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Líderes de Río Piedras lanzan campaña de concienciación

 

CLARIDAD

Entre la representación comunitaria en el panel, estuvo el sector estudiantil, comercial, cultural y fiduciario

 

Bajo la sombra de un árbol y entre un coro que, al unísono, repetía “yo vivo en un pueblo vivo, que trabaja, goza y resiste”, diversos líderes de la comunidad riopedrense iniciaron hoy, martes, una campaña en miras de promover la vida en Río Piedras.

La presidenta de la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras (JCCURP), Jackie García, señaló, junto a representantes de diferentes sectores locales, la pluralidad cultural e identitaria que existe dentro de la población riopedrense. Por igual, resaltó la Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras (Ley 75-1995), enmendada en 2016, y su importancia como herramienta que facilita, a la comunidad riopedrense, un desarrollo comunitario sustentable mediante incentivos de propiedad.

“Queremos presentarnos como residentes, comerciantes, sector religioso, organizaciones y estudiantes que le damos vida a este espacio geográfico, y construimos, día a día, la identidad del pintoresco Río Piedras”, expresó García, entre el aleteo asiduo de las palomas frente a la Parroquia Nuestra Señora del Pilar.

Por su parte, la presidenta del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras (FiDE), Andrea Bauzá Hernández, puntualizó la responsabilidad del junte fiduciario de “viabilizar recursos” para la adquisición de propiedades y su reconstrucción, para ampliar la oferta comercial y residencial en las ocho comunidades y tres sectores, representados por la JCCRP y el FiDE.

La campaña consiste de 12 piezas publicitarias, entre ellas, la página web www.riopiedrasestavivo.com, que tiene información sobre el esfuerzo comunitario; una serie de 16 vídeos cortos protagonizados por riopedrenses; la plena “Yo soy de Río Piedras”,

escrito y presentado por un grupo de plena local y otros partícipes del esfuerzo; 18 afiches que identifican a los creadores y aportadores de esta campaña; 2 anuncios de radio; un mapa de Río Piedras y un organigrama de los líderes junto a información de la Ley 75.

Las comunidades que conforman este esfuerzo son: Capetillo, García Ubarri, Santa Rita, Mora, Blondet, Buen Consejo, Venezuela y el Casco Urbano, donde viven cerca de 12,000 personas.

Deconstruir el estigma de un Río Piedras “muerto” y resistir el desplazamiento forman algunas de las motivaciones de esta campaña publicitaria, asegura el representante estudiantil del esfuerzo, Channiel Peñaloza. Por igual, señaló varias enmiendas de la Ley 75, que buscaban entregar, al Municipio de San Juan, los poderes del desarrollo comunitario y la importancia de que se creara el FiDE como elemento esencial y empoderador de la población riopedrense.

Calcomanías que dicen “este negocio le da vida a Río Piedras” y la plena, liderada por voces de todas las edades y perfiles, integran algunos de los esfuerzos comerciales para concienciar sobre el verdadero Río Piedras: una comunidad culturalmente reconocida y robustamente “viva”, aseguró el comerciante local Manuel Amador.

“Llegué en 2009 y me enamoré de este pueblo”, añadió Amador, airado por los aplausos de una comunidad que, uniformada de suéteres blancos que dicen “Vivo en un pueblo vivo”, reiteró su compromiso con Río Piedras.

 

AEE: choque de fuerzas en plan ajuste de deuda

 

 

Un nuevo impasse ha surgido en el proceso de aprobar el Plan de Ajuste de Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PAD-AEE) presentado por la Junta de Control Fiscal (JCF) ante la jueza Laura Taylor Swain y el Tribunal que entiende en el proceso de quiebra de AEE. Dos fuerzas opuestas han chocado con sus argumentos ante el Tribunal, provocando una nueva mirada al proceso de quiebra de AEE por parte de la Jueza Swain y de la propia JCF. De un lado, los acreedores principales, casi todos firmas de fondos de capital de riesgo («hedge funds«), con su feroz insistencia de reclamar un pago de casi $9 mil.millones. Del otro lado, una amplia.coalición de fuerzas trabajadoras, empresariales, profesionales y cívicas opuestas a un PAD cuya obligación representará una carga insostenible en la actual y proyectada situación económica del País.

Este choque de fuerzas en disputa ha traído a la luz una realidad innegable: todos los indicadores económicos, demográficos, sociales y de distribución poblacional apuntan a que la AEE no podría contar en el futuro  con recursos suficientes para afrontar el pago de una deuda tan irrazonablemente elevada, por lo cual es necesario revisar el PAD propuesto y todas sus proyecciones y hacer nuevos ajustes más realistas y razonables para los actuales clientes de energía, sobre cuyos hombros recaerá el principal peso de la deuda pública de AEE.

Dice un refrán popular que » mas vale tarde que nunca». Y tal parece que la contundencia del impasse ha producido  cambios. La JCF ha pedido al Tribunal un aplazamiento del proceso para revisar el PAD-AEE ya presentado. Y la jueza Swain, a su vez, ha reajustado la cifra estimada de la deuda a poco más de $2 mil millones, casi $6 mil millones menos de lo que reclaman los acreedores principales. Estas son dos acciones concretas que revelan como a veces la realidad es tan temeraria que se impone por encima de todo.

Es cierto también que el  proceso de restructurar la deuda de AEE pudo haber sido menos difícil y tortuoso, y también menos costoso para el pueblo de Puerto Rico que está obligado a pagar los gastos millonarios de estos litigios que involucran  al Gobierno de Puerto Rico y la JCF.

Desde el principio, hubo voces sensatas que cuestionaron cómo se conducían los procesos y reclamaron una  mayor firmeza y transparencia al Gobierno y la JCF. La realidad, que ahora parece revelarse  en toda su crudeza, existía desde el principio y durante mucho tiempo. Una AEE que abandonó su misión original y que fue minada desde adentro por un sistema bi partidista decadente y   corrupto, y convertida en agencia de patronazgo y clientelismo político.

Aún no se ha dicho la última palabra ni se ha llegado a la decisión final sobre el PAD-AEE. Los bonistas buitres continúan en su faena, y tienen poder, dinero e influencia suficientes, sobre todo ante los políticos de Estados Unidos, para seguir presionando y amenazando en las distintas instancias del gobierno, y elevar sus reclamos en otros foros judiciales.

En Puerto Rico, sigue organizada y firme la oposición a un PAD- AEE que represente una carga económica insostenible para los sectores obligados a pagar la deuda, y una piedra al cuello de cualquier posible desarrollo económico de nuestro País. La respuesta parece estar en el camino de  la lucha cívica, respetuosa y firme, basada en nuestra realidad y respaldada por la verdad.

 

 

 

Recoge velas la Junta de Control Fiscal

Foto : Archivo CLARIDAD

 

 CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Si algo confirma la acción de la Junta de Control Fiscal (JCF) de solicitar a la jueza Laura Taylor Swain que aplazara la vista de confirmación del plan de ajuste de deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es  que  los ingresos de la AEE han mermado y continuaron  mermando.

La semana pasada, el miércoles 22 de junio, sorprendió la noticia de que la JCF le solicitó a la jueza del Tribunal Federal que ve el caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico bajo la Ley PROMESA  que aplazara la vista de  confirmación del PAD del 28 de junio. Tras la petición, el viernes 23,  la JCF certificó un plan fiscal para la AEE, que según el secretario de Estado, Omar Marrero, proyecta reducciones “sustanciales” en el consumo de energía y, por ende, en los ingresos de la AEE.

En entrevista antes de la certificación del  plan fiscal de la AEE, el experto en la Ley PROMESA y representante legal del Sistema de Retiro de la UTIER, Rolando Emmanuelli Jiménez, dijo que esta era una acción que se venía anticipando desde que el abogado de la JCF  le dijo a la jueza que LUMA  (la privatizadora que se ocupa de la distribución y transmisión) había entregado las proyecciones de demanda muy tarde y que no habían podido certificar el plan fiscal de la AEE. A la luz de ese hecho  y a la altura en que se está en términos de fecha, ello se hizo evidente, y la jueza anticipó que no iba a ser viable el itinerario del caso, en el cual  había varios términos con los cuales había que cumplir.

El licenciado Emmanuelli Jiménez describió como significativa la petición de la JCF, ya que confirma los señalamientos de los expertos de la UTIER de que los ingresos de la AEE han mermado y continuarán reduciéndose, de que el plan no es viable y afectará a los más vulnerables y a la economía.

“La Junta hizo un plan a base de las proyecciones del 2022 y los expertos nuestros dijeron que eso estaba sobrestimado. La Junta  se oponía y presentó oposiciones a nuestros planteamientos, pero cuando vieron los números de  LUMA, de que las predicciones iban a ser mucho menores, entonces es que vino la crisis”.

Aunque el experto en casos de quiebra observó que el PAD no se ha retirado todavía y que el nuevo plan que la JCF  pueda presentar va a tener que ajustarse a nuevos ingresos, observó que  hay dos posibles alternativas: recortar más a los acreedores, incluyendo a los más vulnerables, como el Sistema de Retiro,  o aumentar el cargo híbrido. Pero resaltó que el problema es que la lógica y la ciencia económica dicen que cuando se aumenta más un servicio, menos la gente lo usa. “Es decir, que aumentarlo más no es viable. Pero no se puede descartar que la Junta se vaya por ahí, porque a ella no le importa”, manifestó.

En esa dirección, Emmanuelli Jiménez expresó que su preocupación es que la  JCF quiera venir con más  recorte a los más los vulnerables, como el Sistema de Retiro y otros, en lugar de recortar a los bonistas.  “Tiene que recortarle a los que jugaron a la ruleta rusa, a los que vinieron a especular, a los que compraron a 20 centavos y quieren cobrar 50, 60. Pero quiero enfatizar  que existe el riesgo de que la Junta cuadre su plan fiscal  afectándonos más”.

Una vez certificado el plan fiscal de la AEE, según la JCF, se tomará una a dos semanas en lo que manejan  las proyecciones de la demanda y los ingresos. En tanto, la jueza ha ordenado a las partes presentar un informe sobre el estatus del caso el miércoles 28 de junio.

A marchar este 28 de junio

 Por su parte, en comunicado de prensa, el Junte Multisectorial, compuesto por organizaciones y representantes de distintos sectores del país, acogió críticamente el anuncio de la JCF de enmendar el plan de ajuste y reducir más el pago propuesto a los bonistas y reafirmó el llamado a marchar el 28 de junio a las 4:00 p.m. para expresarse en contra de más aumentos a la luz y recortes a las pensiones.

“En menos de un mes, la movilización ciudadana y multisectorial ha logrado llamar la atención de la Junta y de la Jueza Laura Taylor Swain y detener la aprobación de un plan de ajuste que pretendía asfixiar el bolsillo de todos los puertorriqueños a favor del bolsillo de grupos de bonistas buitres”, expresó la obispa metodista, Lizzette Gabriel Montalvo.

Los integrantes del grupo multisectorial destacaron la importancia de seguir ejerciendo presión hasta lograr un plan que sea sostenible, sin aumentos a la luz y recortes a las pensiones, debido a que la amenaza de aumentos en la factura y el recorte de pensiones continúan.

 

 

 

Habitantes de las grietas

Foto: Alina Luciano/CLARDIAD

 

 

Especial para CLARIDAD 

Las ciudades, como los cuerpos, como las vidas, no muestran todo lo que son a simple vista. Se nutren del misterio, de la sorpresa, de la diversidad de rostros, de la diversidad de vidas de la diversidad de maneras de caminar, de marcar y reclamar territorios.

Vienen a mi mente sobre todo los sin casa, los que caminan las calles de su ciudad en el trópico caliente buscando resarcir las necesidades  de su vida inclemente. Solos, con su vida y sus escasas pertenencias a cuestas o escondidas en algún lugar abandonado, en complicidad con la invisibilidad y el silencio. De día josean lugares donde comer, donde asearse, donde descansar, acaso donde no ser vistos. Su vida es un eterno donde. A partir de ese conocimiento descifran la ciudad que es solo de ellos y dibujan mapas en la mente. De esto depende su subsistencia.

Muchas veces perseguidos, habitan las mismas ciudades que los demás pero no de la misma manera. De noche penetran las grietas que deja el abandono a su paso, espacios de laberinto, indescifrables para los ajenos, lugares donde el sol sinuoso y viajero a veces no llega. Allí posan sus cuerpos cansados de deambular y escudriñar. Otros, los más atrevidos ocupan  vacíos en abierto desafío ante las miradas de los que pasan, o se protegen debajo de puentes. Es de notar cómo utilizan la madera vieja y el cartón como verdaderos arquitectos de lo precario y el reciclaje. Incorporan a sus cobertizos objetos encontrados que alguna vez formaron parte de una sala o un balcón, para identificar su lugar en el mundo, para sentirse más humanos. Después de todo una de las funciones de la vivienda es dejar una huella y apropiar nuestros espacios de vida de maneras distintas a los demás. ¿No?

Tener un albergue, la sombra de un techo o un rincón en el mundo al que poder acudir con la frecuencia que los ritmos del cuerpo lo requieran es uno de los más importantes logros para un ser humano. Desde siempre. La vivienda desempeña una variedad de funciones indispensables para el cuerpo y el alma, para vivir en privado y vivir en comunidad. Resulta reconfortante tener la certeza de que ese lugar nos corresponde, que está ahí para nosotros, que algo o alguien nos recibe detrás de la puerta, sea esta real o imaginaria. De esa certidumbre de sentirnos ubicados en el mundo depende nuestro bienestar, tanto íntimo como superficial. Para un deambulante la ciudad es un universo a ser explorado a diario, es siempre un lugar ajeno que debe ser disputado, negociado, acaso reclamado. Cada día supone un reto.

Según el conteo de personas sin hogar en Puerto Rico, para 2022 había cerca de 30,000 personas sin hogar, de diferentes edades, núcleos familiares y sexos. Su edad promedio era de 34.2 años. Al observarlos nos damos cuenta de su diversidad dentro de la precariedad. Ya la imagen del loco acompañado por su fiel perro, empujando un carrito de compras lleno de lo que para nosotros los otros parece basura pero que para ellos es su mundo, ya no se sostiene. Tampoco la idea de que son todos adictos a drogas o alcohol. Ahora los sin techo forman un grupo más heterogéneo. Hay inclusive algunos que disfrutan la vida libre, pero no sabemos cuántos son. La vida inclemente  que les ha caído encima, la vida del carente de alojo puede tocar muchas puertas, puede sucederle a muchos, incluyendo universitarios.

Irrespectivamente de las razones una cosa es cierta, vivir la vida errante, sin tener un techo al cual llamar vivienda y sin nadie que te reciba está en nada, debe ser muy difícil. Aunque no nos demos cuenta.

 

 

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Sigue el proceso de desmantelar la UPR

 

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

“Se supone que la función primordial de una universidad sea educar a los jóvenes de su país. En esa línea, a los proponentes del proyecto  no les ha importado el hecho de querer  invertir  tantos millones en estudiantes del extranjero y olvidarse del problema que tenemos con el reclutamiento de nuestra juventud”.

La   Asociación de Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), por medio de su presidenta, profesora María del Mar Rosa Rodríguez, se expresó contundentemente en contra del proyecto PS 1068 que propone otorgar la cantidad de $5,000,000 a la entidad privada UPR Foundation, una corporación sin fines de lucro incorporada en 2017 para reclutar a estudiantes extranjeros para que vengan a estudiar a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La presidenta de la APPU indicó que ya en la UPR  se formó un cuerpo de coordinadores que está colaborando en el esfuerzo de atraer estudiantes internacionales; pero, como todas las otras estructuras de la UPR,  están pillaos de presupuesto. Se supone que este grupo se reporte a la vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles,  Mayra Chárriez, y que haya un enlace con la Administración Central, que es Javier Carrión Guzmán. “Ya hay una estructura dentro de la UPR para reclutar estudiantes  extranjeros, ¿por qué hacer este proyecto y este chanchullo para darle $5 millones a UPRF. No se supone que reciban fondos públicos y recauden fondos, pero con fondos públicos. ¿En dónde se supone que está la filantropía?”, cuestionó la profesora.

Esta denunció que dicha fundación se organizó en 2015 y se incorporó en 2017, pero no se sabe qué logros ha tenido como para asignarle ahora $5 millones. Ya en el 2015 y en el 2017 fue “traída por los pelos” a la UPR, supuestamente, para atender las becas a estudiantes y ahora para reclutamiento.

“Leímos minuciosamente este proyecto del Senado y advertimos peligros. Por ejemplo, desconocemos si esos $5 millones están contenidos dentro del presupuesto adjudicado a la UPR, lo que constituiría otra reducción presupuestaria”. La presidenta de la APPU alertó de que otro peligro es que la medida requiere que no haya duplicidad de servicios, por lo que desconocen  si esto representará despidos o cierres de oficinas de admisiones y reclutamiento.

Como se expresa en el proyecto y según denunció la APPU, la razón principal para el reclutamiento de estudiantes extranjeros es “el descenso en población”, pero se ignora el alza en la matrícula y la crisis económica que atraviesa el país y su impacto sobre las estudiantes.

“Este proyecto acelera el desmantelamiento de la institución y evade el problema de reclutamiento de estudiantes desde su raíz como resultado de los recortes presupuestarios, el alza constante y desmedida en la matrícula y la crisis fiscal de Puerto Rico”, indicó el doctor Jorge Lefevre Tavárez, vicepresidente de la APPU. “No podemos olvidar que, por órdenes de la JCF, la UPR dejó de recibir el 9.6 % del promedio de los recaudos de los últimos dos años que por ley le corresponden del erario, por lo que dejó de recibir sobre $500 millones anuales. La restitución de esa fórmula permitiría fortalecer la UPR y sus esfuerzos de reclutamiento y admisión de estudiantes dentro y fuera de Puerto Rico”, argumentó Lefevre.

La UPR no  fue a  mi casita a buscarme

El representante estudiantil ante la Junta de Gobierno de la UPR, Delvin Caraballo, señaló que atraer estudiantes internacionales o estudiantes hispanohablantes de Estados Unidos no es malo, pero en la medida en que no se atiende de manera  efectiva a los estudiantes residentes y los que ya forman parte de la comunidad universitaria, sí lo es. “Asignar un presupuesto para traer estudiantes de afuera cuando el presupuesto para mantener la institución y los estudiantes que ya tenemos es insuficiente a mí me suena a una contradicción de la más alta gama”.

Al igual que la APPU y otros sectores universitarios, Caraballo reclamó que lo que hay que hacer es asignar un  mayor presupuesto a la UPR. El estudiante cuestionó: “Cuando  traigamos a esos estudiantes, ¿qué residencias les vamos a ofrecer si en Río Piedras tenemos las dos residencias cerradas? ¿Qué servicios y qué calidad les vamos a ofrecer si estamos congelando las plazas no docentes, que son las que mantienen la parte operacional de la institución diaria y no estamos haciendo un reclutamiento docente al nivel que tenemos que hacerlo para el desarrollo de nuevas propuestas, para tener mayores sesiones de clases? Es todo un componente bien amplio que en esencia no creo que tengamos. Tenemos que movernos a expandir el ofrecimiento de la UPR por el potencial que tiene para servir al país y para servir a ciudades hermanas, principalmente del Caribe y Latinoamérica. Pero, otra vez, atendiéndolo a través de un presupuesto a una corporación sin atender el problema real presupuestario que tiene nuestra institución es la contradicción de la mayor gama que podemos tener en estos últimos días”.

El portavoz estudiantil ante la Junta de Gobierno reflexionó sobre la medida. “En mi caso soy primera generación universitaria, la Universidad no fue a mi casita, ni invirtió 5 millones en buscarme”.

Por su parte, el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y profesor del recinto de Río Piedras, Rafael Bernabe,  dijo a CLARIDAD que le parece que la medida es parte de una actitud de menosprecio y de desconfianza de que la UPR pueda hacer las cosas bien y montar una campaña adecuada para atraer estudiantes, por lo que habría que crear un organismo aparte para eso. Expresó preocupación por que ante la reducción brutal del  presupuesto de la UPR a la mitad, la lógica de la medida es ver cómo se consigue el presupuesto. El presupuesto de la UPR llegó a ser más de $900 millones, según la fórmula que por ley se aplicaba antes de la imposición de la Junta de Control Fiscal. El presupuesto actual de la UPR debería ser de más de mil millones y lo que asignó la Cámara de Representantes fue $560 millones y $620 millones el Senado.  En ambos casos este presupuesto es uno inadecuado, indicó.

“Me  opongo  a que hagan campaña para traer estudiantes extranjeros, pero no como sustituto para lo que debe ser la gestión del Estado para que la Universidad funcione adecuadamente.  Me da la impresión de que es una actitud de no le vamos a dar dinero a la Universidad, pero vamos a ver cómo vamos a conseguir fondos  de esta otra manera”.

Bernabe aclaró que no hay problema con atraer estudiantes extranjeros, ya que eso es parte del enriquecimiento cultural y académico de una universidad y es una tarea que muy bien puede hacer la UPR. Pero sí cuestionó las facilidades que en estos momentos pueda ofrecer la UPR a estudiantes extranjeros y criticó el que se pretenda copiar para la UPR el modelo de DMO de Turismo.