomprensión de esta realidad nos ha llevado a un ciclo vicioso de construcción, destrucción y reconstrucción de estructuras e infraestructuras en espacios susceptibles a inundaciones, deslizamientos de terreno, marejadas ciclónicas y terremotos. Con cada evento donde se manifiesta uno de estos fatores de peligro, este ciclo vicioso produce gran daño físico, desasosiego, pérdidas de vidas humanas, pérdida económica y, en definitiva, pobreza endémica.

Hemos enfrentado la situación arriba descrita con un marco legal y de política pública débil y limitado. También contamos con una estructura gubernamental desenfocada, ineficiente e insensible para articular soluciones y respuestas adecuadas que puedan prevenir y mitigar estos desastres.  Probablemente, lo peor de todo este cuadro, es que la politización partidista enfermiza que administra y gestiona los asuntos públicos se proyecta incapaz de poder articular medidas preventivas y correctivas adecuadas a las circunstancias que producen estos desastres sociales con la consecuencia de generar gravámenes de dolor y angustia en, prácticamente, toda la población puertorriqueña. El portaestandarte de la situación que nos agobia es la dupleta Pierluisi-LUMA, dúo que procura obtener por un lado ganancias electorales y prevalencia en el poder político y el otro, a lucrarse monetariamente en la administración y reconstrucción del servicio eléctrico público. Esta dupleta coordina sus actuaciones y la respuesta de propaganda y relaciones públicas para ocultar su ineficiencia y a la vez prevalecer como entes con autoridad para actuar y decidir sobre aspectos fundamentales de nuestras vidas: la salud, la seguridad y el bienestar general.

La caótica gestión que realiza el estado para manejar el problema recurrente de las inundaciones permite describir el estado de situación que produce desastres sociales recurrentes. La inundación, como fenómeno natural, se produce con eventos de lluvias fuerte relacionados a eventos meteorológicos como vaguadas, ondas tropicales y ciclones tropicales. Son más intensas cuando se asocian a ciclones fuertes como huracanes. Por nuestra condición de Isla tropical, ubicada en el corredor este-oeste del Atlántico de la ruta de los ciclones, sumado a nuestra topografía sustancialmente montañosa, provee para que con alta frecuencia se observan expresiones de lluvia intensa que generan escorrentías con capacidad de desbordar los cauces ordinarios de quebradas y ríos y, en consecuencia, inundando grandes porciones de terreno, especialmente en los llanos costeros que circunvalan nuestro territorio nacional. Esta expresión de lluvias intensas, como parte del ciclo hidrológico natural, se ha alterado en pasadas décadas y se proyecta al futuro que se exacerbe debido al calentamiento del Planeta y al cambio en el clima que ya está documentado. Somos testigos de un proceso de expresión de lluvia cada vez más intensas (mayor precipitación en menos tiempo) que propicia problemas más recurrentes, y más graves, de inundaciones y de deslizamientos de terrenos. Como se sabe, la lluvia no sólo desborda los cauces e inunda terrenos, sino que satura y desestabiliza terrenos inclinados produciendo gran cantidad de deslizamientos y derrumbes de suelos y rocas. Durante el huracán María el 20 de septiembre de 2017, por ejemplo, se identificaron más de 70 mil eventos de deslizamientos, pequeños y grandes, en todo Puerto Rico.

Además del factor de lluvias fuertes en poco tiempo, la incidencia de derrumbes y deslizamientos está relacionada a la deforestación de la cubierta vegetal, particularmente la arbórea, y la inestabilidad en las pendientes que produce el corte del terreno para la construcción de carreteras, calles y caminos que conforman la red vial que actualmente constituyen miles de kilómetros lineales en esta infraestructura. Prácticamente para cada estructura construida en el País, se ha provisto un acceso asfaltado desde la red vial. La inestabilidad de montañas y taludes es más frecuente en nuestra región montañosa de origen geológico volcánico, pero también ocurre en ámbitos urbanizados en el litoral costero donde predomina la roca caliza, como, por ejemplo, ha ocurrido en Manatí, en la tragedia de Mameyes en Ponce (1985) y en la urbanización Villa España en Bayamón.

Los eventos de inundaciones históricas se comenzaron a documentar científicamente a partir de los años 1960. Con la solicitud y ayuda técnica, y aportación financiera del gobierno de Puerto Rico, el Servicio Geológico de los EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés), establecido en San Juan desde finales de la década del 1950, comenzó un programa de preparación de mapas de inundaciones históricas en Puerto Rico. En principio, se desarrollaba un mapa después de cada evento que se considerara que superara a cualquier otro conocido y documentado. La serie de mapas producidos y la documentación que lo acompaña recogen información técnica y de impactos a estructuras e infraestructuras de eventos ocurridos a partir de la inundación del huracán San Ciriaco en agosto de 1899 (ver, por ejemplo, https://pubs.usgs.gov/ha/533/plate-1.pdf). Se acostumbra a referirse a estos mapas como Atlas de Inundaciones pues constituyen fuentes de información históricas fehacientes de eventos ocurridos significativos. En cada evento de inundación que superara la que previamente fue documentada, se comisionaba y se desarrollaba un nuevo mapa para ese cuerpo de agua. Contamos con decenas de Atlas con información valiosa que cubren casi todos los ríos principales que descargan al mar y que han afectado estructuras e infraestructura pública y privada en cada cuenca hidrográfica. Estos mapas se prepararon para el uso profesional de profesionales de la ingeniería y de planificación que participan del proceso decisional sobre los usos del terreno, de manejo de riesgos naturales y de defensa civil y manejo de emergencias. Lamentablemente, hasta donde conozco, el gobierno de Puerto Rico abandonó la práctica de comisionar la documentación histórica de inundaciones después del desastre que produjo las lluvias de octubre de 1985 y no se han levantado documentación de las inundaciones del huracán Hugo en 1989, del huracán Georges de 1998 ni de los huracanes Irma y María de 2017. Sospecho que tampoco se documentarán técnicamente las recientes inundaciones del huracán Fiona.

Hace dos semanas participaba en un foro convocado para analizar las inundaciones y deslizamientos de terrenos asociados al huracán Fiona. En una audiencia presencial donde predominaban jóvenes estudiantes de escuela intermedia, me formularon preguntas interesantes y relevantes relacionados a este tema. Entre esas preguntas se incluyó una relacionada a buscar explicación al por qué existen tantas residencias, negocios y otras instalaciones dentro de planicies de inundaciones. La respuesta a esa pregunta tiene un alto grado de complejidad porque la vulnerabilidad que existe es sustancial y responde a múltiples factores. En términos concretos, he planteado las siguientes circunstancias para explicar la vulnerabilidad a inundaciones que incide sobre cerca de 250 mil estructuras en Puerto Rico. El primer factor que destaco es el hecho de que antes de septiembre de 1975 no se requería un Permiso de Construcción para estructuras que ubicaran en la denominada Zona Rural de Puerto Rico. La Junta de Planificación (JP) institucionalizada en mayo de 1942, mantuvo un énfasis en la planificación del uso del terreno en los espacios urbanos de los municipios del País. El territorio nacional se clasificaba entre urbano y rural; se cualificaban y zonificaban los ámbitos urbanos como los centros de los pueblos y un ámbito de expansión previsible a mediano plazo. El resto del territorio municipal se clasificaba rural (ahora llamado rústico) donde predominaban usos agrícolas y de reservas forestales. Es decir, que toda construcción individual (que no fuera una urbanización) se construía de acuerdo a los recursos y las capacidades técnicas de las personas y no mediaba la intervención del estado para cualificar y autorizar mediante permisos la obra propuesta. En ese contexto no se analizaba por el estado el riego de inundación. Se asumía que cada persona ajustaba la estructura a su mejor entendimiento y conocimiento a la susceptibilidad a inundaciones. Con la reforma de planificación de 1975 se reformuló las funciones de la Junta de Planificación (JP) con la Ley Número 75 y simultáneamente se creó la Administración de Reglamentos y Permisos- ARPE con La Ley 76, ente relacionado pero separado de la JP y responsable de la emisión de permisos de construcción y permisos de uso en todo Puerto Rico. Desde entonces se requiere un permiso de construcción en toda obra propuesta.

El segundo factor se relaciona con la ausencia de reglamentación de planificación de uso de terreno en terrenos inundables o sujetos a deslizamientos. Hasta septiembre de 1961 la JP no disponía de reglamentación de planicies de inundación y las decisiones sobre este riesgo se tomaban sobre la base del conocimiento general pero no documentado del riesgo de inundaciones. En el 6 de septiembre de 1960 el huracán Donna produjo unas inundaciones catastróficas, particularmente en el este de Puerto Rico. Producto de esas inundaciones murieron cientos de personas en Humacao. La Asamblea Legislativa en respuesta a ese desastre aprobó la Ley Número 3 del 27 de septiembre de 1961 que se conoce como la Ley Para el Control de Edificaciones en Zonas Susceptibles a Inundaciones. Esta Ley requería a la JP preparar un reglamento de planificación para reducir el riesgo y vulnerabilidad a estos eventos. Sin embargo, no fue hasta el 15 de diciembre de 1971 que la JP aprobó el referido reglamento que desde entonces se conoce como Reglamento de Planificación Número 13. La aprobación del reglamento respondió en la práctica al desastre producido por las inundaciones del 5 del 9 de octubre de 1970 que, al ser confrontado el gobierno públicamente sobre los daños ocurridos, se reconoció que estaba vigente la Ley 3 de 1961 pero sin el reglamento para instrumentar la misma.

No obstante, el Reglamento #13 requería mapas sobre los riesgos de inundaciones para poderse implantar y esos mapas se adoptaron el 1981 promovido por el impacto del desastre de las lluvias del huracán David y la tormenta tropical Federico en septiembre de 1979. Los mapas preliminares aprobados se basaban en los Atlas preparados por el USGS pero en su mayoría no se ajustaban al requisito de ley de la inundación llamada regulatoria de frecuencia de recurrencia de 100 años. Los mapas que satisfacían esos requisitos regulatorios se elaboraron por FEMA entre 1982 y 1987. En resumen, en las tres décadas a partir de 1960 cuando se industrializó la construcción de urbanizaciones en Puerto Rico, cientos de miles de nuevas estructuras se construyeron en planicies inundables con una limitada e insuficiente reglamentación de uso de terrenos. Ese proceso desenfrenado de urbanización en las planicies de inundación fue acompañado de un proceso de urbanización en el litoral costero susceptible a erosión y vulnerable a marejadas ciclónicas y alto oleaje. En la práctica construíamos el País vulnerable a inundaciones en el que vivimos.

Tercer factor, el riesgo a deslizamiento y a derrumbe no está reglamentado en los reglamentos regulatorios de planificación. Está disponible una documentación generalizada del riesgo en un mapa preparado por el USGS (Map Showing Landslides And Areas of Susceptibility to Landsliding in Puerto Rico, 1979). Ver en https://pubs.usgs.gov/imap/1148/plate-1.pdf. Aunque este mapa ofrece información importante, no se ha documentado de forma específica este riesgo en los planes de usos de terreno tanto nacional como municipal. Una excepción a esa norma es un excelente y preciso mapa que preparó el USGS en el 1998 para y con la participación y apoyo financiero del municipio de Comerío. Este mapa de Comerío identifica con precisión los riesgos y susceptibilidad a deslizamientos incluyendo los sitios y dirección del flujo de los materiales deslizables. Ver https://pubs.usgs.gov/of/1998/plate1.pdf. Como este mapa se prepararon otros dos para un área en el río Cibuco en Corozal y otro para el río Blanco en Naguabo. Tengo la impresión que esa valiosa información de riesgo y vulnerabilidad es desconocida en el Plan de Ordenación Territorial de Comerío, y en el Plan Multirriesgo del municipio así como los planes de respuesta a emergencia del Departamento de Seguridad Pública. La ausencia de documentación y reglamentación y la carencia de conocimiento técnico en los funcionarios públicos con responsabilidad de planificación, mitigación y respuesta a desastre por inundaciones.

Cuarto factor, que explica la vulnerabilidad de inundaciones en Puerto Rico se relaciona a la política pública adoptada para pretender controlar las inundaciones con estructuras de ingeniería. Después del impacto de las inundaciones de 1960 la JP consideró dar curso a proyectos de control de inundaciones (canales, diques, represas, sistemas de bombeo) como estrategia para alejar el agua de inundación de los espacios urbanos y urbanizables. Se programó la canalización o el control de inundaciones en la mayoría de los cauces en las llanuras costanera y dada esa visión se autorizaron nuevas construcciones en áreas susceptibles a inundaciones confiando en las obras a construirse prospectivamente. Pero, muchas de esas obras no se pudieron construir por limitaciones de recursos financieros o por la adopción de políticas de conservación y preservación de recursos naturales valiosos. Las obras de control de inundaciones son financieramente costosas en su construcción y mantenimiento, ambientalmente impactantes, crean una falsa expectativa de seguridad y se diseñan para manejar el caudal de lluvias de intensidad específica descargando las aguas contenidas en los canales o bombeadas al mar, pero resultan insuficientes al incremento en la intensidad de eventos de lluvia que trae el calentamiento del Planeta, así como la progresiva y acelerada elevación del nivel del océano. Muchas de estas obras construidas se hicieron para manejar escorrentías y descargarlas al nivel que tenían los océanos en el 1941. Para colmo, no existe un mecanismo de financiación para la operación y mantenimiento de las obras de control de inundación construida. El limitado presupuesto que se asigna para cubrir ese costo, son partidas asignadas al DRNA de un presupuesto fiscal en bancarrota y bajo la autonomía de la Junta de Control Fiscal federal. Esa Junta no sabe ni le interesa el tema de riesgo y vulnerabilidad a inundaciones pues su énfasis va dirigido a asegurar el pago de deuda a bonistas extranjeros que ni viven ni les interés el bienestar de Puerto Rico.

Al ponderar los factores antes mencionados y considerando la ineficiencia e ineptitud de las estructuras gubernamentales para manejar y gestionar los aspectos de salud, seguridad y bienestar general, es claro que vivimos en un País con vulnerabilidad creciente a futuro. Las circunstancias exigen un cambio de paradigma sobre políticas de uso de terrenos, políticas de bienestar social y políticas de desarrollo económico que, por un lado, reconozcan el proceso histórico que nos ha traído a este presente inseguro y que nos proteja de un futuro potencialmente más vulnerable. El proceso político debe producir visiones filosóficas y prácticas de planificación diferentes a las prevalentes y esta exigencia circunstancial requiere dirigentes fraguados en una visión superior para manejar el futuro del País. El dúo Pierluisi-LUMA está descalificado para este proceso.