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Privatización de la generación de energía otra derrota para el País

Por
candida-cotto
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CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

De lo único que las y los consumidores podemos estar seguros con la privatización de la generación de la energía eléctrica es que habrá aumentos en la tarifa, igual que ha sucedido con privatización de la transmisión y distribución en manos de LUMA Energy.

La semana pasada, en apenas par de días, los entes responsables de la privatización, la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) y la Fortaleza, anunciaron y aprobaron la privatización de la generación de la energía eléctrica de la AEE. Según informó el director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés, el contrato es uno solo, a 10 años, y entrará en vigor en seis meses. Fontanés no identificó a la empresa privatizadora; pero varios medios han revelado que se trata de un consorcio de varias empresas, entre las cuales se encuentra la compañía New Fortres Energy, que ya le suple gas natural a las plantas 4 y 5 en San Juan de la AEE y que tiene una deuda con esa agencia de más de $34 millones por la falta de suplido entre junio de 2021 y abril de 2022.

Para el representante legal de la Unión de Empleados de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) que participa en el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, la privatización de la AEE “es otra derrota para Puerto Rico por las  fuerzas neoliberales que están impulsando beneficiar a los ricos y desregular todas las protecciones que  tienen los mercados y el pueblo a la insaciable ambición de los sectores capitalistas tradicionales”. Observó que los cambios se van a notar de inmediato debido a que el dinero para operar las plantas (que es el presupuesto de la AEE) está justo. Cualquier tercero es totalmente innecesario y lo que hará será encarecer el costo de la energía.

“Ahora mismo, hay un presupuesto que la Autoridad lo está administrando lo más económicamente posible, y ahora viene una persona a la que le van a pagar. El ánimo de lucro será otro aumento a la tarifa”.  Esto, porque primero le van a pagar al privatizador por hacer lo que actualmente hace la AEE y, segundo, porque se le da la facultad de contratar “a  los amigos y dolientes”, lo que implica que no hay licitación competitiva, por lo que todo sale más caro.  Según el director de la APPP, el contrato  tendrá un tope de gastos —no indicó cuánto— que el privatizador  podrá reclamar durante la transición.

En cuanto al manejo de los fondos  otorgados por FEMA para la reconstrucción de la red, el licenciado Emmanuelli Jiménez, anticipó que su manejo será el mismo negocio que se hizo con LUMA: la privatizadora será quien los va administrar y establecer las prioridades de cómo se van a gastar.   “Estamos en la misma indefensión que ante LUMA”.

Este aclaró que cuando se vaya a discutir el plan de ajuste de deuda  (PAD) de la AEE en el tribunal, no necesariamente la jueza Taylor Swain pedirá ver el contrato de privatización. Una vez ya aprobado por el Gobierno, incluido el gobernador Pedro Pierluisi, quien delegó la firma del contrato en la secretaria de la gobernación, Noelia Crespo, se espera que la Junta de Control Fiscal (JCF) lo apruebe. Emmanuelli Jiménez coincidió con el señalamiento de que seguramente la Junta ya está detrás del contrato negociado.

A la interrogante de si en un futuro se podrá prescindir del contrato, el experto en casos de quiebra indicó que en cualquier momento se puede prescindir de esos contratos, tanto el de la AEE como del de LUMA.  Considera que lo que se necesita, pero que no hay, es voluntad política. “Todos los contratos tienen cláusulas de cancelación, y más el de LUMA, que es uno leonino. Vamos a ver cómo sale este. A la luz de la experiencia, ya sabemos que esa compañía no va a poner nada, así que ya tiene un pie en el umbral”.

Por su parte, en declaraciones a la prensa, la Coalición para el Pensamiento Energético (COPE) también repudio la  privatización. “Al igual que sucedió con el contrato de LUMA, el proceso ha sido totalmente a oscuras y tenemos la sospecha de que la aprobación de este contrato será igual de atropellada”, expresó la licenciada Jessica E. Méndez Colberg, vicepresidenta del Bufete Emmanuelli CSP y portavoz de COPE.

Otra de las asociadas al Bufete Emmanuelli CSP y miembro de COPE, la licenciada Zoé C. Negrón Comas, trajo a la atención que mientras LUMA Energy LLC está operando bajo un contrato suplementario y la AEE se encuentra en el proceso contencioso de su quiebra, la AAPP está promoviendo otro proyecto de privatización de los componentes del sistema eléctrico del país.

“De por sí, el contrato de LUMA presenta una cantidad de interrogantes que nunca hemos visto atendidas en el proceso de quiebra. LUMA tiene prioridad de pago, tiene poder de veto, acapara el presupuesto de la AEE y ha solicitado numerosos aumentos de factura mientras provee un servicio eléctrico deficiente y más caro. Por otro lado, sabemos que la Junta de Control Fiscal está dirigiendo la reestructuración de la AEE de una manera que va a imponer más aumentos en la tarifa para el pago de la deuda. La entrada de otro privatizador, definitivamente, va a aumentar ese problema”, concluyó.

Mientras, en declaraciones oficiales, la delegación legislativa del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), senadora María de Lourdes Santiago y representante Dennis Márquez Lebrón, también censuraron la privatización. “La determinación de iniciar el proceso de privatización de la generación de electricidad en Puerto Rico constituye el paso final en la carrera por entregar a los intereses privados una de las funciones fundamentales del sector público. La votación de la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas fue unánime, lo que quiere decir que los representantes en esa Junta de los presidentes de Cámara y Senado favorecieron la entrega de lo que quedaba en manos públicas de la AEE. Como legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño condenamos ese voto y cuestionamos si representa el parecer de la mayoría de las legisladores en ambos cuerpos”.

En su más reciente acción, Márquez Lebrón radicó, este lunes 23 de enero, la resolución 902 para que se investigue  el proceso de aprobación del acuerdo de privatización de la generación de electricidad, pactado entre la Junta de Gobierno de la AEE y la empresa Genera PR.

El representante, quien es abogado, señaló que el contrato entrega al consorcio Genera PR el derecho a administrar por los próximos diez años las centrales termoeléctricas de la AEE, lo que de facto convertiría esa empresa privada en un monopolio, con las implicaciones que ello acarrea. Resaltó  además, que la investigación incluye analizar las consecuencias sobre los empleados de la AEE, sus convenios colectivos y su sistema de retiro.

“Este contrato no exigirá a Genera PR ningún tipo de inversión de capital, es decir, no desembolsará fondos en el desempeño de un rol fundamental para el sistema eléctrico del país y, por ende, para la estabilidad de nuestra economía. Varios sectores han planteado que el contrato de privatización podría carecer de herramientas para fiscalizar al privatizador, como ha sido el caso con el contrato de LUMA Energy, y por eso desde nuestro espacio en la Legislatura insistiremos en investigar, en cumplimiento con nuestra labor fiscalizadora”, concluyó.

Mirada al País: Transporte masivo para las fiestas ¿y para el trabajo?

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Especial para CLARIDAD

Año tras año cuando se celebran las fiestas de la Calle San Sebastián me sorprende la eficiencia con que se mueve a miles de personas durante cuatro días. Cuando vivía en Rio Piedras me transportaba en el Tren Urbano desde la parada de San Francisco. Ahora viviendo nuevamente en el Viejo San Juan observo la llegada de miles de personas que utilizan las guaguas que ofrece el Municipio de San Juan desde el estacionamiento del Parque Hiram Bithorn hasta la isleta.

Vi en FB un comentario de una participante haciéndose la misma pregunta. ¿Por qué para las fiestas aparecen cientos de guaguas con sus choferes para transportar gente a las fiestas y no así para la jornada laboral diaria? ¿Hay algún estudio de cuánto le cuesta al ciudadano promedio poseer un automóvil?

El único estudio que encontré que tiene datos sobre el costo de poseer un automóvil en Puerto Rico es un trabajo académico de Mayra I. Echevarría Pérez: Primer Informe de Progreso: El costo del auto privado vs. el costo de ATI.[1] Por la referencia a estadísticas del 2004 debe ser de fecha cercana a ese año. Cito: “De acuerdo a la AAA, un auto cuesta $8,431 al año. En este estudio realizado en la 3 Universidades de la Isla, Escuela de Planificación –RP, Universidad Politécnica y Recinto Universitario de Mayagüez, se obtuvo que el costo anual del auto es de $9,312. Esta cifra es equivalente a cerca de $180.00 semanales. El mayor gasto impera en el costo de la gasolina.”

En Puerto Rico hay (había) aproximadamente 2.2 millones de autos y 3.8 millones de habitantes, lo que produce uno de los índices más altos del mundo de autos por habitante (DTOP, citado en Moreno, G, 2003). Echevarria Pérez. Para el 2014 “Según los datos de múltiples censos alrededor del mundo sobre el uso de los vehículos de motor, en nuestro 100 por 35 hay 635 carros por cada 1,000 habitantes. Esto nos coloca en la posición 12 entre más de 200 países y territorios del mundo con más automóviles. La percepción de que hay demasiados carros en nuestras carreteras, por lo tanto, es muy real.”[2]

La situación lejos de mejorar ha empeorado. La Doctora Carmen Guerrero, directora de la EPA en el Caribe, presentó la siguiente revelación en una entrevista exclusiva con la Revista de Medicina y Salud Pública, en la que se refirió a estudios de la Universidad Metropolitana.[3] “En medio de la tendencia a que la isla vaya perdiendo habitantes, Puerto Rico todavía tiene más automóviles circulantes, que personas,..”[4] “La tasa de crecimiento de número de automóviles en Puerto Rico fue mayor que su índice de natalidad entre 1996 y 2000.” Echevarría Pérez.

Cuando Echevarría Pérez hizo este trabajo el costo de la gasolina era de .43 centavos por litro. Hoy es mas del doble a menos que tengamos suerte de encontrar una bomba a .85 centavos. Pero el problema de la falta de un transporte colectivo efectivo no es solo un problema de gasto para el ciudadano promedio. A ello hay que añadirle el impacto ambiental, el mantenimiento de las vias de rodaje, los costos de los accidentes de automóviles que provocan daños físicos en las personas y hasta muerte, lo cual requiere el uso de los servicios médicos ya de por si estresados. Echevarría Pérez señala los impactos negativos del uso del automóvil:

Del Valle (2000) nos dice que la dependencia del automóvil fomenta que se continúen construyendo carreteras debido a los problemas de congestionamiento vehicular. A la misma vez nos enumera varias de las consecuencias tales como: (1) se pierde gran parte de la tierra que podría estar destinada a otros usos, como agricultura o conservación de áreas verdes y recursos naturales, (2) aumenta la contaminación ocurrida por las emisiones de gases de los vehículos de motor, esta a su vez afecta la calidad del aire que respiramos todos los puertorriqueños y afecta negativamente la salud de las generaciones presentes y futuras. Por ultimo, (3) el deterioro de los centros urbanos tradicionales y las consecuencias socioeconómicas que acompañan a esta situación han impactado de forma negativa la calidad de vida de sus habitantes.

En cuanto al gasto para el usuario privado, para la fecha en que se publicó el estudio de Echevarría Pérez la data era la siguiente:

Actualmente, la Asociación Americana de Automóviles (AAA) en abril de este año, publicó un estudio donde revela que el costo por milla de un auto es de 56.2 centavos, ó $8,431 dólares al año. Además, nos dice que el componente más costoso es la depreciación del auto, ya que un auto nuevo deprecia $3,782 dólares anuales. El segundo componente es el seguro del auto, cuesta un promedio de $1,603 por año. El tercer componente es la gasolina con $975 dólares anuales. El cuarto y quinto componente es el mantenimiento requerido del auto con un costo promedio de $915 dólares, y el financiamiento de éste con $741 dólares al año basado en un plazo de 5 años a 6% de interés.

Los números que informa el estudio de la AAA eran actuales al 2004. Para Puerto Rico el hallazgo del estudio de Echevarría Pérez demostró que el costo  por milla del uso de un autmóvil privado era de $9,312. Estos números serían aun mayores para el 2022 debido a la inflación que ha sufrido Estados Unidos  de América desde entonces, el problema de la interrupciones de las cadenas de distribución por la pandemia y los desastres naturales y el alza en los costos de mano de obra. Solamente el renglón de la gasolina ha umentado mas el doble del costo para 2004.

El impacto que tienen estos gastos en las familias de les trabajadores puertorriqueñes es significativo si tomamos en consideración que “Los trabajadores en promedio ganan $37,950. 10% de los trabajadores gana $18,190 o menos. 10% de los trabajadores gana $63,560 o más.Nov 22, 2022”[5]

Para el 10% de los trabajadores que ganan $18,190 o menos poseer, mantener y operar un vehículo de motor significa, invertir una cantidad significativa de su salario en ese gasto, un 50%. Con el alza de los gastos de electricidad, agua y comestibles resulta un gasto sumamente oneroso para la familia puertorriqueña trabajadora.

No hay duda que un sistema de transportación colectivo eficiente y confiable, en el cual les puertorriqueñes pudieran descansar para llegar a sus trabajos diariamente, llevar a sus hijes a la escuela, hacer diligencias y acudir a sus citas médicas redundaría en un gran ahorro para las familias permitiéndoles tener dinero para invertir en una mejor calidad de vida y ahorrar, eliminando un estresor económico de sus vidas. Si a este beneficio para el ciudadano le añadimos que estaría ayudando a reducir los contaminantes y emisiones que producen las energias fósiles, reduciendo contaminación ambiental de ruido, y ahorrándole dinero al gobierno en reparación y mantenimiento de las vías de rodaje y en servicios de salud a los perjudicados en accidentes de automóvil, entonces todes ganamos. Si el gobierno no actúa en esa dirección la ciudadanía tiene que exigirlo.

[1] http://academic2.uprm.edu/uprati/interns/group1_final_reports/mayra.pdf
[2] https://www.primerahora.com/noticias/consumo/notas/puerto-rico-en-los-primeros-paises-de-mas-carros-por-habitantes/
 [4] https://medicinaysaludpublica.com/noticias/salud-publica/puerto-rico-tenemos-mas-carros-que-personas-en-la-isla-afirma-carmen-guerrero-directora-de-la-epa/15523
[5]https://www.google.com/search?q=ingreso+promedio+en+puerto+rico&rlz=1C5CHFA_enUS855US855&oq=ingreso+promeio&aqs=chrome.1.69i57j0i13i512l9.6504j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Las mujeres no tienen un techo digno ni seguro

Por
candida-cotto
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Foto Archivo/CLARIDAD

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

No es solo la violencia física que culmina en la muerte, ni las mujeres que sobreviven a la violencia doméstica,  es que la mayoría de los casos de desahucio en Puerto Rico tienen como protagonistas a una mujer. Así lo demostró la organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), la cual dio a conocer que en este pasado año 2022, las mujeres amenazadas con ser desplazadas de sus viviendas representó el 70 % de los casos atendidos y que el 77 % de las solicitantes al programa del Departamento de la Vivienda, conocido como Programa R3 (de reconstrucción y relocalización), fueron mujeres.

En conferencia de prensa, el equipo de ALPR, encabezado por su directora ejecutiva, Ariadna Godreau Aubert; Verónica González Rodríguez, coordinadora de litigio, y Verónica Rivera Torres, abogada comunitaria, compartieron un balance sobre el trabajo del 2022 en el cual proponen enfocarse  para el presente año. Detallaron que del año 2021 al 2022 se registró un aumento de 300 % en los desahucios por impago. “En contraste, en estos últimos años ha habido una falta de rendición de cuentas públicas por los $1.4 mil millones desembolsados para ayudas y cero monitoria pública a los contratistas que trabajan con fondos CDBG-DR”, denunció  la directora de Ayuda Legal Puerto Rico.

Godreau Aubert observó que no es accidente que la  mayoría de los casos de desahucio en Puerto Rico  siempre tienen por protagonistas a mujeres y que del 77 % de las solicitantes al Programa R3, menos de un 10 % que ha conseguido la relocalización son mujeres.

El año pasado también hicieron un censo de alquileres dignos, el que llenaron sobre 400 personas,  en su gran mayoría mujeres. El señalamiento mayor fue que su situación de alquiler se había visto afectada por los desastres, por la falta de empleo, que nunca pudieron negociar un contrato y que jamás tuvieron acceso a información sobre la asistencia de renta.

Estos datos demuestran, según Godreau Aubert, que “las mujeres tienen menos capacidad de poder defender sus techos adecuadamente. Y un tema que no ha estado en boca de todo el mundo es esa intersección de que una de las manifestaciones de la violencia doméstica es que las mujeres están entonces en un mayor riesgo de ser desplazadas de perder sus casas. Con eso en mente parte, de lo que vamos a estar hablando este año es adelantar política pública para reconocer esa violencia económica que afecta el derecho al techo y a otras áreas, como parte del trabajo que queremos hacer”.

Razones de riesgo en las mujeres

La directora ejecutiva de ALPR relató que en Puerto Rico, estadísticamente, la pobreza tiene cara de mujer, así que no es accidente que esos hogares de madres solteras suelan ser más empobrecidos. Citó que, según los datos del Instituto de Desarrollo de la Juventud, algunos factores que tienen  que ver con esta situación son el que las mujeres son las que asumen el cuidado y la crianza de los hijos, resultando en menos posibilidad de movilidad laboral y exposición a otro tipo de violencia doméstica, así como la sobrecarga a las abuelas que crían. De estas últimas situaciones, dijo, llegan muchas ALPR.

“Si lo vemos estructuralmente, es una violencia que se levanta sobre la iniquidad, y al levantarse desde la iniquidad entre el hombre y la mujer, ya de por sí está sobre la mesa, en un país como Puerto Rico, que está en una crisis permanente. A poblaciones que desde el principio partieron con obstáculos, va a serles  más difícil sobrevivir. En el caso de la vivienda, lo hemos visto siempre, por eso hablamos de discriminen y de violencia doméstica, porque son dos ejemplos de la violencia de género. Una persona se puede quedar en la calle simplemente y de entrada por tener más obligaciones. El COVID es un ejemplo de eso y ahora estamos viendo las consecuencias. Muchas tuvieron que renunciar a su trabajo o lo perdieron”.

Los datos de la edad promedio de las mujeres amenazada de ser desplazas, según ALPR, es entre los 50 a 53 años. Godreau Aubert pronosticó que habrá  un recrudecimiento en el tema de las mujeres  porque cada vez los casos son más precarios: “El techo es la última manifestación. Vamos a estar viendo un alza en los casos que tienen que ver con desahucios cada vez más rápidos, incluso antes de llegar a un tribunal, que es un uno de los grandes riesgos, junto a un recrudecimiento”. Reconoció que en ALPR no pueden incluir el volumen de casos que se producen, pero que era importante alertar sobre ellos.

En ese aspecto, la ALPR busca  incidir también en la banca, por lo que el año pasado enviaron a las instituciones financieras un protocolo para cuando hay codeudores hipotecarios. Contó que hubo  instituciones, principalmente, el Banco Popular, que  contestaron en la afirmativa, por lo que ahora esperan que esa reacción se convierta en implementación.

Godreau Aubert indicó que producto del trabajo hecho con defensoras y sobrevivientes de violencia doméstica, el pasado año se  dieron  cuenta de que la Ley 54 no aborda la manifestación de violencia económica, a pesar de que ha sido una manifestación clara de violencia doméstica que todo el mundo reconoce.

“Nos  dimos cuenta de que a la hora de buscar herramientas y lograr remedios para las sobrevivientes no era tan fácil. Hubo consenso entre las organizaciones de mujeres de que hace falta una enmienda a la ley 54 para ser más puntuales con la violencia económica. A esos efectos, este pasado año se logró aprobar el PC 1311 y el PS 265 que reconoce la violencia económica. Un ejemplo de este tipo de violencia es que en muchos casos el codeudor deja de pagar la hipoteca y es la mujer la que enfrenta el desalojo. Cuando a una madre la desahucian, ni el tribunal ni el Departamento de la Familia le exigen responsabilidad al padre para con los hijos. Eso no lo contempla la ley de ninguna manera. Uno de los problemas mayores es que se ve lo desconectado que está el tema de la vivienda de todo lo demás. Nos hemos dado cuenta de que en estos procesos de desahucio no tienen ninguna comunicación ni con el Departamento de la Familia,  esa es una de las cosas que estamos tratando de que tenga más coherencia ese proceso legal”.

Al presente, cuando  una madre enfrenta un proceso de desahucio, el DF está presente en el lanzamiento; pero su gestión se limita a quitarle los hijos a la madre. Más allá de eso, no hay ninguna otra asistencia. Por parte del poder judicial no hay ningún mecanismo para ese proceso.

 

 

 

 

 

UTUADO La historia a la basura

Por
candida-cotto
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CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

En un acto que puede catalogarse de ignorancia, menosprecio por la educación y la cultura el alcalde de Utuado, Jorge Pérez Heredia, del Partido Nuevo Progresista (PNP) tiró al vertedero una colección de libros donada por el profesor e historiador, jesuita Fernando Picó y una colección del doctor Pedro Hernández Paraliticci, autor del libro Utuado, Notas para su historia (1983) y considerado el historiador oficial de Utuado. Este había donado su biblioteca y documentos.

La información fue confirmada a CLARIDAD por la legisladora municipal, Astrid Raquel Cruz Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), quien denunció que tanto las colecciones de ambos historiadores como otros documentos que se encontraban en la Biblioteca Pública del Municipio fueron botados a un vertedero. Añadió que no se sabe que el alcalde haya donado los libros al recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico, sino que eso “se hizo de la noche a la mañana sin mucho anuncio lo que se tiene de información es que se botó todo lo que había en el edificio, no hubo proceso de traspaso nada”.

Cruz Negrón comentó que muchas de las investigaciones del Fernando Picó fueron realizadas en Utuado con los archivos de la parroquia de Utuado y otras fuentes por lo cual siempre dejaba los documentos del resultado de sus investigaciones a la biblioteca pública y a la del recinto de Utuado la Universidad. Añadió que aunque de su parte denunció la acción en la emisora local WUPR 1530 e incluso hay un editorial por parte de la gerencia de la emisora censurando la conducta del alcalde, lamentó que las denuncias no hayan tenido eco en la población de Utuado para movilizarse “porque son muchas las cosas que están pasando en el pueblo”. El alcalde Pérez Heredia tampoco consultó con la Asamblea Municipal para el cierre definitivo de la biblioteca la cual se encontraba cerrada ya hace varios años. Lo que se sabe es que el alcalde quiere el edificio para poner una Junta de Inscripción Permanente (JIP). El edifico es uno relativamente nuevo y está en excelentes condiciones lo que único que ha tenido que hacer el municipio es limpiar y pintarlo.

Por su parte en un comunicado en su página electrónica Pérez Hereida atacó tanto a su compañero de partido y ex alcalde, Waldemar Quiles, y a la gerencia de la emisora de radio WUPR 1530 por rechazar el cierre de la biblioteca. El Alcalde se defiende de que él no cerró la biblioteca porque esta ya llevaba ocho años cerrada y defendió que una JIP da otros servicios que no son solo la inscripción electoral, que en el edificio se habilitará una oficina de Rehabilitación Vocacional. No obstante en ninguna parte el Alcalde indica qué hizo con los libros, y documentos que albergaba la biblioteca. No reconoce que los haya botado, ni donado a ninguna entidad o biblioteca.

En entrevista por separado el profesor e historiador José (Che) Paraliticci, primo del doctor Hernández Paraliticci, confirmó a CLARIDAD la acción del Alcalde y aseguró que en los espacios culturales e historiadores en todo Puerto Rico hay gente molesta con este proceder.

 

 

 

Cuando bajan de los cerros

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Rebelion
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Por Guido Leonardo Croxatto

«¿Qué ideal, hermano Cámac, inspira a nuestros dominadores y tiranos que consideran a cholos e indios de la costa y de la sierra como a bestias, y miran y oyen, a veces, desde lejos y con asco, su música y sus danzas en las que nuestra patria se expresa tal cual es en su grandeza y su ternura?» -José María Arguedas, «El Sexto»

“Hay que evitar que los terroristas lleguen a Lima”, se escucha decir a dirigentes del oficialismo y la prensa conservadora. Los “terroristas” son campesinos y trabajadores humildes (como la empleada doméstica asesinada en Puno) que se sienten estafados con la prisión “preventiva” de Castillo. En muchas provincias peruanas las fiscalías especializadas en derechos humanos han pasado a ser fiscalías antiterrorismo.

Han sido asesinadas ya en Perú sesenta personas, todas de sectores humildes que salían a protestar y a reclamar la renuncia de la presidenta. El gobierno se ha mostrado indiferente ante el caos y no ha dicho una sola palabra. Los gobiernos de América Latina tampoco parecen advertir la magnitud de la tragedia. La policía corta los caminos para que los “cholos” (los indios) no puedan llegar a Lima. Para que no “bajen” a la ciudad.

Desde que asumió Castillo, un maestro humilde, como quienes hoy salen a protestar en el sur del país, fue asediado por los medios. Castillo cortó apenas asumió el gobierno la pauta oficial en la prensa peruana. Los medios hegemónicos (Grupo El Comercio, dueño de Perú 21, o La República) dejaron de recibir financiamiento. Desde ese momento, y al unísono, todos los medios se dedicaron a atacarlo sin pausa.

Ningún presidente en la historia de Perú fue requisado la cantidad de veces que Castillo, a ninguno se le pidió la entrega de las cámaras del Palacio de Gobierno (la casa de Pizarro) como a Castillo. La aristocracia limeña, centralista y racista como pocas, no podía tolerar a un maestro rural (a un “cholo”) de presidente. Esto no exime a Castillo de sus errores (ni las defecciones internas que ha padecido su gabinete, como la de la misma Boluarte, que hasta ayer nomás era leal y de izquierda y repentinamente lidera un gobierno asesino). Pero explica el por qué de su destitución. No son sus errores (ningún presidente peruano tomó alguna de sus medidas más importantes, como fue el caso de Lugo o de Dilma Rouseff, ambos destituidos de forma irregular y sucedidos por gobernantes corruptos, que han perseguido a la oposición, encarcelando a Lula, por ejemplo) sino su identidad cultural la que explica que hoy Castillo esté preso. Y esa identidad, esa marginalidad, es la que explica las protestas en las calles.

No es raro escuchar que en Perú se responzabiliza a Evo Morales de las muertes. En Puno, la región donde más asesinatos hubo, se quiso destituir al rector de una universidad pública que había reconocido a Evo Morales, que reivindica la nación Aymara, con un título académico.

Nuevamente, el problema son los “indios” (incultos, con su “hedor” desagradable frente la civilización prolija que huele “bien”, como ironiza Kusch en América Profunda) que bajan de los cerros y de los pueblos “jóvenes” (eufemismo que se emplea para no hablar de las villas miseria).

Los que reclaman en Perú son campesinos, estudiantes y trabajadores empobrecidos, como en Arequipa, todos del cono norte, proletario. De la ciudad pudiente, cuyo centro histórico no registraba aun muertos, como en Puno o Ayacucho (región célebre por los artistas populares que se expresan a través de retablos), de donde provienen los movimientos de izquierda. Los retablos de Ayacucho suelen expresar movimientos combativos. En Ayacucho ha habido decenas de muertos. La policía no improvisa. No hay muertos en Lima ni en Arequipa. La policía sabe bien donde ir a matar.

Mientras mueren peruanos, se escucha decir a la presidenta que es hora de encarar “las grandes reformas que el país necesita”. Los muertos no comparten su idea: la acusan de usurpar el poder y pactar su gobierno con los sectores más reaccionarios de Lima, que son quienes la sostienen. Los pueblos campesinos, las mujeres altoandinas, reclaman otra cosa muy distinta: una nueva constitución que finalmente los exprese. Que los reconozca.

A quienes desde el Congreso reclaman por las muertes y piden la renuncia de Boluarte, se los tilda, como a Sigrid Bazán, de “azuzadores”. Cuando la propia policía organiza en los barrios más pudientes de Lima “marchas por la paz”, luego de asesinar a sesenta peruanos sin inmutarse, nadie habla de “azuzadores”. Ha habido asesinatos a corta distancia, rompiendo cualquier “protocolo”. Ha habido francotiradores en Puno. Se pueden ver videos de mujeres rogando a los gritos que paren de disparar: “Miserables, no disparen”, se escucha decir, entre ruegos y llantos, a varias mujeres.

Es notable el silencio de la progresía latinoamericana. No es momento para quedarse callado. En Brasil hubo un intento de golpe de Estado sin muertos. En Perú ya van sesenta muertos producto de una destitución ilegitima y un gobierno de facto que reprime a su pueblo. La OEA no ha tenido en este caso la premura que ha sabido tener en otros.

Se puede ver a la policía rodeando edificios sin orden de allanamiento. Se suspenden a diario eventos culturales en los que exponen canta autores de izquierda. La policía “descubre” libros de Marx y de Lenin en determinados departamentos, empleando esos libros como “prueba” de “terrorismo”. Se deslegitiman las protestas con el tipo de “disturbios”, muchos de ellos generados, como en el célebre caso del asalto al Banco de la Nación (julio del 2000, en la «Marcha de los cuatro suyos», antigua división del incanato), desde el propio poder: por la misma policía, para desdibujar el reclamo pacífico pero firme del pueblo peruano.

Así cayó la dictadura genocida de Fujimori: cuando después de una marcha se prueba que el incendio del Banco de la Nación no fue de quienes protestaban, sino por infiltrados del propio gobierno. Las similitudes con la situación actual son estridentes. El gobierno se esfuerza por deslegitimar a los cholos diciendo que son “terroristas” pero su reclamo es pacífico, aunque firme y claro: renuncia del gobierno, nueva constitución, asamblea constituyente. Construir una nación pluriétnica, como en Bolivia y como se pedía en Chile (donde también se acusa de terroristas a los pueblos originarios y no a quienes los han asesinado y desplazado históricamente de su tierra, impidiéndoles incluso hablar su lengua). Ese es el camino de los pueblos hermanos de América Latina.

La reacción represiva no puede ser tolerada. Están asesinando a los hermanos peruanos. Nuestros pueblos están defendiendo su dignidad. Quieren hablar su lengua. Quieren constituciones que los representen. No (jueces, dirigencias, ni legislaciones) que los repriman. Quieren algo que nuestros gobiernos no les han sabido brindar. Por eso salen a la calle. «Cuando los cerros bajan» es el título de una canción chicha (Cuando Chacalón canta, los cerros bajan) que expresa el alma del pueblo peruano. Como las novelas indigenistas de Arguedas o la poesía de Mariano Melgar (poeta e independista peruano, arequipeño), los “cholos” están marcando un camino que aun nuestros Estados centralistas, racistas, coloniales y eurocéntricos, no logran divisar. La crisis social es más profunda de lo que parece. No es “política” ni es económica. Es una reivindicación cultural de pueblos históricamente silenciados y negados que han resuelto en Bolivia, Chile, o Perú, salir a la calle. “Bajar” de los cerros.

Reproducido de www.rebelion.org

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