CLARIDAD
Una negociación que no tomó en cuenta las condiciones internacionales, un negociador que no representa a los deudores, unos pagos que descansan en una economía de austeridad, reformas estructurales cuestionables y una transferencia de conocimiento es el resultado de la gestión de la Junta de Control Fiscal (JCF) en la negociación de la deuda de Puerto Rico, según expuesto por el especialista en deuda pública, Martín Guzmán.
Como coautor junto al economista Joseph Stiglitz de un análisis de la sostenibilidad de la deuda de Puerto Rico, Guzmán ha planteado desde el 2018 que Puerto Rico no puede pagar su deuda. El también profesor en Columbia University y en la Universidad Nacional de La Plata estuvo de visita en Puerto Rico, invitado por Espacios Abiertos, para presentar un análisis sobre el Plan Fiscal 2023 preparado por la JCF.
“Hasta el presente, la estrategia de crecimiento de la Junta de Supervisión Fiscal puede caracterizarse como una apuesta arriesgada con grandes desventajas que afectan la transferencia de conocimientos, mientras la economía por las reformas estructurales son, como poco, cuestionables”, apuntó.
El exministro de Economía de Argentina (2019 a 2022), quien desde esa silla fue instrumental en el proceso de negociación de quiebra de su país, ofreció una breve comparación del proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico y el de Argentina. Breve, pero pertinente.
“Estos procesos de la reestructuración de crisis de deudas no son procesos técnicos, son procesos políticos donde hay muchísimo intereses en juego. Aquí lo que tenemos es al pueblo de Puerto Rico siendo defendido por alguien que no fue elegido por el pueblo de Puerto Rico. Hay otros intereses en juego. Lo que pasa en una situación así es que, con una alta probabilidad, terminan teniendo problemas.”.
Desde el punto de vista político, hay una diferencia muy grande con Argentina. En Puerto Rico no hay quién defienda al pueblo, explicó. “Quien conduce el proceso no defiende a la gente. En Argentina, los que conducimos estamos defendiendo a la gente. A mí no me invitan a trabajar del otro lado, como pasa ahora con gente que estaba conduciendo este proceso”, expresó en clara referencia a la exdirectora ejecutiva de la JCF Natalie Jaresko, quien ahora trabaja con uno de los acreedores de Puerto Rico, McKinsey & Company.
Por otra parte, continuó Guzmán, está la cuestión de que toda negociación de deuda implica una disputa de poder de intereses internacionales, como es el caso de Argentina. Hoy los bonos cotizan a un nivel muy bajo, no hay acceso al mercado; pero tampoco hay pagos de deuda. El interés que se pagó en el 2022 fue $125 millones en total para una economía que es de $500 mil millones al año. Argentina paga un cuarto de lo que paga Puerto Rico. “Una economía que es ocho veces más grande que la de Puerto Rico no tiene ningún pago de amortización de capital”.
Más allá de los problemas que tiene Argentina de legislación y por el COVID, la economía creció 10.4 % en el 2021 y el desempleo bajó de un 13% a 7%. Guzmán observó que si los dólares de superávit se hubiesen usado para pagar a los bonitas, seguro hubiese habido una reducción en el empleo. “Todo esto son procesos extremadamente complejos en donde hay un montón de variables que están fuera de control del gobierno, en donde muchas veces los resultados distan de ser los óptimos. Pero lo que es fundamental es tener en el asiento que conduce a alguien que defienda los interese de aquellos que debe conducir, y eso no siempre pasa”.
Puntualizó que ese es uno de los principales problemas, que el que negocia una reestructuración de deuda no solo está negociando con gente externa, “también tienes que lidiar con tu propia Constitución y porque hay mucho lobby (cabildeo). El miedo que se infunde en todo el sistema doméstico, ahí es donde es muy importante poder generar las condiciones internas de apoyo”.
Añadió que lo que él hizo fue buscar el apoyo de sindicatos, de movimientos sociales, “hasta en un momento, de la parte que más pudiera del sector privado llevar al Congreso de la nación y generar mucho apoyo internacional”.
Otra de las cosas que hizo fue pedir al Fondo Monetario Internacional (FMI) un análisis de dignidad de la deuda; de cuánta deuda había que quitar. “Lo que Argentina pudo hacer muchas veces no se puede o no se intenta”. Contó que uno de los negociadores principales de fondos de inversión del mundo le envió mensajes en donde le decía: “Ministro, le pido que a los académicos que reclutó para que apoyen su propuesta, que paren de hablar para tener un proceso más constructivo”. Según él, eso fue por una carta de más de 150 expertos, que incluyó cuatro premios de economía y al subsecretario del Tesoro del Gobierno de Busch, un espectro muy amplio, que decía que lo que Argentina estaba haciendo estaba bien, que esta propuesta y este proceso lo apoyamos. “Eso daba un sentido común global”.
Otra de sus acciones que trajo de ejemplo fue que en un momento hicieron una reunión en el Vaticano, en la Pontifica Academia de Ciencias Sociales, lo cual demostró lo poderoso que es el sistema financiero internacional. Describió que hubo una suerte de contrapoder que involucraba al papa, quien dio una charla; el ministro de economía de Francia de ese momento; la vicepresidenta de España; una miembro del Banco Mundial que estaba en el lado opuesto de los acreedores privados, el vicepresidente del Banco Mundial; ministros de economía de países del Sur que estaban en situación de deuda, todos con un mensaje común. “Y a pesar de eso —el propio sistema tiene la capacidad de ir moviendo al sistema político interno—, aun con todo eso, en un contexto donde no existen las leyes de quiebra para los soberanos, pasa lo que pasa: la mayoría de las negociaciones son malas. A duras penas logras cosas como en el caso de Argentina. Haber bajado tanto la tasa de intereses exterior aún no es suficiente para que el país acceda a los mercados”.
Sobre el caso de Puerto Rico, dejó ver que lograr un acuerdo favorecedor para el país no es posible dado a que las negociaciones las hace una JCF en un contexto totalmente influenciado por el lado del acreedor. Al respecto, se refirió al análisis del PF 2023, el cual propone un achicamiento del Estado, con la reducción en los gatos del Gobierno y, por otro lado, un excesivo gasto de servicios profesionales. En el caso de Argentina, los análisis los hizo el Gobierno y se legisló para poner un tope a lo que se podía pagar a los bancos.
“¿Cuánto pagó Puerto Rico en los últimos cinco años en consultoría? De $700 millones a $1,200 millones. Cuánto bajó el gasto en la Universidad de Puerto Rico? Exactamente lo mismo. Lo que se está recortando para la UPR se lo están pagando a los consultores”, concluyó.
