CLARIDAD

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Investigaciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), renuncias, secretaria pendiente de vistas de confirmación, escuelas con hongos, filtraciones en los techos, escuelas sin pintar, en fin, escuelas no aptas para recibir estudiantes. Nada nuevo en este inicio del año escolar 2023-2024 del Departamento de Educación. (DE).

“Nos encontramos con las mismas situaciones de años anteriores obviamente agravados porque si las situaciones no se atienden por años pues cada año que pasa las situaciones van a ser peores en muchísimas escuelas; escuelas sin pintar en el interior y exterior, escuelas con comején, escuelas con hongos, con filtraciones en el techo, escuelas a las que no se han reparado las columnas cortas. Escuelas, que se fueron de vacaciones en junio, donde los contratistas les dijeron que iban a trabajar en el verano y llegaron a las escuelas y encontraron las cosas en el medio como las dejaron, sus salones sin pintar, hay muchas escuelas que se fueron pensando que iban a encontrarla rehabilitada y esa no fue la realidad”, declaró la presidenta de la Federación de Maestros (FMPR) Mercedes Martínez Padilla, a CLARIDAD, respecto a que se han encontrado con los mismos problemas de siempre en este nuevo año escolar.

En tanto en el marco de este nuevo año escolar, la secretaria de la gobernación Noelia García, confirmó a varios medios de comunicación que el FBI realiza una investigación relacionada con la otorgación de contratos para la reparación de estructuras de la agencia, como escuelas y de varios programas que reciben fondos federales. Hace apenas un mes, a la renuncia del secretario Eliezer Ramos Parés, también se reveló que el DE de una asignación de $1,320, 626 del programa de Ayuda de Emergencia Para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, siglas en ingles) solo había utilizado unos $694,377,391, por lo que estaba en riesgo de perder el resto del dinero, pues su asignación vence este 30 de septiembre.

Tras la renuncia de Ramos Parés, (a petición del gobernador Pedro Pierluisi), éste nombró a Ángel Toledo López, como secretario. El gobernador tuvo que retirar el nombramiento Toledo López ante la postura del Senado de que el nominado no sería confirmado. Días después el gobernador Pierluisi nombró secretaria a la directora de la Región de Bayamón del DE, Yanira Raíces Vega. La nueva Secretaria entonces designó, es decir devolvió, a su puesto de sub secretario de Asuntos Académicos y Programáticos a Toledo López. Luego, en los primeros días de agosto se dieron otras dos renuncias en la alta gerencia del DE, la del sub secretario de Administración, Jesús González Cruz y la secretaria Auxiliar de Asuntos Federales, Naitzabes Martínez González.

Entre tanto la Comisión de Nombramientos del Senado, confirmó a CLARIDAD que todavía no se ha pautado nada sobre las vistas de confirmación de la nominada. Así comienza una vez más el nuevo año escolar del sistema público.

Martínez Padilla señaló, sobre las renuncias y salidas de funcionarios a un mes de iniciar el semestre, que siempre van a tener efectos sobre el sistema y eso parte de lo que la FMPR ha señalado de la necesidad de una verdadera descentralización del DE. Dio a conocer que la Federación junto a otros grupos multisectoriales constituidos en el Comité de Trabajadores por la descentralización del DE estaba iniciando un recogido de firmas de maestros y en comunidades para exigir una verdadera descentralización del DE con propuestas de autonomía escolar, el que los ejecutivos del DE incluyendo al secretario y superintendencias sean nombrados por sus méritos, que haya consulta por regiones de los candidatos. Además de que la Legislatura trabaje en la derogación de la actual ley 85, la “mal llamada reforma educativa” para trabajar una verdadera reforma. “Esta propuesta va a ser nuestro norte este semestre”.

Mientras sobre la nueva designada, y su postura sobre las escuelas chárter, la presidenta de la FMPR reconoció que Raíces Vega es una persona con la que se puede dialogar igual que con Ramos Parés. No obstante, hizo la salvedad de que obviamente responde a la política publica de la agencia de que todavía no hay las escuelas chárter que permite la ley, o sea que favorece que haya mas. “Nosotros entendemos que debe ser el rol de cualquier secretario defender la educación pública y fortalecer las escuelas públicas y no desviar los fondos para favorecer escuelas privadas”. Sobre ese mismo asunto ante la postura del alcalde Miguel Romero de que favorece las escuelas chárter para San Juan, Martínez Padilla, confirmó que el municipio de San Juan es el único que tiene escuelas chárter y atribuyó al interés por estas escuelas a los fondos que recibe el Municipio de parte del DE y federales.

En cuanto a que una vez más el DE es objeto de investigación por presuntos actos de corrupción dijo que realmente no les sorprende. “No es la primera, ni la última vez que hacen investigación sobre el DE lamentablemente lo que sí es seguro es que mientras las escuelas están en condiciones paupérrimas, infrahumanas, sin garantizar condiciones de trabajo y estudio hay gente que se está lucrando, que está robando, hay contratos que se están otorgando y no se está cumpliendo con los mismos, eso es robo del erario público y no debe sorprender a nadie que estén investigando, lamentable no debería ser la norma”.

Todavía faltan maestros

En entrevista por separado la presidenta de UNETE, Liza Fournier Córdoba, señaló sobre las condiciones de los planteles que había que reconocer que este año hay mas escuelas quizás habilitadas o en buenas condiciones que en años anteriores. “Pero para mí como líder sindical y como maestra activa en la sala de clases no puede haber unas pocas”. Se refirió a que la secretaria del DE dijo que un 70% de las escuelas habían sido rehabilitadas, a lo que Fournier cuestionó el sentido de habilitadas, se refiere a que se le pasó un trimmer, o se recogieron los escombros, este tipo de tarea.

La presidenta de UNETE describió un panorama similar al descrito por la presidenta de la FMPR de que hay escuelas a las cuales se les indicó que sus salones serían pintados y ahora al regreso se ha encontrado que no. En el caso de las escuelas donde no se hicieron los trabajos se ha informado que se harán durante el año escolar.

En cuanto al nombramiento de maestros Fournier Córdoba, citó que según la secretaria Raíces Vega faltaban 180 maestros por reclutar. “Yo creo que faltan más y hemos tenido problemas este año con muchos maestros que eran extensión o eran transitorios y les dieron una evaluación no aceptable para el DE. Observó que se supone que un maestro, si en su primera evaluación no sale satisfactorio se le busque un mentor, un facilitador esto porque muchas veces son personas que no estudiaron pedagogía, tienen un bachillerato. Abogó que entre esas personas puede haber quienes tengan la vocación de maestros, pero el DE tiene que darle las herramientas, cosa que no siempre ocurre debido a que cada escuela es una finca aparte, cada director quiere cosas diferentes y “entonces a veces no hay pena ni piedad y esas personas si tiene una evaluación que no es satisfactoria no la vuelven a nombrar. Hay muchos maestros que no nombraron este año y ahora hay que estar peleándole la evaluación. Entendemos que tienen que darle la oportunidad”.

La presidenta de UNETE señaló que ha habido una merma de estudiantes este año en muchas escuelas lo que puede reducir los equipos de trabajo de docentes. No obstante, indicó que la reducción de estudiantes es una oportunidad ideal para dar una atención individualizada a los estudiantes, en particular a los de educación especial.

La sindical UNETE también forma parte del Comité de Trabajadores por la descentralización del DE.

Por su parte la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) con su Local Sindical, en conferencia de prensa, a días de comenzar el semestre se expresó en sentido similar de la necesidad de que en el DE se implemente un plan articulado y estratégico para una transformación educativa real con el magisterio y las comunidades escolares como protagonistas. “El país entero está cansado de la falta de un plan articulado y estratégico y eso lo vemos en cada inicio escolar. Mientras esa sea la orden del día, seguiremos teniendo los mismos resultados”, destacó Víctor M. Bonilla Sánchez, presidente de la AMPR,

Bonilla Sánchez dio a conocer que, de acuerdo con resultados obtenidos tras visitas realizadas por el equipo de coordinadores de la AMPR a unas 588 escuelas alrededor de la isla, hoy persisten problemas de planta física, recogido de escombros, sellado de techos, columnas cortas y pintura de las estructuras. Además, en un 46.4% de estas escuelas la facultad escolar no está completa. Una muestra de este panorama es la escuela Berwind Intermedia que está ubicada en la escuela Ángel Ramos de Río Piedras, en donde la organización magisterial llevó a cabo su conferencia de prensa.

Para este año que inicia la AMPR detalló que el DE debe atender con premura el establecimiento de una escala salarial para el magisterio, la culminación de la negociación colectiva, así como la puesta en marcha con agilidad de la revisión de los casos pendientes de la Carrera Magisterial y el proceso de evaluación de casos nuevos.

Aun cuando las diversas organizaciones sindicales coinciden en la necesidad de que en el DE haya una transformación, descentralización de recursos y que el magisterio y las comunidades escolares sean los protagonistas, se desprende de las declaraciones de que los grupos sindicales que van por vías distintas. En el caso de la AMPR según informaron se ha insertado en el Comité Ejecutivo del Proyecto IDEAR, que busca lograr cambios en las operaciones administrativas del DE.

“No estamos totalmente de acuerdo en todo lo que se está planteando en las mesas de trabajo del Comité Ejecutivo, pero estamos ahí para defender la escuela pública gratuita, velar que se reconozca la autonomía escolar y promover que las escuelas administren sus presupuestos. Nuestra participación busca garantizar que no se debilite a la escuela pública; por el contrario, que de este proceso la escuela pública salga fortalecida. Es hora de que veamos una transformación total que nos conduzcan a lograr una educación pública accesible, de calidad y pertinente a las realidades actuales de nuestras comunidades escolares”, afirmó el vicepresidente de la AMPR.

Mientras los otros grupos magisteriales y organizaciones de la sociedad civil, se junta en el Comité de Trabajadores por la descentralización del DE.

Falta de transparencia, conflictos de intereses, daños ambientales y potenciales inundaciones, es el marco que representan los 18 proyectos de energía renovable aprobados por el Negociado de Energía (NE), denunciaron seis organizaciones relacionadas a la actividad agrícola y protección del ambiente.

En conferencia de prensa las organizaciones informaron que demandaron al gobierno por la aprobación de los 18 proyectos a construirse en terrenos de alto valor agrícola y ecológicamente sensitivos, en violación a las disposiciones del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico (PUT) y las leyes de política pública energética, agrícola, ambiental y de cambio climático.

En el ‘Mandamus’ presentado este lunes 14 de agosto -el mismo día de la conferencia de prensa- las organizaciones solicitaron al Tribunal de Primera de Instancia de San Juan que prohíba al NE, a la Junta de Planificación (JP), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), al Departamento de Desarrollo de Económico y Comercio (DDEC), y al Estado Libre Asociado (ELA), la aprobación de proyectos industriales de energía en áreas de reservas agrícolas y que se ubiquen en terrenos previamente contaminados, impactados o en techos. Argumentaron que las propias leyes de política pública establecen que los lugares aptos para proyectos de energía renovable son los vertederos en desuso, los terrenos previamente contaminados, estacionamientos y los techos.

Sin embargo, las organizaciones denunciaron que el NE aprobó una primera fase de 18 proyectos que ocupan 5,097.85 cuerdas de terreno en suelos clasificados como Reserva Especial Agrícola y Suelo Rústico Especialmente Protegido que, de acuerdo con el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico, deben protegerse.

Las demandantes son; la Organización Boricuá de Agricultura Eco-Orgánica Inc., el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc., el Comité Diálogo Ambiental Inc., Puente de Williamsburg Inc. (Enlace Latino de Cambio Climático), Sierra Club Puerto Rico y Liga de Ciudades de Puerto Rico Inc. Además, cuentan con el apoyo legal de Earthjustice y el Resiliency Law Center.

Falta de transparencia gubernamental

Las organizaciones denunciaron que el NE llevó a cabo un proceso separado y confidencial para implantar el Plan Integrado de Recursos, (PIR), sin divulgar los nombres de los proyectos, la dirección física, ubicación, magnitud, tamaño de las fincas, persona o entidad a cargo y megavatios a generar.

“Toda esa información es pública, pero tuvimos que acudir al Tribunal anteriormente y logramos que se ordenara que nos entregaran la información de los 18 proyectos. Ahí descubrimos que todos incumplían con las leyes porque impactan terrenos que deben ser protegidos”, expresó Alfredo Vivoni, del Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc.

El licenciado Omar Saadé Yordán señaló que el NE y las otras agencias no respondieron las solicitudes de las organizaciones para que cumplieran con su deber ministerial de identificar los lugares que son aptos para los proyectos industriales de energía renovable, que cumplieran con el PUT y establecieran un proceso que garantice la protección de los suelos agrícolas y de valor ecológico, hídrico y de paisaje delimitados en ese plan.

Mientras, David Sotomayor, catedrático en suelos del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, advirtió el que; “La pérdida de tierras agrícolas de primera calidad para instalar proyectos solares de una magnitud industrial es un atentado grave a la seguridad alimentaria de Puerto Rico que ya está en precario. Hay que recalcar que casi ningún producto puede sembrarse de forma productiva debajo de las placas y la instalación conlleva destrucción de esos suelos con los movimientos de la construcción cambiando incluso la hidrografía”.

Añadió que en 70 años (1935 al 2002), se documentó la pérdida de alrededor de un millón, trescientas mil cuerdas de terrenos agrícolas por diversos factores, principalmente el desparrame urbano, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura y el Departamento de Geografía del Recinto de Río Piedras de la UPR.

“Esas son tierras que no recuperaremos y se torna imprescindibles en una Isla como la nuestra que depende casi exclusivamente de la importación de productos para podernos alimentar que no se pierdan más tierras porque se atenta contra la seguridad alimentaria particularmente en momentos de crisis por el cambio climático y por aspectos internacionales del mercado”, sostuvo Sotomayor.

Federico Cintrón Moscoso, del Puente de Williamsburg Inc. (Enlace Latino de Cambio Climático) afirmó los dos servicios que más se ven afectados con las emergencias climáticas son el acceso a la energía y alimentos saludables. “Cerca del 95% del combustible fósil que utilizamos y sobre el 80% de los alimentos que consumimos vienen del extranjero. Por eso, cuando hablamos de adaptación climática, insistimos en aumentar nuestra capacidad de producir, localmente, energía renovable y alimentos. Pero estas dos actividades no se pueden cancelar una a la otra, como estamos viendo en estos proyectos de energía industrial. Es inconcebible que cuando todos los estudios demuestran que la mejor ubicación para la energía solar son los techos de las casas y los lugares previamente impactados, el gobierno insista en desarrollarlos en terrenos agrícolas con un alto potencial para producir comida”.

En la demanda se argumenta que la guía para la creación del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático que contempla la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico establece que hay que “promover las energías renovables o alternativas aprovechando espacios ya alterados por la actividad humana, y minimizar así la ocupación innecesaria del suelo”. Las organizaciones plantearon que las normas tienen que ser consideradas y aplicadas por todas las agencias, incluyendo el Negociado y el DDEC al identificar los lugares aptos para proyectos industriales de energía renovable. Igualmente, deben aplicarse conforme a la política pública ambiental de rango constitucional.

La miembro de la Organización Boricuá de Agricultura Eco-Orgánica Inc. Marissa Reyes, reparó en que favorecen la energía renovable, pero no en detrimento de terrenos de alto valor ecológico y reservas agrícolas de los mayores lugares productivos. “Pese a la letra clara de la Ley 17-2019 (Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”) y de la Ley 57-2014 (Ley de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico), el Negociado ha incumplido con su deber ministerial porque evalúa y aprueba los proyectos industriales (de energía) del Requerimiento de Propuestas del PIR sin identificar previamente los lugares aptos, sin requerir asistencia del DDEC y sin requerirle que someta sus conclusiones identificando los lugares aptos conforme a la Ley 17-2019. De igual manera, el DDEC incumple con su deber ministerial al no asistir ni someter sus conclusiones al Negociado identificando los lugares aptos, conforme a la Ley 17-2019 y la Ley 57-2014.”, añade la demanda.

Conflicto de interés

Además del entorno de falta de transparencia del Negociado y las agencias en la aprobación de estos proyectos, los activistas expresaron que les preocupa el alegado conflicto de interés del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró con respecto a los cuatro proyectos industriales de energía propuestos por Clean Flexible Energy, una subsidiaria de la carbonera Applied Energy Services Puerto Rico (AES).

Afirmaron que en medios de comunicación se ha reseñado una declaración jurada emitida por el agente de bienes raíces Ricardo Javier Pérez Ocasio notariada por el licenciado Cristian A Santiago Montalvo el 17 de julio de 2023 en Guayama. La publicación Sintesis Noticiosa detalla que aparentemente el funcionario intervino indebidamente en las negociaciones de un agente de bienes raíces y ofreció incentivos agrícolas para que se vendiera la finca a una empresa en la que el funcionario es accionista y su hijo es vicepresidente. En una querella radicada el 22 de noviembre de 2022 ante la Oficina de Ética Gubernamental, el agrónomo Carlos A. Flores Collazo, ex secretario de Agricultura detalla que en esos terrenos se ha propuesto construir un proyecto de energía renovable de la AES con el endoso del DA.

Daños ambientales y potenciales inundaciones

La licenciada Ruth Santiago señaló que el cumplimiento de las agencias con sus deberes de identificar los lugares aptos es crucial para el desarrollo de un sistema eléctrico confiable y seguro. También es necesario para no perjudicar a las comunidades vulnerables que se encuentran aguas abajo y que pueden afectarse por el aumento en las escorrentías e inundaciones en sus comunidades. Dijo que la firma Salo Engineering hizo este año un estudio Hidrológico Hidráulico (HH) que concluye que el proyecto industrial de AES entre Salinas y Guayama tiene potencial de aumentar los niveles de inundaciones para las comunidades de ambos pueblos que ubican aguas abajo de las fincas donde se propone construir.

“Esto implica que la comunidad puede verse afectada por inundaciones más severas causadas directamente por la remoción de árboles y vegetación, compactación y movimientos de terreno de este monumental proyecto además de los daños ambientales que causa la deforestación”, recalcó Santiago.

Como parte de sus esfuerzos las organizaciones comenzaron una campaña digital de recogido de firmas para presentar comentarios sobre los proyectos industriales de energía ante la Junta de Control Fiscal e hicieron una exhortación al público a evaluar los comentarios y endosarlos.

Para más información puede ver el reportaje: https://claridadpuertorico.com/aprueban-proyectos-de-energia-renovables-en-tierras-agricolas/

Las cuevas de Camuy

CLARIDAD

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“El Parque tiene socio hace más de 10 años…”, defiende la  Sociedad Espeleológica de Puerto Rico (SEPRI), ante la amenaza de privatización del Parque de las Cuevas de Camuy.

Para  SEPRI, esa  amenaza de privatización no surgió hace unos meses cuando se dio a conocer que la Autoridad para  las Alianzas Público Privadas (AP3) concluyó un estudio solicitado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA),  que dio su aval a una privatización. Esas intenciones datan de hace más de10 años, afirmaron dos miembros de SEPRI.

Ante la amenaza de privatización, SEPRI creó el Comité de Trabajo del Parque de las Cavernas del Rio Camuy con la intención de que sea su organización la que asuma las riendas del parque. Julio Rodríguez, miembro del Comité, relató a CLARIDAD  que desde el 2009 percibieron que había la intención de privatizar el parque. “La preocupación viene desde antes, pero en esa fecha empezamos a ver las decisiones y acciones del secretario del DRNA, en general hacia los bosques y las reservas, en particular de Kercadó”, entonces secretario de la Agencia. “Ante el descuido que veíamos en las estructuras de los parques, bosques y reservas, esa conducta… dos más dos son cuatro”.

En diciembre de 2022 miembros del Comité de SEPRI se reunieron en dos ocasiones con el subsecretario del DRNA, Alberto Mercado Vargas, para presentarles su propuesta para el manejo del Parque de las Cuevas de Camuy.  Desde esa fecha esperan por una reunión con la secretaria, Anais Rodríguez Vega,

SEPRI  reclama que tras el paso del huracán María (en septiembre del 2017), fueron ellos quienes levantaron el parque. Julio Rodríguez, narró que  a un mes de pasado el huracán, miembros de SEPRI ya estaban metidos en sus instalaciones.

“Cuando llegamos allí, nadie había pisado el parque, eso estaba como si hubiese sido el primer día de María. Los empleados estaban allí, pero la tragedia era tan grande, que se sentían impotentes porque ellos mismos habían perdido sus hogares y familiares. Ellos fueron víctimas en su rol personal de una manera muy grave y del Gobierno no recibieron ningún tipo de apoyo en ese momento; así que nosotros llegamos y empezamos abrir camino, llegamos hasta la cueva, no nos encomendamos a nadie, hicimos las reparaciones de emergencia después de que limpiamos la cueva del sistema de agua, sistema de luz, etc”.

Preguntado por CLARIDAD si hubo alguna reciprocidad de parte del DRNA hacia SEPRI por las labores, Rodríguez expresó: “La verdad fue que cuando llegó el momento de la reapertura del parque, a la SEPRI no lo mencionaron por ninguna parte ni nos invitaron a la actividad”. Comentó que lo que celebró el DRNA fue que  hubo una organización que donó dinero, con el cual pusieron unas barandas que SEPRI entiende que no son necesarias. Después del paso del huracán María, el parque fue reabierto en marzo de 2021.

La propuesta de SEPRI

Rodríguez, quien fue presidente de SEPRI por diez años, expuso que el estudio de la AP3 concluyó que el modelo de una alianza público privada tradicional para el parque no es adecuado, por lo que sugieren un modelo alternativo, que pueda ser de interés a una cooperativa o una organización sin fines de lucro, que pueda operar con bajo presupuesto, y le da al DRNA la responsabilidad de tomar esa decisión.

La experiencia de SEPRI, quien tiene contacto con organizaciones similares fuera de Puerto Rico, es que esta clase de activo natural se mantiene en manos del Estado, aunque reconoció que hay de todo, dependiendo del país.  El estudio que hizo la AP3 encontró que en la mayoría de los casos, en particular en Estados Unidos, hay una inversión del Estado para hacerlo sostenible a través de la agencia federal del Sistema de Parques Nacionales o, sino, el privado es quien corre con todo, pero siempre hay una inversión de PN.

A la luz de la experiencia en Puerto Rico con las privatizaciones, las cuales responden más al interés privado que al interés del pueblo, Rodríguez reclamó que a eso responde la decisión de SEPRI de presentar su propuesta. “Nos sostenemos en ella porque entendemos que cualquier otro privatizador  lo único que va a tener en mente es su ganancia”.

Según describió, en el caso de  SEPRI, lo que van  a tener en mente es mantener el parque de manera sostenible y responsable “porque entendemos que hasta el presente siempre se ha limitado la realización del potencial del proyecto de las cavernas hay muchas más cosas que se pueden hacer ahí para cumplir su propósito. También entendemos que es nuestra misión coger ese potencial y realizarlo dirigido a las relaciones con la comunidad y a la inversión en investigaciones y otras áreas fuera del parque para investigaciones y otros estudios”.

Añadió que en la propuesta de la organización lo que se solicita es una porción pequeña  recursos en comparación con lo que pediría un privado y recalcó que  los propósitos de la SEPRI  son la conservación, la investigación y estudios en otras áreas. Sería  como invertir de nuevo en los mismos propósitos que se supone debe tener Recursos Naturales.

“Puedo decir que lo que hay ahora es muy poco. En estos momentos, el parque está abierto,  se está haciendo solo una de las cuatro actividades que se pudieran estar haciendo ahora y muchas otras más. La excusa de Recursos Naturales es que no tiene gente para lo que está haciendo ahora, y no sabe hacer más. Hay que reconocer que en el DRNA hay mucho personal preparado, pero la naturaleza de una agencia pública y un empleado público tiene limitantes. Nosotros, como organización no gubernamental sin fines de lucro, tenemos más libertad de acción”.

Por su parte, Roberto Moreno Silva, otro miembro del Comité de Trabajo del Parque de SEPRI,  reiteró que están de acuerdo con que el parque lo administre el Gobierno, el DRNA; pero reclamó que ante la amenaza de privatización a quien se le debe dar la oportunidad es a la organización que lo fundó.

El excursionista experto en áreas naturales fue crítico del  concepto que tiene el Gobierno de “la explotación del recurso”, ya que la privatización del DRNA y la AP3 es para sacar dinero, nada que tenga que ver con proteger el parque,su conservación o con estudios científicos. Denunció que desde el 2018, la propuesta del Municipio de Camuy tiene similar concepto de explotación, el cual se refiere a levantar hoteles y colocar food trucks dentro del parque. Previnió que esas actividades en el parque, entre otros, va a generar dos problemas: ruido a los murciélagos y contaminación de luz. La basura que se genere va a atraer animales que ahora no se acercan al parque.

Moreno Silva denuncia que con la privatización lo que viene es la destrucción del parque y advirtió de que hay muchas personas que están detrás de esta privatización. Hizo la observación de que con  $2.5 millones, si se saben usar de manera inteligente, se podría reparar el parque.

Hay otros sistemas de cuevas

Aunque el sistema de las Cuevas de Camuy se reconoce como el más grande de Puerto Rico, este no es el único. La verdad, señaló Rodríguez,  es que el sistema del Río Encantado, entre los pueblos de Ciales y Florida, compite con el sistema del río Camuy. En la isla hay  otros sistemas  que no se han explorado y pudieran ser igual de importantes. El miembro de SEPRI señaló que la exploración de cuevas en Puerto Rico  s una de fines de semana, voluntaria. En otros países esta actividad es respaldada por el gobierno y por entidades. “Aquí en Puerto Rico,  no tenemos esa sofisticación aún”.

En esa línea, defendió que el que SEPRI pueda asumir potestad del  sistema de las Cuevas de Camuy le facilitaría la capacidad de explorar y estudiar esos otros sistemas. Más allá del atractivo turístico, estos recursos naturales revisten  importancia en términos geográficos, sobre los cuales todavía hay investigaciones y descubrimientos por hacer. Apuntó que Puerto Rico resulta atractivo para muchos científicos.

“Nuestra propuesta daría más rendimiento de lo que se está haciendo ahora. La impresión de la privatización de un bien público para que un privado gane dinero, aquí no entra; sino facilitarle el acceso al pueblo al parque y que el interés del parque no sea de una visita única en tu vida. Queremos que haya muchas más actividades, el interés de volver y permanecer, porque hay otras actividades que se pueden hacer”, concluyó el portavoz de SEPRI.