Especial para CLARIDAD

La crisis de los dos partidos de gobierno es inseparable de la política neoliberal que ambos adoptaron de forma oficial a partir de 1988. Es una expresión compleja de la crisis económica profundizada por el fundamentalismo de mercado. El neoliberalismo no creó la crisis, pero agudizó de forma inédita todas sus contradicciones. Al hacerlo alteró de forma nunca antes vista la relación entre lo público y lo privado. El proceso sigue todavía su curso sin ninguna reflexión. Sucede, sin embargo, que la crisis ahora viaja escondida bajo la vestimenta y el disfraz de los fondos federales.

La política neoliberal tiene ya una larga historia. No se pueden olvidar tres procesos principales de privatización ocurridos en la década del 90 del siglo pasado: el sistema de salud, la Telefónica y la administración de la AAA. El caso de la administración de la AAA desembocó en un fracaso doble y fue revertido. Ahora bien, sin dejar de lado pasos decisivos de la andadura neoliberal, como fue la Ley 7 de 2009, su movimiento adquirió una potencia mayor a partir de la quiebra fiscal del gobierno con la aprobación, en 2016, de la Ley PROMESA. Con la presencia de la Junta de Control Fiscal y sus propuestas reformas estructurales se hizo visible algo fundamental: el impulso principal de las privatizaciones viene del Congreso de Estados Unidos. La Junta de Control Fiscal (JCF), como criatura de la Ley PROMESA, ha puesto al descubierto la acción dictatorial directa del Congreso de Estados Unidos sobre Puerto Rico.

Ante esta nueva situación, que ha transformado cualitativamente la política neoliberal en Puerto Rico, la JCF ha desplegado ataques sistemáticos en tres direcciones: hacia la universidad pública (UPR), hacia los municipios, y hacia la Autoridad de Energía Eléctrica. Recientemente el secretario de Hacienda reveló un recaudo de $115.6 millones más de lo esperado, pero el gobierno no hace el más mínimo gesto para aumentar el presupuesto de la UPR, reducido de forma violenta e injustificada. Y aunque quisiera hacer algo, se lo impide su docilidad ante el poder de la JCF.  Me interesa ahora abordar el caso de la privatización de la AEE debido al trasfondo histórico de esta importante corporación pública. Me parece que se ha olvidado un aspecto fundamental de su desarrollo. La Autoridad de Fuentes Fluviales obtuvo el control de la producción de energía eléctrica en tiempos de guerra, con el fin de atender una severa crisis de combustible en la isla como resultado de la incesante actividad de los submarinos alemanes en el Caribe. La situación creada por la guerra, con una peligrosa escasez de combustible, llevó a Tugwell a decir que éramos “como sobrevivientes de un naufragio”. Ante la emergencia existente fue que el presidente Roosevelt firmó la ley de incautación que permitió acabar con las compañías privadas de energía eléctrica. Fue posible, entonces, la integración del sistema eléctrico bajo la Autoridad de Fuentes Fluviales. El desarrollo económico de Puerto Rico, para sacar la sociedad colonial de su terrible situación de pobreza, requirió expropiar los estrechos y mezquinos intereses de las compañías eléctricas privadas. Entre los enemigos principales del proceso expropiatorio estuvo el Congreso federal.

Vale la pena oír el relato de Rexford G. Tugwell, quien fuera entonces gobernador de la isla. “El genio del proyecto era el señor Antonio Lucchetti. Fue él quien, con la ayuda del señor Curry, manejó la incautación y tuvo la responsabilidad subsiguiente de rechazar los intentos por recuperar las propiedades, los cuales, por supuesto, comenzaron de inmediato y continuarían durante dos años. El señor Lucchetti había comenzado hacía un cuarto de siglo antes como ingeniero de irrigación en la costa sur donde el agua se traía de las montañas hacia las secas tierras costeras para utilizarse en las fincas azucareras. De estas operaciones nacieron los desarrollos energéticos gradualmente. Se había forjado su camino a través de muchas batallas legislativas, y una intervención tras otra en el Congreso Federal realizada por los cabilderos de energía privado. Los legisladores populares le habían premiado maravillosamente otorgándole una nueva ley que establecería permanentemente la Autoridad de Fuentes Fluviales; pero hasta ahora los tribunales habían encontrado razones para proteger a las compañías privadas de la expropiación. La orden de incautación convirtió esta temporada oscura en un día brillante.”

Los sicofantes que ahora hablan de una nueva era de energía en Puerto Rico es posible que no sepan que los pasos de la actual privatización de la AEE son un regreso a la temporada oscura del pasado. Tugwell se refirió en ocasiones a la falta de sensibilidad del Congreso y pudo observar que con la presencia cada vez más poderosa de grandes compañías y sus cabilderos, esa institución servía a grandes intereses económicos que bloqueaban los procesos democráticos. Entendió que para modernizar a Puerto Rico y sacarlo de la pobreza hacía falta un proceso de planificación. Debido a que “el capital era holgazán”, era urgente forzar la industrialización desde el gobierno. Tugwell no defendía a Puerto Rico frente al poder de Estados Unidos. No. El desarrollo planificado, con intervención del gobierno, era necesario para suavizar el colonialismo y evitar que Estados Unidos eventualmente perdieran su control sobre Puerto Rico.

La cruda realidad histórica de la política neoliberal ha desembocado en el desmantelamiento de aspectos fundamentales del gobierno cuyo propósito fue darle alguna estabilidad al coloniaje en Puerto Rico. Con la adopción de la política neoliberal, el PPD ha colaborado con el PNP en el desmantelamiento del gobierno y sus logros históricos. Ha propiciado el regreso a una política parecida a la política de la Coalición “anexionista” que combatió desde su fundación en 1938. Al adoptar la misma política neoliberal se parece cada vez más al PNP. Debido a ese parecido creciente comenzamos, desde 2012, a hablar de bipartidismo.

Este trasfondo histórico es necesario para entender los poderes reales que impulsan el neoliberalismo. Si no se insiste en el carácter dictatorial de la JCF, como figura del Congreso, las conversaciones de alianzas, tan urgentes, pueden estar caminando sobre la ilusión. Ante la posibilidad de articular alianzas y transformarlas en un poder de cambio social deben tenerse presente las enormes movilizaciones sociales que se han manifestado contra la política neoliberal durante décadas. Son múltiples y persistentes: marzo 28 de 1990, 1 de octubre de 1997, la huelga del pueblo en julio de 1998, la movilización contra la marina de guerra estadounidense a comienzos del 2000, las movilizaciones contra la Ley 7, sobre todo el 15 de octubre de 2009, las huelgas universitarias de 2010-11 y 2017, las enormes movilizaciones laborales del primero de mayo de 2009, 2017, 2018, las movilizaciones que obligaron la renuncia de Ricardo Rosselló en julio de 2019, y la movilización magisterial del 9 de febrero de 2022, que obligó al gobierno y a la JCF a conceder un aumento salarial de $1,000 mensuales al personal docente del sistema público.

El diálogo de la convergencia es, sin duda, electoral. Pero no debe perder de vista que su contexto es laboral y comunitario. La enumeración de las movilizaciones entre 1990-2022 no se dieron en el ámbito electoral, aunque tuvieron el efecto de debilitar a los dos partidos de gobierno. Mientras ellos desmontaban el gobierno, en un lago de corrupción, la población movilizada fue desmontando su poderío electoral. Ahora ambos partidos tienen estructuras débiles en el contexto de una economía privada en crisis y un estado debilitado. La presencia congresional a través de su figura local, la JCF, lejos de fortalecer el coloniaje lo ha debilitado, desnudándolo. No hay peor exhibición que un rey desnudo caminando por las calles de su colonia. Tienen el poder de los fondos federales, pero cargan con la debilidad de la corrupción federal y local que los acompaña. Una convergencia electoral laboral-comunitaria, en tiempos de cambio climático y campamentos de lucha por el ambiente ante la voracidad del capital, puede dar frutos inesperados si predomina una cultura de respeto y entendimiento.

Publicado en la edición impresa de Enero 2023.

Especial para CLARIDAD

Desde hace semanas los medios de comunicación comercial han reseñado los reclamos de múltiples residentes de la comunidad Ranchos Guayama, en Salinas; por las condiciones de las calles de acceso en el sector. Los vecinos están afectados por la condición de deterioro de las calles producto de la acción de la lluvia y complicado por la presencia de cenizas de carbón depositadas como sustrato de esos caminos. Algunas calles, como la Luís Llorens Torres, están prácticamente intransitables por los vehículos de motor. El material superficial de asfalto y grava de estas calles ha ido erosionando por la acción de las lluvias de los huracanes María y Fiona dejando expuestas las cenizas tóxicas que se depositaron cuando se desarrolló esta comunidad y sus calles en el año 2006. Las cenizas se desplazan en el aire por la acción del viento y son transportadas por la escorrentía pluvial hacia una quebrada que discurre por el sector. Con toda seguridad los metales peligrosos contenidos en estas cenizas, diluidos por la acción de la lluvia, migran a través del suelo hacia los acuíferos del sector. Pero el problema se complica porque muchos vecinos denuncian que la presencia de las cenizas está afectando la salud respiratoria de la población. La solución al problema vecinal se ha complicado por la estrategia propuesta por el gobierno municipal de Salinas que suponía la remoción del material tóxico depositado junto al residual de asfalto y tierra para depositar estos materiales en el vertedero industrial en Peñuelas. La acción promovida por el municipio desde hace varios años contaba con la financiación de FEMA como parte de los fondos asignados de reconstrucción del desastre provocado por el huracán María en el 2017. La situación de Ranchos Guayama es demostrativa del serio problema de salud ambiental, salud pública y gestión gubernamental que plantea la deposición, sobre y bajo el terreno, de cientos de miles de toneladas de cenizas tóxicas provenientes de la operación de la carbonera termoeléctrica AES (Applied Energy Systems) desde el año 2002.

Después de 20 años la complejidad de la problemática comienza a manifestarse de forma aguda en ese espacio geográfico. En el caso de Ranchos Guayama, el municipio solicitó y recibió cerca de $3 millones, administrados por FEMA, dirigidos a remover el material depositado en las calles deterioradas, incluyendo las cenizas, y disponer de esos materiales en el vertedero industrial de Peñuelas para luego repavimentar las vías. Ni el municipio ni FEMA ponderaron el problema de toxicidad de las cenizas, y la prohibición expresa por la Ley 40 de 2017 que impide disponer esos residuos peligrosos en cualquier vertedero en Puerto Rico. El DNRA denegó la autorización para el depósito de las cenizas tóxicas en el vertedero, y, según requiere la Ley 40, esos materiales deben disponerse en una instalación adecuada en los EE.UU.. Realizar esa gestión en cumplimiento de la ley, dice el municipio que puede costar sobre $8 millones de manera que han articulado una petición a FEMA de enmiendas a la solicitud previa con la esperanza de que la agencia federal autorice esa erogación de fondos. Predeciblemente esa gestión ante FEMA tomará meses, sino años en autorizarse, y si así ocurre, podrá tomar años en la articulación del proyecto de remoción y disposición correcta de los residuos tóxicos y, eventualmente, la reconstrucción de las calles. Mientras este drama gerencial ocurre, los residentes de Ranchos Guayama seguirán expuestos al potencial contaminante de las cenizas, los cuerpos de agua superficiales y subterráneos seguirán contaminándose y la comunidad seguirá sufriendo las limitaciones de acceso vehicular.

La problemática de las cenizas tóxicas en el aire y en las aguas subterráneas ha sido documentada objetivamente en diversas iniciativas, públicas y privadas. Los requerimientos reglamentarios que se han establecido para las instalaciones termoeléctricas a base de la quema de carbón mineral, han demostrado la presencia de múltiples contaminantes asociados a las cenizas residuales en las agua subterráneas y en el aire bajo y cerca de las instalaciones de la empresa AES. La contaminación por AES continúa, puesto que en las instalaciones de la carbonera se mantiene un depósito superficial de cientos de miles de toneladas de estos residuos que no han sido removidos y transportados fuera de Puerto Rico como requiere la ley. La empresa sigue operando y, diariamente emite gran cantidad de contaminantes al aire y genera, a su vez, cientos de toneladas de cenizas. La alegada necesidad operacional de AES como suplidor de electricidad al sistema que pronto dejará de manejar la AEE (cerca de 15% de la demanda total del país) ha servido a modo de chantaje para que esta operación contaminante y ambientalmente agravante desista de forma definitiva. Mientras el gobierno central sigue posponiendo las determinaciones para transformar la producción de electricidad a fuentes renovables y limpias de energía, se nos plantea que Salinas y Guayama deben seguir tolerando esta agresión a la salud ambiental y a la salud pública. En este proceso, deliberadamente lento de la transformación del sistema energético han colaborado y colaboran los gobiernos electos en Puerto Rico durante los últimos 20 años.

En septiembre de 2021 el Colegio de Químicos de Puerto Rico hizo público unos datos altamente preocupantes sobre el impacto de las cenizas de quema de carbón mineral sobre los acuíferos del sur y sobre la salud de las comunidades en Salinas y Guayama. Esta entidad, desde su iniciativa privada, coordinó la realización de muestras de agua potable tomadas en plumas de varias residencias que demostraron analíticamente la presencia en concentraciones medibles de arsénico, cadmio, cobalto, cromo, molibdeno, plomo, selenio y vanadio. Según la metodología de análisis de este estudio, las muestras de agua se tomaron en residencias que están servidas mediante pozos donde, en su área de influencia de recarga, se depositaron miles de toneladas de cenizas tóxicas sobre y a pocos metros bajo la superficie del suelo entre los años 2004 y 2009, aproximadamente. En las muestras de agua tomadas, estos contaminantes se encontraron, a esa fecha, en concentraciones más bajas que los estándares de agua potable reglamentados por ley. Pero la presencia de todas esas sustancias en el agua que consume la población, significa dos circunstancias altamente preocupantes. Primero, se reconoce que, aunque esas sustancias están bajo el estándar de potabilidad, la presencia de múltiples elementos tóxicos en el agua que ingiere toda la población de estos acuíferos, tiene efectos sobre la salud pues plantean lo que en la ciencia se conoce como efecto sinergético. Cuando las agencias con responsabilidad y autoridad adoptan un parámetro como estándar de potabilidad, lo realizan a base del potencial efecto de esa sustancia o mineral de forma individual en la salud humana. En este tipo de análisis no se pondera el efecto combinado o la toxicidad resultante de exposición continua a múltiples sustancias peligrosas, aunque estas estén en relativa bajas concentraciones. Por otro lado, cuando se fija un estándar de agua potable, no se toma en cuenta la ingesta de ese contaminante por otros medios como el aire o los alimentos. Es decir, la toxicidad de esas sustancias se pondera con criterios de laboratorio de forma individual e independiente de los medios ambientales en los que se encuentra. Así planteado, una persona que ingiere agua con niveles de contaminantes de múltiples sustancias y a la vez respira aire con los mismos contaminantes y se le agrega que algunas de estas sustancias pueden estar presente en algunos alimentos que se ingiere, entonces el agregado de todas estas ingestas puede representar un problema de salud pública significativa. Y para complicar este cuadro, se debe reconocer que, conceptualmente, agencias como la Food and Drug Administration (FDA), OSHA (Occupational Safety and Health Administration) y la EPA establecen estos niveles de contaminantes a base de la exposición de un adulto de mediana edad, saludable y hábil para realizar funciones laborales. Hasta donde conozco profesionalmente, los estándares de niveles de contaminación de sustancias peligrosas, tanto en el agua potable, el aire ambiental como en los alimentos, no ponderan los efectos, ni individuales ni en conjunto en poblaciones de edad avanzada, niños, personas con condiciones metabólicas crónicas de salud y los inmunocomprometidos, todos los cuales en conjunto componen una parte mayoritaria de la población de cualquier grupo comunitario. En conclusión, la población en Salinas-Guayama que toma agua potable con los metales tóxicos encontrados en el estudio del Colegio de Químicos, están amenazados en su salud.

Segundo, la identificación de sustancias tóxicas en las muestras de agua potable analizadas por el Colegio de Químicos valida contundentemente la preocupación de múltiples expertos que señalaban que las cenizas tóxicas depositadas sobre y bajo la superficie de las áreas de influencia de recarga de los acuíferos, eventualmente, por disolución y migración, contaminarían las fuentes de agua subterráneas que sirven de fuente y abasto para la AAA. Los minerales encontrados en estos análisis no se producen de forma natural en lo suelos ni en la geología de los acuíferos del sur, sino que corresponden químicamente con la composición con las cenizas del carbón mineral. Es decir, tenemos un problema de contaminación en desarrollo en los acuíferos del sur que constituyen las fuentes de agua potable. Esa contaminación deriva de las cenizas tóxicas depositadas irresponsablemente en la superficie de la corteza terrestre. La disposición negligente de esas cenizas es responsabilidad de AES y de las entidades gubernamentales que autorizaron o toleraron la práctica de uso de las cenizas tóxicas como relleno en proyectos de desarrollo urbano y en fincas agrícolas de la región. Estamos ante un problema de fenomenal envergadura de salud ambiental y salud pública.

Los resultados de los análisis informados por el Colegio de Químicos correspondían a muestras tomadas el 1 de marzo y el 8 de agosto de 2021. A esa fecha la entidad planteaba que intentó acceder a algunos pozos de AAA para tomar muestras en los mismos pero la corporación no lo permitió. La AAA reaccionó a la información. divulgada del Colegio de Químicos planteando, entre otros asuntos, que las concentraciones determinadas estaban bajo los niveles de preocupación de la reglamentación que aplica y que los análisis que realiza la entidad confirman que el agua que suple es potable. Lo que no dijo la Autoridad es que ellos no realizan análisis para las sustancias encontradas en las muestras tomadas en el estudio de referencia. Hasta donde sabemos, no se han hecho estudios específicos sobre el potencial incremental de las concentraciones de estas sustancias tóxicas en el agua subterránea. Es predecible pensar que, con las lluvias intensas que se registraron en el área de Salinas y Guayama durante el paso del huracán Fiona en septiembre de 2022, se haya propiciado el movimiento de estos metales contaminantes hacia la zona saturada del acuífero de donde se extrae el agua para el consumo humano. Conviene recordar que la AAA sólo aplica cloro a modo de estrategia de desinfección preventiva al agua que extrae del acuífero y que suple a sus clientes bajo la premisa de que la calidad natural del agua en el acuífero satisface los estándares de potabilidad reglamentaria. Es decir, si la premisa es que el agua del acuífero no contiene sustancias contaminantes derivadas de las cenizas de carbón, entonces no se analiza la fuente para estos compuestos peligrosos. Así las cosas, si el acuífero está contaminado con los metales peligrosos resultantes de las cenizas sobre el acuífero, Acueductos no lo sabe porque no lo ha analizado.

Informalmente he tomado conocimiento que, en respuesta a los legítimos reclamos de las organizaciones comunitarias en Salinas y Guayama, La EPA ha asignado dinero y coordina con un comité interagencial, el diseño de un estudio más sistemático sobre la situación de contaminación ambiental que afecta a las comunidades de Salinas y Guayama. La información recibida indica que se llevarán a cabo análisis de muestras de agua, tanto en el sistema de acueductos como en los acuíferos. También se tomarán muestras en acuíferos de la región que se presumen no están afectados por la disposición de las cenizas tóxicas sobre su área de influencia de recarga. Estas muestras servirán de referencia y comparación para los acuíferos afectados por la contaminación. Si esta gestión de la EPA se realiza como se me ha informado, me surge la interrogante de qué surgiría si se confirma que la disposición de cenizas tóxicas ha contaminado los acuíferos y qué curso de acción, si alguno, se tomará para la remoción de todo el material tóxico presente en la superficie de buena parte de esta región y cuál responsabilidad legal y financiera se le va asignar a AES como ente productor y distribuidor de los residuos peligrosos de sus cenizas. ¿Quién responde y quién pagará por el daño ambiental y perjuicios a la salud pública de las comunidades afectadas? Levanto bandera de que la experiencia y la práctica histórica de la EPA en sus actuaciones en Puerto Rico y en EE.UU. relacionadas a identificación de entes responsables y de limpieza y saneamiento ambiental, es uno extremadamente lento y engorroso. Ordinariamente los procesos de fijar responsabilidad y de limpieza de áreas contaminadas se abruman por conflictos y determinaciones legales administrativas y judiciales que en la práctica dilatan la solución del problema de salud ambiental y salud pública. A modo de ejemplo, tenemos la limpieza de contaminantes en Vieques producidas por las operaciones del Departamento de Defensa de los EE.UU., con las áreas contaminadas por actividades industriales en Vega Alta, Dorado, Barceloneta y Maunabo, para mencionar algunas. La contaminación de Vega Alta, por ejemplo, fue determinada por la EPA en el1983, o sea, hace 40 años. Y hasta donde sé aún no se ha terminado la limpieza del acuífero en esa región.

Las comunidades de Salina y Guayama requieren pronta acción y gestión gubernamental para solucionar el problema de su exposición a la grave contaminación ambiental que los abruma. El País, por otro lado, requiere una acción integrada para la solución del problema de la contaminación de las cenizas de la carbonera AES. El gravamen ambiental, social y económico que plantea la negligente disposición de las cenizas tóxicas no se puede transferir a una próxima generación de puertorriqueños. Las circunstancias exigen compromiso y respuesta decisiva de los actores gubernamentales responsables y con autoridad para resolver este problema. Algunos de estos actores sociales, particularmente los que son políticamente electos, deberán ser evaluados en la próxima consulta electoral a la que está convocado el País en el 2024. Como Pueblo debemos ser cuidadosos y escrupulosos en quién delegamos la autoridad de proteger la salud ambiental y la salud pública de Salinas-Guayama y del País.