CLARIDAD
Si algo confirma la acción de la Junta de Control Fiscal (JCF) de solicitar a la jueza Laura Taylor Swain que aplazara la vista de confirmación del plan de ajuste de deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es que los ingresos de la AEE han mermado y continuaron mermando.
La semana pasada, el miércoles 22 de junio, sorprendió la noticia de que la JCF le solicitó a la jueza del Tribunal Federal que ve el caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico bajo la Ley PROMESA que aplazara la vista de confirmación del PAD del 28 de junio. Tras la petición, el viernes 23, la JCF certificó un plan fiscal para la AEE, que según el secretario de Estado, Omar Marrero, proyecta reducciones “sustanciales” en el consumo de energía y, por ende, en los ingresos de la AEE.
En entrevista antes de la certificación del plan fiscal de la AEE, el experto en la Ley PROMESA y representante legal del Sistema de Retiro de la UTIER, Rolando Emmanuelli Jiménez, dijo que esta era una acción que se venía anticipando desde que el abogado de la JCF le dijo a la jueza que LUMA (la privatizadora que se ocupa de la distribución y transmisión) había entregado las proyecciones de demanda muy tarde y que no habían podido certificar el plan fiscal de la AEE. A la luz de ese hecho y a la altura en que se está en términos de fecha, ello se hizo evidente, y la jueza anticipó que no iba a ser viable el itinerario del caso, en el cual había varios términos con los cuales había que cumplir.
El licenciado Emmanuelli Jiménez describió como significativa la petición de la JCF, ya que confirma los señalamientos de los expertos de la UTIER de que los ingresos de la AEE han mermado y continuarán reduciéndose, de que el plan no es viable y afectará a los más vulnerables y a la economía.
“La Junta hizo un plan a base de las proyecciones del 2022 y los expertos nuestros dijeron que eso estaba sobrestimado. La Junta se oponía y presentó oposiciones a nuestros planteamientos, pero cuando vieron los números de LUMA, de que las predicciones iban a ser mucho menores, entonces es que vino la crisis”.
Aunque el experto en casos de quiebra observó que el PAD no se ha retirado todavía y que el nuevo plan que la JCF pueda presentar va a tener que ajustarse a nuevos ingresos, observó que hay dos posibles alternativas: recortar más a los acreedores, incluyendo a los más vulnerables, como el Sistema de Retiro, o aumentar el cargo híbrido. Pero resaltó que el problema es que la lógica y la ciencia económica dicen que cuando se aumenta más un servicio, menos la gente lo usa. “Es decir, que aumentarlo más no es viable. Pero no se puede descartar que la Junta se vaya por ahí, porque a ella no le importa”, manifestó.
En esa dirección, Emmanuelli Jiménez expresó que su preocupación es que la JCF quiera venir con más recorte a los más los vulnerables, como el Sistema de Retiro y otros, en lugar de recortar a los bonistas. “Tiene que recortarle a los que jugaron a la ruleta rusa, a los que vinieron a especular, a los que compraron a 20 centavos y quieren cobrar 50, 60. Pero quiero enfatizar que existe el riesgo de que la Junta cuadre su plan fiscal afectándonos más”.
Una vez certificado el plan fiscal de la AEE, según la JCF, se tomará una a dos semanas en lo que manejan las proyecciones de la demanda y los ingresos. En tanto, la jueza ha ordenado a las partes presentar un informe sobre el estatus del caso el miércoles 28 de junio.
A marchar este 28 de junio
Por su parte, en comunicado de prensa, el Junte Multisectorial, compuesto por organizaciones y representantes de distintos sectores del país, acogió críticamente el anuncio de la JCF de enmendar el plan de ajuste y reducir más el pago propuesto a los bonistas y reafirmó el llamado a marchar el 28 de junio a las 4:00 p.m. para expresarse en contra de más aumentos a la luz y recortes a las pensiones.
“En menos de un mes, la movilización ciudadana y multisectorial ha logrado llamar la atención de la Junta y de la Jueza Laura Taylor Swain y detener la aprobación de un plan de ajuste que pretendía asfixiar el bolsillo de todos los puertorriqueños a favor del bolsillo de grupos de bonistas buitres”, expresó la obispa metodista, Lizzette Gabriel Montalvo.
Los integrantes del grupo multisectorial destacaron la importancia de seguir ejerciendo presión hasta lograr un plan que sea sostenible, sin aumentos a la luz y recortes a las pensiones, debido a que la amenaza de aumentos en la factura y el recorte de pensiones continúan.
