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Homenaje a la “Junta de Redacción” de 1960

Comisión Política del MPI. Francisco Manrique Cabrera, Lorenzo Piñeiro, César Andreu Iglesias, Pedro Baigés Chapel,Ramón Arbona, Juan Mari Brás, Norman Pietri, Jaime Luciano,Julio Vives Vázquez, Fran Cervoni y José Paraliticci. Foto Archivo CLARIDAD

 

CLARIDAD

Claridad cumple 64 años y tanto sobre su humilde origen como de su azarosa existencia se ha escrito bastante. También hemos escrito mucho (aunque nunca es demasiado) de la visión de sus fundadores, en particular de César Andréu Iglesias y Juan Mari Brás. Creo que ahora debemos empezar a hablar de otros grupos de abanderados que durante ese largo tiempo han asumido la tarea de hacer este periódico, porque cada época ha tenido sus héroes. Empecemos por un primer grupo.

¿Quiénes integraban la “Junta de Redacción” de Claridad a exactamente un año de su fundación? En la segunda página de la edición correspondiente al 22 de junio de 1960 encontramos el listado: Lorenzo Homar, Francisco Manrique Cabrera, Norman Pietri, Carlos Raquel Rivera, Antonio Maldonado, René Marqués, Julio Vives Vázquez, Emilio Díaz Valcárcel, Dina Orlado y Carlos Osorio. Al listado le faltan al menos dos nombres, los de Mari Brás y Andréu Iglesias. Ambos habían sido responsables de confeccionar la primera edición del periódico el 1ro de junio de 1959 y seguían aportando a sus ediciones, pero no aparecen como integrantes de la Junta.

Ese listado de la Junta de Redacción de junio de 1960 necesariamente nos retrotrae a una anécdota que Mari Brás contaba, y que dejó escrita, sobre la primera edición de Claridad. Cuenta el fundador que, tras imprimir el “periódico” en un viejo mimeógrafo donado por Gabriel Vicente Maura, acudió junto a César a una tertulia de escritores y artistas en la galería La Pintadera a presentar su obra. Entre comentarios y risas escuchó que uno de los presentes, seguramente artista, le comentaba en voz baja a Toni Maldonado: “¡Pero qué mamarracho!”. Luego creyó oír la voz de Maldonado, quien ya era un destacado artista producto de la “escuela mexicana” de pintura, decirle al amigo que en lugar de criticar debían disponerse a tratar de mejorar la novel publicación.

Pues, como prueba el listado que componía la Junta de Redacción para junio de 1960, muchos de los que estaban en aquella tertulia en La Pintadera efectivamente se unieron al llamado de Maldonado, incluyendo al propio artista. En ese grupo que asumió la tarea en 1960 están varios de los más auténticos representantes de la producción artística y literaria puertorriqueña, no sólo de ese momento, sino de su historia. Cuatro pintores que están entre los más destacados de célebre Generación del 50 (Homar, Carlos Raquel, Maldonado y Osorio) y tres escritores (Manrique Cabrera, René Marqués y Emilio Díaz Valcárcel).

Carlos Raquel Rivera. Foto Archivo CLARIDAD

No hay más que mirar las ediciones que siguieron al original “mamarracho” -un humildísimo boletín producido en un mimeógrafo viejo y gastado- para ver la gran aportación de este grupo de destacados creadores artísticos. Aun en las ediciones que siguieron confeccionándose en el mimeógrafo que Vicente Maura regaló, que representaba un gran reto técnico para añadir gráfica, ya encontramos aportaciones de Homar o de Maldonado. Meses después se logró la adquisición de una pequeñe imprenta “offset” que mejoró significativamente la calidad de impresión. Entonces las aportaciones de este grupo de artistas pudieron apreciarse más. De hecho, varios de los grabados más conocidos de Homar y Carlos Raquel Rivera, se publicaron inicialmente en las ediciones de Claridad de aquellos primeros años.

En la Junta de Redacción de 1960 sobresalen también los escritores. El listado comienza con Francisco Marique Cabrera quien para entonces era catedrático de literatura hispana en la Universidad de Puerto Rico y, además, un destacado poeta. A Cabrera le debemos su Historia de la Literatura Puertorriqueña que sigue siendo un libro indispensable. Más adelante en la década del ´60 Marique Cabrera asumió el cargo de Director General del Movimiento Pro Independencia.

Además de Manrique, en la Junta de junio de 1960 encontramos a René Marqués y Emilio Díaz Valcárcel. En ese momento ya Marqués era un reconocido escritor que también dirigía la División de Educación de la Comunidad (DIVEDCO) del Departamento de Instrucción Pública. Algunas de sus obras, como La Carreta, ya eran consideradas un clásico de nuestra literatura nacional. Díaz Valcárcel, diez años más joven que Marqués, ya era conocido como narrador, pero el grueso de su producción literaria llegaría en la siguiente década. En las ediciones del periódico de principios de los ´60 se publicaron varios de sus cuentos.

Los otros integrantes de la Junta de Redacción de 1960 -Norman Pietri, Dina Orlando y Julio Vives Vázquez- se destacaron en el MPI desde sus inicios y aportaban otras experiencias. Dina era abogada mientras Norman, fundador de la FUPI en 1956, más adelante sería director en propiedad de Claridad. Vives Vázquez, ingeniero y abogado, ocuparía el cargo de presidente del Partido Socialista (PSP) a partir de 1971. Siempre fue un buen escritor, de esos que en un breve texto puede decir mucho.

CLARIDAD ha tenido una larga vida y esa persistencia ha requerido sudor, lágrimas y en ocasiones también sangre. Afortunadamente siempre ha contado con la colaboración entusiasta de hombres y mujeres que, con sus aportaciones, ocupan sitiales importantes en la historia de nuestro país. El grupo que asumió la tarea en 1959-60 sentó la norma.

 

 

Buscan llevar a la quiebra a la Universidad de Puerto Rico

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Una acción temeraria es lo que evidencia la acción de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (JG) de acudir ante la jueza Laura Taylor Swain a solicitar que la UPR sea puesta bajo el Título III de la Ley PROMESA.

La petición de la Junta de Gobierno se produjo el pasado 24 de mayo, un día antes del que se supone se viera en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan una demanda en su contra presentada por la UPR  para impedir que la esta implemente un nuevo plan de pensiones de contribución definida. Tras la petición de la JG, el proceso ante el TPI quedó archivado.

Por su parte, la jueza que ve el caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico bajo la Ley PROMESA le dio a la JG hasta el próximo14 de junio para que presente  sus argumentos de por qué debería remover el caso del Tribunal y acoger su petición.

El presidente de la Junta de Retiro del Sistema de Pensiones, Luis Vicenty Santini, expuso a CLARIDAD sus preocupaciones por la contestación de Swain y por las consecuencias que tendría para la Universidad si la jueza decide acoger la petición. “Si esa es una movida bien temeraria de la Junta de Síndicos de la UPR, más preocupante es lo que dijo la juez. Les dijo que le digan por qué ella no debe desestimar la petición, porque ella lo que ve son casos bajo el Título III de Quiebra y la UPR no está bajo el Título III”.

Las consecuencias que tendría colocar a  la UPR  bajo el Título III de PROMESA incluyen la pérdida de acreditación, lo que a su vez impediría el acceso a las becas Pell, el acceso a fondos de investigación y a fondos federales de Educación. Dijo que lo próximo sería un proceso de cómo acomodar a los estudiantes de la UPR en otras universidades. La quiebra sería para todos los recintos.

El presidente de la Junta trajo a la atención que cuando la Junta de Retiro ganó la fiducia del sistema en el 2020, la entonces directora de la JCF, Natalie Jaresko, hizo una consulta con el Departamento de Educación de Estados Unidos para ver si se podía hacer una quiebra consensuada bajo el Título III para  que la UPR no perdiera el acceso a los fondos federales, y le contestaron terminantemente que no. Este considera que la decisión de acudir ante la jueza Swain fue de la expresidenta de la UPR, Mayra Velasco, de Emilio Colón y  el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Ricardo Dalmau. Denunció además que la decisión no fue sometida al pleno de la Junta de Gobierno, aun cuando se supone que la Junta es un cuerpo colegiado.

Uno de los argumentos de la Junta de Gobierno para pedir colocar a la UPR bajo el Capítulo de Quiebra de PROMESA es que supuestamente tiene que cumplir con el Plan Fiscal impuesto por la JCF. No obstante, es sabido que desde el 2017 la JCF presiona a la Junta de Gobierno para que cambie el sistema de retiro. Otro de los razonamientos de la JG para cambiar el plan de pensiones para los empleados nuevos es que el Plan de Retiro se va a queda insolvente. Vicenty Santini desmintió que esto sea cierto y afirmó que el último estado financiero del Retiro establece que el plan tiene solvencia, por lo que cuestiona las motivaciones para insistir en el cambio.

A su juicio, el cambio responde a aspectos ideológicos. Agregó que ya los tribunales de Puerto Rico  removieron a la JG de la UPR de la fiducia del Plan de Retiro, por lo que técnicamente y legalmente se supone que la JG no tiene ninguna participación sobre el plan y su única participación es su aportación. Para cerrar el plan se requiere la anuencia del fiduciario, que es la JRSP, que él preside. Una  de las razones por las cuales el tribunal  le quitó la fiducia a la JG fue porque esta le condonaba pagos a la UPR,  indicó.

El presidente de la Junta del Sistema de Retiro manifestó aprehensión por que la jueza coloque a la UPR bajo Título III, porque prácticamente estaría dejando al país sin universidad y se pregunta “si eso es lo que están que buscando el presidente y la Junta de Gobierno de la UPR: llevarla a la quiebra y que la UPR deje de existir. Eso es lo que va a pasar”.

Por su parte, el representante legal de la Junta de Retiro, Rolando Emmanuelli Jiménez,  describió la acción de la JG de la UPR como una desesperada, la cual crea un problema porque la Universidad no es ningún deudor.  Eso significa que no hay jurisdicción del Título III. Este señaló que es por eso que la jueza le ordenó a la UPR  mostrar causa por la cual tendría que ir el caso al tribunal, porque el asunto no tiene nada que ver con PROMESA.

Este también observó que de haberse podido someter a la UPR bajo el Título III de PROMESA, la JCF  lo hubiese hecho; pero el caso es que la UPR estaba cumpliendo con el pago de su deuda, por lo que la JCF hubiese tenido que mostrar causa para ello, algo que deben saber los abogados de la JG.

El licenciado Emmanuelli Jiménez se expresó confiado en que no hay méritos en la petición de la JG. De parte de su cliente esperan presentar su contestación en esta semana. Recalcó que ya la jueza emitió una opinión de que no tiene jurisdicción, por lo que no hay manera de que la UPR explique o justifique su petición.

El meollo del caso, comentó, es que la ley de  la UPR dice que la Universidad tendrá un plan de retiro, no dos, y la JG quiere abrir otro plan de retiro que le va hacer un hueco al existente debido a que los empleados nuevos no van a estar aportando, y eso va a menoscabar  el plan. Por demás el  actuario ha señalado  que sale más caro el nuevo plan que el actual. Al la  acción de la JG ser contraria a la Ley Universitaria, si quiere tener ese otro plan, tendrá que enmendar la ley, anticipó.

 

 

 

 

 

Enclaves de gente privilegiada

 

 

Especial para CLARIDAD

 

Puerto Rico es una cuajadera de contradicciones. La fragilidad de su infraestructura física (carreteras, energía eléctrica y agua) y social (educación, salud, seguridad) es constantemente acusada; también se acusa la insuficiencia de vivienda social en coexistencia con el abandono de innumerables casas y estructuras de diversa índole. Y en tal contexto se anuncia la multiplicación de proyectos de construcción de lujo para multimillonarios, actividad protagonizada por los que gozan de privilegios tributarios bajo la ley 22, ahora subsumida en la ley 60. Se trata, en realidad, de la formación de enclaves de y para ricos del exterior, de la transformación del país en un “puerto rico” solo para privilegiados.

Los enclaves económicos siempre se han asociado con el colonialismo y el subdesarrollo. Cobran la forma de bolsillos de actividad, casi siempre de capital externo,  – plantaciones, minería y, recientemente, manufactura – que no se integran a la economía local. Aunque generen algún auge pasajero el resultado neto siempre es el mismo: coexistencia con la pobreza, desigual distribución de riqueza e ingresos, remisión de ganancias hacia el exterior, insuficiencia en la creación de empleos estables, degradación ambiental e insostenible costo fiscal y endeudamiento… Terminan, luego que por la razón que sea – cambios políticos, alteraciones empresariales, dinámica comercial, nuevas tecnologías,  obsolescencia – se cierra la fase de extracción desproporcionada de ganancias, abandonando el país. Dejan un siniestro rastro por el que luego emigrarán las víctimas de tal sistema. Dicho en pocas palabras: los enclaves nunca, en ningún país, han servido como modelos para el desarrollo sustentable.

Ahora, para colmo, en lugar de enclaves manufactureros se ha estado fomentando la formación de enclaves de gente en diversos lugares del país: Rincón, Dorado, el Viejo San Juan, Puerta de Tierra, el Condado… El efecto inmediato es desplazamiento poblacional, a lo que se suma un incremento descomunal en los precios del mercado de bienes raíces, lo que torna inalcanzable para  el común de los mortales  — se presume que hay consenso de que la inmensa mayoría de los puertorriqueños pertenece a esta humilde clasificación—tanto el alquiler como la adquisición de viviendas.

¿Algún “común de los mortales” dispone de $15, $10 o $5 millones para comprar un “modesto apartamentito” de los que contarán los inmensos proyectos de construcción que se anticipan para el Condado? En la actividad de demolición y construcción ya anunciada sobresalen las torres de vivienda y los condohoteles. Es obligado sospechar que a vendedores y compradores cobijados por la ley 22 – los nuevos “residentes fatulos” – se les salen las babas con tales proyectos. Son de los que mientras más tienen más quieren. Como dijera Stiglitz, premio Nobel de Economía, cuando criticara dicha ley, no son fieles con el país del que salen y mucho menos lo serán con el país al que llegan. Pero claro, el gran culpable es el gobierno de azules y rojos. Sus dirigentes han sido y son auspiciadores, promotores y cómplices.

Huelga decir que a tales personajes les tiene sin cuidado el impacto ambiental, mucho menos el social. Les importa un rábano el calentamiento global, el alza en el nivel del mar y la erosión costera, lo que se ha advertido en el Condado.  Después de todo, calculan ellos, ya le habrán sacado el jugo a los proyectos y estarán ubicados en otras latitudes cuando tal cosa ocurra, si es que ocurre (tal vez algunos pertenecen al establo de Trump).

El hábitat supone una relación apropiada entre las distintas esferas de la sociedad y de éstas con la naturaleza. De esta visión se ocupa la arquitectura. Decía el filósofo Ludwig Wittgenstein: “La arquitectura es un gesto. Del mismo modo que no todo movimiento en un cuerpo significa expresión, tampoco toda construcción significa arquitectura”. Evidentemente, los “constructores” de la ley 22 responden a otros valores…

La ley 22 promueve conducta aberrante. Ni es fragua de desarrollo sano y sostenible ni de arquitectura con sensibilidad. Prima el motivo del lucro, la jaibería fiscal y la depredación social y ambiental. Pero a eso, desafortunadamente, no son pocos los que le llaman “progreso”, “crecimiento”, “fomento de la inversión”, “aprovechamiento de oportunidades”…

 

 

 

 

 

 

 

“Lawfare” contra Mariana Nogales

 

Especial para CLARIDAD

Reflexionando sobre los 49 casos criminales fabricados a Mariana Nogales Molinelli, representante a la Cámara por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) de Puerto Rico, a su madre Rita Molinelli y la corporación que manejan, es una conspiración legal del Gobierno, al estilo “lawfare” colonial. De los 49, 2 habían sido investigados y procesados por la legislatura. Ante este despilfarro de recursos públicos, la pregunta que todos se hacen en una colonia llena de corrupción y crimen, ¿Por qué la persecución judicial contra Mariana Nogales? ¿Por qué aplicar el modelo “lawfare” versión colonial? ¿Qué viene para Puerto Rico que hay que atemorizar a Mariana? ¿Por qué le tienen miedo?, por las alianzas, su lucha ambiental, por los derechos humanos o a las nuevas voces o por ser mujer atrevida y retadora. O es que ha investigado algo que molesta a los poderes económicos y políticos.

Creo que los juristas puertorriqueños deben investigar a fondo este caso de “lawfare versión colonial”, que abre un capítulo nuevo en la persecución política, judicial y mediática contra los liderazgos en la colonial. O sea, una nueva modalidad de persecución política estilo siglo XXI.

¿Qué es “lawfare”? según lo definen es “persecución judicial, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política, guerra jurídica o guerra judicial (en inglés, lawfare) es una expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales” – en este caso colonial-, que “manteniendo una apariencia de legalidad” se utiliza para “para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente”. Proviene de una contracción gramatical de las palabras inglesas «law» (ley) y «warfare» (guerra), persecución que se ha instalado en la colonia (guerra o persecusión en la colonia), aparentando que actúan bajo la más estricta legalidad formal. La pregunta sigue siendo, ¿por qué Mariana Nogales?, a qué grupo de poder político, económico o corporativo y a los intereses políticos o económicos que representan, ha tocado con sus acciones. Puede ser por los casos ambientales, de derechos humanos o por otras investigaciones que realiza. La persecución se mediatizó, los medios de comunicación tomaron el caso sembrando la desmoralización y criminalización en el ámbito de la opinión pública y desviando la discusión de otros casos que le hacían daño al pueblo, al que se une los otros medios sociales de comunicación.

Esta modalidad de persecución, a los que todos los luchadores sociales están expuestos, son las nuevas formas de guerra centradas en el uso del “poder blando” para subsumir o amedrentar al enemigo (luchador social, ambiental, o rival político) evitando la implementación de fuerza directa. Lo legal que incluye una amplia gama de componentes, desde la presión jurídica por medio de denuncias y demandas, hasta las sanciones económicas, fabrican pruebas e incluso se llega a prescindir de lo que marcan la Ley y el Derecho solicitando información privada. Son procesos de persecución política por la vía judicial contra determinados sectores de la política, líderes y militantes, para lograr su inhabilitación política y la pérdida de legitimidad.

Pero es mucho más, esta guerra es librada en varios frentes (o dimensiones), que operan en paralelo y que confluyen, al menos en cuatro dimensiones: la jurídica, la mediática, la político-económica y la geopolítica, que hay que investigar.

Brevemente. En el ámbito judicial el “lawfare” opera “desde arriba”, por medio de un aparato judicial que representa a una élite económica y política. En lo mediático construyen el relato que incluyen los medios de comunicación y redes sociales, que operan manufacturando consenso en contra o a favor de determinadas personalidades, grupos o sectores políticos, recurriendo a voces expertas o analistas, que contribuyen al espectáculo. Y desvían la atención de otro asunto, como el caso de los primos del Gobernador. Es curioso que el relato sobre la corrupción en el mundo empresarial (los primos) o incluso vinculada a sectores de derechas, no cuenta con el mismo protagonismo mediática.

El ámbito de lo político-económico, la persecución judicial abunda contra sectores (ambientales, sociales, feministas, universitarios, trabajadores, sindicalistas, comunitarios, anti aborto, anti neoliberalismo, etc.), líderes y sectores que promueven la intervención del Estado en la economía (en contra de la Junta de Control Fiscal), sectores contra la deuda pública, sectores por las pensiones, sectores del reclamo sobre la protección de los recursos y el medio ambiente, contra la gentrificación y venta de las playas, o la explotación económica, sectores universitarios, sectores que reclaman los derechos de las poblaciones de preferencias sexuales diferentes, de las mujeres, de los pobres, de los que no tienen hogar, o que simplemente reclaman que exista igualdad social y económica.

El ámbito geopolítico, aunque parezca extraño tiene que ver con la lucha contra la Ley 22 del 2012 que fomenta la llegada de inversionistas extranjeros que no pagan impuestos y no son evaluados en su efectividad, las expropiaciones, la Junta de Control Fiscal y los otros intereses ocultos del lawfare, como son los acreedores de la deuda.

Hay mucho que investigar, estudiar y analizar en este caso. Hay muchas tesis que crear. Sin olvidar la permanente presencia de EE. UU. en aspectos políticos, económicos y geopolíticos en la colonia de Puerto Rico que está detrás de esos administradores coloniales que hacen la persecución.

Y lo que se ve, es que es una cacería de brujas que refleja el poder misógino de los políticos detrás. La desmoralización y criminalización de la mujer dedicada a la política, con amplia capacidad de liderazgo, que hay que disciplinar. La criminalización y acoso político contra Mariana Nogales (luchadora por los derechos humanos, ambientales y civiles), es contra todas las mujeres que luchamos, es contra todas nosotras y contra el pueblo.

El “lawfare versión colonial” otorga un marco privilegiado para la profundización de estas prácticas misóginas y violentas, querer controlar a la mujer, para que otras no repitan su atrevimiento de ser política, luchadora, que denuncia y va de frente. Esa persecución es reflejo de ese patriarcado-colonial-misógino que existe que no se atreve a llevar un caso contra un hombre, pero si contra una mujer, creyendo que así la asustan y detienen.

A su vez es evitar que un movimiento político que había contribuido a ensanchar la democracia ampliando la participación y que busca las alianzas para conquistar nuevos ámbitos de justicia social y política, pudiera persistir o reaparecer en el futuro, que nuevas voces se levanten, es perseguir, proscribir o eliminar adversarios políticos, no es un fenómeno nuevo, pero es una versión diferente. Por eso debemos denunciar esta persecución e investigar.

 

México: Empate técnico y lecciones para 2024

Por Katu Arkonada

 

 

Desde Ciudad de México

Las elecciones del domingo 4 de junio en México eran importantes por varios motivos. Por un lado se ponían en juego 2 estados gobernados por el PRI, que cerraban el ciclo electoral iniciado con la victoria de López Obrador en 2018; por otro lado, de los resultados se iban a extraer reflexiones de cara a la campaña electoral de 2024, donde además de la elección presidencial, se pondrán en juego 20 mil cargos, entre ellos 9 gubernaturas (gobernaciones), 128 senadores, y 500 diputados y diputadas.

El resultado tiene sabor a empate. Si bien Morena le ganó al PRI el Estado de México, que gobernaba desde 1929, con una diferencia de 8 puntos y medio millón de votos (3.2 millones de votos, el 52.6%, frente a 2.7 millones de votos, el 44.3%), el antaño Partido Estado dueño de México durante 80 años logró retener Coahuila, que si bien en términos políticos es menos importante (Edomex es el mayor granero electoral del país), lo hizo con una diferencia mucho mayor, de más de 35 puntos sobre Morena, alcanzando casi el medio millón de votos, 462 mil concretamente (741 mil votos, el 57%, frente a 280 mil, el 21.5).

Los principales derrotados de la noche electoral fueron las encuestadoras, que en Estado de México le llegaron a dar una ventaja a Morena de hasta 29 puntos (incluso en la encuesta de salida le dieron 19 puntos frente a los 8 finales). Este fenómeno parece tener dos componentes: por un lado, las encuestadoras acomodan políticamente los datos según quién las paga, pero por otro, hay una corriente de descontento/decepción con la Cuarta Transformación -el movimiento que lidera AMLO- que no reflejan las encuestas, pero sí se muestra en la votación.

En cualquier caso, esta decepción es como el magma de un volcán, que no necesariamente entrará en erupción en 2024, pero sí es un a tener en cuenta en futuros análisis. En cambio, el rechazo al PRI, que de 32 estados queda gobernando solo 2, es algo muy tangible y la ciudadanía del Estado de México, cuya última elección fue en 2017, dejó en claro que no quiere al PRI saqueando las instituciones de uno de los estados más inseguros del país.

Pero más allá de la importancia de las elecciones para la ciudadanía de Estado de México y Coahuila, la elección del domingo era importante para sacar enseñanzas de cara al inminente proceso electoral que culminará en la elección presidencial del 2 de junio de 2024.

En lo numérico, no hay grandes cambios, pues el medio millón de votos que Morena y aliados le sacaron a la coalición opositora, es neutralizado por el casi medio millón que el PRI, en alianza con el PAN, obtuvo en Coahuila. Teniendo en cuenta que Andrés Manuel López Obrador ganó en 2018 con 30 millones de votos, no se mueve nada en ese terreno.

Pero más allá de las cifras, sí hay otras lecciones que se pueden extraer, por ejemplo en lo referente a la unidad.

La derecha unida, incluso con una buena candidata en el Estado de México como Alejandra del Moral (mujer, joven y preparada), no necesariamente gana. En cambio, una Morena desunida, como pasó en Coahuila, donde Morena llevaba un candidato muy cuestionado escogido mediante el método de encuesta (Armando Guadiana, empresario minero), y por otro lado el Partido del Trabajo (PT) y el Verde lanzaron como candidato a Ricardo Mejia, ex Subsecretario de Seguridad de López Obrador, sí puede ser derrotada por la oposición.

Pero incluso la derecha se lo tiene que pensar dos veces para ir en unidad, pues el PRI es una marca tan desprestigiada entre la población, que desde 2018 ha perdido 11 gubernaturas, tan solo pudiendo retener Durango y Coahuila (4.3 millones de habitantes entre las dos entidades). De hecho, ya es rebasado por Movimiento Ciudadano, una tercera vía con maquillaje progresista, que gobierna también dos estados, Jalisco y Nuevo León, pero que triplican el número de habitantes (14 millones) y suman el mayor porcentaje al PIB del país.

En cambio, y a diferencia del PRI, la marca Morena se mantiene a flote por la popularidad de López Obrador, pero sin un horizonte claro para cuando el Presidente se retire en 2024. Y al ser una maquinaria electoral que ha incorporado a una buena parte de ex priístas, panistas y perredistas, y no tener vida orgánica, existe un riesgo de descomposición, algo alertado incluso por el propio Andrés Manuel.

Ahora, una vez terminadas las últimas elecciones estatales del ciclo abierto en 2028, se entra de lleno en el ciclo 2024-2030, en el que la primera tarea de Morena, frente a una oposición sin liderazgos, es escoger a su candidato o candidata presidencial.

Y a pesar de que el método de encuesta ha sido fuertemente cuestionado, también por los resultados en Coahuila, es de una encuesta (o dos) de donde saldrá en septiembre el nombre del próximo candidato presidencial. Casi con toda seguridad Marcelo Ebrard, actual Canciller, o Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Reproducido de www.pagina12.com.ar