Especial para CLARIDAD
Puerto Rico es una cuajadera de contradicciones. La fragilidad de su infraestructura física (carreteras, energía eléctrica y agua) y social (educación, salud, seguridad) es constantemente acusada; también se acusa la insuficiencia de vivienda social en coexistencia con el abandono de innumerables casas y estructuras de diversa índole. Y en tal contexto se anuncia la multiplicación de proyectos de construcción de lujo para multimillonarios, actividad protagonizada por los que gozan de privilegios tributarios bajo la ley 22, ahora subsumida en la ley 60. Se trata, en realidad, de la formación de enclaves de y para ricos del exterior, de la transformación del país en un “puerto rico” solo para privilegiados.
Los enclaves económicos siempre se han asociado con el colonialismo y el subdesarrollo. Cobran la forma de bolsillos de actividad, casi siempre de capital externo, – plantaciones, minería y, recientemente, manufactura – que no se integran a la economía local. Aunque generen algún auge pasajero el resultado neto siempre es el mismo: coexistencia con la pobreza, desigual distribución de riqueza e ingresos, remisión de ganancias hacia el exterior, insuficiencia en la creación de empleos estables, degradación ambiental e insostenible costo fiscal y endeudamiento… Terminan, luego que por la razón que sea – cambios políticos, alteraciones empresariales, dinámica comercial, nuevas tecnologías, obsolescencia – se cierra la fase de extracción desproporcionada de ganancias, abandonando el país. Dejan un siniestro rastro por el que luego emigrarán las víctimas de tal sistema. Dicho en pocas palabras: los enclaves nunca, en ningún país, han servido como modelos para el desarrollo sustentable.
Ahora, para colmo, en lugar de enclaves manufactureros se ha estado fomentando la formación de enclaves de gente en diversos lugares del país: Rincón, Dorado, el Viejo San Juan, Puerta de Tierra, el Condado… El efecto inmediato es desplazamiento poblacional, a lo que se suma un incremento descomunal en los precios del mercado de bienes raíces, lo que torna inalcanzable para el común de los mortales — se presume que hay consenso de que la inmensa mayoría de los puertorriqueños pertenece a esta humilde clasificación—tanto el alquiler como la adquisición de viviendas.
¿Algún “común de los mortales” dispone de $15, $10 o $5 millones para comprar un “modesto apartamentito” de los que contarán los inmensos proyectos de construcción que se anticipan para el Condado? En la actividad de demolición y construcción ya anunciada sobresalen las torres de vivienda y los condohoteles. Es obligado sospechar que a vendedores y compradores cobijados por la ley 22 – los nuevos “residentes fatulos” – se les salen las babas con tales proyectos. Son de los que mientras más tienen más quieren. Como dijera Stiglitz, premio Nobel de Economía, cuando criticara dicha ley, no son fieles con el país del que salen y mucho menos lo serán con el país al que llegan. Pero claro, el gran culpable es el gobierno de azules y rojos. Sus dirigentes han sido y son auspiciadores, promotores y cómplices.
Huelga decir que a tales personajes les tiene sin cuidado el impacto ambiental, mucho menos el social. Les importa un rábano el calentamiento global, el alza en el nivel del mar y la erosión costera, lo que se ha advertido en el Condado. Después de todo, calculan ellos, ya le habrán sacado el jugo a los proyectos y estarán ubicados en otras latitudes cuando tal cosa ocurra, si es que ocurre (tal vez algunos pertenecen al establo de Trump).
El hábitat supone una relación apropiada entre las distintas esferas de la sociedad y de éstas con la naturaleza. De esta visión se ocupa la arquitectura. Decía el filósofo Ludwig Wittgenstein: “La arquitectura es un gesto. Del mismo modo que no todo movimiento en un cuerpo significa expresión, tampoco toda construcción significa arquitectura”. Evidentemente, los “constructores” de la ley 22 responden a otros valores…
La ley 22 promueve conducta aberrante. Ni es fragua de desarrollo sano y sostenible ni de arquitectura con sensibilidad. Prima el motivo del lucro, la jaibería fiscal y la depredación social y ambiental. Pero a eso, desafortunadamente, no son pocos los que le llaman “progreso”, “crecimiento”, “fomento de la inversión”, “aprovechamiento de oportunidades”…
