La gobernadora, Jenniffer González, firmó el proyecto del Senado PS 504, para concederle “capacidad jurídica al embrión en gestación”, un proyecto de ley cuestionado por diversas organizaciones y sectores especializados.
En una reacción inmediata, la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciada María de Lourdes Santiago, señaló que el proyecto tiene dos disposiciones sobresalientes. Una de ellas es la que le adscribe carácter de persona a un óvulo fecundado y le adjudica capacidad jurídica, por lo que los derechos surgirían en las etapas de gestación dentro del útero materno. La otra disposición sobresaliente, según la senadora, es la que establece que los derechos que se reconocen al nasciturus no menoscaban la potestad de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo conforme a la ley.
“No hay que perder el tiempo en rodeos. Este proyecto, no le quepa a nadie la menor duda, lo que persigue es añadir un tramo más al camino que conduce, como quisieran algunos, a la ilegalización del derecho de las mujeres a decidir sobre su vida”.
Por su parte, el Movimiento Victoria Ciudadana junto a su Red de Salud Integral y Red de Género, en comunicado de prensa también expresaron su rechazo a la firma del proyecto, el cual implica enmiendas al Código Civil, por extender la definición de “persona” para concederle capacidad jurídica al “embrión en gestación”, por limitar los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos y por representar un grave retroceso en nuestro marco de derecho que generará serios conflictos jurídicos y en servicios de salud.
“La firma de la gobernadora al PS 504 es un error jurídico y político que tendrá graves consecuencias en la práctica de la medicina y en nuestro sistema legal. No solo interfiere con los derechos humanos de las mujeres, sino con la práctica médica; viola principios básicos de autonomía corporal y abre la puerta a litigios costosos que terminará pagando el pueblo de Puerto Rico. Así lo advirtió la comunidad jurídica y médica en una carta firmada por más de 50 profesores de Derecho con la carta enviada por más de 300 ginecólogos, pediatras y profesionales de la salud.”, afirmó la licenciada Eva Prados Rodríguez, coordinadora general.
Por su parte, Diana de La Paz, médica de familia de la Red de Salud expresó: “Es muy peligrosa la legislación que se acaba de aprobar. Sobre 300 médicos se lo advertimos a la gobernadora en una carta que incluía más de 10 ejemplos concretos de los impactos en la práctica de la medicina y servicios de salud para las mujeres. Desde los casos de embarazos no viables o con malformaciones letales, la medida podría dar paso a que parejas o exparejas interfieran en decisiones médicas necesarias, obligando a continuar gestaciones que impactan la salud física y emocional de la persona embarazada. De igual forma, al riesgo de criminalizar pérdidas de embarazo por razones médicas. Destaca, además, que la medida podría otorgar nuevas herramientas legales a agresores en casos de violencia doméstica, extendiendo su control sobre la persona gestante.”
Mientras, la psicóloga y portavoz de la Red de Género, Alice Pérez, señaló que el PS 504 carece de fundamentos científicos y de un análisis serio de su impacto legal, ignorando advertencias de sectores de médicos, salud mental, legal y de derechos civiles. “Es totalmente falso que este tipo de medida tenga el efecto de proteger la familia y, mucho menos, la vida. Atenta contra las mujeres y personas gestantes en su derecho a decidir sobre sus cuerpos y su salud, mirándolas como máquinas de reproducción, en un país que no puede asegurarle ni siquiera los servicios esenciales para cuidar de un embarazo. Aquí lo que vemos es a grupos particulares imponiendo sus creencias religiosas, y obligan a través de leyes a los que no creen igual sin importarle las consecuencias.”
El PS 504, es de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schazt.
Otra organización que se expresó en contra es el Frente Amplio de Acción Social. En el marco de los derechos humanos y autonomía corporal, el Frente reclama que el derecho a la vida, la salud, la integridad personal, la autonomía y la no discriminación está protegido por instrumentos internacionales de derechos humanos, ratificados y reconocidos por Estados Unidos y aplicables a Puerto Rico, incluidos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Los organismos internacionales han sido claros al establecer que las restricciones absolutas o desproporcionadas a la autonomía reproductiva constituyen una forma de violencia estructural y discriminación por razón de género y generan consecuencias adversas para la salud física y mental de las mujeres.
Desde esta perspectiva, el Proyecto del Senado 504, ahora convertido en ley, subordina los derechos humanos de la mujer gestante, colocándola en una posición secundaria frente al Estado y transformando su cuerpo en un espacio regulado legalmente, lo cual vulnera su dignidad humana.
