Un nuevo impasse ha surgido en el proceso de aprobar el Plan de Ajuste de Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PAD-AEE) presentado por la Junta de Control Fiscal (JCF) ante la jueza Laura Taylor Swain y el Tribunal que entiende en el proceso de quiebra de AEE. Dos fuerzas opuestas han chocado con sus argumentos ante el Tribunal, provocando una nueva mirada al proceso de quiebra de AEE por parte de la Jueza Swain y de la propia JCF. De un lado, los acreedores principales, casi todos firmas de fondos de capital de riesgo («hedge funds«), con su feroz insistencia de reclamar un pago de casi $9 mil.millones. Del otro lado, una amplia.coalición de fuerzas trabajadoras, empresariales, profesionales y cívicas opuestas a un PAD cuya obligación representará una carga insostenible en la actual y proyectada situación económica del País.
Este choque de fuerzas en disputa ha traído a la luz una realidad innegable: todos los indicadores económicos, demográficos, sociales y de distribución poblacional apuntan a que la AEE no podría contar en el futuro con recursos suficientes para afrontar el pago de una deuda tan irrazonablemente elevada, por lo cual es necesario revisar el PAD propuesto y todas sus proyecciones y hacer nuevos ajustes más realistas y razonables para los actuales clientes de energía, sobre cuyos hombros recaerá el principal peso de la deuda pública de AEE.
Dice un refrán popular que » mas vale tarde que nunca». Y tal parece que la contundencia del impasse ha producido cambios. La JCF ha pedido al Tribunal un aplazamiento del proceso para revisar el PAD-AEE ya presentado. Y la jueza Swain, a su vez, ha reajustado la cifra estimada de la deuda a poco más de $2 mil millones, casi $6 mil millones menos de lo que reclaman los acreedores principales. Estas son dos acciones concretas que revelan como a veces la realidad es tan temeraria que se impone por encima de todo.
Es cierto también que el proceso de restructurar la deuda de AEE pudo haber sido menos difícil y tortuoso, y también menos costoso para el pueblo de Puerto Rico que está obligado a pagar los gastos millonarios de estos litigios que involucran al Gobierno de Puerto Rico y la JCF.
Desde el principio, hubo voces sensatas que cuestionaron cómo se conducían los procesos y reclamaron una mayor firmeza y transparencia al Gobierno y la JCF. La realidad, que ahora parece revelarse en toda su crudeza, existía desde el principio y durante mucho tiempo. Una AEE que abandonó su misión original y que fue minada desde adentro por un sistema bi partidista decadente y corrupto, y convertida en agencia de patronazgo y clientelismo político.
Aún no se ha dicho la última palabra ni se ha llegado a la decisión final sobre el PAD-AEE. Los bonistas buitres continúan en su faena, y tienen poder, dinero e influencia suficientes, sobre todo ante los políticos de Estados Unidos, para seguir presionando y amenazando en las distintas instancias del gobierno, y elevar sus reclamos en otros foros judiciales.
En Puerto Rico, sigue organizada y firme la oposición a un PAD- AEE que represente una carga económica insostenible para los sectores obligados a pagar la deuda, y una piedra al cuello de cualquier posible desarrollo económico de nuestro País. La respuesta parece estar en el camino de la lucha cívica, respetuosa y firme, basada en nuestra realidad y respaldada por la verdad.
