Especial para CLARIDAD
En los próximos meses, las naciones del mundo volverán a reunirse en la edición 28 de la Conferencia de las Partes (COP28) de las Naciones Unidas para llegar a acuerdos sobre cómo enfrentar el calentamiento global. Sin embargo, el panorama no es alentador. El incremento en la participación de compañías fósiles y el continuo retraso en alcanzar las metas acordadas por los países que más contribuyen al calentamiento global ponen en peligro la posibilidad de mantener la temperatura media del planeta por debajo de los 1.5 grados Celsius. Los subsidios gubernamentales para las compañías fósiles volvieron a romper récord en 2022, alcanzando 1 millón de billones de dólares, tres veces más que aquellos dirigidos a energía renovable. La contaminación del aire que causan estas empresas mata entre 1 a 10 millones de personas al año, sin contar otras muertes y enfermedades causadas por daños a cuerpos de agua y a los suelos. Estas medidas económicas han recibido severas críticas por varias instituciones internacionales, quienes insisten en que las mismas terminan incentivando el consumo desmedido de energía, perpetuando la pobreza y beneficiando tecnologías ineficientes como el gas natural y el carbón. La falta de acción gubernamental y la implementación de falsas soluciones (acciones que se llevan a cabo para aparentar que se está atendiendo el problema, pero en realidad no ayudan o empeoran la situación) hacen que el planeta continúe calentándose y que islas como las nuestras sigan recibiendo el impacto más desproporcionado.
Aun cuando los fuegos forestales han acaparado la atención mediática, las altas temperaturas también han provocado sequías, calentamiento del océano, cambios en los vientos y corrientes marinas, aumento en vectores de enfermedades como los mosquitos y nubes más grandes de polvo del Sahara. En Puerto Rico, las oleadas de calor incrementan el deterioro de la calidad del aire, así como la salud de la población, desde falta de sueño e irritabilidad, hasta la agudización de condiciones cardiorrespiratorias, golpes de calor, ataques cardíacos y muertes. El calor extremo también tiene un efecto nocivo en la salud mental y afecta particularmente a la vejez, la niñez, las personas gestantes y aquellas que trabajan o pasan largos periodos de tiempo al aire libre.
Uno pensaría que con todo lo que tenemos que perder, la sociedad puertorriqueña estaría alzada en armas exigiéndole al gobierno mayor acción climática. Sin embargo, esto no es así y, en consecuencia, el liderato político local actúa de manera similar a como lo hacía el expresidente Trump, negando una realidad que a plena vista compromete nuestro futuro. Contrario al activismo estatal que vemos en otras islas alrededor del mundo, en Puerto Rico no participamos de las discusiones internacionales, no contamos con un plan de acción y, al igual que los países que más contaminan, seguimos financiando con fondos públicos la generación y transmisión de energía sucia a través de contratos que retrasan nuestra soberanía energética.
Ser la colonia del país que históricamente ha contribuido más a las emisiones de gases de efecto invernadero y uno de los que más trabas a puesto a los acuerdos internacionales, pone de manifiesto el catastrófico choque de intereses entre ambas sociedades. La condición colonial es en gran medida responsable de nuestra limitada capacidad de respuesta pues ha mantenido un sistema social, racial y económico de explotación, contaminación y desregulación que agudiza nuestra precariedad actual y la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones.
Este conflicto queda demostrado claramente a través de al menos dos metas fundamentales. La primera es la transición energética. Estados Unidos es el exportador más grande de gas natural licuado en el mundo y continúa siendo una de las potencias ricas que más lentamente se está moviendo hacia energías limpias. Por lo tanto, aun cuando nuestras leyes mandatan un cambio acelerado hacia la energía renovable y los datos científicos demuestran la viabilidad de lograrlo utilizando energía solar, los políticos (de aquí y de allá) insisten en incentivar las compañías fósiles, como AES, New Fortress y Genera, a través de contratos y financiamientos públicos privilegiados.
La segunda meta donde vemos un choque aún más dramático es en el de la seguridad alimentaria. La política pública federal ha forzado la importación de más del 80% de los alimentos que consumimos y ha desincentivado la producción local, causando la pérdida del 60% de las fincas agrícolas en los pasados 25 años. Esta reducción no solo nos aleja de alcanzar las 600,000 cuerdas agrícolas protegidas en el Plan de Uso de Terrenos, sino que ha reproducido la idea, repetida hasta la saciedad, que aquí no podemos producir nuestro propio alimento. Incentivar la agricultura, especialmente modelos agroecológicos y agroforestales, aumenta la seguridad alimentaria, pero además tiene otros beneficios climáticos como la captura de carbono, control de la erosión, retención de agua, disminución del calor, aumento en la biodiversidad y conservación del paisaje.
El ejemplo más reciente de este ataque contra la agricultura son los proyectos ilegalmente aprobados de placas solares industriales en el sur. Estos violentan las leyes locales, impactan la calidad del suelo, son susceptibles al paso de los huracanes y aumentan las inundaciones en sectores aledaños, como es el caso de las comunidades Coquí y San Felipe en Salinas. Adicionalmente, la energía generada por tales proyectos se vende más cara que la producida en los techos de las casas, aún antes de añadirle el costo de las constantes alzas a la tarifa por parte de LUMA. Las leyes locales no solo protegen los terrenos agrícolas, sino que requieren que los proyectos de energía renovable lleven a cabo consultas de ubicación que eviten el mal uso de espacios no designados para ello. Si tanto las leyes, como los estudios técnicos privilegian el uso de los techos para la instalación de energía solar, ¿por qué hay políticos y jefes de agencias que insisten en defender los proyectos industriales en fincas? Todo parecería indicar que el otrora “cartel del petróleo” ha sido suplantado por el cartel del gas natural y los oportunistas productores de energía solar industrial. Una transición energética distribuida, equitativa, rápida y segura es efectiva tanto en eliminar los gases de efecto invernadero, como en proveer mayor democracia participativa, control sobre la producción local, empoderamiento comunitario, justicia de género y acceso a áreas remotas, entre otros beneficios.
Mitigar y adaptarse al calentamiento global requiere de acciones informadas, con métricas claras y objetivos verificables, además de una voluntad política y un esfuerzo colectivo sin precedentes. Localmente, uno de los puntos de partida es la Ley 33-2019, conocida comúnmente como la ley de cambio climático. Esta ley esboza un programa de acción inicial que depende significativamente de acciones contundentes y coordinadas del aparato gubernamental. No obstante, cuatro años después de su aprobación, es evidente que el cumplimiento de esta ley no ha sido prioridad para las administraciones de turno. Por ejemplo, la ley ordena reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% para el 2025 y llevar a cabo un inventario anual de estos gases para monitorear su cumplimiento. Pese a este mandato, el inventario anual no se realizó hasta este año (2023) gracias a una demanda radicada por El Puente Puerto Rico, y sus resultados advierten que la falta de acción inmediata hará que no cumplamos con la fecha acordada. También resalta que las inversiones en gas natural, en vez de energía renovable, retrasan la reducción de emisiones, ya que el sector de energía es el que más contribuye a estos gases en Puerto Rico. Recomienda además “un plan climático multisectorial… [que] debería publicarse cada cinco años, con informes de progreso publicados anualmente para garantizar la responsabilidad pública”. La publicación de un plan climático ya estaba contenida en la Ley 33-2019 y debió estar listo en octubre de 2021, luego de una prórroga otorgada al DRNA, quien preside el comité encargado de redactar dicho plan. Este plan aún no se ha publicado, pese a que es parte también del Mandamus radicado por El Puente.
Otros objetivos establecidos en el estatuto incluyen: 1) sembrar 500,000 árboles nativos y endémicos para el 2025, 2) eliminar la planta de carbón de AES para el 2027 (pese al clamor de las comunidades cercanas que han pedido su cierre inmediato debido al daño causado a la salud de la población y al medio ambiente), 3) cambiar los vehículos del gobierno a vehículos eléctricos o híbridos para el 2028, 4) reducir el 60% de los desperdicios que se depositan en los vertederos para el 2030, 5) reducir el consumo total de energía en un 10% para el 2030, y 6) lograr el 100% de energía renovable para el 2050, pasando por una serie de metas intermedias–20% al 2022, 40% al 2025 y 60% al 2040.
Sabemos que estas metas son alcanzables, si nos ponemos a ello. Por ejemplo, el estudio de modelaje liderado por la organización CAMBIO concluye que es posible alcanzar el 75% de energía renovable para el 2035, con un modelo distribuido de sistemas solares en techos con baterías y sin utilizar los terrenos protegidos para agricultura ni gastar dinero en contratos nuevos de gas natural. Esto permitiría cerrar inmediatamente la carbonera AES, eliminar hasta un 70% las emisiones de CO2 para el 2035 y reducir los costos del kilovatio hora (KwH) por debajo de los $.10.
Otra medida impostergable es la aprobación del proyecto de ley de costas—detenido por décadas por los partidos mayoritarios—que contiene una moratoria de construcción en la costa, así como la delimitación de la zona marítimo terrestre (ZMT). Tanto la moratoria, como la ZMT son acciones prioritarias para adaptarnos al aumento del nivel del mar. Sin estas dos acciones, las otras iniciativas de manejo y protección costera ocurrirían de manera aislada y desorganizada, disminuyendo el impacto positivo que puedan tener. Cientos de otras recomendaciones han sido presentadas por expertos al gobernador y al DRNA, sin resultados concretos.
Termino mencionando que la participación ciudadana es quizás la acción climática más importante de todas. Actualmente decenas de grupos y comunidades están implementando acciones locales de adaptación, sin esperar por el liderato gubernamental. Sin embargo, el accionar político para tomar control de las decisiones que se llevan a cabo en las instituciones del estado sigue siendo una estrategia necesaria de incidencia climática. Aprender sobre estos temas, involucrarse en iniciativas colectivas y elegir servidores públicos que no trabajen para las compañías fósiles, ni nos distraigan con falsas soluciones, es el cambio que traerá mayor impacto, si deseamos dejarles a las próximas generaciones alguna oportunidad de bienestar en este archipiélago.
El autor es antropólogo y director de El Puente Puerto Rico. Este escrito fue publicado en la versión mensual impresa de CLARIDAD.
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